La causa se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores.

El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Pre­visión Social (IPS) Jorge Brí­tez cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjui­cio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministe­rio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nues­tro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolu­ción de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa impu­tación al Ministerio Público para que se tome una deci­sión seria. Si fuese presen­tar de vuelta la imputación que lo haga de manera ade­cuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur mani­festó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brí­tez para regularizar con­tratos heredados de admi­nistraciones anteriores, por lo que resulta contradicto­rio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva eviden­cia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

El abogado José Fernández Zacur, representante legal del extitular del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, cuestionó la imputación fiscal contra su cliente, que calificó como un “sin sentido procesal”, en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones para la previsional. Manifestó que requerirá a la Cámara de Apelaciones que devuelva la causa al Ministerio Público.

“El acta de imputación está fisurada y tiene agujeros por donde se la vea y nuestro primer temperamento procesal será solicitarle a la cámara apelando la resolución de admisión del doctor Rodrigo Estigarribia, que la cámara devuelva esa imputación al Ministerio Público para que se tome una decisión seria. Si fuese presentar de vuelta la imputación que lo haga de manera adecuada y si fuese tomar otra decisión, pues que lo tome”, indicó este viernes en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Fernández Zacur manifestó que la causa judicial se originó a partir de una denuncia presentada por la administración de Brítez para regularizar contratos heredados de administraciones anteriores, por lo que resulta contradictorio imputar a quien buscó encausar el proceso. “Esto es un sin sentido procesal, esta es una causa que la denuncia el propio Brítez hace dos años y medio, qué nueva evidencia podría recolectarse sobre esta situación cuando ya pasó ese tiempo”, mencionó.

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El abogado acotó: “Se le atribuye al doctor Brítez responsabilidad por haber firmado unas adendas, la 5, 6 y 7. No se específica en la imputación qué es lo que dice en las adendas y cuál sería el nexo causal entre el haber firmado estas adendas y el eventual perjuicio patrimonial que se le atribuye. Se le atribuye un perjuicio de G. 61.000 millones, cuando el doctor Brítez en el peor de los casos intervino solamente en un tramo de todos los hechos que está imputando el Ministerio Público”, refirió.

Entre los principales cuestionamientos señalados por el abogado figura que en el acta de imputación no se encuentran incluidos quiénes aprobaron las adendas en causa por millonario desfalco, apuntando contra los consejeros. “Los firmantes de la adendas son mandatarios de su consejo, de acuerdo con la Carta Orgánica del IPS la máxima autoridad del estamento es el Consejo de Administración que es un órgano colegiado y yo no entiendo entonces cómo está imputado el mandatario, el que firma por el consejo y no los consejeros que dieron la orden de suscribir esas adendas”, afirmó.

Fernández Zacur incluso calificó la actuación inicial de la Fiscalía como un “show vedetístico e ilegal”, teniendo en cuenta que la normativa procesal prohíbe taxativamente decretar la prisión preventiva a personas mayores de 70 años de edad. “Pedir prisión preventiva para una persona de la tercera edad, con arraigo consolidado y cuya esposa está en terapia intensiva por este sinsentido procesal, no tenía razón de ser. El propio juez hizo un fuerte llamado de atención sobre ese criterio”, puntualizó.

Además de Brítez, también está imputado otro extitular de la previsional, Vicente Bataglia, quien se encuentra actualmente en Italia y no se descarta una orden de captura internacional.

La lista de imputados sigue con los funcionarios del Consejo de Administración, como Hugo Enrique Aranda, gerente de Logística; y Juan Manuel Villar, director de la Unidad Operativa de Contrataciones. A ellos se suman José Raúl Coronel Acosta, Rosa Colmán, Jaime Joel Caballero Ruiz Díaz, Marcelo Bordón Leiva y Verónica Alexandra Blanco Bogado.

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El presidente de la República, Santiago Peña, reconoció la necesidad de honrar los compromisos más allá del déficit fiscal, pero aclaró que, para ello, no se necesita la autorización del Congreso. También reveló el plan al respecto para el 2028 y habló de lo que pasará en el 2027 con los proveedores.

En conversación con los medios en la Escuela Básica n.º 199 “Silvio Pettirossi”, Luque, al término de la conmemoración del Día de la Alimentación Escolar, el presidente de la República contestó varias preguntas.

El presidente de la seccional 17 de la Asociación Nacional Republicana (ANR) y aspirante a concejal, Daniel Fernández, indicó que este jueves se pretende aglutinar a aproximadamente 20.000 personas en el lanzamiento oficial de la campaña política del candidato a intendente de Asunción por la Lista 1, Camilo Pérez, en el Puerto de Asunción, rumbo a las elecciones municipales del 4 de octubre.

“Hoy será nuestra gran fiesta de la Lista 1, será un evento público donde inicia una nueva etapa y estaremos enviando un mensaje contundente de unidad y compromiso con el futuro de nuestra capital. Estamos esperando un aproximado de 20.000 personas que estarán acompañando a nuestro futuro intendente”, refirió Fernández al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El segundo del Ejecutivo, Pedro Alliana, se reunió con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, durante una escala en Colombia al retornar desde Estados Unidos, el 5 de agosto; y destacó el diálogo para reforzar la cooperación con el gobierno del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien este viernes tomará posesión del cargo, con la presencia del mandatario paraguayo Santiago Peña.

