La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

El presidente Santiago Peña se prepara para presentar su segundo informe de gestión ante el Congreso Nacional, en cumplimiento del precepto constitucional establecido en el artículo 238. Para ello, el presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, firmó la Resolución 3167, en la que convoca a senadores y diputados a sesión bicameral el martes 1 de julio a las 20:00.

El mandatario ya había adelantado su informe ante la Junta de Gobierno del Partido Colorado, en la cual destacó como uno de sus principales logros los avances sociales, como la reducción de la pobreza, la cual bajó a su nivel más bajo en 27 años, con más de 118 mil personas que salieron de esa situación y unas 30 mil que abandonaron la indigencia.

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Indicó que esta reducción en gran parte se ha logrado gracias a la implementación de programas como Hambre Cero en las Escuelas, la entrega de viviendas, la titulación masiva de tierras, la atención integral de la primera infancia mediante la construcción de centros de atención y la construcción de grandes hospitales; todos ellos fomentando la generación de empleos en diferentes rubros.

“El programa Hambre Cero beneficia hoy a más de 1.050.000 alumnos con alimentación escolar todos los días del año lectivo, generando también empleo formal para más de 20 mil trabajadores, en su mayoría mujeres, e impulsando la producción local mediante compras a la agricultura familiar y a MIPYMES”, explicó.

También había destacado que la pensión para adultos mayores se universalizó, eliminando la burocracia previa y sumando 40 mil nuevos beneficiarios. “Tekoporã Mbarete hoy alcanza a 196 mil familias. En cuanto a viviendas, Che Róga Porã ya comprometió 28 millones de dólares, sumando más de 1.300 solicitudes preaprobadas, y que el MUVH gestionó más de 27.500 soluciones habitacionales en apenas dos años”, acotó.

El titular del Ejecutivo señaló que, ante los desafíos del sistema sanitario, el Gobierno respondió con decisiones firmes y estructurales. En ese sentido, indicó que se inauguró el Hospital General de Coronel Oviedo y en breve se habilitará el Hospital General de Itapúa.

Mientras se avanza con hospitales en Concepción, Curuguaty, Santaní, Asunción e Itauguá, totalizando más de 157 mil m² de infraestructura nueva y 1.800 camas. En materia de oncología, se duplicó el presupuesto del INCAN, se inició la construcción de un centro ambulatorio, un parque sanitario y una planta de tratamiento de efluentes.

En 22 meses de gestión se entregaron más de 9.400 títulos de propiedad —el triple del promedio de los últimos gobiernos—, con un aumento notable de los títulos otorgados a mujeres jefas de hogar. “Queremos que cada paraguayo tenga tierra para que la Patria le pertenezca”, manifestó.

El Ministerio de Agricultura y Ganadería fortaleció la agricultura familiar, promoviendo por primera vez exportaciones hortícolas a Argentina y habilitando 115 nuevos mercados para productos nacionales. Se organizaron más de 2.400 ferias en todo el país, generando ingresos por más de 17 mil millones de guaraníes para pequeños productores.

El presidente Peña destacó los avances en materia de seguridad interna. Informó que 5.000 nuevos agentes ya patrullan las calles y otros 5.000 están en formación. Se adquirieron radares, seis aeronaves Super Tucano que llegarán este lunes al país y más de 500 patrulleras. Se implementaron tobilleras electrónicas y se formaron nuevos agentes penitenciarios.

Entre los resultados, subrayó que se infligieron pérdidas al crimen organizado por más de 379 millones de dólares y se desmanteló por completo al autodenominado Ejército del Mariscal López.

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El experto en energía Victorio Oxilia habló sobre el proyecto de ley que se encuentra en el Congreso de Brasil que pretende poner un tope a la tarifa de la energía proveniente de la Itaipú Binacional. Indicó que esto generó una alerta en la política interna brasileña, pero que no afecta a la energía de Paraguay.

“Yo creo que ya está teniendo (consecuencias), en el sentido que coloca una voz de alerta sobre las negociaciones, los políticos de oposición, porque este fue un proyecto de ley presentado por un senador de Santa Catarina que no pertenece a la línea de gobierno (de Lula), entonces la presión con relación a las tarifas de Itaipú”, indicó, este viernes, en entrevista al programa “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Explicó que este proyecto de ley, que ya se encuentra en debate en el legislativo del vecino país, no incluye a la energía paraguaya. Así también, sostuvo que no cree que esta iniciativa avance.

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“Si esta ley se aprueba, lo cual dudo, genera mucho debate justamente por las atribuciones del Poder Ejecutivo (brasileño) con relación a este tema. La implicancia es interna, lo que se establece es un tope para la energía que el mercado brasileño recibe de Itaipú, excluye de ese tope a la energía paraguaya, la energía de viene de Paraguay no entra ese proyecto de ley”, manifestó.

Oxilia refirió también que el acuerdo de la tarifa de la binacional logrado en el año 2024 generó alertas en el sector político brasileño, lo que habría motivado la presentación de este proyecto de ley que se encuentra en debate, que es encabezado por Esperidião Amin, senador por Florianópolis (Santa Catarina) y vicelíder de la bancada Aliança - Partido Progressista (PP).

“Se comentó mucho el hecho de haber elevado la tarifa el año pasado, a 19,28 dólares el kilovatio, y eso produjo todo un debate público, principalmente de voces contrarias en la oposición brasileña, y el ingreso de este proyecto de ley que ya fue el abril de este año, indica que hay una voz de alerta, es decir, la oposición no está de acuerdo con estas tarifas superiores a las que indican el Anexo C”, apuntó Oxilia a Nación Media.

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La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.