Renuncia de Benigno López ya está en el escritorio de Mario Abdo
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La carta de renuncia del ministro de Hacienda, Benigno López, ya se encuentra en el despacho presidencial de Mario Abdo Benítez. Según informaciones que trascendieron, el documento ya se habría presentado el lunes de forma oficial. Esto, ante su designación al Banco Interamericana de Desarrollo (BID), que aguarda confirmación.
El titular de la cartera estatal ya había puesto a disposición su cargo previo a la fecha marcada para la reunión del directorio del BID fijada para el 14 de octubre, pero que fue postergada. La renuncia se debió presentar el viernes, pero como el mandatario sufrió una descompensación no se pudo dar. Hasta el momento todavía no fue aceptada.
El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mauricio J. Claver-Carone, quien asumió sus funciones el 1 de octubre del 2020, propuso el nombre del ministro paraguayo para asumir la vicepresidencia de Sectores y Conocimiento por un periodo de 3 años. La confirmación de esto se tendría que dar luego de la reunión del directorio.
De igual modo, semanas atrás el propio Benigno López ya anunció que de no confirmarse lo del BID, de todos modos él daría un paso al costado al frente de la institución estatal. A partir de estas declaraciones, el mandatario también aseguraba que el próximo ministro encargado de las finanzas y de la economía del país sería “alguien de la casa”.
Así es que el reemplazo para ocupar el sillón de Hacienda estaría entre Óscar Llamosas, quien ocupa el cargo de viceministro de Administración Financiera; Carmen Marín, quien se desempeña como viceministra de Economía; también se habla del viceministro de Tributación, Óscar Orué. Pero entre los tres el que tendría más probabilidades sería Llamosas.
El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.
En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.
“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.
Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.
“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.
El abogado Ricardo Preda explicó sobre el proceso de las intervenciones municipales. Foto: Archivo
La intervención
La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.
La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.
En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente
¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.
“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.
Ejecutivo designa a David Velázquez Seiferheld como viceministro de Educación Superior
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A través de un comunicado emitido desde la Presidencia de la República del Paraguay se informó que el Poder Ejecutivo resolvió en la fecha dar por terminada las funciones de Federico Mora, viceministro de Educación Superior, dependiente del Ministerio de Educación y Ciencias.
El informe oficial señala que, en su reemplazo, ha resuelto designar en el cargo de forma interina al David Velázquez Seiferheld, quien ya asume de manera inmediata en sus funciones.
El breve comunicado destaca además que, “el Gobierno reafirma su compromiso con la educación de todos los paraguayos”, concluye el documento divulgado a través de las redes sociales.
Ortega descarta renunciar a su banca en Diputados para hacer proselitismo
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La diputada del Partido País Solidario (PPS), Johanna Ortega, adelantó que no renunciará a su banca en la Cámara Baja y esto pese a que ya confirmó sus pretensiones electorales de apuntar a la intendencia de Asunción. La legisladora es criticada ya que hoy asume una posición que fue cuestionada de su parte en el periodo anterior.
“La renuncia es exagerada. Yo pediría permiso, que asuma el suplente y me dedicaría a hacer campaña 100 por ciento”, indicó la diputada al ser consultada si no piensa dejar la Cámara Baja con miras a las elecciones municipales del 2026.
La consulta a Ortega se realizó teniendo en cuenta que anteriormente había exigido al entonces diputado Sebastián García, renunciar a su banca antes de iniciar su trabajo proselitista a intendente en la capital por el Partido Patria Querida (PPQ), en el marco de los comicios del 2021, sin embargo, hoy asume otra postura.
La legisladora alegó que en aquel entonces desconocía el reglamento de la Cámara y que ahora leyó el documento y se dio cuenta que le da la oportunidad de pedir permiso a su banca. Lo que implica que si no corre su postulación, tendría la posibilidad de volver al Congreso en el mismo periodo parlamentario.
“La verdad que desconocía la posibilidad de pedir permiso para hacer campaña y retornar. Después hoy obviamente siendo diputada y leyendo el reglamento entiendo que puede haber un mecanismo”, señaló la parlamentaria del PPS.
Designan a Rubén Maciel como nuevo viceministro de Política Criminal
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A través del decreto N° 5330 de la Presidencia de la República, se designó a Rubén Maciel Guerreño como nuevo viceministro de Política Criminal, en reemplazo de Víctor Benítez, quien presentó su renuncia tras ser nombrado como juez penal de Garantías. Maciel Guerreño ya había ocupado el mismo cargo en el 2020.
El nuevo viceministro confirmó ante la 920 AM que asumirá oficialmente a partir de este viernes 21 marzo y manifestó algunos de los objetivos del Ministerio de Justicia. En este sentido, sostuvo que está en proyecto la construcción de tres nuevas penitenciarías de mujeres y que está previsto el cierre del Buen Pastor.
Maciel ocupó previamente el mismo cargo desde el 2020 hasta el 23 de marzo del 2022, fecha en que presentó su renuncia tras la designación a Édgar Olmedo como ministro de Justicia. El nuevo viceministro es de profesión abogado y ocupó diversos cargos dentro del Ministerio Público.
Es máster en Sistema Penal Comparado y Problemas Sociales y en Argumentación Jurídica por la Universidad de Barcelona y por la Universidad de Alicante respectivamente, ejerce la profesión desde el 2001 y cuenta con experiencia en litigios en los fueros penal, administrativo, laboral y civil-comercial, es especialista en Derecho Procesal Penal, además de notario y escribano público.