La Cámara de Diputados se dio entrada a un proyecto de ley que busca crear un Registro Nacional de Personas Desaparecidas (Renad) que, a su vez, establecerá el Sistema de Alerta Mafe, en memoria de la adolescente María Fernanda Benítez. Este mecanismo se activará ante los casos de desapariciones, similar a la alerta AMBER, que se aplica en otros países.

En el programa “Fuego cruzado” del canal GEN/Nación Media estuvieron como invitados el diputado Rodrigo Blanco, uno de los proyectistas, y Rubén Riquelme, director de auditoría de gestión fiscal del Ministerio Público.

La propuesta surgió con el objetivo de socializar y visualizar esta problemática, teniendo en cuenta que solo en el 2024 se reportaron más de mil desapariciones de personas, de los cuales un importante número han vuelto a sus hogares, pero no se maneja con exactitud el número real de personas que no han sido encontradas.

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El diputado Blanco recordó que esta situación ya había sido ampliamente discutida a inicios de este periodo legislativo, cuando en el 2023 se había planteado un proyecto de ley similar, que buscaba un marco legal para la búsqueda y localización de personas.

Refirió que tomaron contacto con la Asociación de Familiares de Personas Desaparecidos del Paraguay; lo que muestra la magnitud del problema, ya que incluso ya existen organizaciones que ayudan a las familias que pasan por esta situación; y que incluso hablan de cifras mucho mayores a las que se manejan.

“De acuerdo a los reportes que nos brindaron, existirían entre 2.000 a 2.500 personas desaparecidas al año. De este número se menciona que el 50 % se tiene reporte sobre el retorno o aparición, y los motivos pueden variar por conflictos familiares, económicos. Ahora qué pasa con ese otro 50 %, hay una alta probabilidad de desaparición forzosa”, explicó el legislador.

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El diputado Blanco señaló que ahora lo que se busca con la nueva propuesta es abordar un marco legal que plantee establecer protocolos que ya son utilizados en otros países con éxito. Explicó que, por ejemplo, que, al reportarse una persona desaparecida, los ciudadanos reciben en el celular las alertas sobre la búsqueda de la persona, con su fotografía y las características que ayudarán a su identificación.

“Se hace un trabajo coordinado con los organismos de seguridad, la sociedad, los medios de comunicación, sector público y privado de forma masiva y sobre todo en las primeras 24 horas para poder tener mínimas chances de poder dar con el paradero de la persona buscada”, describió.

Mencionó que las estadísticas señalan que, en el caso de desaparición forzosas hoy en el Paraguay, el 70 % corresponde a niñas y adolescentes de entre 11 a 17 años. Blanco cuestionó qué está pasando en el Paraguay con estos casos de niñas desaparecidas y que en muchos casos tienen que ver con el crimen organizado, la trata de personas y el comercio ilícito de órganos.

“El proyecto habla de una respuesta rápida como acción para que las familias sepan dónde tienen que ir a denunciar, ante qué autoridad, cuál será el protocolo a seguir. Porque hoy las familias están a la deriva, y dentro de su desesperación van de institución en institución pidiendo auxilio y un mínimo de hoja de ruta sobre qué es lo que tienen que hacer”, especificó.

A su turno, el director de auditoría de gestión fiscal, Rubén Riquelme, comentó que, si la denuncia de desaparición de persona tiene algún matiz o sospecha de hecho punible, ahí la Fiscalía tiene la facultad de urgir la ordenar la búsqueda y localización. Si bien, la orden de búsqueda surge, en cualquier caso, a través del sistema de difusión que tiene la Policía Nacional.

“El proyecto de ley considero saludable su propuesta, al momento que delega la intervención, sobre todo en las primeras horas que se presente la denuncia, se activa de forma inmediata la difusión. Además, se crea un registro que facilita el seguimiento”, destacó.

Resaltó la importancia de que, aparte de hacer la difusión en todos los estamentos de la Policía Nacional, pase de manera automática y sin necesidad de una intervención judicial o fiscal a los medios de comunicación.

Además de los componentes de creación del registro de personas desaparecidas, y la activación del Sistema de Alerta Mafe, la propuesta incluye el aspecto financiero para dotar de las asignaciones presupuestarias necesarias para la Dirección de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, que según el diputado Blanco, está muy debilitada por la cantidad de casos que existen.

“Si bien el trabajo es conjunto con el Ministerio Público, esta dirección debe contar con las herramientas que le permitan identificar qué es lo que pasa con cada caso, cuáles son los vínculos con el narcotráfico, microtráfico, trata de personas, tráfico de órganos. Se tiene que saber qué está ocurriendo en el Paraguay profundo, en la sociedad para que se puedan adoptar las medidas necesarias de prevención y de combate a estos hechos”, acotó.

Desde el Ministerio Público, el doctor Riquelme explicó que muchas veces a la fiscalía le toca acompañar el trabajo de búsqueda de la Policía Nacional, cuando se presenta como denuncia de desaparición. Ahora bien, si existe indicio de algún hecho punible, es ahí cuando se inclina a la persecución del presunto delito.

“La tarea es encontrar a esa persona, y justamente ese es el abordaje especial que hay que entender sobre lo que hay que comenzar a investigar. Cuando se mira la estadística, son niñas y adolescentes de 11 a 17 años el 70 % de los casos, es una señal de que algo está pasando en la sociedad y es lo que ocurre a nivel mundial, según nos explicaban. Por ello, es sumamente necesaria esta ley, para el protocolo, pero sobre todo para abordar como Estado esta problemática”, remarcó Blanco.

