El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, se refirió al debate sobre la posibilidad de elevar el déficit fiscal en el contexto actual. Señaló que existe una situación urgente que debe ser atendida, relacionada, principalmente, con el pago a proveedores del Estado. La propuesta de incrementar el déficit fiscal surge como una de las opciones que actualmente están siendo consideradas dentro del debate legislativo.

Previo al inicio de la sesión ordinaria de este martes, Latorre brindó unas breves declaraciones a la prensa, en las que destacó que los legisladores se encuentran centrados en analizar distintas alternativas que permitan dar una respuesta efectiva a esta problemática, en el marco de su labor parlamentaria. “Creo que los colegas están haciendo su trabajo parlamentario, están buscando alternativas para una solución a esta situación”, sostuvo.

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Al respecto, el titular de la Cámara Baja evitó adelantar una postura definitiva, subrayando que la iniciativa aún se encuentra en etapa de análisis y discusión entre los distintos sectores políticos. Enfatizó la importancia de evaluar con responsabilidad los posibles impactos económicos y sociales.

Cabe mencionar que el presidente Latorre había anunciado la presentación de un proyecto para la conformación de una comisión desde la Cámara de Diputados que se encargue del seguimiento de dichas obligaciones.

Finalmente, el titular de Diputados dejó en claro que el objetivo central es encontrar una solución viable que permita cumplir con las obligaciones del Estado, sin comprometer la estabilidad económica del país. En ese marco, el proyecto será estudiado en profundidad antes de tomar una decisión.

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“El acuerdo habla de inmunidades, no impunidades. Existe una gran diferencia entre las dos cosas”, explicó Alter.

El encargado de Nego­cios de los Esta­dos Unidos, Robert Alter, acudió ayer al Congreso Nacional con el fin de solici­tar una mayor cooperación en materia legislativa en la lucha contra el crimen organizado transnacional y el terrorismo para consolidar la seguridad hemisférica.

“Con Paraguay compartimos valores democráticos e inte­reses nacionales. Se está for­taleciendo y llevando a cabo entre los dos países todo un horizonte de alianza estra­tégica en materia de seguridad y oportunidades econó­micas para los dos pueblos”, comentó a los medios de comunicación.

Las afirmaciones de Alter surgen tras mantener un encuentro con el senador opositor Eduardo Nakayama, con quien dialogó en torno a los beneficios que otorgará a Paraguay el acuerdo de Esta­tuto de las Fuerzas (SOFA).

“Conversamos sobre la impor­tancia del acuerdo y el marco jurídico que nos da para forta­lecer la colaboración en segu­ridad entre los dos países. Acá la intención es hacer más y mejor. Tenemos una excelente colaboración entre las fuerzas de seguridad de ambos paí­ses y el acuerdo SOFA nos da un marco jurídico para faci­litar la llegada de las capaci­taciones, ejercicios conjuntos para que las fuerzas de ambos países tengan niveles de pro­fesionalismo fuertes y efec­tivo”, refirió.

El acuerdo fue promulgado el pasado 11 de marzo por el pre­sidente de la República, San­tiago Peña. “La intención es fortalecer a ambos países para defender sus soberanías. El acuerdo habla de inmunida­des, no impunidades. Existe una gran diferencia entre las dos cosas”, refirió Alter.

Por su parte, Nakayama deta­lló que “hablamos sobre la seguridad hemisférica y uno de los principales flagelos que tenemos como América Latina es el crimen organi­zado y el terrorismo. Habla­mos también sobre la ciber­seguridad, ya que existen ataques constantes, avanza­dos y difíciles de evitar que requieren de mejores capaci­dades. El convenio SOFA per­mitirá tener una mayor flexi­bilidad y movilidad a la hora de responder a las amenazas que se tienen”.

Durante una reunión con rectores de varias universidades del país, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, analizó el proyecto de ley sobre racionalización del gasto público.

La propuesta legislativa busca establecer topes salariales y eliminar beneficios discrecionales en el sector público.

En el encuentro, los rectores valoraron el objetivo general del proyecto, aunque plantearon observaciones técnicas. Así también cuestionaron la inclusión de autoridades universitarias como cargos políticos electivos y fundamentaron sus discrepancias.

