Quienes tienen la edad suficiente para recordar los tiempos de la dictadura saben que los mensajes presidenciales anuales se transcribían inextenso en los diarios de la época y sin siquiera una apostilla de crítica o cuestionamiento.

Y, por supuesto, se transmitían entonces en cadena en todas las radioemisoras y en el único canal de televisión del país.

Con un agregado triste: por temor, la gente se sentaba a escuchar o ver. Los comentarios periodísticos eran de puro elogio y zalamerías. Se editorializaba el contenido del discurso con vítores y aplausos.

Con la llegada de la democracia o el largo periodo que se conoce como la transición, las cosas empezaron a variar un poco en los primeros años.

Ya se señalaban los vacíos –es decir, los aspectos ocultos– y algunas que otras falencias. Sin embargo, el nudo central continuaba siendo el discurso del presidente de la República, que describía la situación general del país durante su anterior año de gestión.

Después del periodo del general Andrés Rodríguez –gestor y ejecutor del golpe de Estado del 3 de febrero de 1989–, es decir, a partir del 15 de agosto de 1993 (gobierno de Juan Carlos Wasmosy), el cambio en el enfoque periodístico empezó a girar radicalmente, lo cual se fue acentuando con los años. Lo que diga el mandatario era lo menos trascendente.

No importaban los indicadores, las estadísticas ni los números, sino la percepción de los medios de comunicación, o su mala intención, para informar sesgadamente lo que a ellos les interesaba. Se buscaron opiniones de los políticos opositores –sobre todo a los congresistas– para desacreditar todo cuanto haya dicho el jefe de Estado de turno.

La cuestión se suaviza cuando el inquilino del Palacio de López es una persona afín a sus intereses –a los intereses de los propietarios de estos medios– y se pasan por alto las graves y estructurales deficiencias de dicha administración.

Como ocurrió recientemente, durante el ejercicio presidencial de Mario Abdo Benítez, cuando sus aliados mediáticos prefirieron desconocer los groseros y escandalosos hechos de corrupción que desfondaron las arcas públicas.

Muchos de ellos, incluso, aparecen hoy como precandidatos presidenciales, después de corroborarse –a través de nuestro diario– las licitaciones direccionadas y las sobrefacturaciones que superaron cualquier atisbo de escrúpulo y vergüenza.

Hacemos esta introducción para anticipar a la ciudadanía lo que publicarán estos medios –muy predecibles, por cierto– el 1 de julio con respecto al mensaje que deberá pronunciar el presidente de la República, Santiago Peña, ante el Congreso de la Nación, de acuerdo con lo establecido en nuestra Constitución Nacional. Una vez más, será de abierto descrédito a todo cuanto diga el jefe de Estado.

Serán entrevistados los opositores más recalcitrantes, aquellos que solo se guían por la ceguera de destruir al adversario, sin considerar siquiera aquellos aspectos positivos que merecen ser resaltados.

Es más, algunos ya empezaron a descalificar la figura del mandatario mediante una campaña infame que tratan de instalar en el imaginario colectivo: que carece de autoridad y autonomía.

Una imagen que ya trataron de proyectar durante las internas coloradas de diciembre de 2022 y, luego, en las elecciones generales del 30 de abril 2023. Pero fracasaron estrepitosamente –políticos y medios– y Peña terminó convirtiéndose en presidente de la República.

La intención premeditada de esta claque intelectualmente corrompida es sesgar la información. En término más claros: dejar de publicar aquellos datos reales que puedan posicionar a Santiago Peña en la consideración ciudadana con una calificación satisfactoria.

Deberían saber –por las experiencias pasadas– que esos ataques inmisericordes y esas premeditadas deformaciones de los acontecimientos ya no impactan ni trascienden, en modo alguno, en el público, al menos, en la medida en que a ellos les gustaría. Porque la impostura siempre fue el sello de su actuar de mala fe. Por eso, también, fracasan siempre de manera reiterada y sistemática.

En fin, son los mismos medios que ayer entronizaban con su silencio a la dictadura los que ahora se han convertido en los tuertos jueces que solo ven con el ojo de la inquisición cuando se trata de juzgar y condenar a sus enemigos.

En tanto que, con el que tienen cubierto, callan y apañan el proceder torcido de sus aliados y cómplices. Por eso la credibilidad, desde hace años, les es esquiva. Ya verán, amables lectoras y lectores, lo que publican el 1 de julio y al día siguiente. Repetimos: son tan predecibles

El presidente de la República, Santiago Peña, firmó el decreto que promulga la ley n.° 7503 mediante la cual se crea el Sistema Nacional de Pagos. La iniciativa fue aprobada el martes último en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados y estaba a la espera de la promulgación o veto del Poder Ejecutivo.

De acuerdo con los objetivos dispuestos en la ley, se busca establecer este marco normativo de modo a regular las reglas que promueven el acceso, seguridad, transparencia, eficiencia, interoperabilidad, interconexión, innovación y competencia, de modo a promover la inclusión financiera.

La autoridad de aplicación será el Banco Central del Paraguay (BCP), el que tendrá la responsabilidad de regular, administrar y supervisar el funcionamiento del Sistema Nacional de Pagos. Entre sus atribuciones se encuentran: establecer requisitos técnicos y operativos para los participantes y autorizar el ingreso y permanencia de entidades en el sistema.

