La Cámara de Senadores finalmente decidió ratificarse en la aprobación del proyecto de ley que permite el cultivo casero y la producción artesanal del cannabis de uso medicinal. Luego del veto del Poder Ejecutivo, 26 senadores acompañaron nuevamente la iniciativa legislativa.

De esta forma, el proyecto de ley pasa a la Cámara de Diputados para su estudio. La propuesta es impulsada a favor de pacientes con diferentes patologías nucleados en la organización “Mamá Cultiva”. La producción del cannabis medicinal sería de gran ayuda para el tratamiento de epilepsia refractaria, parkinson, esclerosis múltiple y otras afecciones; los familiares se ingenian para experimentar con el aceite de cáñamo y aliviar así las dolencias.

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La recomendación de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) pesó a la hora de dar el veto a esta ley, al igual que el Ministerio de Salud Pública por considerar que la ley contraviene la normativa lo estipulado en la Convención Única de Estupefacientes, en la que se establecen los criterios de regulación para el cultivo del cannabis para uso terapéutico.

Desde Salud Pública están a favor de la producción del aceite de cannabis, pero para aquellos que obtengan la licencia para la producción con fines medicinales, quienes estarían obligados a donar como mínimo el 2% de su producción al Ministerio de Salud, para la entrega gratuita para quienes necesiten.

La Cámara de Diputados había sancionado la propuesta en agosto, que fue remitida al Ejecutivo para su promulgación o veto. El cultivo del cáñamo en la actualidad es penado por ley, por lo que organizaciones como Mamá Cultiva insisten con modificar la normativa.

Licencia para el cultivo

El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) otorgó la licencia a doce firmas para la producción e industrialización controlada del cannabis. El pasado 10 de febrero finalizó la evaluación de las solicitudes de licencia de producción e industrialización controlada de la planta.

Dinavisa podrá autorizar la producción e industrialización controlada en el país, en condiciones de trazabilidad, en coordinación con el Senave y la Senad. Así tendrá una vigencia de 5 años, renovables por períodos de igual duración, siempre que haya cumplido el solicitante los requisitos previstos en las normas.

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