El debate sobre una eventual reforma en la fórmula de reajuste del salario mínimo legal volvió a instalarse en la agenda económica nacional. Ante la intención del Poder Ejecutivo de incorporar nuevas variables más allá del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el analista financiero Stan Canova propone la creación de un “IPC Básico” compuesto por unos 20 productos esenciales para reflejar de manera más precisa el costo de vida de los trabajadores paraguayos.

En conversación con La Nación/Nación Media, Canova cuestionó que el IPC actual represente fielmente el impacto real de la inflación sobre los hogares, al considerar que el indicador toma en cuenta cerca de 350 productos y servicios agrupados en 12 categorías, muchos de ellos con escasa incidencia en el consumo cotidiano.

“El IPC es un promedio. Hay productos que subieron más del 20 %, mientras otros bajaron por estacionalidad entre un 10 % y un 20 %, haciendo que el resultado final incluso sea del 0 %, como ocurrió en febrero pasado”, explicó. Según sostuvo, esto genera una percepción errónea sobre el comportamiento de los precios, ya que, aunque el indicador general se mantenga estable, los productos más sensibles para las familias continúan registrando aumentos importantes.

Como alternativa, Canova plantea elaborar un “IPC Básico” enfocado exclusivamente en artículos de alta rotación y consumo diario, entre ellos alimentos de primera necesidad, combustibles y productos de higiene. “Ahí deberían entrar la carne, verduras básicas como tomate, cebolla, papa y locote, además de harina, detergentes y combustibles; no ir más allá de 20 productos”, indicó.

El analista también propone descentralizar la medición de precios y ampliar el relevamiento a ciudades del interior del país, como Encarnación, Ciudad del Este, Coronel Oviedo, Filadelfia y Concepción, argumentando que el comportamiento de los costos varía considerablemente fuera de Asunción.

Respecto a la posibilidad de incorporar variables como productividad, condiciones económicas sectoriales y costo de vida específico, tal como analiza el Ministerio de Trabajo, Canova prefiere una reforma más simple y focalizada. “Prefiero que se acote la canasta de medición y se descentralicen los datos geográficamente, antes que complejizar la fórmula con variables que puedan distorsionar el mercado”, expresó.

Para el analista financiero, el principal problema no radica únicamente en el monto nominal del salario mínimo, sino en que este no logra seguir el ritmo de aumento de los productos y servicios más relevantes para el trabajador. Entre esos factores mencionó especialmente el costo del transporte público, al que calificó como una “deuda histórica” para el país.

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Canova también refirió la implicancia del sistema de subsidios al transporte público, señalando que el servicio continúa siendo deficiente pese a las millonarias transferencias estatales. “Es increíble cómo tres o cuatro familias han podido obtener de cada gobierno más de 100 millones de dólares y ofrecer unidades desastrosas”, sostuvo.

A su criterio, el sistema debería incentivar a que las personas opten por dejar sus vehículos particulares y utilizar buses, pero actualmente ocurre lo contrario, impulsando incluso el crecimiento del uso de motocicletas como alternativa. Asimismo, reclamó una mayor transparencia en el manejo de los subsidios y exigió que las empresas publiquen sus estados financieros, la cantidad diaria de boletos vendidos, los kilómetros recorridos y el consumo de combustible de cada unidad.

Sobre el aumento del acceso al crédito de consumo en Paraguay, el especialista señaló que la bancarización no debe verse como un fenómeno negativo, aunque advirtió sobre los riesgos de un sobreendeudamiento sin ingresos estables. No obstante, destacó que las tarjetas también pueden representar una herramienta útil para los hogares debido a los descuentos y promociones que ofrecen las entidades financieras.

Finalmente, Canova sostuvo que el verdadero problema estructural sigue siendo la informalidad laboral y la baja calidad del empleo, factores que limitan las posibilidades de crecimiento económico de los trabajadores. “La capacitación y la obtención de nuevas habilidades técnicas y profesionales es la única vía real para romper la barrera de cobrar hasta un salario mínimo o incluso menos”, concluyó.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió anular el sobreseimiento definitivo de Rivas, en la causa judicial que enfrenta por el supuesto título falso de abogado.

Poco después del mediodía de ayer, Hernán Rivas pre­sentó su renuncia como senador nacional tras las presiones y la inminente presentación del pedido de pérdida de investidura en su contra. El sena­dor y líder de bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, confirmó que con­versaron con Rivas y les manifestó que renuncia a su banca.

“Nos comunicó que va a pre­sentar su renuncia en las próximas horas, que va a pre­sentarse al Parlamento para renunciar y que va a enfrentar de esa forma su juicio.

Agradecemos ese gesto del colega debido a que no había una decisión tomada en la bancada, pero ahora queda liberada la discusión del tema Rivas hasta que la Justicia se expida”, afirmó el senador Chase.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) decidió anular el sobresei­miento definitivo de Rivas, en la causa judicial que enfrenta por el supuesto título falso de abogado, y así también se dispuso que el legislador con permiso sin goce de sueldo debe enfrentar un juicio oral y público. Este revés en el caso Rivas, reactivó la dis­cusión de su permanencia en el Senado en estos días.

