La Cámara de Senadores retardó el proceso de remisión del proyecto de ley que establece la reglamentación de la pérdida de investidura a Diputados. La situación se vuelve llamativa teniendo en cuenta la postergación del tratamiento de la pérdida de investidura de los colorados Rodolfo Friedmann y Javier Zacarías Irún.
Los senadores del sector Colorado Añetete, del Frente Guasu (FG), del Partido Democrático Progresista (PDP) y liberales que decidieron acompañar la “operación de blanqueo”, dijeron que es necesario primeramente reglamentar el Artículo 201 de la Constitución, hecho que aún no fue posible en la Cámara Baja, ante la falta de remisión del proyecto de ley que fue aprobado por los senadores el pasado 14 de octubre, dilatándose el trámite legislativo.
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Al respecto, el titular del Senado, Óscar “Cachito” Salomón, mencionó que se trató nada más de un inconveniente administrativo. “Me han hecho la misma consulta esta mañana y yo creo que si no se remitió tuvo algún inconveniente administrativo y si no se remitió lo vamos a enviar inmediatamente”, indicó.
Senadores como Sergio Godoy y Stephan Rasmussen criticaron la operación de blanqueo instalada en el Senado, sosteniendo que resulta por demás injusto pretender cambiar las reglas luego de haber expulsado a 6 colegas.
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Bancada de HC aguardará pedido formal sobre senadora Cabrera
El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna indicó que desde la bancada de Honor Colorado aguardarán primero el pedido formal del eventual de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera, en el caso de los sobrinos acusados de planilleros. Refirió que primero se debe presentar el pedido para analizar en bancada.
“Si llegamos a la conclusión de que la senadora Noelia es la responsable, veremos qué postura tomamos. Vamos a ver el resultado del sumario, vamos a esperar, vamos a analizar en bancada y vamos a actuar de acuerdo a la decisión de la mayoría de los colegas de la bancada”, adelantó en conversación con los medios en el Senado.
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El senador señaló que hasta el momento solo se trata de una hipótesis por parte de la senadora Celeste Amarilla y la bancada Democrática, ya que aún no existe una presentación formal del pedido para aplicar el retiro de la investidura de la parlamentaria.
“Vamos a estar atentos a lo que expresó la senadora Celeste Amarilla, que dijo en diferentes medios de prensa que estarían presentando un pedido de pérdida de investidura, hasta el momento es una hipótesis, pero si eso se llega a concretar vamos a estudiar y vamos a analizar con la seriedad que corresponde y luego sacar una definición”, fueron las expresiones del legislador.
Cuestionó este tipo de prácticas en el Congreso, que termina por exponer a toda la institución y al presidente de la Cámara Alta, Basilio Núñez. “Creo que es una situación que expone a toda la Cámara y en especial al presidente del Congreso, que siempre está atendiendo a todos los colegas de la mejor manera, entonces yo desprecio esta situación”, sentenció.
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Sumario de funcionarios continúa pese a renuncias, señala senador
El presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, sostuvo que el eventual pedido de pérdida de investidura de la senadora liberal Noelia Cabrera todavía no fue abordado dentro de la bancada oficialista, Honor Colorado; sin embargo, evitó anticipar una opinión sobre el caso en que ordenó un sumario administrativo que tendría un resultado en 30 días.
“Creo que todo se va a evaluar en bancada, yo estoy en una bancada, no puedo preopinar. Probablemente si uno se va por estas cuestiones, muchos se tienen que ir”, dijo el titular de la Cámara Alta a la 1020 AM. Los funcionarios Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera ya presentaron renuncia a sus cargos tras denunciarse mediáticamente la presunta situación de los supuestos sobrinos de la legisladora.
“Lo primero que hice, y ya firmé la resolución de un sumario administrativo, el sumario continúa independientemente que, en este caso, hayan presentado la renuncia. Creo que fue una reacción rápida y como presidente del Congreso, yo me fui a hablar con los trabajadores de prensa y dije que es la norma jurídica que tengo a mano. Instruí un sumario, que tenga la celeridad correspondiente, en un promedio de 30 días tengamos un resultado”, refirió.
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El senador recordó que cuando asumió la presidencia de la Cámara ya inició con un trabajo de depuración en cuanto a la cantidad de funcionarios. Recordó que se encontraron 300 funcionario que cumplían la función de directores, lo que ya se redujo al cincuenta por ciento.
“Nosotros hicimos un gran trabajo con los legisladores, apoyado por la plenaria, y restructuramos Recursos Humanos. En vez de tener 300 (direcciones) ahora bajamos a 150, podemos pasar el año que viene a tener 30. Vamos a ir buscando la nomenclatura para cambiar eso y para que quede eso como legado, y nosotros vamos a hacer nuestra carrera legislativa”, sentenció.
