La Cámara de Senadores no logró tener el quórum correspondiente para tratar los pedidos de pérdida de investidura pendientes, solamente estuvieron conectados 15 senadores. Una mayoría ya había anunciado previamente que no participaría de la sesión por la falta de reglamentación del artículo 201.

Los casos del senador Rodolfo Friedmann y el de Javier Zacarías Irún estaban como puntos a tratar por pedido del senador Enrique Riera y Georgia Arrúa, en la sesión del pasado jueves. Una mayoría había aprobado la convocatoria pero hoy decidieron ausentarse.

Los senadores que marcaron presencia fueron: Sergio Godoy, Georgia Arrúa, Stephan Rasmussen, Fidel Zavala, Tony Apuril, Fernando Silva Facetti, Blas Llano, Zulma Gómez, Antonio Barrios, Enrique Riera, Juan Carlos Galaverna, Patrick Kemper, Juan Bartolomé Ramírez, Blas Lanzoni y el presidente del Senado, Óscar Salomón.

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“A las 9 de la mañana recibí la nota firmada por 24 senadores y evidentemente hay otros que no firmaron pero tampoco estaban de acuerdo con la realización de esta sesión extraordinaria. No asistieron en el día de la fecha y prometen no asistir en otras sesiones mientras no esté reglamentado o hasta que se tenga la respuesta de la justicia”, mencionó el titular del Senado.

Tal como lo adelantaba el senador Friedmann, la mayoría coyuntural que desde hace tiempo viene manejando la votación a favor de postergar su expulsión evitaron su destitución. Hoy nuevamente horas antes de la sesión comunicaron al presidente del Senado, Óscar Salomón, que no estarían participando en ninguna sesión que trate pérdida de investidura hasta que se reglamente el artículo 201.

Los senadores que firmaron son: Sixto Pereira, Jorge Querey, Miguel Ángel Rodríguez, Fernando Lugo, Carlos Filizzola, Hugo Richer, Esperanza Martínez, Desireé Masi, Pedro Santacruz, Amado Florentín, Eusebio Ramón Ayala, Víctor Ríos, Hermelinda Ortega, José Ledesma, Silvio Ovelar, Rodolfo Friedmann, Juan Afara, Javier Zacarías, Lilian Samaniego, Mirta Gusinky, Luis Castiglioni, Derlis Osorio, entre otros.

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Argumentaron que esto “implica una decisión de política legislativa en un tema que guarda relación con principios constitucionales esenciales, no solo relacionados a las garantías del debido proceso, sino que además al propio funcionamiento del Poder Legislativo y a la composición política y democrática".

El legislador habría montado un esquema presuntamente para adueñarse de las licitaciones de la gobernación del Guairá, para la provisión del almuerzo escolar mediante la empresa Eventos y Servicios SA (ESSA), que siempre era la adjudicada con los llamados, casualmente cuando el denunciado era gobernador y accionista de la firma donde aportó un capital operativo de G. 1.700 millones.

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