El Senado argentino convirtió en ley el viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como “un acto de justicia hacia la sociedad”.

El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. Modifica el sistema penal juvenil que data de 1980.

“Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto”, publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.

Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

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Según los estándares internacionales la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

“Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema”, dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.

Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.

“Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización”, dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. “Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal”, añadió.

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.

Fuente: AFP

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El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, visitó el Congreso Nacional, el miércoles pasado, invitado por su presidente, Basilio Núñez. Según informó el ente federativo en sus redes sociales, Louzán compartió “un cordial encuentro” con el presidente del Congreso Nacional de Paraguay, así como con el senador Silvio Ovelar y otras autoridades del país.

“Profundamente agradecido por la visita al Congreso Nacional del presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), Rafael Louzán Abal. Un verdadero honor recibirlo y fortalecer los lazos entre Paraguay y España a través del fútbol”, manifestó Núñez en la red social X con una fotografía. El dirigente deportivo se llevó de recuerdo la camiseta del club 12 de Junio de Villa Hayes, del cual el senador es su presidente honorario.

Tras su visita al Palacio Legislativo, presidente de la RFEF participó como invitado de honor de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en Luque, durante la que se aprobó el balance y se procedió a la rendición de cuentas del organismo gestor sudamericano correspondiente al último año de ejercicio.

Louzán se encontró con su homólogo Robert Harrison, presidente de la APF, ambos de federaciones de países organizadores del Mundial 2030. En la asamblea también participaron de manera telemática el máximo responsable de FIFA, Gianni Infantino, y el presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Alejandro Domínguez.

Se da la circunstancia de que la selección paraguaya regresará este próximo mes de junio a la fase final de una Copa del Mundo tras tres ediciones consecutivas sin haberse clasificado y con el encuentro de cuartos de final contra España, vigente número 1 del ranking, en la cita mundialista de Sudáfrica 2010 como última experiencia del combinado guaraní en el gran torneo organizado por FIFA.

El senador Natalicio Chase se refirió al decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña, por el cual “dispone el empleo de elementos de combate de las Fuerzas Armadas de la Nación en operaciones de defensa interna y define su ámbito territorial en la Región Oriental”. Para el legislador, será una herramienta para la lucha frontal contra el crimen organizado y la delincuencia.

“Yo le tengo más miedo al crimen organizado y al terrorismo que exista un abuso de poder. Las Fuerzas Armadas están preparadas para cumplir una función específica de acuerdo a lo que dice el decreto y va ser la lucha frontal contra la delincuencia”, señaló en conversación con los medios de prensa en el Senado.

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Indicó que el Ejecutivo tomó esta decisión por hechos que ocurrieron últimamente. “Existen nuevos secuestros, existen informes de inteligencia que habrá tenido en cuenta el Poder Ejecutivo, nosotros en particular no tenemos los detalles de los análisis que han hecho el sistema de seguridad del país”, apuntó.

Por otra parte, sobre las críticas de algunos sectores, principalmente de opositores, que señalan que el despliegue de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) requiere de mucho presupuesto y poco resultado, respondió que la FTC es responsable de detener el avance de los grupos criminales como el Ejercito del Pueblo Paraguayo (EPP), Ejercito del Mariscal López (EML), y otros.

“Creo que los grupos narcoterroristas, porque así funcionan estos grupos, han casi desaparecido y ese es un logro, principalmente de las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, y la Fuerza de Tarea Conjunta, es decir, sí ha habido resultados a diferencia de momentos anteriores cuando el EPP, el grupo Mariscal López y todos estos grupos armados tenían un dominio que no tenía alcance la fuerza de seguridad”, sentenció.

Con relación al decreto, refirió que probablemente al inicio de las actividades parlamentarias, la próxima semana, el Ejecutivo podría remitir el documento al Congreso para su debate.

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Nuestro país alcanzó una fama muy positiva en cuanto a su prudencia macroeconómica y economía estable. Además de esto, también se destaca por su mano de obra joven, el acceso a mercados importantes, libertad para comercializar y hasta hace poco, la abundante energía a buen precio.

Al respecto, Julio Fernández, economista senior del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), señaló que todos estos activos podrían perderse ya que la política energética en Paraguay es un tema que se viene postergando y en 2030 se igualará el consumo interno con la capacidad generada por las hidroeléctricas (Itaipú, Yacyretá, Acaray).

Comentó a la 1000 AM que Brasil creció un 313 % entre 1980 al 2025 en su generación de energía, mientras que Argentina y Uruguay cerca del 225 %, sin embargo, Paraguay se mantuvo en cero.

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“Hace poco hicimos una inversión emblemática de planta solar en el lago, de un megavatio, es simbólico, inicio de algo interesante, pero nosotros no hemos invertido en las últimas décadas y resulta que el atractivo del país y con capacidad potencial de generar crecimiento, puede ser un obstáculo para el 2030. Lo que es ahora una avenida para crecer puede ser un gran obstáculo en años. Es efecto de la procrastinación”, aseveró.

Julio Fernández comentó que en la UIP recibe a cientos de empresarios por semana, interesados en invertir en Paraguay por todas las ventajas que aquí se ofrecen.

Sin embargo, cuando se trata de la energía, dijo que si 4 empresas necesitan consumir 40 megavatios por día para el desarrollo de su industria, pero Paraguay solo tiene un total de 80 megavatios para las 4 empresas, y no ofrece más, solo dos podrán quedarse y las otras dos deberán buscar otros países. Esto también alejaría a otras empresas interesadas.

“Paraguay cuando crece adecuadamente, crece 5 % en la economía. Y estimamos que si no se invierte en nuevas fuentes de energía, ese potencial se puede reducir un 60 %. Si con 5 estamos descontentos, con una clase media para arriba, imaginate crecer solo 2 %. Es preocupante y todas esas nuevas fuentes demandan mucho tiempo”, remarcó.

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