Las denuncias sobre la injerencia de políticos en invasiones ilegales de propiedades son constantes; en este caso se acusó al diputado Enrique Mineur, quien habría estado propiciando estas actividades.
El legislador dijo que estuvo más bien participando de dos reuniones con los pobladores en Río Negro y Monte Lindo, afectados por las obras de la ruta Transchaco.
Ante acusaciones supuestas de que estarían incentivando invasiones, las negó y sin embargo dijo que piden pequeños lotes para los ciudadanos. “Yo me reuní en dos ocasiones con estas personas, una vez antes del feriado y otra vez el domingo. Ellos quieren saber dónde serán reubicados ante el avance de las obras”, dijo en contacto con 1020 AM.
Aseguró que no cree que sea una invasión. Estuvo en comunicación con gente de la Rural, esa gente vive en las veredas y no pretenden tener acceso a tierras para dedicarse a la ganadería, dijo. Por otra parte, mencionó que tendrá una reunión con los afectados el día jueves en la Rural para llegar a un acuerdo.
“La informalidad está muy presente, esperemos que esté mejor la situación después de la reunión. Los cruces dan vida a las zonas, se instalan gomeros, los camioneros se quedan y generalmente todo es en el marco de la informalidad”, añadió.
Otras denuncias
Se dieron acusaciones contra el Frente Guasu y el Partido Democrático Progresista (PDP), que aparentemente habrían incitado a invasores de la estancia Pindó a seguir con las medidas de fuerza y ocupar otras 4.000 hectáreas de tierra.
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Diputados hablan de “acto de alta traición” y piden que EE. UU. intervenga
“De ser necesario, hay que darle participación al Departamento del Tesoro de EE. UU. para que tome intervención en este caso. Si esto es verdad, no hablamos solamente de corrupción, sino de un acto de alta traición a la patria en sus horas más oscuras, y eso no tiene perdón ni de la Justicia, ni de Dios”, enfatizó el diputado Rodrigo Gamarra durante el espacio de oradores de la sesión ordinaria de Diputados.
Algunos legisladores expusieron las graves denuncias que pesan contra el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, sobre cuentas millonarias en paraísos fiscales.
Gamarra agregó que este caso no puede tomarse a la ligera, ya que no se trata de un simple caso más, sino que posiblemente se constituya en el robo institucionalizado más grande y descarado de la historia del país.
Indicó que, de acuerdo a la investigación periodística que se realizó en la Argentina, y no en el Paraguay, hablan de dos cuentas offshore, que estaría superando 7 veces más el patrimonio declarado por el exmandatario al finalizar su mandato.
Recordó que la información provino del extranjero, y que, por tanto, ni el gobierno actual, ni el Partido Colorado o el movimiento Honor Colorado han tenido participación en el asunto.
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“Es una publicación que hizo un medio argentino, y que luego de publicado se hicieron eco los medios de prensa locales. Es decir, no hay ningún tipo de intervención desde el partido, o el movimiento, ni siquiera del país, como algunos quieren pintar para tratar de tapar esto que sale a la luz”, comentó.
Insistió, además, en que como cuerpo legislativo deben exigir a la Fiscalía, a la Seprelad, a la Contraloría y a todo organismo de control que investigue y aclare esta situación.
EE. UU. debe tomar cartas en el caso
También el diputado Yamil Esgaib señaló que espera que el Departamento de Estado del gobierno norteamericano tome igualmente cartas en el asunto. “Así como ocurrió con algún compatriota en algún momento, que al tocar los dólares y moverlos de manera ilegal los Estados Unidos tienen derecho de venir y llevarlo de la oreja, si quiere”, enfatizó.
Agregó que la Cámara de Diputados no puede dejar pasar una denuncia tan lamentable que se ha divulgado a través de la prensa extranjera, que nuevamente está poniendo en una situación desagradable al país, por causa de políticos corruptos.
Indicó que esta investigación periodística que se hizo en el vecino país vino a confirmar lo que ya desde hace un tiempo venían denunciando, sobre los hechos de corrupción en el gobierno anterior.
“Hoy están desesperados y asustados por una denuncia, que estoy convencido de que es cierta, y que debe haber más cuentas en paraísos fiscales. Porque acá no solo se robaron 21 millones de dólares, acá se robaron miles de millones de dólares. Esos 21 millones seguramente fue la colita de cuando ya se iba y que están a nombre de Mario Abdo y su señora”, comentó.
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Diputados piden informe sobre cumplimiento de ley que rige sobre el transporte público
El diputado colorado Rodrigo Gamarra solicitó al pleno que se apruebe la propuesta de resolución por la cual piden informes al Viceministerio de Transporte Público, dependiente de Obras Públicas, sobre el nivel de cumplimiento de las empresas de transporte público con las disposiciones de la Ley 6789.
La iniciativa que fue aprobada sobre tablas hace referencia a la legislación vigente desde el 2021, por la cual establece la cancelación de la licencia, itinerario y subsidio a las empresas del transporte público infractores de la Ley.
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El objetivo de esta ley vigente es establecer causales y sanciones de rescisión de contratos e itinerario a las empresas del transporte público de las zonas y áreas metropolitanas que no cumplen con las leyes vigentes.
Al respecto, el legislador argumentó que este pedido de informe surge en respuesta al significativo aumento de denuncias y quejas de los usuarios sobre la calidad del servicio, con problemas recurrentes, como mal estado de los vehículos, falta de puntualidad y escasa capacitación de los conductores, además de muchos casos de caídas de pasajeros en algunos casos con derivación fatal.