“Nos libera de una discusión que debe ser en la justicia y no en el Parlamento porque no es responsable ni juzgador de títulos ni de los procedimien­tos que se dieron para que fuera otorgado este título, esa discusión debe estar en otro poder”, señaló Chase.

Por otra parte, Chase aclaró que con la salida de Rivas no afecta a la conformación de las bancas, ya que él mismo había solicitado permiso sin goce de sueldo, lo que fue aprobado el pasado 22 de abril, y ocupa esa banca el senador Carlos Liseras. “Él deja la banca en forma defini­tiva, no hay ningún cambio en la conformación actual por­que ya tenía un permiso con­cedido”, concluyó.

Paraguay perfila un crecimiento sostenido, con una macro estable, aunque el riesgo no está en el déficit actual, sino en cómo resolver lo acumulado sin romper la regla fiscal.

Paraguay cerró el primer trimestre de 2026 con un déficit fiscal acumulado de USD 495 millones (0,8% del PIB), manteniéndose en niveles similares a lo observado en los últimos años, mientras que la deuda pública se sitúa alrededor del 34,4% del PIB al mes de febrero, según el análisis de Puente.

Si bien el resultado fiscal se mantiene contenido en el primer semestre, este convive con stock de deudas no canceladas con proveedores del estado de aproximadamente USD 1.300 millones entre farmacéuticas y constructoras, cuya resolución comenzaría a materializarse a partir del segundo trimestre.

En ese sentido, el escenario base fiscal estará definido por la capacidad del MEF de gestionar simultáneamente cuatro variables sin comprometer el límite del 1,5 % del PIB.

Estos factores son la trayectoria de los ingresos, la dinámica del gasto fiscal, el ritmo de cancelación de obligaciones con proveedores del Estado y la ejecución de la inversión pública. La interacción será clave para determinar el margen de maniobra fiscal a lo largo del año.

Por otro lado, la gerenciadora también compartió su reporte semanal de actividad económica, que continúa sólida (IMAEP +3,8 % interanual), con consumo en zona optimista, crédito creciendo a doble dígito y un sector externo que volvió a superávit.

La inflación a su vez se mantiene baja, con 1,9 % interanual, y las expectativas siguen ancladas en el 3,5 %, pese a presiones puntuales en combustibles.

En este contexto de crecimiento sostenido, inflación contenida y riesgos externos aún presentes, el CPM decidió mantener la tasa de política monetaria en 5,50 %, manteniendo además su proyección de crecimiento del PIB en 4,2 % para 2026 y una inflación de 3,5 % al cierre del año.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) publicó un análisis titulado “El largo camino de las reformas en Paraguay: una historia que vale la pena contar”, en el que desglosa la trayectoria económica del país desde 1989. Según los analistas Arturo Galindo y Gisele Teixeira, el ascenso de Paraguay a la categoría de grado de inversión por parte de Moody’s, Fitch y S&P es la culminación de reformas graduales y consistentes que transformaron un Estado con debilidades.

El informe resalta las cifras del crecimiento económico del 6,6 % en el último año, el desempleo situado en un 3,6 % y una reducción histórica de la pobreza, que pasó del 29 % al 16 % en apenas una década.

El análisis identifica el año 2003 como el momento crítico de la historia económica reciente. En medio de una crisis financiera, la firma de un acuerdo con el FMI impulsó reformas fundamentales como la creación del Fondo de Garantía de Depósitos y la reestructuración del Banco Nacional de Fomento.

Entre 2010 y 2020, el país consolidó su estabilidad con tres aspectos primordiales:

• uno es la adopción del régimen de metas de inflación en el año 2011
• dos años después se sumó la Aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal
• y por último la Reforma tributaria que elevó la presión fiscal por encima del 11 % del PIB, corrigiendo una debilidad histórica.

Para el BID, la etapa más ambiciosa del proceso de modernización se da en los últimos tres años bajo el actual Gobierno. La unificación de funciones en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en 2023 y la creación de la DNIT (que integró Tributación y Aduanas) son citadas como reformas que eliminaron duplicidades y mejoraron la eficiencia recaudatoria.

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Destacan la Ley del Servicio Civil (2025), que estableció el mérito como rector de la carrera administrativa, atacando el clientelismo histórico. Por otro lado, la Superintendencia de Jubilaciones (2026), que permitió por primera vez, a Paraguay contar con una supervisión integral de los fondos previsionales.

Finalmente resaltaron la creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reconocen como una reforma importante para la seguridad jurídica de la propiedad y la reducción de costos transaccionales.

A pesar de los logros, el BID advierte que aún persisten brechas. En este contexto, resalta la aprobación en 2025 de una nueva Ley de APP, diseñada para atraer inversión extranjera con mayor certeza jurídica, y la actualización del régimen de maquila, que ha permitido diversificar la producción y el empleo formal.

El organismo concluye que la experiencia paraguaya es valiosa no por un “big bang” de reformas, sino por su paciencia y consistencia. Para preservar la credibilidad alcanzada y evitar retrocesos, Paraguay debe seguir fortaleciendo su capacidad de implementar políticas públicas y mejorar su recaudación en un escenario internacional cada vez más volátil.

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