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Ejecutivo reglamenta Ley de la Función Pública y el Servicio Civil
El Poder Ejecutivo, mediante el decreto 4230 de fecha 21 de julio, reglamentó la Ley 7445/25 de la Función Pública y el Servicio Civil, cuya implementación se hará en forma gradual y el Ministerio de Economía será el órgano rector de la política salarial en el marco del Presupuesto de Gastos de la Nación (PGN).
Esta ley que entró en vigencia la semana pasada tuvo un amplio debate durante su tratamiento en el Parlamento por parte de ambas cámaras legislativas.
El reglamento de la Ley de Función Pública es fundamental para garantizar un servicio público eficiente, transparente y profesional, que responda a las necesidades de la ciudadanía y contribuya al desarrollo del país.
El MEF, a través del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, será la autoridad de aplicación para todas las instituciones que forman parte del Poder Ejecutivo, con facultad legal para la emisión de disposiciones administrativas y operativas.
Para las instituciones públicas con autonomía constitucional y que no componen el Poder Ejecutivo establece que se constituyen en su propia autoridad de aplicación en materia de la función pública.
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El documento señala que en su artículo tercero, se faculta al MEF a fijar la gradualidad para la aplicación de los aspectos regulados en la normativa, en concordancia con las disposiciones presupuestarias vigentes, mientras las demás autoridades fuera del Poder Ejecutivo, también deben establecer su implementación gradual.
El artículo 4 del decreto dispone que el Ministerio de Economía se constituye como la autoridad rectora en materia de política de remuneraciones para las instituciones incluidas en el PGN.
En la nueva Ley de Servicio Civil se autoriza para el uso de inteligencia artificial (IA), es decir permite a los funcionarios y empleados públicos a utilizar herramientas de IA, siempre que el contenido generado sea asumido en su totalidad por cada uno y sea comunicado previamente el uso.
Se destaca igualmente que la nueva ley hace más estricto el sistema de ingreso de los funcionarios, cuyo fin es evitar el nepotismo, como así también evitar desvinculaciones masivas.
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Urgen al Ejecutivo reglamentar la ley de control y transparencia para oenegés
El senador Dionisio Amarilla, presidente de la Comisión Antilavado del Congreso Nacional, urgió al presidente de la República, Santiago Peña, reglamentar la Ley de Transparencia de las Organizaciones Sin Fines de Lucro (OSFL), para su plena ejecución. La normativa fue sancionada en octubre del 2024.
“El Poder Ejecutivo tiene en ese sentido una tremenda responsabilidad porque el Congreso de la Nación aprobó una ley que establece protocolos para la rendición de cuentas que tiene que ser reglamentado”, sostuvo en una entrevista con el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media.
“Espero que el presidente de la República, a través de sus voceros, se haga eco. Podemos decirle con autoridad, presidente, por favor apresuren la formulación del decreto que reglamenta la ley de las oenegés", expresó el legislador.
Lo que establece la normativa
Esta ley establece que se entiende como OSFL, todas aquellas organizaciones que reciben y administren recursos públicos o privados, nacionales o internacionales y que busquen incidir en los programas públicos. Quedan excluidos aquellos organismos internacionales, las agencias especializadas internacionales, las entidades de carácter multilateral, los partidos y movimientos políticos, las iglesias y confesiones religiosas.
También quedarán excluidos de los alcances de la ley, salvo que reciban, administren o inviertan fondos públicos, nacionales o internacionales, las organizaciones de carácter extrínsecamente deportivo, no profesionales, los sindicatos, asociaciones de trabajadores, las organizaciones campesinas, de estudiantes, comisiones vecinales y junta de saneamiento ambiental.
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Uso desvergonzado de USD 52 millones
El requerimiento de Amarilla surge tras detallar que mediante la labor de la Comisión Antilavado quedó evidenciado USD 52 millones proveídos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) y USD 5 millones otorgados por el Gobierno paraguayo fueron dilapidados por las oenegés de manera “desvergonzada”.
“Encontramos datos llamativos que prácticamente ninguna de las oenegés pudieron explicar de manera sobria qué resultado obtuvieron con esos fondos inyectados a sus organizaciones. El 71 % de los USD 52 millones fue a salarios. Los directivos se llevaron una ponchada de plata“, lamentó.
Directivos de oenegés
Amarilla incluso detalló que los directivos de las oenegés incluso se autorremuneraron salarios por encima del sueldo que recibe un ministro del Poder Ejecutivo. “No existe ningún ministro del Poder Ejecutivo que administre un presupuesto de 2 millones de dólares y se autoasigne 40 millones de guaraníes mensuales de remuneración. Es una desvergüenza”, sentenció.