El presidente del Congreso, Óscar “Cachito” Salomón, manifestó este lunes que la destitución de Dionisio Amarilla, Víctor Bogado y otros legisladores es una acción irrecurrible, pero que los afectados están en su derecho de ir a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) si así lo consideran.
“Están en todos sus derechos de recurrir a la Justicia cuando sienten sus derechos lesionados. Es una decisión del Senado, para nosotros es irrecurrible pero ellos están en su derecho”, dijo el presidente del Congreso a los medios de prensa.
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Sostuvo que sería interesante el precedente de la sala constitucional de la máxima instancia judicial y dependiendo de lo resuelto, el pleno de la Cámara de Senadores estará tomando una decisión sobre el caso Víctor Bogado y los demás exlegisladores destituidos.
Salomón indicó que los senadores analizarán lo que decida la Corte Suprema de Justicia y destacó que, en caso que la máxima instancia judicial considere que Bogado debe volver a su banca, la decisión no depende solo de él, sino del pleno de la Cámara Alta.
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“El pleno del Senado es el que debe decidir en mayoría, dependemos de eso. Yo me debo a mi bancada, voy a consultar con ellos y vamos a ver también con los asesores del Senado”, agregó.
Bogado perdió su investidura el 13 de mayo del 2019, posteriormente presentó ante la Corte la acción de inconstitucionalidad, el 29 del mismo mes. La máxima instancia judicial analizará ahora si debe volver o no a su banca.
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Senado dio media sanción a Ley que crea fueros judiciales del ámbito laboral en Paraguarí
Durante la última sesión extraordinaria de este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que crea juzgados laborales, defensorías públicas, fiscalías laborales y tribunal de apelación en lo laboral en la circunscripción judicial del departamento de Paraguarí”. El proyecto será remitido nuevamente a la Cámara de Diputados para su estudio.
El senador Ramón Retamozo, miembro de la Comisión de Asuntos Constitucionales, explicó que la propuesta contempla la creación de dos juzgados laborales, dos defensorías públicas, dos fiscalías laborales especializadas y un tribunal de apelación en lo laboral para dicha circunscripción judicial de Paraguarí.
Indicó que esta estructura será implementada con recursos previstos en el Presupuesto General de la Nación, y que la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública y el Ministerio Público estarán facultados a realizar los ajustes necesarios para su concreción.
El legislador resaltó que, según informes proporcionados por la Corte Suprema de Justicia, existe una necesidad prioritaria de fortalecer el fuero laboral en el departamento de Paraguarí.
La iniciativa fue aprobada con modificaciones y será remitida nuevamente a la Cámara de Diputados para su correspondiente consideración. Cabe mencionar que la propuesta legislativa fue presentada por el diputado Héctor Rubén Figueredo Notario.
REGLAMENTACIÓN
Por otra parte, el plenario de la Cámara Alta analizó el mensaje Nº 1.946 de la Cámara de Diputados, por el cual remite el Proyecto de Ley “Que reglamenta los artículos 208, 209 y 211 de la Constitución de la República del Paraguay”, presentado por varios diputados. La propuesta se aprobó con modificaciones y será remitida nuevamente a Diputados.
La iniciativa legislativa tiene como fundamento la necesidad de brindar eficacia y celeridad al procedimiento constitucional de los proyectos de ley que se encuentran en el segundo trámite constitucional del vencimiento, es decir, garantizar el cumplimiento por las Cámaras del Congreso, facultad reconocida expresamente en los artículo mencionados de la Carta Magna.
Asimismo, la propuesta propone una disposición que regule con fuerza de ley aspectos que han quedado vacíos y que requieren de clara reglamentación concerniente a la interpretación y unificar criterios.
El senador Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación, mencionó que desde la Comisión se recomienda la aprobación con modificaciones del mencionado proyecto, teniendo en cuenta que se había hecho una reglamentación por la Ley 2.648/05. Pero, la misma resultó insuficiente para atender ciertas situaciones que generan disparidad de criterios, fundamentalmente a la hora del cómputo de los plazos durante el proceso del tratamiento en particular del veto parcial o total del Poder Ejecutivo ante una ley sancionada por el Congreso.
En efecto la propuesta tiene como fundamento la necesidad de brindar eficacia y celeridad al procedimiento constitucional de los proyectos de ley que se encuentran en trámite constitucional y requiere el adecuado cómputo de plazos del vencimiento para que ambas Cámaras, tanto de origen o revisora pidan ante las circunstancias previstas en estos artículos de la Constitución Nacional.
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Senado conforma Comisión Especial para investigar “mafia de los pagarés”
El presidente del Senado, Basilio Núñez, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de Carácter Transitorio, creada para indagar los hechos vinculados a la red delictiva conocida como la “Mafia de los pagarés”. Durante la sesión de conformación, se eligió como presidente de la Comisión al senador Rafael Filizzola; como vicepresidente a Mario Varela; y como relatora a Blanca Ovelar.