Finalmente, el doctor Riquelme insistió que las primeras horas son esenciales, y se debe evitar el centralismo. “Considero que crear una dirección o un departamento en la fiscalía solamente, no coadyuva en estos casos de desaparición. Debe ser en toda la República, usando los medios de comunicación y las plataformas para que de una forma casi automática al ingreso de la denuncia se active el sistema de alerta”, enfatizó.

• Ciudad del Este. Agencia regional

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intensifica controles contra el narcotráfico, tanto en zonas de frontera como al interior del departamento de Canindeyú, mediante el despliegue de patrullas fluviales y terrestres, en coordinación con la Armada Paraguaya. Agentes del Departamento Regional n°4, con base en Salto del Guairá, están a cargo de las intervenciones, según informó la Senad.

Las patrullas fluviales se realizan sobre el río Paraná, en el tramo correspondiente a la zona de responsabilidad del Área Naval de Salto del Guairá, donde se llevan a cabo verificaciones “para detectar posibles puertos clandestinos y prevenir el uso de las vías acuáticas para el tráfico de drogas”. El tramo citado es entre Salto del Guairá y Puerto Tigre, de Canindeyú.

A la vez, se ejecutan operativos terrestres en zonas consideradas estratégicas como la Aduana, la Línea Fronteriza del barrio 29 de setiembre, de Salto del Guairá y otros sectores urbanos y rurales, entre ellos, el km 7, desvío a la colonia Guadalupe y sus adyacencias.

Las patrullas se realizan de día y de noche, permitiendo “una vigilancia activa y sostenida, elemento clave en la estrategia de presencia permanente impulsada por el Plan de Acción contra el Abuso de Drogas-Sumar”, indica la institución antidrogas.

Ciudad del Este. Agencia Regional.

La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) intensifica controles contra el narcotráfico, tanto en zonas de frontera como al interior del departamento de Canindeyú, mediante el despliegue de patrullas fluviales y terrestres, en coordinación con la Armada Paraguaya. Agentes del Departamento Regional n°4, con base en Salto del Guairá, están a cargo de las intervenciones, según informó la Senad.

Las patrullas fluviales se realizan sobre el río Paraná, en el tramo correspondiente a la zona de responsabilidad del Área Naval de Salto del Guairá, donde se llevan a cabo verificaciones "para detectar posibles puertos clandestinos y prevenir el uso de las vías acuáticas para el tráfico de drogas". El tramo citado es entre Salto del Guairá y Puerto Tigre, de Canindeyú.

A la vez, se ejecutan operativos terrestres en zonas consideradas estratégicas como la Aduana, la Línea Fronteriza del barrio 29 de setiembre, de Salto del Guairá y otros sectores urbanos y rurales, entre ellos, el Km 7, desvío a la colonia Guadalupe y sus adyacencias.

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Las patrullas se realizan de día y de noche, permitiendo “una vigilancia activa y sostenida, elemento clave en la estrategia de presencia permanente impulsada por el Plan de Acción contra el Abuso de Drogas - Sumar”, indica la institución antidrogas.

Los controles incluyen inspección de personas, vehículos y cargas, en puntos identificados por el personal como críticos para las estructuras criminales vinculadas al tráfico ilícito. “Esta línea de trabajo busca no solo detectar delitos, sino también brindar mayor seguridad a la población local y dificultar las operaciones logísticas del narcotráfico”, remarca el reporte.

Las acciones en Canindeyú forman parte de un plan de refuerzo en la incursión a nivel país, que se viene realizando en diferentes departamentos y zonas específicas, entre ellas las áreas de frontera y el Chaco.

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La Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley “que establece el régimen de depó­sito judicial de títulos de cré­dito o documentos originales en el marco de los procesos civi­les ante los juzgados y tribuna­les”, iniciativa presentada por la Corte Suprema de Justicia y que busca evitar que un pagaré sea ejecutado para su cobro en reiteradas ocasiones.

La propuesta legislativa nació del Poder Judicial como una de las medidas frente al caso cono­cido como “mafia de los paga­rés”. El proyecto recibió un dic­tamen favorable de parte de las comisiones asesoras que estu­diaron el proyecto y así tam­bién de parte de la Comisión Especial de carácter transito­ria conformada para analizar la trama delictiva que afecta a miles de ciudadanos, de acuerdo a las denuncias.

“Destacar que tuvimos una audiencia en con­junto con otras comisiones con la presencia de dos ministros de la Corte, Eugenio Giménez y Alberto Martínez Simón, quie­nes evacuaron todas las consul­tas de los legisladores y de los técnicos de la Comisión y como ellos mismos presentaron este proyecto, aconsejan la aproba­ción”, expuso Derlis Maidana, presidente de la Comisión de Legislación.

En este sentido, la mencionada comisión acon­sejó la aprobación con modifi­caciones que apunta a su vez a modificar varios artículos del Código Procesal Civil e incor­pora nuevas disposiciones con el fin de regular el tratamiento, depósito, devolución y custo­dia de los títulos de crédito durante la sustanciación del proceso y en particular en los juicios ejecutivos.