Diputados de diferentes bancadas presentaron una propuesta de declaración “que insta al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y al ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Mazzoleni, a castigar la corrupción en las compras públicas fallidas para hacer frente al COVID-19 con sanciones ejemplares y repudia la recomendación del Juzgado de Instrucción Sumarial de fecha 1 de octubre del 2020”.
Los parlamentarios afirmaron que como representante de la ciudadanía y en ejercicio de su rol constitucional de contralores, debe invocar un interés legítimo en el esclarecimiento de uno de los eventos vinculados a la fraudulenta adquisición de los insumos chinos que salpicó a la cartera sanitaria.
“Podemos calificar de repudiables y criminales y que han acontecido en pleno desarrollo de la pandemia del COVID-19, situación que puso en peligro la salud y la vida de nuestra población”, sostiene el documento.
Son proyectistas de la declaración los diputados Kattya González, Norma Camacho, del Partido Encuentro Nacional; Rocío Vallejo, Sebastián García, Sebastián Villarejo, del sector de Patria Querida; Carlos Rejala, Tito Ibarrola, del Partido Hagamos, y el independiente Jorge Brítez.
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En la propuesta se insta a las autoridades responsables, en especial a Abdo Benítez y a Mazzoleni, a “castigar la corrupción en las compras públicas con las máximas sanciones previstas en nuestra legislación administrativa, habida cuenta de la gravedad de los hechos ocurridos”.
Por otra parte, la iniciativa también menciona que “al mismo tiempo, repudiamos enérgicamente las sanciones recomendadas por el juez instructor, en el sumario de referencia, por representar un mensaje que alienta la corrupción e impunidad en la función pública, y pedimos a la máxima autoridad ministerial apartarse del dictamen e imponer sanciones acordes a la gravedad de los hechos, las cuales están contempladas en la propia Ley 1.626 de la función pública”, sentencia.
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