La Comisión también está integrada por los senadores José Oviedo, Carlos Núñez, Ignacio Iramain, Édgar López, así como por las senadoras Lizarella Valiente y Esperanza Martínez. Tras la conformación, el senador Filizzola anunció que las reuniones se realizarán los lunes a las 12:00. Además, indicó que ya se han establecido algunas prioridades de trabajo, previamente discutidas en coordinación con diversas instituciones.
“Seguiremos recibiendo denuncias de las víctimas, las cuales serán derivadas a los organismos competentes, como el Ministerio Público y la Defensa Pública. Buscamos brindar respuestas concretas y resolver la mayor cantidad posible de casos”, afirmó el senador.
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También adelantó que solicitarán a la Corte Suprema de Justicia un informe sobre las medidas adoptadas frente a esta problemática. “Sabemos que ya existen acciones vía Acordadas. Además, evaluaremos proyectos de ley para garantizar una mayor trazabilidad de los pagarés y evitar su uso indebido, así como iniciativas que busquen proteger a los jubilados de embargos, entre otras propuestas”, añadió.
Finalmente, Filizzola advirtió que el abordaje de la situación será complejo, dado que cada caso requiere un análisis individual. “No podemos intervenir directamente en los procesos judiciales, pero sí podemos coordinar con la Defensa Pública. La solución más efectiva y urgente es que el Poder Judicial tome medidas firmes ante los casos con irregularidades”, concluyó.
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Mafia de los pagarés: instalan mesa directiva y eligen autoridades
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, instaló este miércoles la comisión especial de carácter transitorio para investigar los hechos relacionados con la trama delictiva denominada mafia de pagarés, causa que derivó en la imputación de aproximadamente 70 personas el 21 de marzo.
Durante la instalación de la comisión, sus integrantes designaron al senador Rafael Filizzola como presidente, a Mario Varela como vicepresidente y a Blanca Ovelar para el cargo de relatora.
“Fijamos que en los días lunes se realicen las reuniones semanales, vamos a seguir recibiendo denuncias de las víctimas para que las mismas lleguen a las instituciones correspondientes, Ministerio Público y Defensa Pública. El objetivo es justamente ir resolviendo la mayor cantidad de problemas”, expresó Filizzola a los medios de comunicación.
Detalló que para el lunes se prevé un encuentro con los ministros de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “La solución más rápida y razonable es que el propio Poder Judicial tome medidas. Los jueces tienen la facultad de anular procesos judiciales que sean fraudulentos, para nosotros lo urgente es evitar que se le siga descontando los salarios a estas personas. Esto es una cuestión de voluntad, la Corte debería liberar a algunos jueces para que se dediquen exclusivamente a esto”, remarcó.
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El parlamentario acotó: “Hay una serie de iniciativa legales que vamos a estudiar, sobre todo queremos tener una visión clara de como impacta esta situación que afecta principalmente a los funcionarios públicos, aunque también hay trabajadores del sector privado quienes se quedan sin sus salarios”.
El bloque también se encuentra integrado por Carlos Núñez, Juan Afara, Lizarella Valiente, Norma Aquino, Edgar López, Éver Villalba, Esperanza Martínez, José Oviedo e Ignacio Iramain.
La comisión especial de la Cámara Alta, también prevé convocar a autoridades del Ministerio Público y el gremio de abogados.
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Mesa técnica del Senado debate sobre la brecha digital y acceso a internet como un DD.HH.
La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores llevó adelante una mesa técnica para analizar el proyecto de ley de “La brecha digital y el acceso a internet como un Derecho Humano”. A esta mesa de trabajo, que estuvo encabezada por el director de la comisión, Víctor Hugo Benítez, asistieron representantes de diversas instituciones del Estado.
Al término de la reunión, el funcionario de la Cámara Alta, explicó que este proyecto plantea el acceso universal al derecho de internet, que en la actualidad, la tecnología y el acceso a internet se han vuelto una necesidad imperante.
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Indicó que este proyecto de ley identifica una brecha importante en comunidades que están muy alejadas, que las hace quedar en una situación más vulnerable y postergada.
“Esta falta de conexión a internet hace que las personas tengan dificultades para acceder a otros derechos. Por eso, el proyecto de ley plantea el acceso universal a internet, y esto conlleva un análisis profundo por parte del Estado”, expresó.
Mencionó que este proyecto es bastante incisivo, porque obliga al Estado primero a pensar en la infraestructura que se necesita de la red para poder tener acceso a internet a nivel nacional.
“Es una deuda que actualmente tenemos como Estado, y que por sobre todas las cosas va ser muy importante para todo lo que sea programas educativos, mallas curriculares, acceso a salud, a información, así como a seguridad. Entre otros temas, los avances tecnológicos están exigiéndonos este estudio como Estado”, expresó.
Señaló que este es un proyecto que viene de una propuesta que igualmente se está analizando a nivel de Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y que las instituciones del Estado como el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) han planteado sus informes técnicos, así como sus dificultades para la implementación.
“Sin duda, es un proyecto desafiante e importante que el Estado paraguayo cada vez más va tener que discutir y contar con una política, así como una normativa legal como la que se plantea ahora con el estudio de este proyecto”, precisó.