El proceso judicial que enfrenta el dirigente opositor se originó durante la pandemia del covid-19.

El exintendente de Ciu­dad del Este y diri­gente opositor aspi­rante a la Presidencia de la República Miguel Prieto se sentará nuevamente en el banquillo de los acusados. Esto se da en el marco de un segundo proceso penal por lesión de confianza, admi­nistración en provecho pro­pio y asociación criminal en el caso judicial conocido como Tajy, cuyo perjuicio se estima en G. 306 millones. Así lo resolvió el Tribunal de Apelación al confirmar la resolución del juez Hum­berto Otazú.

Los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni ratificaron la determinación adoptada por el magistrado, quien, luego de la audiencia prelimi­nar llevada a cabo en agosto de este año, elevó el proceso penal a juicio oral. Ahora se deberá sortear a los jueces de sentencia que tendrán a su cargo juzgar a Prieto y a los demás acusados.

El Ministerio Público refiere que, el 11 de junio de 2020, la administración de Prieto efectuó el pago irregular de G. 306 millones a favor de la empresa proveedora Tajy por mercaderías que nunca fue­ron entregadas, lo que cons­tituye un hecho de corrup­ción y un perjuicio a las arcas del municipio.

“Se le acusa al señor Miguel Prieto Vallejos de haber encabezado, desde la inten­dencia municipal de Ciudad del Este, un grupo perma­nente de funcionarios orga­nizados para la comisión y facilitación de delitos de corrupción pública dentro de la misma institución, aprovechándose de su cali­dad de ordenador de gas­tos, así como de las demás atribuciones y poderes que se le conferían como prin­cipal administrador de la comuna”, señala la acusación de la Fiscalía.

El proceso judicial que enfrenta el dirigente oposi­tor se originó durante la pan­demia del covid-19. La impu­tación fue impulsada por los agentes fiscales Silvio Cor­beta, Alma Zayas y Verónica Chávez. “Prieto tenía la cali­dad de ordenador de gastos y, entre los meses de marzo y junio de 2020, convocó, pro­movió y pagó una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la producción de pani­ficados destinados a familias de escasos recursos”, afirmó el fiscal.

El exdiputado esteño Jorge Brítez, lanzó duras críticas hacia el exintendente destituido, Miguel Prieto, recordando su extenso expediente de denuncias y acusaciones por mal manejo y corrupción durante su gestión en la Municipalidad de Ciudad del Este. Actualmente, Prieto enfrenta dos procesos judiciales, los casos “Tía Chela” y “Tajy”, y otra causa que podría elevarse también a juicio por lesión de confianza por el caso Consejo Local de Salud.

“Buses eléctricos a USD 400.000 cada uno, Tía Chela, pasto de oro, plazas de oro, empresas de maletines, Night Empedrado Hot, Clinic Chatarra Móvil, 200.000 vacunas, asfaltos de oro, salarios de oro, récord en denuncias de corrupción, un tipo agresivo, violento y sin proyecto de gestión. Nepoprimo, neponovia, nepopapá, neposuegro, nepotío”, escribió el exlegislador a través de sus redes sociales.

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Pese a todos los hechos irregulares atribuidos a su mala gestión, Miguel Prieto se aferra a un discurso anticorrupción, lo que fue criticado por Brítez. “Pero la gente está ´cansada de la corrupción´ dice él”, fueron sus expresiones.

Brítez concluyó su posteo asegurando que Prieto se convirtió en un referente, pero de corrupción, lejos de la imagen que quiere imponer ante la ciudadanía. “Podrás tener tus bots, granjas, perfiles falsos y también tus simpatizantes, pero jamás podrás tapar que te convertiste en un referente de la corrupción, engaño, mentira y traición, a un pueblo que tanta esperanza tuvo de un cambio real”, sentenció.

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“Fue una reunión muy útil y rica”, indicó el senador liberal Dionisio Amarilla, quien ejerce la presidencia de la Comisión Especial que investiga hechos de corrupción en el Ministerio de Salud Pública y el Instituto de Previsión Social (IPS), tras concretarse este jueves una mesa de trabajo con los directores de las distintas dependencias de la Contraloría General de la República (CGR).

“En el encuentro hemos podido abordar los reportes y hallazgos que ellos ya han informado oficialmente en diferentes instancias y que ahora queda en manos de nuestros técnicos hacer una primera revisión, pero de tal manera para la próxima semana voy a pedir repetir esta reunión para desglosar un poco quiénes son los grandes deudores del IPS”, comentó a los medios de comunicación.

