La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) desarticuló una estructura que operaba con dos focos de distribución de drogas al menudeo en inmediaciones de un centro educativo. En el marco de la operación Entorno Seguro se llevaron cabo en allanamientos simultáneos en el barrio General Díaz de Arroyos y Esteros, Cordillera.

En las intervenciones, desarrolladas en el marco de acciones focalizadas para la protección de comunidades educativas, los agentes de la Senad incautaron 1.086 gramos de marihuana, así como importantes cantidades de sustancias derivadas de la cocaína, dinero en efectivo, un aparato celular y una balanza de precisión. El informe indica que, en cuanto al clorhidrato de cocaína, la cantidad decomisada fue de 614 gramos, cifra que equivale a más de 1.200 dosis a ser distribuidas en la zona.

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En los procedimientos fueron detenidos Víctor Ramón Rodríguez Aquino y Simón Vázquez López, sindicados como principales responsables del esquema de comercialización en la zona. La institución informó que, en uno de los inmuebles intervenidos, que funcionaba como despensa y copetín a escasos pasos del centro educativo, se realizaba la distribución directa de sustancias ilícitas.

En cuanto a la pasta base de cocaína o “chespi” se logró sacar de circulación 36,3 gramos, lo que equivale aproximadamente a 254 dosis. Esta cifra representa un impacto directo sobre el microtráfico que operaba en el entorno comunitario. El agente fiscal Gedeón Escobar, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico, acompañó los procedimientos.

Con la operación, la Senad reafirma su compromiso de combatir con determinación a las estructuras criminales que intentan instalar el microtráfico en zonas consideradas sensibles. La institución prioriza espacios ubicados en las cercanías de centros educativos, donde la presencia de estas actividades representa una amenaza directa para la comunidad.

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El presidente de la Cámara de Senado­res, Basilio Núñez, sostuvo que desde la ins­titución legislativa están abiertos a aplazar un poco más el tratamiento del pro­yecto de reforma de la Caja Fiscal, previsto para el 25 de marzo, con el objetivo de seguir conversando con los diferentes gremios y lle­gar a un acuerdo sobre las modificaciones que puedan ser incluidas, ya que la san­ción automática da un plazo hasta junio.

“No estamos cerrados a propuestas de postergar sine die (sin fecha), no sig­nifica que nosotros poster­gamos para que se trate el último día, sine die signi­fica ponerse de acuerdo en mesa directiva o en plena­ria y tratar la semana que viene, o se trata en abril, en mayo”, explicó el legislador en entrevista con la 780 AM.

Sin embargo, señaló que existe un plazo para con­cluir el circuito legislativo de este proyecto. “Nosotros tenemos un plazo, creo que en junio fenece el plazo, por­que a partir de marzo ter­minado el receso, empieza también la cuenta regresiva para que no tenga sanción ficta”, mencionó el legislador

Núñez explicó que con la san­ción ficta quedará el proyecto aprobado por la Cámara de Diputados. “Adelanto, tam­bién, nosotros no vamos a jugar a la sanción ficta por­que queremos que sea la ver­sión Diputados, nosotros y previa a la sesión con dife­rentes sectores de senadores, de diferentes partidos, estu­vimos en comunicación con los sectores, entonces ahora la idea es qué modificaciones se pueden incluir para que la ley sirva verdaderamente”, refirió.

Por otra parte, sostuvo que mientras más se dilate el tratamiento de esta inicia­tiva del Poder Ejecutivo, el Estado sigue perdiendo y el déficit en la Caja Fiscal sigue creciendo y se estima que, para este 2026, llega­ría a unos USD 400 millo­nes. “Nosotros estamos en receso, pero el déficit no está en receso, si uno hace una cuenta matemática y exac­tamente este año estamos perdiendo 10.000 millo­nes guaraníes por día, bien hecho ese cálculo, 40 millo­nes de dólares por mes, y más de 400 millones de dólares, 450 creo, en este año 2026 va a ser el saldo negativo, el saldo en rojo, el déficit, que vamos a tener este año”, con­cluyó el titular legislativo.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo el titular del Congreso.

El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, anunció que propondrá a sus colegas tratar primero la eli­minación del aporte esta­tal a la Caja Parlamentaria antes que el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Dipu­tados, cuyo estudio en el Senado quedó postergado para el 25 de marzo. “Para tener una empatía con la gente fui el primero que dijo: si nosotros vamos a tocar la Caja Fiscal donde de alguna forma se está poniendo 900 millones de dólares, vamos a empezar por casa”, señaló a la 1080 AM. El senador colorado afirmó que la Caja Parlamen­taria maneja cinco millones de dólares y debe dar el ejem­plo. “Y ahí nosotros propusi­mos eliminar el aporte esta­tal. Que diga en un articulado: ya no más, va a ser una espe­cie de caja privada”, expresó.

