El intendente de la ciudad de Encarnación, Luis Yd, solicitó al Ministerio de Salud, encabezado por Julio Mazzoleni, aclarar las dudas sobre los supuestos casos positivos de COVID-19 en la zona teniendo en cuenta que las autoridades argentinas utilizan dichas estadísticas para definir la apertura de la frontera.
A través de una entrevista por el canal GEN, el jefe comunal manifestó: “Por el momento no tenemos una novedad, estamos aguardando esas gestiones por parte de la Cancillería, somos respetuosos de los estamentos nacionales, la alta parte es la Cancillería”.
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Ante la falta de una respuesta contundente por parte del país vecino, Yd mencionó que aún se aguarda una aclaratoria por parte de la cartera sanitaria respecto a los supuestos casos de coronavirus en la ciudad.
“Nosotros estamos esperando el resultado de la investigación que hemos solicitado al ministro de Salud. La Argentina dentro del criterio que dice por los cuales no abrirá el puente internacional es por lo económico, pero le suma también una estadística de casos positivos en Encarnación y esos casos positivos son los que se encuentran en una gran duda, en una incertidumbre si realmente esos casos son positivos o negativos por una situación particular que informamos en el Ministerio de Salud”, indicó.
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Ciclismo internacional: L’Étape Encarnación proyecta inyectar USD 4 millones a la economía local
Una cifra estimada en unos USD 4 millones es el impacto económico de L’Étape Encarnación 2026 by Tour de France, acontecimiento deportivo de alcance mundial previsto para el próximo 31 de mayo, según cálculos de los organizadores.
La competencia reunirá en la ciudad de Encarnación a ciclistas nacionales e internacionales provenientes de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros países, consolidando a Paraguay como un nuevo destino para eventos deportivos de alto nivel.
El evento es organizado por Rebelocity y su socio fundador Víctor Heredia destaca que esta edición representa un punto de inflexión para el desarrollo del ciclismo en el país y una oportunidad para que los atletas locales vivan una experiencia oficial del Tour de France sin salir del territorio nacional.
Heredia mencionó que la capital de Itapúa fue elegida para la competencia por su infraestructura urbana, su entorno turístico y su capacidad hotelera.
Heredia, empresario y atleta mexicano, es socio fundador de Rebelocity, empresa dedicada a la organización de eventos deportivos internacionales de alto rendimiento en Paraguay.
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Bajo su liderazgo, Rebelocity ha traído al país las marcas Ironman y L’Étape by Tour de France, posicionando a Paraguay como un referente del deporte de resistencia en América del Sur.
DERRAME ECONÓMICO
Los datos de la organización proyectan un importante derrame económico mediante este evento deportivo mundial.
En alojamiento se estiman un ingreso en torno a los G. 8.000 millones (USD 1,09 millones). Esto incluye el gasto de los atletas y acompañantes.
En alimentación, transporte y actividades turísticas estiman unos G. 4.600 millones (USD 620.000), y en cuanto a contribución directa total de atletas y acompañantes prevén un ingreso de G 12.689.600.000, equivalentes a USD 1,7 millones, lo que totalizarían entre 3,5 y 5 millones de dólares.
Esta cifra incluye no solo el gasto de atletas y acompañantes, sino también la inversión en la operación del evento, la contratación de servicios locales, logística, personal y la atracción de visitantes y turistas adicionales que se suman al ambiente del evento.
“El Tour de France trae ciclistas de todo el mundo a nuestra región. Cada atleta internacional que viaja a competir viene con su familia, su equipo, sus días de turismo. Ese movimiento de personas genera una cadena económica real que beneficia a Posadas tanto como a Encarnación. Es una oportunidad que la región no puede desaprovechar,” señaló Víctor Heredia, co-director de Rebelocity.
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Presentan acusación ante el JEM contra jueza de Encarnación por mal desempeño en sus funciones
El presidente de la Asociación de Rematadores del Paraguay, Atilio Estigarribia, presentó una acusación ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) por mal desempeño en sus funciones contra la jueza en lo Civil y Comercial de Encarnación, Rossana Aurora Verón, por anular sin fundamento un remate judicial llevado a cabo en noviembre de 2025. El caso corresponde al expediente caratulado: “Ejecución de sentencia promovida por Gladys Bianchetto en los autos Waldimiro Moskalik sobre sucesión”.