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Igualmente, debe supervisar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias e implementar mecanismos de control y mitigación de riesgos. Asimismo, el BCP podrá emitir normas complementarias, coordinar acciones con otras autoridades del sector y aplicar sanciones en caso de incumplimientos.

Esta ley establece que podrán formar parte del Sistema Nacional de Pagos todas las entidades financieras autorizadas, las empresas proveedoras de servicios de pago, los sistemas de compensación y liquidación, y otras organizaciones que cumplan con los requisitos establecidos por el BCP. Todos los participantes deberán ajustarse a los principios y reglas comunes establecidos en la ley.

En cuanto a la aplicación de esta normativa, la banca central deberá reglamentar los aspectos técnicos y operativos necesarios para la implementación progresiva de este sistema y también podrá establecer plazos de adecuación para los participantes y convocar mesas técnicas para la elaboración de disposiciones complementarias.

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El ministro de Educación y Ciencias (MEC), Luis Ramírez, afirmó que las vacaciones de invierno no se adelantarán y que la fecha prevista para el inicio es el 14 de julio. Hasta la institución aún no llegó un pedido oficial para adelantar la fecha, por lo que no existen motivos para realizar el cambio.

Ramírez manifestó que ayer jueves, mantuvo una reunión con la ministra de Salud, María Teresa Barán, y que le confirmó que a la fecha se tienen un descenso de caso de infecciones respiratorias, por lo que no existen razones para adelantar las vacaciones escolares.

“Los picos de contagios están bajando y no tenemos condiciones en el clima, salvo el jueves que viene que se espera un descenso importante de la temperatura. No existen elementos para tomar ese tipo de decisiones”, dijo el ministro, en entrevista con el programa “Arriba Hoy” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Resaltó que hasta el momento no se tiene un pedido oficial desde el Ministerio de Salud y que esta recomendación fue emitida por la Sociedad Paraguaya de Pediatría. “No tiene que ver con esa dinámica que tenemos dentro del Estado. No existe un pedido oficial”, puntualizó.

Agregó que si hay méritos para cambiar se realizará, pero que hasta la fecha no se analiza esa posibilidad. “Estamos haciendo un monitoreo constante dentro de las aulas”, refirió. Las vacaciones de inverno iniciarán el 14 de julio y se extenderá hasta el 25 del mismo mes.

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El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó este viernes el decreto por el cual se aprueba el reajuste del 3,6 % del salario mínimo legal, que pasa de G. 2.798.309 a G. 2.899.048, por recomendación del Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), con base en el índice de inflación anual.

La Presidencia dio a conocer el decreto N.º 4122 por el cual se dispone el reajuste de los sueldos y jornales mínimos de trabajadores del sector privado. Con este reajuste se confirma una suma adicional de G. 111.502.

El pasado 12 de junio, el Conasam remitió al Poder Ejecutivo la recomendación de establecer el reajuste del salario mínimo legal en 3,6 % respecto al vigente. La reunión fue liderada por el director de Trabajo y presidente de Conasam, Enrique Galeano; el representante del sector obrero, Bernardo Rojas, y por parte de los empleadores Enrique Vidal Lovera, quienes participaron de la última sesión en la que se analizó la recomendación para definir el ajuste.

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El incremento fue realizado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Banco Central del Paraguay. La inflación mensual de mayo fue de 0 %, mientras que la interanual correspondiente a los últimos 12 meses fue de 3,6 %, punto de referencia para el reajuste del monto mensual que perciben los trabajadores.

El aumento entrará en vigencia desde julio, es decir, desde agosto las personas que perciben el salario mínimo contarán con la suba. Además, aplicando el 9 % de descuento correspondiente al aporte para el Instituto de Previsión Social el salario a cobrar quedaría en G. 2.638.133. El año pasado el sueldo mínimo aumentó un 4,4 %.

El viceministro de Trabajo, César Segovia, comentó que analizando los datos del Instituto Nacional de Estadísticas en cuanto al comportamiento del mercado laboral, observaron que el sector asalariado de un universo de 1.700.000 trabajadores que ganan un salario mensual, solo el 16 % gana el sueldo mínimo base en promedio.

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En tanto, dijo que existe un 43 % más del salario base y un 41 % que percibe menos. “El salario mínimo es una referencia importante para ese segmento del 16 %, pero también tiene una incidencia indirecta en los que ganan menos porque eso les da pie a la negociación y a aumentar un poco el salario”, destacó.

Este reajuste no tuvo el respaldo de las centrales de trabajadores, que consideraron que tal monto no está en línea con la inflación de los productos de la canasta básica. Insisten en que una mejora en el poder adquisitivo de la clase trabajadora traerá beneficios para todos los sectores de la economía.

El Banco Central del Paraguay (BCP) recordó que en octubre próximo iniciará su Encuesta de Presupuestos Familiares, con el objetivo de actualizar la base para el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tarea que se realiza cada diez años. Desde la banca matriz apelan a la participación de las familias para obtener un índice más representativo.

El proceso de la encuesta se desarrollará durante 12 meses, sondeando a más de 3.000 familias, con la idea de que en 2027 se obtenga la nueva base para el IPC, instrumento cuya variación determina los porcentajes de inflación, tanto mensual, interanual y acumulada.