“Al final de la mañana, durante una breve escala en el aeropuerto de Barranquilla, tuve la oportunidad de saludar y conversar con el vicepresidente electo de Colombia, José Manuel Restrepo”, compartió Alliana en redes sociales. “Fue un gusto compartir este encuentro y conversar sobre la importancia de seguir fortaleciendo la cooperación y el trabajo conjunto para afrontar los desafíos de nuestra región”.

El juez Rodrigo Estigarribia ordenó las medidas alternativas a la prisión para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones. Brítez se presentó esta mañana ante el juzgado penal de garantías tras su imputación, el martes pasado.

“El juzgado analizó el acta de imputación y prima fácil hay circunstancias fácticas que se le atribuyen, estas circunstancias en grado de sospechas, lesión de confianza, también el Ministerio Público acercó algunos elementos. El primer análisis que el juzgado hizo a esta imputación es que existe una relación suscitas de hechos en contra, por tanto decide en un único acto tener por iniciado el procedimiento en contra”, expuso el magistrado durante la audiencia.

El Comando Sur estadounidense, encargado desde Florida de las acciones militares para toda América Latina y el Caribe, anunció el martes la puesta en marcha de una fuerza conjunta con 18 aliados de la región. El presidente Donald Trump lanzó en marzo pasado, durante una cumbre organizada en Doral (Florida), el denominado “Escudo de las Américas” con todos los países aliados, para enfrentar la amenaza del crimen organizado, el “narcoterrorismo” y la inmigración ilegal.

Una de las tareas asignadas por Trump al Pentágono era la organización de esa cooperación militar. El general de división de los Marines, Kevin Jarrard, asumirá la jefatura de esta “fuerza de tarea conjunta”, informó el comunicado del Comando Sur (Southcom). “Jarrard dirigió recientemente el apoyo militar estadounidense a las operaciones de ayuda ante desastres (...) tras los terremotos de junio de 2026 en Venezuela”, recordó el comunicado.

En el marco de los 50 años de la Expo Rodeo Trebol, el fin de semana volverá a vivirse en Loma Plata una de las tradiciones ecuestres más esperadas del país: la marcha criolla de las Ganadera Sofía y Chajhá, que este año se abrirá para la participación de todo público.

La prueba, considerada una de las más importantes del calendario del sector, reunirá a jinetes y caballos del 7 al 10 de agosto en un exigente recorrido de 160 kilómetros distribuidos en cuatro jornadas de competencia.

El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, visitó la cantera de la Industria Nacional de Cemento (INC) en Vallemí, durante un recorrido realizado en el departamento de Concepción. El secretario de Estado destacó el potencial que tiene la estatal, con materia prima para 2.000 años.

“Hoy visitamos INC, una industria estratégica para el país, esta industria de 1969 funciona hoy a 97 % de eficiencia”, comenzó destacando el alto funcionario a través de un video difundido en redes sociales.

El juez Rodrigo Estigarribia ordenó las medidas alternativas a la prisión para el expresidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Jorge Brítez, imputado por el Ministerio Público por lesión de confianza en el marco de las obras fallidas de quirófanos que derivaron en un perjuicio patrimonial de G. 61.000 millones. Brítez se presentó esta mañana ante el juzgado penal de garantías tras su imputación, el martes pasado.

“El juzgado analizó el acta de imputación y prima fácil hay circunstancias fácticas que se le atribuyen, estas circunstancias en grado de sospechas, lesión de confianza, también el Ministerio Público acercó algunos elementos. El primer análisis que el juzgado hizo a esta imputación es que existe una relación suscitas de hechos en contra, por tanto decide en un único acto tener por iniciado el procedimiento en contra”, expuso el magistrado durante la audiencia.

El juez de garantías otorgó la libertad ambulatoria para Brítez basado en varias aristas en la causa presentada por el Ministerio Público, a pesar de que se trate de un hecho punible grave y el mismo está sindicado como autor del hecho.

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“Existen elementos que tienen que darse al dictar una prisión preventiva, en primer lugar, que sea un hecho punible grave, y teniendo en cuenta el relato de los hechos para el juzgado sí es un hecho punible grave, estamos hablando de una supuesta corrupción pública. En segundo lugar, hay que tener en cuenta si es sindicado como autor, y está sindicado, pero por último, hay dos requisitos más que es la base fundamental de la prisión preventiva como la detención”, indicó.

Explicó que estos dos requisitos se refieren al peligro de fuga y peligro de obstrucción. En este caso fundamentó que en el caso de obstrucción, el juzgado verificó que la causa es del 2024, y ya pasó mucho tiempo para que el Ministerio Público colecte los elementos iniciales de sospechas, y además, “no existe un fundamento concreto de qué manera puede obstruir a la investigación”.

En el análisis sobre peligro de fuga, el juzgado consideró que Brítez se puso a disposición de manera prácticamente inmediata tras su imputación y la defensa ofreció una garantía de G. 1.000 millones sobre un inmueble. “Teniendo en cuenta estas circunstancias, el juzgado estima que es factible la aplicación de la medida alternativa a la prisión preventiva, por poder reemplazarse ese peligro de fuga, obstrucción no percibo”, detalló.

Sin embargo, el juez de garantías tomó como principal fundamento la edad del imputado. “Hay una cuestión que no puedo pasar por alto que tengo que fundamentar, el artículo 238 del Código Procesal Penal establece que las personas de más de 70 años, el juez no podrá dictar la prisión preventiva. Esto no es algo que yo tenga que alizar, es una cuestión imperativa”, argumentó.

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