La fase C de la obra que encara la Defensa Costera de Pilar, incluirá una costanera, un parque lineal, ciclovías, senderos peatonales, zona de playa paisajismo y más.

La ciudad de Pilar dio un nuevo paso en su proceso de transformación urbana con la socialización de la tercera fase de la Defensa Costera, que incorpora la construcción de una avenida Costanera y un parque lineal para reconectar la ciudad con su frente fluvial.

La jornada reunió a cerca de 70 participantes, entre vecinos, autoridades y técnicos, quienes accedieron a los detalles del proyecto, sus plazos de ejecución y las medidas socioambientales previstas para intervención que redefinirá la ribera.

La nueva etapa apunta a cambiar la fisonomía de la ciudad con una infraestructura que combina conectividad, espacio público y desarrollo turístico. El plan incluye desde una avenida costera de alto estándar, un parque lineal con áreas recreativas, ciclovías y senderos peatonales.

Asimismo, está contemplado la recuperación de la zona de playa, iluminación eficiente, paisajismo, y un sistema de drenaje vial. La propuesta incorpora además criterios de movilidad sostenible, con espacios pensados para el uso ciudadano y el esparcimiento.

La obra representa una inversión de G. 267.716 millones, financiada por el gobierno nacional, y está a cargo del Consorcio Costero Ñeembucú, integrado por LT S.A., Constructora Heisecke S.A. y Benito Roggio e Hijos S.A.

Lo interesante del proyecto, es que más allá de ser una obra de envergadura, busca redefinir la relación de Pilar con su río, combinando infraestructura, espacio público y potencial turístico en una de las principales apuestas urbanas del sur del país.

El Congreso argentino aprobó en la madrugada del jueves una iniciativa del presidente Javier Milei que habilita a las provincias a redefinir las áreas de protección de los glaciares para ampliar la explotación minera, pese a la resistencia de activistas ambientales.

La Cámara de Diputados dio sanción definitiva a la reforma de la Ley de Glaciares con 137 votos a favor, 111 en contra y tres abstenciones tras casi 12 horas de debate. La reforma ya había sido aprobada por el Senado en febrero.

“A partir de ahora, nuestro país vuelve a tener un verdadero federalismo ambiental y una política inteligente y soberana para la explotación de sus recursos”, dijo Milei en un comunicado tras la votación.

El mandatario ultraliberal sostenía que la modificación de la ley que regía desde 2010 era un paso necesario para atraer inversiones mineras: “Los ecologistas empecinados en impedir el progreso de la República Argentina volvieron a perder”, celebró.

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El bloque oficialista contó con el apoyo de aliados de derecha y de legisladores de provincias andinas como Mendoza, San Juan, Catamarca y Salta, que reúnen la mayoría de los proyectos mineros y donde se encuentran gran parte de los glaciares del país.

En simultaneo al debate, miles de personas participaron de protestas contra la reforma con consignas como “el agua vale más que el oro” y “los glaciares no se tocan”. Organizaciones ambientales advirtieron que la medida agravará la crisis climática y adelantaron que la combatirán judicialmente.

Según un Inventario Nacional de 2018, Argentina cuenta con cerca de 17.000 cuerpos de hielo superiores a una hectárea entre glaciares y glaciares de escombro, es decir, masas de hielo cubiertas por roca.

En el noroeste argentino, donde se concentran los proyectos mineros, se redujeron un 17 % en la última década, principalmente debido al cambio climático, según el Instituto Argentino de Nivología y Glaciología (IANIGLA).

Los partidarios de la reforma sostienen que clarificará criterios que actualmente son “imprecisos” respecto a las áreas bajo protección y devolverá a las provincias la facultad de decidir sobre sus recursos.

“No debemos caer en la trampa de los antimineros que pretenden oponer minería y ambiente”, dijo el diputado Carlos Jaime Quiroga, de San Juan, que aseguró que la nueva ley “permitirá traer progreso y desarrollo a distintas regiones del país”.

Diputados opositores argumentaron que la reforma es inconstitucional al contradecir tratados internacionales y afirmaron que pone en riesgo las reservas hídricas. “No tengo ningún problema en decirlo: el sujeto regulado, las mineras, redactaron esta ley, hicieron la conducción del proceso deliberativo”, dijo el diputado opositor Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica, centro).

La sanción de la reforma es un nuevo triunfo parlamentario para Milei, quien impuso una flexibilización laboral en febrero pese a reiteradas protestas callejeras. El mandatario ultraliberal busca potenciar la capacidad argentina en la explotación de cobre, litio, oro y plata, y cita con frecuencia como ejemplo al vecino Chile, primer productor mundial de cobre en la misma cordillera.

Según una proyección del Banco Central, Argentina podría triplicar sus exportaciones mineras de aquí a 2030. Ferraro sostuvo en su discurso que “es importante el desarrollo minero en la Argentina, y es compatible con el control ambiental, pero no a cualquier precio”.

Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, dijo a la AFP que la reforma está “hecha a medida de grandes mineras transnacionales” y que “pone en peligro el agua del 70 % de los argentinos”.

El director del Ianigla, Pablo Villagra, consideró que la reforma “desdibuja el rol científico y tecnológico y lo subordina al designio político de las autoridades competentes de cada provincia”.

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En la mañana del miércoles, activistas de Greenpeace treparon a un monumento protegido por rejas frente al Parlamento y desplegaron un cartel instando a los legisladores a “no traicionar a los argentinos”. Siete personas fueron arrestadas por la policía, constató la AFP, y bomberos intervinieron para retirar el cartel.

“La crisis climática a nivel mundial es una realidad que sufrimos todos los humanos que vivimos en este planeta. Atentar contra los glaciares es seguir agravando la situación”, dijo a la AFP Diego Salas, director de comunicaciones de Greenpeace Argentina.

Fuente: AFP

Tras un largo debate, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto de Ley “Que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política”. Esta iniciativa había sido impulsada por el propio titular del Congreso, senador Basilio Núñez, acompañado por varios de sus colegas, ante los fuertes cuestionamientos que habían generado esos ingresos.

El pleno de la Cámara Alta llevó adelante el estudio del citado proyecto, dedicando un prolongado debate, con la firme intención de eliminar las bonificaciones a altos funcionarios. Tras el debate se aprobó en general y al momento del estudio de sus articulados se fueron planteando algunas modificaciones. Ahora el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su correspondiente estudio.

Esta propuesta, que apunta a reducir los privilegios dentro del Congreso, es en respuesta a los constantes cuestionamientos ciudadanos sobre los beneficios que perciben las autoridades. Finalmente se estableció que la eliminación de estos recursos se extiende a las máximas autoridades institucionales en el objeto de gastos bonificaciones.

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Asimismo, el pleno estableció en el proyecto de ley que el monto que sea descontado en dicho concepto; esos mismos recursos sean destinados al pago de deudas con las farmacéuticas. Si bien los legisladores mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, mencionaron ante el pleno un estimado que rondaría los USD 1.200.000.

Al respecto, el senador Natalicio Chase mencionó que se suprimirán estas bonificaciones, durante el ejercicio fiscal 2026, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política; que serían, legisladores, presidente de la República, vicepresidente, ministros, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, fiscales, contralor, intendentes, gobernadores y directivos de entidades descentralizadas.

A su turno, el senador Dionisio Amarilla, como titular de la Comisión de Cuentas y Control, resaltó que aprobar este proyecto representa una clara señal de que están dispuestos a aplicar políticas de racionalización en el uso de los recursos, “buscando atender necesidades que demanda la población y quedamos cortos porque no previmos a todas las instituciones”, explicó.

“Esto significará un simbolismo de apostar a la racionalización que es necesaria y que estoy seguro que la gente sabrá valorar en su real dimención y que sabrá reconocer”, acotó Amarilla.

A su turno, el presidente del Congreso, Basilio Núñez comenzó señalando que todos los aumentos que se han otorgado en el Senado se han hecho de manera transparente, desmintiendo de esa forma portada de noticas que mencionaba supuestos encubrimientos.

No obstante, a raíz del planteamiento que sugió del propio Ministerio de Economía y Finanzas sobre la necesidad de una “economía de guerra”, es que personalmente y con el apoyo de varios de sus colegas han tomado la decisión de dejar sin efecto las bonificaciones que estaban previstas para el ejecicio fiscal 2026.

“Presentamos esta iniciativa legislativa, porque creemos que es un gesto del Congreso, así como las modificaciones que se plantean y espero el acompañamiento de la plenaria”, acotó.

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La Cámara de Senadores decidió postergar por ocho días el estudio del proyecto de Ley que plantea otorgar día libre laboral por cumpleaños a trabajadores del sector público y privado.

Si bien se incluyó en el orden del día para el tratamiento en plenaria, finalmente se decidió analizar mejor la propuesta impulsada por legisladores de diferentes bancadas.

Los parlamentarios habían convocado a las autoridades del Ministerio del Trabajo y a representantes de gremios empresariales, principalmente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP) para escuchar la postura de ambos sectores, que se manifestaron en contra de la aprobación del citado proyecto de ley, que no cuenta aún con dictamen de comisión.

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Según la iniciativa se busca establecer el día de licencia laboral remunerada por cumpleaños para trabajadores del sector privado y funcionarios públicos.

“El bienestar integral del trabajador es un pilar fundamental para la productividad y el desarrollo de nuestra nación”, argumentaron los proyectistas.

En caso de que el empleador requiere de la presencia del trabajador, se establece una compensación económica equivalente a un jornal diario.

La propuesta fue presentada por os senadores: Eduardo Nakayama, Rafael Filizzola, Colym Soroka, Yolanda Paredes, Celeste Amarilla, Walter Kobylanski y Lilian Samaniego.

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