Sobre el punto, el rector de la Universidad Nacional de Concepción, Clarito Rojas Marín, sostuvo que rectores, vicerrectores y decanos cumplen funciones técnicas docentes.

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“Los cargos de rectores, vicerrectores, decanos y vicedecanos son cargos técnicos docentes, no políticos, y no forman parte de la matriz salarial ni reciben esos beneficios”, aseveró.

Explicó que estos ya están siendo afectados por la aplicación de la ley de la Caja Fiscal, por lo que la nueva propuesta implicaría un impacto adicional e injustificado, conforme expresó.

Los rectores pidieron a Diputados que, en su rol de cámara revisora, analice el proyecto en profundidad e incluso evalúe la conformación de una mesa técnica para revisar punto por punto las inconsistencias.

La Cámara de Diputados se encuentra analizando el mencionado proyecto en un contexto de restricciones fiscales y en línea con el planteamiento del Poder Ejecutivo de aplicar políticas de austeridad, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos del Estado y redireccionarlos hacia programas sociales prioritarios.

La iniciativa contempla, entre otros puntos, la eliminación de gastos considerados superfluos en los organismos y entidades del Estado, así como la prohibición de bonificaciones y beneficios adicionales para altas autoridades.

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• Por Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El líder de bancada del movimiento Honor Colorado en Diputados, Miguel Ángel Del Puerto, manifestó que solicitarán la fusión de los proyectos que apuntan a reducir el impacto del gasto público con el fin de acompañar la nueva hoja de ruta que tomará el gobierno del mandatario Santiago Peña, tras la designación de Óscar Lovera como ministro de Economía y Finanzas (MEF).

“En la Cámara de Diputados también se presentaron proyectos similares firmados por colegas de diferentes bancadas y el objetivo es analizarlos y consensuarlos en un único proyecto de ley que resulte lo más beneficioso posible en cuanto a la disminución y racionalización de gastos de los tres poderes del Estado“, indicó en una entrevista con La Nación/Nación Media.

Las afirmaciones de Del Puerto surgieron en el marco de la media sanción de la Cámara de Senadores a la iniciativa que suprime durante el ejercicio fiscal 2026 el pago de bonificaciones, cualquiera sea su denominación, para los funcionarios públicos que ocupan cargos de conducción política.

El proyecto fue impulsado por el propio presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, y refiere que el monto ahorrado vaya destinado al pago de deudas contraídas por el Estado con las farmacéuticas. Si bien mencionaron que es difícil cuantificar cuánto será el monto a redireccionar, se estima que se genere un ahorro de USD 1.200. 000.

El proyecto de ley será remitido a Diputados para su tratamiento, razón por la cual Del Puerto planteará la fusión con las propuestas pendientes de estudio en la cámara. “Desde mi punto de vista será lo más productivo y positivo, ya que ampliaremos la racionalización del gasto público”, comentó.

De obtener su planteamiento el apoyo de las demás bancadas, entre los proyectos de ley a ser fusionados figura el impulsado por el opositor Rubén Rubin, el cual se denomina “Plan de Rescate Nacional” y propone un ahorro estimado de USD 700 millones durante su primer año de vigencia.

Rubin apunta a la eliminación del seguro médico privado para funcionarios, la supresión de bonificaciones extraordinarias y una reducción del 90 % en los gastos vinculados a servicios de catering, viáticos y pasajes, entre otros rubros, con el fin de aliviar las finanzas públicas ante la acumulación de deudas con las proveedoras, principalmente las farmacéuticas y vialeras.

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Mientras que la otra iniciativa fue impulsada por diputados de diferentes bancadas y propone un ahorro de entre USD 8 y 10 millones mensuales, al establecer medidas de racionalización del gasto público, fijar topes a las remuneraciones y prohibir beneficios económicos discrecionales en el sector público. El proyecto plantea que los recursos ahorrados mediante la eliminación de los gastos superfluos sean redireccionados a los diversos programas sociales.

Por otra parte, Del Puerto opinó sobre la designación de Lovera como ministro de Economía y Finanzas. “Confiamos mucho en la capacidad y experiencia del nuevo ministro y esperamos que en este segundo tiempo del gobierno del presidente Peña se apunte a la microeconomía, ya por los grandes resultados obtenidos a nivel de la macroeconomía, reflejados en los grados de inversión logrados por el gobierno nacional", refirió el legislador.

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