El ministro de Desarrollo Social (MDS) y tesorero de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Tadeo Rojas, se pronunció sobre el pedido del Ministerio Público para desestimar la causa contra el expresidente Horacio Cartes. En declaraciones a la prensa, Rojas sostuvo que se trata de “una situación esperada” y expresó su satisfacción por el avance judicial en favor del actual presidente del Partido Colorado.

“Celebramos que se haya dado esta situación. Siempre hemos escuchado al equipo jurídico encabezado por el abogado Pedro Ovelar, quien ha manifestado con firmeza la certeza de la defensa de Horacio Cartes”, señaló el ministro, a lo que añadió, “hubo muchas cuestiones que han dañado mucho, no solamente a Horacio Cartes como líder, sino que han intentado dañar la imagen del partido”.

Rojas enfatizó en que Cartes “siempre ha ejercido su defensa en todas las instancias correspondientes” y reiteró que desde el partido se ha trabajado para mantener la confianza de la ciudadanía. “Se ha intentado dañar la honorabilidad de una persona que ha demostrado gran capacidad de gestión como presidente de la República, y que hoy lo demuestra como líder partidario”, subrayó.

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El dirigente colorado también rechazó tajantemente las versiones que apuntan a una supuesta manipulación del sistema judicial por parte del oficialismo. “Desmiento ese relato. Hay muchos casos vinculados a la oposición que siguen sin avance. El caso del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, tiene más de 40 denuncias en el Ministerio Público, sin acciones concretas hasta ahora”, cuestionó.

Rojas afirmó que “de ninguna manera existe una manipulación” y sostuvo que el equipo político es respetuoso de los canales correspondientes. “Siempre pedimos que haya justicia equidistante de todo condimento político”, agregó. El pedido de la Fiscalía para desestimar la causa contra Cartes, aún está a la espera de la ratificación por parte de los jueces que conforman la Unidad de Delitos Económicos.

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El presidente del Senado Basilio Núñez, en conferencia de prensa, se refirió al pedido de la Fiscalía que solicitó la desestimación de la denuncia realizada por el exministro de Mario Abdo Benítez, Arnaldo Giuzzio, en contra del expresidente de la República Horacio Cartes. El legislador sostuvo que esto fue una feroz persecución hacia un sector político.

“Es el inicio del término de una persecución feroz que se inició en el periodo anterior, que nosotros llegamos a catalogar como terrorismo de Estado, donde no solamente el presidente del partido y líder del movimiento Honor Colorado fue perseguido, sino quien les habla y otros referentes. Contento con esta definición y más viniendo de una fiscalía que fue impuesta en el periodo anterior”, afirmó.

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Ratificó que todo el esquema de persecución hacia el presidente de la ANR y líder del movimiento Honor Colorado fue liderado por el expresidente Mario Abdo. “Fue un presidente que utilizó a ciertos actores como Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui, y otros exfiscales que crearon esta denuncia falsa, que se derrumba por no tener evidencias y que de alguna forma fue el puntal para catalogarlo en su momento por los Estados Unidos a Horacio como significativamente corrupto”, expresó.

Así mismo, sostuvo que el abdismo tuvo el “apoyo” del sector de la oposición, que incluso impusieron a un fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, que pretendieron manipular en su momento, lo que destacó, que no se ha logrado.

“El presidente del Partido Colorado y líder de nuestro movimiento fue perseguido inmisericordemente por el gobierno anterior, aliado con la oposición, que ahora es minoría. La verdad está saliendo a la luz. Impusieron un fiscal general, quisieron manejar y no lo logran; y de alguna forma, rescatar que este fiscal general está dando institucionalidad a esa institución”, aseveró.

Con relación a las expresiones de Arnaldo Giuzzio, que esta determinación de la Fiscalía ya estaba “cantada”, el senador se limitó a responder y recordó que el exministro de Abdo cuenta con otras causas en la Justicia que lo involucran con el crimen organizado.

“Él tiene que responder ante la Justicia, tenemos que recordar que él estuvo vinculado con gente involucrada con el crimen organizado, que estaba por hacer negocios con ellos para vender autos blindados y otras cuestiones. Él está imputado, que enfrente ese proceso judicial”, sentenció.

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Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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“La intervención a la municipalidad de Ciudad del Este resulta necesaria y viable”, indicó el diputado Alejandro Aguilera, quien estuvo a cargo de la comisión especial que analizó el requerimiento realizado por la Contraloría General de la República, el pasado 16 de mayo, tras detectar graves irregularidades en la gestión.

“La función principal de la Contraloría es velar por el control las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y las municipalidades. Esta comisión considera que se encuentra reunido el sustento legal de la presentación del pedido de intervención por parte de la Contraloría”, dijo el legislador defendiendo la legitimidad del órgano extrapoder en haber requerido la intervención.

Siguió sosteniendo que existieron méritos suficientes, por lo que fue aprobado el pedido y "la ciudadanía exige una respuesta efectiva en la lucha contra la corrupción y manejo discrecional de los recursos públicos y la intervención contribuirá para garantizar la transparencia y el respeto a las garantías constitucionales”.

Aguilera detalló que en la gestión de Prieto, de acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

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A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fonacide, Royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.

“Se ha detectado una persistencia en aquellas transgresiones en la gestión y administración que afectan a los recursos municipales. A pesar de los hallazgos que detonan inconsistencias y desviaciones, los antecedentes revelan que la administración municipal ha incurrido reiteradamente en múltiples faltas y que ninguna ha sido corregida por ninguna de las vías jurídicas, administrativas ni legales”, refiere el dictamen expuesto por Aguilera.

Los diputados de la oposición recurrieron nuevamente a los ataques y el desgastado discurso de persecución política como único mecanismo de defensa a Miguel Prieto. Sin argumentos técnicos, indicaron que el único “pecado” del líder del movimiento Yo Creo, fue haber ganado en dos ocasiones la intendencia esteña.

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