El gobernador de Central, Ricardo Estigarribia, informó que su movimiento Nuevo Liberalismo apeló la decisión del Tribunal Electoral de la capital y Central, primera sala, que suspende el adelantamiento de las elecciones internas partidarias del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) para el 17 de agosto.

“Nosotros apelamos, existen muchos antecedentes y jurisprudencia consistentes en que varios partidos políticos hicieron sus elecciones internas el pasado año mediante las papeletas. Nosotros planteamos hacer lo mismo, pero lastimosamente la Justicia Electoral sacó una medida cautelar y trancó todo el proceso”, indicó a la 1020 AM.

Estigarribia sostuvo que la medida cautelar surgió exclusivamente ante la imposibilidad del TSJE de proveer las máquinas de votación y no por el hecho de que hayan violado las leyes electorales, al decidir mediante una convención extraordinaria el desdoblamiento de los comicios internos de las elecciones municipales previstas para el 2026.

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“El PLRA es un partido grande con autonomía, pero nosotros como movimiento, iremos el próximo año a unas elecciones si es esto lo que desean. Las elecciones queríamos realizar para organizar al partido que está muy golpeado después de las últimas elecciones”, afirmó.

La medida cautelar fue firmada por los jueces Lorena Rojas, Modesto Núñez y Hugo Alberto Oxilia Vera. En el documento se aclara que las medidas cautelares estarán vigentes “ínterin se sustancie la presente acción”, es decir, hasta que el conflicto sea resuelto en una instancia superior.

De esta forma, los jueces electorales hacen lugar a la solicitud de medida cautelar que prohíbe innovar en los cargos de miembros del directorio a nivel nacional, miembros de directorios departamentales, presidentes y miembros de comités, así como convencionales.

La decisión de desdoblar los comicios internos del PLRA de las elecciones municipales previstas para el 2026, fue tomada a través de una convención extraordinaria impulsada el 6 de octubre del 2024 por los sectores internos disidentes liderados principalmente por el movimiento Nuevo Liberalismo.

En la ocasión también se resolvió la reforma del estatuto del PLRA donde se exige que el titular de la agrupación opositora renuncie 6 meses antes si desea postularse para el cargo de presidente de la República.

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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El gobernador del departamento de Boquerón, Harold Bergen, adelantó que está disponible un espacio para la instalación de una oficina del Instituto Nacional de Indígena (Indi) en la localidad de Cruce Los Pioneros, Presidente Hayes. El gobernador sostuvo que es importante que esta oficina no solo sea instalada para gestiones, sino que de soluciones reales a los pueblos originarios.

“Tengo conocimiento que se está viendo un espacio, un edificio, en Cruce Los Pioneros para el Indi, para que puedan atender a los indígenas del Chaco. Es importante que esa oficina no solo sea de atención, sino de decisión también”, dijo el gobernador de Boquerón en conversación a la 1020 AM.

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Indicó que esta nueva oficina debe tener una función de decisión in situ, para acelerar la burocracia y dar respuestas rápidas a los compatriotas indígenas que se encuentran en la zona del Chaco paraguayo. La firma del convenio para la instalación de esta oficina se estaría realizando el próximo viernes 25 de abril.

“Tenemos que llegar a nuestros hermanos de los pueblos originarios, el desarrollo depende de eso, si no nos hacemos cargo, no estoy a favor del asistencialismo, sino ayudar de verdad, que ellos también puedan producir, para que ellos también puedan trabajar”, apuntó.

Agregó que como autoridades nacionales y Estado se debe dar las herramientas necesarias para que los pueblos originarios puedan desarrollarse. “Tenemos que ayudarlos un poco más en esto porque son nuestros compatriotas y necesitamos atenderlos bien para que también puedan desarrollarse en su forma, respetar su cultura, pero ayudarles para que puedan desarrollarse, por eso creo que va a ser muy importante que haya una oficina que pueda ya decidir, de solucionar las cosas in situ”, sentenció.

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El gobernador de Guairá, César Sosa, emitió un comunicado y descartó cualquier vínculo con las personas que prohibieron el acceso a turistas en la zona de Salto Cristal, actuando con violencia y presumiblemente armadas.

“No tengo ningún tipo de vínculo, ni en lo personal ni en lo público, con las personas involucradas”, dice el escrito que sigue así: “Desautorizo a cualquier persona que utilice nuestro nombre o cargo con fines de justificar, alentar o incentivar cualquier tipo de conducta indebida”.

El pronunciamiento se produjo luego de que se difundiera a través de redes sociales el supuesto vínculo y anuencia del gobernador en dichos actos; no obstante, Sosa dejó en claro que no existe ningún tipo de relacionamiento con dicha persona.

El gobernador catalogó de irresponsables a quienes lo nombran y ratificó su compromiso en promover el turismo a favor de Guairá, mediante sus atractivos turísticos. “Desde nuestro gobierno departamental, a través de la Secretaría de Turismo, promovemos diversos destinos turísticos habilitados por la Senatur, entre ellos, el Salto Cristal”, concluye el comunicado.