El denunciante solicita a los integrantes del Jurado que se inicie el enjuiciamiento y se ordene la suspensión en sus funciones de la cuestionada magistrada. Ahora, el JEM deberá estudiar si corresponde iniciar la investigación y dar curso al pedido.
La acusación señala: “En el expediente judicial referido fui designado como rematador público a los efectos de llevar adelante la subasta de derechos y acciones hereditarios pertenecientes al señor Miguel Moskalik Duarte. Procedí a la publicación de los edictos correspondientes, dejándose expresa constancia en los mismos de que el comprador debía abonar el importe íntegro de su compra conforme al régimen legal vigente”.
Refiere que “en fecha 5 de noviembre de 2025, en el horario fijado judicialmente, se llevó adelante el acto público de subasta con todas las formalidades legales correspondientes y bajo las facultades conferidas por las leyes procesales vigentes. Al acto concurrió la ejecutante, la abogada Gladys Noemí Bianchetto Sandoval, y Yeniel Iglesias Romero, desarrollándose normalmente la puja entre los postores presentes”.
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Indica igualmente que, luego de diversas posturas, la ejecutante resultó inicialmente adjudicataria, por lo que debía proceder al pago íntegro y al contado del precio ofertado. Sin embargo, ella manifestó no poseer la totalidad del dinero necesario para perfeccionar la compra e intentó completar el pago mediante transferencias parciales y pagos fragmentados, inclusive provenientes de terceros, sin llegar a integrar el monto total.
Ante dicho incumplimiento, y luego de aguardarse un tiempo prudencial conforme a las facultades del rematador, se procedió a reanudar la subasta. Resultó finalmente adjudicatario el señor Yeniel Iglesias Romero por la suma de G. 20 millones, por constituir la mejor postura existente en ese momento.
La acusación expresa que, llamativamente, la magistrada dictó el A.I. N° 268 de fecha 22 de mayo de 2026, resolviendo hacer lugar al incidente de nulidad y declarar nulo el remate. El denunciante califica la conducta de la jueza como “manifiestamente arbitraria” y apartada de las constancias objetivas del expediente, incurriendo en una valoración parcial, antojadiza e infundada de los hechos.
Sostiene que la jueza prescindió del análisis integral de las disposiciones del Código Procesal Civil que regulan los remates, especialmente en lo relativo al pago al contado y a las consecuencias del incumplimiento del adjudicatario inicial, extremo que fue reconocido en los autos por la propia incidentista.
También refiere que la resolución cuestionada atribuye irregularidades graves al rematador sin que exista prueba concluyente, suficiente ni objetiva de una conducta dolosa o fraudulenta. Afirma que la jueza arribó a conclusiones sustentadas únicamente en apreciaciones subjetivas.
Estigarribia recuerda que, conforme al artículo 487 del Código Procesal Civil, el rematador judicial es el único responsable de recibir el dinero proveniente de la compra, la seña o las sumas entregadas por los postores, para luego depositarlo en la cuenta judicial correspondiente. Por ello, critica que la jueza considerara la recepción del dinero por parte del rematador como una irregularidad invalidante.
Finalmente, el escrito menciona que esta actuación no es un hecho aislado, sino que la magistrada ya cuenta con cuestionamientos previos por desconocimiento e incorrecta aplicación de normas legales.
La acusación alega la transgresión del artículo 168 del Código de Organización Judicial; los artículos 476, 484, 485, 487 y 492 del Código Procesal Civil; el artículo 558 del Código Civil; y el artículo 3 del Código de Organización Judicial.
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Deuda: farmacéuticas valoran ritmo de pagos para dinamizar el sector
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el sector farmacéutico cerraron un acuerdo para el cronograma de pagos de la deuda acumulada por el sistema de salud. El acuerdo fue confirmado tras las reuniones mantenidas entre el equipo económico encabezado por el ministro Óscar Lovera, autoridades del Ministerio de Salud y representantes de la Cámara de la Industria Química Farmacéutica del Paraguay (Cifarma), la semana pasada.
