Este jueves, 31 de julio, venció la prórroga solicitada por la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) para que la ciudadanía pueda solicitar la habilitación de sus vehículos. Es así que, desde mañana 1 de agosto iniciarán los controles, sacarán de circulación y multarán a los que no cuenten con el documento.

Según Nelson Peralta, director de Opaci, la prórroga solicitada con respecto a la patente vehicular concluye hoy, por lo que desde mañana la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y la Patrulla Caminera tienen la autoridad para sancionar a los infractores.

“Desconozco sobre un nuevo pedido de prórroga, no tenemos una solicitud como se realizó hace un mes. Desde mañana se realizarán los controles por la Patrulla Caminera como por los municipios”, expresó Peralta, en entrevista con el programa “Tarde de Perros” de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

Podes leer: Hallan en Puerto Irala el cuerpo de Francisco Daniel, desaparecido hace 12 días

Recordó que todas las comunas tienen la posibilidad de cobrar por la patente, por lo que no hay excusas, y que automáticamente aquellos conductores que no hayan actualizado el documento estarán en infracción. “La habilitación al día es lo más importante desde mañana 1 de agosto para circular en todo el país”, manifestó.

Los que circulen con habilitación vencida se exponen a multas de hasta cinco jornales mínimos equivalentes a G. 557.510, que se aplicará a vehículos y motocicletas. Los rodados sin la patente serán incautados hasta que el propietario pague la habilitación y multa correspondiente.

Te puede interesar: Reportan un intento de feminicidio en Asunción

Un hombre se hizo pasar por paciente del Instituto de Previsión Social (IPS) para ingresar al hospital y apoderarse de una computadora. Ocurrió en Ciudad del este. La Policía logró detener al sospechoso y ahora ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Según los intervinientes, en los últimos días son constantes las denuncias de los asegurados y familiares que acuden hasta el centro asistencial y reportan el hurto de sus prendas personales.

Lo llamativo es que el sujeto logró burlar el sistema de seguridad que involucra a guardias privados y al personal de la Policía Nacional. Según los datos, el desconocido entró por la puerta principal del hospital de IPS de Ciudad del Este y llegó hasta una oficina y donde se alzó con una computadora.

“El sujeto entra por la puerta grande y sale por la puerta grande. Y nadie se percató de que una persona sospechosa haya salido con una computadora bajo el brazo y no haya informado a la Policía”, cuestionó el comisario Mariano Sosa.

Leé también: Médicos de EE.UU. ofrecerán atención gratuita del 4 al 15 de agosto

El detenido identificado como Hugo Antonio Arguello (34) fue derivado a la comisaría jurisdiccional y ya se encuentra a disposición del Ministerio Público.

Hace un mes que salió de la cárcel y ya nuevamente incurrió en una acción delincuencial. Tiene tres antecedentes por hurto agravado, según su legajo policial.

La Policía pide a los ciudadanos que colaboren con la seguridad, reportando cualquier hecho llamativo que observe a su alrededor sobre todo en un hospital donde acuden muchos pacientes.

La Corte Suprema de Justicia aprobó la uti­lización de tobilleras electrónicas como medida de control en todo el territorio nacional y para todo tipo de hechos punibles, ampliando de forma significativa su alcance, que hasta ahora se limitaba a casos de violencia familiar y delitos económi­cos en Asunción y el depar­tamento Central.

La decisión fue tomada a pedido de la Policía Nacio­nal, que alegó contar con la infraestructura y capa­cidad técnica para monito­rear el sistema a nivel país. Con esta medida, los jueces penales de garantías podrán aplicar el dispositivo en cual­quier etapa del proceso penal, como alternativa a la prisión preventiva u otras medi­das restrictivas, atendiendo la gravedad del hecho, los antecedentes del imputado, el nivel de riesgo y la opinión de la víctima.

Según lo manifestado por la ministra Carolina Llanes, presidenta de la Sala Penal de la Corte, desde que la ley fue promulgada en 2019, solo se solicitaron 10 tobilleras elec­trónicas y más de la mitad de las solicitudes fueron recha­zadas por limitaciones técni­cas, como la falta de energía eléctrica legal, cobertura de internet o señal GPS.