El titular del Senado reveló que muchos de sus colegas rehúsan analizar la modifi­cación de la Caja Fiscal por­que “no quieren tratar la Caja Parlamentaria”.

“Yo no soy un jubilado VIP, yo soy un aportante VIP y todos los que estamos ahora en ejercicio somos aportantes VIP”, sostuvo. El congresista comentó que cuando se desem­peñó como diputado ya le saca­ban un 22 % de su dieta. “Y yo decía tengo que meter un poco de política. Yo le estoy pagando al papá de Kattya González, así como ellos pueden decir que están pagando a otro colo­rado. Yo quiero dejar de ser aportante VIP y no quiero ningún privilegio. Por eso dije vamos a eliminar definitiva­mente el aporte estatal”, signi­ficó. En este punto, el médico y político colorado anunció que propondrá a sus pares priorizar el tratamiento de la Caja Par­lamentaria y luego la Fiscal. “Nosotros vamos a proponer tratar primero la Caja Parla­mentaria y después la Caja Fis­cal”, manifestó Nüñez.

La Cámara de Diputados de Argentina aprobó el jueves una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que ahora deberá ser debatido en el Senado.

El proyecto de ley, que obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra en la Cámara Baja, busca modificar el sistema penal juvenil del país que data de 1980.

Argentina mantiene la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

El oficialismo llevó adelante una profusa campaña mediática promovida por la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, bajo el eslogan “delito de adulto, pena de adulto”.

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“Si una persona se encuentra con otra que ha tomado la decisión de lastimarla, de dañarla o de matarla, a los 14 años comprende que eso está mal y debe tener consecuencias. Eso se llama delito”, dijo el diputado oficialista Ramiro Gutiérrez al defender el proyecto.

Legisladores opositores criticaron que el gobierno impulsara el tratamiento del proyecto con un trámite expedito en comisión, donde la mayoría de los expertos, entre ellos defensores de la niñez de varias provincias, se expresaron contra la reforma.

También cuestionaron los tiempos de adecuación de las instalaciones carcelarias antes de que entre en vigor la norma, igual que el presupuesto asignado por considerarlo escaso.

“Todo el sistema político debería trabajar para que esto suceda solo en casos excepcionales, pero vemos aquí que quienes promueven una Argentina que desarma las estructuras públicas trae una discusión de ‘cárcel y bala’ para dar respuesta a problemas de niños, niñas y adolescentes pobres que no encontraron un Estado que les diera lo necesario”, dijo en el debate la diputada peronista Victoria Tolosa Paz.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

El más reciente ocurrió en diciembre pasado en la provincia de Santa Fe cuando dos adolescentes de 14 y 15 años torturaron y mataron a puñaladas a otro de 15 tras emboscarlo en un galpón abandonado con la ayuda de una chica de 16 años, la única arrestada por el homicidio.

Este miércoles, los padres del joven asesinado y otros familiares de víctimas de menores pidieron frente al Congreso por la aprobación de una nueva ley penal juvenil que permita la punición de casos similares.

• Fuente: AFP

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La Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) logró incautar un importante cargamento de presunta droga que estaba oculta entre maíz en dos camiones que tenían como destino Brasil. En los procedimientos se logró detener a tres personas, que serían parte importante de la banda de narcotraficantes.

Según el reporte dado por la institución, agentes especiales en dos procedimientos lograron sacar de circulación más de 30 kilos de drogas. En ambos operativos se usaron rayos X y canes antidrogas para la detección de la carga ilegal que iba oculta entre maíz.

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El primer operativo se desarrolló a la altura del kilómetro 12 de Ciudad del Este, donde los intervinientes lograron detectar objetos extraños en la cabina del camión mediante rayos X. En esta intervención contaron con la presencia de canes que confirmaron sobre la presencia de sustancias.

Tras confirmar que se trataba de drogas, lograron detener al conductor del tractocamión identificado como Fernando Ramón Esteche Ojeda, de 26 años. Este hombre sería el coordinador logístico de toda la organización criminal. Así también, se detuvo a Carlos Damián Torres Velázquez, de 25 años, que iba detrás en un auto y sería escolta del camión.

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Ya en horas de la noche, se desplegó el segundo operativo en el kilómetro 14,5 de Minga Guazú, donde estaba un camión estacionado y encontraron a Antonio Esteche Garayo, de 47 años, padre del coordinador del grupo, que fue detenido. Este fue sorprendido mientras acomodaba la droga en la cabina del tractocamión.

De ambas incautaciones se logró sacar de circulación 24,5 kilos de cocaína y 5,5 kilos de marihuana tipo skunk. Se presume que ambos cargamentos tenían como destino Brasil, específicamente la ciudad de Curitiba.

Las investigaciones indican que este grupo criminal hacía que estos cargamentos de droga ingresaran al vecino país en medio de mercaderías legales, en este caso el maíz. Estos camiones salían de las empresas y por el camino eran cargados con la droga, que era montada en las cabinas.

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