En ese marco, el presidente de Cifarma, Gerardo García, destacó como elemento clave del proceso la regularidad de los pagos ya ejecutados y el nuevo calendario acordado con el gobierno.
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“Son cifras muy importantes para nosotros, teniendo en cuenta que el año pasado el promedio que recibía el Ministerio de Salud era más o menos de 30 millones mensuales. Estamos hablando casi el doble o el triple de lo que se pagaba”, señaló García a la 1000 AM, al referirse al ritmo actual de desembolsos.
El representante del sector explicó además que el primer tramo de USD 100 millones ya fue cumplido en abril, mientras que los USD 80 millones comprometidos para mayo se encuentran en proceso de cobro. A esto se suman los pagos previstos por el MEF de USD 40 millones en junio y USD 80 millones en julio, como parte de la continuidad del esquema.
Durante las conversaciones también se abordó el mecanismo de factoreo o descuento de facturas, que permitiría a los proveedores obtener liquidez anticipada mientras se concretan los pagos del Estado. Según García, la herramienta aún requiere ajustes técnicos antes de su implementación plena.
El sector farmacéutico destacó además la incorporación del Ministerio de Salud a las mesas de trabajo, lo que permite una coordinación más directa sobre el origen de la deuda y la planificación de compras públicas, consideradas clave para evitar nuevos atrasos. Aunque el stock de deuda se mantiene elevado, las partes coinciden en que el esquema de pagos escalonado y la coordinación interinstitucional marcan una etapa de mayor previsibilidad para el sector.
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Paciente con linfoma pide que Salud cumpla con amparo para acceder a costoso tratamiento
Este martes, familiares de un paciente oncohematológico con diagnóstico de linfoma, solicitaron al Ministerio de Salud que se cumpla con el amparo para la compra de un costoso medicamento que requiere para su tratamiento. Desde hace dos meses, el juzgado penal de Garantías dictó sentencia definitiva para que este sea cumplido.
Se trata del señor Luis Carlos Ortiz Godoy, paciente que cuenta con diagnóstico de linfoma no Hodgkin de células B grandes difuso, quien ya pasó por un trasplante autólogo de médula osea. Hace dos meses sufrió una recaída y fue un golpe muy duro para la familia, que necesita ayuda para costear el tratamiento.
La doctora Laura Morel, del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), ante la gravedad de su situación indicó un tratamiento urgente que requiere de Glofitamab, cuyo valor sería G. 85 millones por vial, pero necesita 36 viales de 2,5 mg para todo el tratamiento que suman unos G. 800 millones.
Pedido de cumplimiento
La familia no tiene los recursos para comprar y solicitó un amparo para que el Ministerio de Salud pueda adquirir el fármaco, al tratarse de un paciente de un ente estatal. Actualmente don Luis está recibiendo quimioterapia paliativa, pero es urgente que acceda al tratamiento para evitar que la enfermedad avance.
“Mi papá está a la espera de un medicamento súper caro que no está a nuestro a alcance y por eso hicimos el pedido de amparo, con mucha esperanza papá pidió esperar solo 2 meses por el medicamento, pero ya pasó ese tiempo, desde Salud no nos hacen caso es por eso que les pido ayuda”, expresó Adela Ortiz, hija del paciente, en entrevista con La Nación/Nación Media.
Amparo
El 10 de marzo de este año, el juzgado penal de Garantías N° 9 de Asunción dictó la Sentencia Definitiva N° 15, en la causa Amparo Constitucional promovido por Luis Carlos Ortiz Godoy contra el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.
“Ahora está con quimio paliativa porque estaba muy mal y se le ordenó este tratamiento mientras esperan la llegada del medicamento (Glofitamab), pero ya no puede esperar. Hasta la fecha la cartera sanitaria no ha dado cumplimiento a dicha orden judicial por eso estamos pidiendo ayuda para llegar a las autoridades”, apuntó.
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