“La Policía ya cuenta con la infraestructura necesa­ria para implementar este monitoreo en todo el país”, aseguró Llanes. Señaló que la herramienta será clave para proteger a víctimas, evitar reincidencias y redu­cir el hacinamiento peniten­ciario, al brindar una opción efectiva al encierro.

Actualmente, el Estado dispone de 1.000 tobilleras electrónicas, que serán distribuidas por una empresa adjudicada. Cada dis­positivo tiene un costo de entre G. 2.009.000 y G. 2.100.000, que será asumido por el beneficia­rio, salvo en caso de insolven­cia debidamente acreditada, en cuyo caso el Estado cubrirá el costo.

La Acordada n.º 1779, recien­temente aprobada, establece el protocolo de aplicación, que incluye un manual obli­gatorio para los jueces. Este instructivo detalla cómo y cuándo puede utilizarse la medida, la duración precisa del uso del dispositivo y los parámetros técnicos que deben verificarse antes de su colocación.

La investigación de la prensa argentina sobre presuntos fon­dos ocultos en islas Seyche­lles por valor de 21 millo­nes de dólares que tendrían como supuesto beneficiario final al expresidente Mario Abdo Benítez fue analizada por el abogado Ezequiel San­tagada y el periodista y ana­lista Ignacio Martínez en la última emisión de “La Caja Negra” por Unicanal. Ambos coincidieron en la credibili­dad periodística del informe y el desacierto de la oposición en intentar silenciar la grave­dad de la acusación.

“No damos idea cuánto daño le hace a un país que tenga­mos a expresidentes inves­tigados o condenados, even­tualmente, por corrupción”, comentó Santagada, quien destacó que el periodista argentino Luis Gasulla, fun­dador del portal Periodis­moyPunto, “no es un ignoto periodista, es un reconocido periodista, que llevó ade­lante varias investigaciones relevantes y escribe para La Nación de Argentina”.

El abogado indicó que “es importante que haya comu­nicaciones e información ins­titucional sobre todas las cau­sas de corrupción”.

A su turno, Martínez puso en balanza al mensajero y el mensaje: “Vos analizás al mensajero y tiene crédito por el nivel de trabajo que está haciendo. Y el mensaje es una preocupación nacional porque acá el tema no es un depósito con un banco X, sino la posibilidad de que un fun­cionario público, un expresi­dente de la república, tenga una cantidad enorme de plata que no está declarada. O sea, se supone que esto sería un tema de interés nacional, tanto para la prensa, tanto también para la gente que está en la política”.

“Desafía el discernimiento, poné en la balanza el mensajero y el mensaje, y yo creo que en este tema el mensaje es muy fuerte: estamos hablando de la presunción de 21 millones de dólares que no están declarados”, agregó el periodista. “Entonces debería preocupar porque si con el silencio nomás la oposición piensa cre­cer y fortalecerse, me parece que, al contrario, se está debilitando porque podría convertirse en cómplice en el hipotético caso que mañana se confirme que efectivamente es cierto lo que está diciendo el periodista argentino”.

“Escándalo en Paraguay: el expresidente Mario Abdo tiene 21 millones de dólares ocultos en las islas Seychelles” se titula la investigación firmada por Luis Gasulla, que publicó el pasado 20 de julio en PeriodismoyPunto, tras acceder, mediante una fil­tración de una fuente confidencial, a los registros bancarios que probarían la existencia de dos sociedades de responsabilidad limi­tada (LLC) con fondos millonarios a nombre de las empresas Star Capital Financial Services Limited y Exchange Contracts Interna­tional Finance Limited, siendo que supuestamente “sus únicos autorizados eran Silvana López Moreira y el mismo Mario Abdo Benítez”.

“Sumados los dos saldos offshore supera siete veces el patri­monio neto que Abdo declaró al dejar el cargo. Ni las utilidades ‘reservadas’ en sus empresas ni las cuentas en Seychelles figuran en su declaración, abriendo paso a posibles cargos por enriqueci­miento ilícito, lavado y evasión”, describe Gasulla en su artículo, con datos e imágenes de las pruebas a las cuales accedió.