Con esta medida se pretende evaluar si las empresas están cumpliendo con las normativas y estándares requeridos de manera a ofrecer un servicio eficiente y seguro a los usuarios del transporte público, en su gran mayoría estudiantes y trabajadores, expresa parte del proyecto.
“La implementación efectiva de la Ley 6789 podría significar una mejora considerable en la calidad del transporte público, que redundaría en beneficio de los usuarios, que es precisamente lo que se pretende”, explicó ante la plenaria el legislador proyectista.
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Casos de violencia familiar lideran las denuncias en Concepción
Los hechos de violencia intrafamiliar lideran las denuncias en el departamento de Concepción, según informes del Poder Judicial. Otro dato llamativo es la duplicación de los casos judicializados de abuso sexual en niños.
De acuerdo con los reportes, el año pasado se reportaron 19 casos de abuso sexual en niños y en este semestre ya se registraron más de 30 hechos.
“Está encabezando como en todos los años anteriores el hecho punible de incumplimiento del deber legal alimentario. El año pasado en el periodo de tiempo tuvimos 156 casos. En este año tenemos 134”, dijo el presidente de la circunscripción judicial de Concepción, Fabio Cabañas al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
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En tanto, manifestó que “genera preocupación” el hecho de abuso sexual en niños. En tanto el delito menos cometido es el de “coacción grave” con un total de 19 casos.
“Y otros que han subido son los de violencia familiar. El año pasado era 89 y ahora subió a 91”, refirió.
Las autoridades judiciales buscan cotejar sus estadísticas con los documentos del Ministerio Público, para tener el dato global de los casos reportados a nivel departamental, conforme manifestó el abogado Cabañas.
También se deben colectar los datos manejados por la Policía Nacional, ya que no todos los casos son finalmente judicializados. Esto considerando que pueden darse circunstancias en que las denuncias son retiradas o hay un acuerdo entre las partes, con lo que deciden poner fin al litigio.
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Formalización de tierras del Indert en el Chaco fomenta la inversión y genera empleos
El presidente del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Francisco Ruiz Díaz, destacó el impacto que tiene la entrega de títulos de propiedad a productores de Agua Dulce, Alto Paraguay (Chaco). Resaltó que con la regularización de la tenencia de la tierras se fomenta la inversión, la mejora en productividad, el crecimiento y la generación de empleos rurales.
Al respecto, el encargado del ente agrario lamentó el tiempo que se perdió en titular las tierras de la región occidental, lo que en término monetario sería difícil de cuantificar la millonaria pérdida que ha significado para el país.
“Entregamos títulos a productores chaqueños. Nos contaron que llevaban 16 años tramitando sus títulos, y que ahora lo lograron en un año. En ese tiempo, no invirtieron, no generaron empleos, y la producción se estancó”, lamentó.
Ruiz Díaz llegó hasta esta zona del país para hacer entrega de los primeros títulos de propiedad a los residentes de Agua Dulce. El acto se realizó durante el 10° aniversario de la APAD (Asociación Agropecuaria de Agua Dulce), cuyos miembros resaltaron la celeridad de este Gobierno en la regularización de las tierras.
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Cabe recordar que Agua Dulce, está ubicada al norte del Chaco, departamento de Alto Paraguay, prácticamente en la frontera con Bolivia, es una zona que se encuentra en pleno crecimiento y desarrollo desde los últimos años, actualmente con 600.000 hectáreas (ha) desarrolladas, pero que todavía cuenta un potencial de expandirse con 500.000 ha más, no solo en ganadería sino también en la agricultura diversificada.
Consecuencias positivas de la titulación
De hecho, en una reciente visita al país, el experto internacional en Economía Agrícola, Carlos Ludeña, había señalado durante un seminario organizado por el Indert, las consecuencias positivas que conlleva la titulación de tierras. Al respecto, remarcó cinco aspectos, que a su parecer son los más importantes:
1-Impacto en productividad agrícola: La seguridad de la tenencia impulsa mejores prácticas y mecanización, aumentando rendimientos. La titulación reduce la incertidumbre sobre la tierra, incentivando inversiones y facilitando una asignación más eficiente del recurso productivo.
2-Acceso al crédito: El título formal sirve de garantía y facilita préstamos para insumos y maquinarias. La titulación formal puede facilitar el acceso al crédito al brindar seguridad jurídica, reducir el riesgo percibido por instituciones financieras y permitir que los productores accedan a préstamos formales en mejores condiciones.
3-Inversión productiva: Con certeza jurídica, los productores invierten en riego y mejoras de suelo a largo plazo. La titulación formal puede incentivar la inversión en la tierra al reducir la incertidumbre sobre el acceso futuro, reforzar los derechos de uso exclusivos y dar confianza a los productores para realizar mejoras de largo plazo. Estas inversiones pueden incluir infraestructura agrícola, conservación del suelo, ampliación de vivienda o sistemas de riego.
4-Reducción de conflictos: El registro claro de límites minimiza disputas y violencia rural. La titulación reduce conflictos al establecer límites formales reconocidos legalmente, lo cual disminuye la ambigüedad sobre derechos de uso, herencia y transferencias. También refuerza la legitimidad frente a terceros y disminuye la necesidad de resolver disputas mediante mecanismos informales o judiciales.
5-Seguridad alimentaria y bienestar: Titular la tierra fomenta la diversificación de cultivos de autoconsumo y mejora la percepción de estabilidad. El acceso a derechos de tenencia —formales o efectivos— reduce la incertidumbre, fomenta la inversión y mejora la seguridad alimentaria; cuando recaen en mujeres, aumenta notablemente la probabilidad de seguridad alimentaria y la diversidad de cultivos, y mecanismos como la inembargabilidad elevan el valor de las fincas agrícolas y protegen el arraigo familiar.
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