Actualmente, la normativa en su artículo 107 estipula que “el que por acción culposa causara la muerte de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”. Foto: Archivo.
Diputados buscan castigar con más dureza a conductores alcoholizados que causen accidentes
Compartir en redes
Diputados de diferentes bancadas presentaron el proyecto por el cual se pretende a través de una modificación del artículo 107 de la Ley Nº 1.160/1997, del Código Penal, que los homicidios culposos en los accidentes de tránsito sean castigados más severamente si el conductor está alcoholizado.
El documento fue presentado por los liberales Rodrigo Blanco, Sergio Rojas, Marcelo Salinas, Enrique Mineur y el colorado Raúl Latorre. La iniciativa pretende elevar la pena de 5 años hasta 8 años de cárcel para los casos de homicidio culposo, siempre y cuando la persona afectada se encuentre bajo los efectos del alcohol u otras sustancias prohibidas.
Actualmente, la normativa en su artículo 107, estipula que “el que por acción culposa causara la muerte de otro, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa”.
La propuesta es ampliar este artículo con la siguiente redacción: “Si la acción descripta en el inciso anterior fuera realizada infringiendo lo establecido en los numerales 1 y 2 del Art. 217 de este Código y sus modificatorias, será castigado con una pena privativa de libertad de tres a ocho años y la aplicación obligatoria de lo dispuesto en el Art. 58, por un periodo de tiempo no menor de dos años y máximo de cinco años a ser computados desde el día siguiente de que el condenado esté en libertad”.
“Vemos, de manera cotidiana, cómo conmocionan a la sociedad las leves sanciones penales impuestas para los conductores ebrios que protagonizan accidentes de tránsito con derivaciones fatales; realmente son muy leves en comparación al daño de por vida que ocasionan a las familias afectadas, terminando en la mayoría de los casos en la reparación del daño que nunca es suficiente”, indicó el diputado Blanco.
Diputados estudiará 27 puntos en sesión de este martes
Compartir en redes
La Cámara de Diputados tratará 27 puntos en la sesión ordinaria de este martes 22 de setiembre. Entre los proyectos a ser considerados figura en primer lugar la declaración del último domingo del mes de octubre como Día Nacional de la Iglesia Evangélica.
Se analizará también el proyecto de ley que crea y regula la profesión de los paramédicos, presentado por diputados de diferentes bancadas.
Por otro lado, se prevé la consideración del proyecto que instituye el día 9 de octubre de cada año como el Día Nacional del Migrante Paraguayo.
Igualmente, los legisladores retomarán el estudio en particular del proyecto de ley que modifica varios artículos de la Ley de “Vida Silvestre”, presentado por el diputado José Rodríguez.
Otro punto a ser analizado en plenaria es el proyecto de ley que declara en estado de emergencia vial el tramo que une las ciudades de Luque y Limpio.
En el orden 19 se incorporó la consideración del proyecto de ley que prohíbe el uso de dispositivos electrónicos portátiles en instituciones educativas.
El debate también se centrará en el proyecto de ley que modifica el Código de la Niñez y la Adolescencia, sobre la creación del registro de deudores alimentarios morosos.
Plantean la creación de diez registros notariales en Itapúa
Compartir en redes
Un proyecto de ley que plantea la creación de diez nuevos registros notariales en el departamento de Itapúa, se encuentra en estudio en la Cámara de Diputados. La iniciativa es impulsada por el legislador colorado, César Cerini.
El objetivo apunta a acercar este servicio a la ciudadanía y facilitar la realización de trámites notariales, especialmente para quienes actualmente deben trasladarse a otras zonas para acceder a los mismos.
Es así que se propone la creación de un registro notarial en los distritos de:
El proyectista fundamenta señalando que Itapúa presenta un importante movimiento agrícola, turístico y cultural, acompañado de un crecimiento poblacional y una proyección de expansión que incrementan la necesidad de contar con servicios notariales más próximos a los lugares de residencia de los ciudadanos.
En ese sentido, el proyecto busca contribuir a una mayor descentralización territorial del servicio, reduciendo las dificultades que representan las distancias para las personas que necesitan realizar gestiones ante un registro notarial.
Los diputados solicitan datos sobre estudios procesados en un centro privado que tiene contrato con el Ministerio de Salud y el Instituto de Previsión Social (IPS): Foto: Gentileza
Diputados pide informes a IPS y Salud sobre servicios tercerizados de diagnóstico
Compartir en redes
La Cámara de Diputados aprobó sendos pedidos de informes sobre servicios tercerizados de diagnóstico por imágenes prestados por Medicina Profesional Tecnológica (Meprotec), tanto al Ministerio de Salud como al Instituto de Previsión Social (IPS).
El primer documento, “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Instituto de Previsión Social (IPS) sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”, solicita datos sobre los estudios realizados mediante este centro de diagnóstico por imágenes, que presta servicios médicos tercerizados a asegurados del IPS y pacientes del Ministerio de Salud Pública.
El segundo proyecto aprobado es el “Que pide informe al Poder Ejecutivo-Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre las diferentes especialidades de estudios que se realizan a través de Meprotec”. En este caso el acuerdo de tercerización está vigente desde febrero de 2024.
Específicamente se solicita información sobre la cantidad de pacientes atendidos en los hospitales del IPS, discriminada por especialidades médicas, así como los costos que representa para la previsional la realización de cada estudio, diferenciados según las especialidades. El documento también requiere datos sobre las prestaciones tercerizadas y las condiciones del servicio.
Así también, la solicitud contempla información sobre la cantidad de pacientes atendidos, las especialidades de estudios realizados y los costos que representa para el Ministerio de Salud cada prestación, con el propósito de conocer el alcance de los servicios tercerizados y los recursos destinados a su contratación.
Ambos pedidos de informe buscan obtener datos sobre la prestación de servicios de diagnóstico por imágenes mediante Meprotec, las especialidades médicas involucradas, la cantidad de pacientes atendidos y los costos asumidos por las instituciones públicas.
Durante una audiencia pública, los diputados analizaron las necesidades del personal penitenciario, en el marco del estudio del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN 2027). Foto: Gentileza
Diputados analizan reivindicación del personal penitenciario
Compartir en redes
Durante una audiencia pública convocada por la Comisión de Justicia, Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, legisladores analizaron las necesidades y reivindicación del personal penitenciario, en el marco del estudio del proyecto de Ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027.
La convocatoria permitió reunir a representantes del Ministerio de Justicia, funcionarios permanentes y contratados, además de organizaciones sindicales, con el propósito de generar un espacio de diálogo directo sobre las condiciones laborales y las necesidades presupuestarias del sector.
El encuentro puso énfasis en la búsqueda de mecanismos que permitan avanzar hacia una mayor equidad entretrabajadores que, pese a tener diferentes modalidades de vinculación, desarrollan funciones similares y están expuestos a responsabilidades y riesgos propios del ámbito.
El director de la comisión, Francisco Ruffinelli, presentó los antecedentes de las gestiones realizadas y los avances alcanzados en materia de remuneraciones.
En su exposición, destacó la recategorización del personal permanente y la nivelación salarial de los funcionarios contratados.
Sobre el punto explicó que para 2027 siguen pendientes determinados planteamientos del sector, como la posibilidad de incorporar a funcionarios contratados bajo la modalidad de emergencia, a un mecanismo excepcional de concurso.
Se busca también extender la bonificación por insalubridad al personal contratado que cumple funciones penitenciarias y ampliar la unidad básica alimentaria a estos trabajadores.