El legislador mencionó también que en materia de deudas del Estado la cifra orilla los G. 5 billones y la deuda del sector privado, los G. 6 billones. “Nosotros pedimos que nos informen quiénes son esos actores privados que adeudan al IPS, de qué fecha datan esas deudas, cómo se acumuló entre otras cuestiones”, sostuvo.

Amarilla comentó que durante el encuentro se trajeron a colación casos referentes a sobrefacturaciones mediante procesos licitatorios. Como ejemplo colocó un llamado para el servicio de lavado de sábanas que superaba los G. 30 mil millones.

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Otro de los puntos críticos abordados fue el inventario de equipos y bienes, que totaliza unos 20.000 ítems y requiere urgentemente un acompañamiento tecnológico para un seguimiento efectivo de su ubicación y uso. A esto se suma el grave problema de la trazabilidad en la recepción y distribución de medicamentos, donde el propio IPS cuantificó cerca de G. 700.000 millones en fármacos a los que no se les puede dar seguimiento.

“La reunión fue bastante interesante, muy importante ya que es la primera vez que el Congreso pide informes de un quinquenio, buscamos ver un mapa un poco más extendido de lo que constantemente nos suelen proveer y eso trae consigo, cuanto menos anomalías y debilidades”, puntualizó.

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Estados Unidos canceló el lunes las visas del fiscal general boliviano, jueces, altos funcionarios y empresarios de ese país, así como de Colombia, Ecuador y Perú a los que acusa de corrupción, vínculos con el narcotráfico o de conspirar contra sus respectivos gobiernos. La retirada de visas a esos altos cargos y a sus familias forma parte de los compromisos asumidos en la alianza Escudo de las Américas, creada a iniciativa del presidente Donald Trump en marzo de este año, explicó el comunicado del Departamento de Estado.

“Bajo la administración Trump, los funcionarios extranjeros corruptos ya no pueden entrar libremente a Estados Unidos”, aseguró el texto. “Esta política restringe la expedición de visas para los ciudadanos extranjeros —y sus familiares directos— que socaven a un gobierno elegido democráticamente mediante actividades de corrupción o narcotráfico en nuestra región”, añadió.

“Socavar a un gobierno elegido democráticamente es una amenaza para la seguridad y el Estado de derecho en las Américas, y no será tolerado”, advirtió el comunicado. El gobierno conservador boliviano vivió semanas de protestas que paralizaron buena parte del país, hasta que el 20 de junio el presidente decretó el estado de excepción, que sigue vigente.

Colombia acaba de elegir a un presidente, Abelardo de la Espriella, que se presenta a su vez como aliado de Trump, tras una reñida campaña electoral y acusaciones contra la oposición de izquierda de haber intentado impedirle llegar al poder. Ecuador es otro de los países aliados de Washington, inmerso en una guerra contra el crimen organizado que cuenta con el apoyo de fuerzas militares estadounidenses, mientras que Perú también acaba de elegir a una presidenta conservadora tras otra reñida campaña.

Esos cuatro países forman parte del Escudo de las Américas, que agrupa a una quincena de países de la región. Líderes de la alianza se reunieron la semana pasada al margen de la Asamblea General de la ONU y ratificaron su disposición a tomar “medidas colectivas”, con una primera batería de sanciones contra 24 grupos criminales.

El fiscal general boliviano, Roger Mariaca, asumió su cargo a finales de 2024 tras ser nombrado por la asamblea legislativa anterior. Durante su postulación a fiscal general fue cuestionado por el retraso de varios casos judiciales cuando era fiscal de Santa Cruz, entre ellos el del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

“Sus acciones ponen en peligro los esfuerzos del presidente Trump para combatir el narcoterrorismo, al tiempo que socavan las mismas instituciones democráticas de Bolivia”, explicó el comunicado. Mariaca aseguró en una declaración a la prensa el lunes que la decisión es un acto de “injerencia” y “presión política” a raíz de sus investigaciones. “No podemos aceptar que el trabajo que vengo desarrollando (...) sea puesto en duda por decisiones o pronunciamientos provenientes del exterior”, dijo.

También son sancionados en Bolivia el magistrado constitucional Israel Ramiro Campero y Martín Irusta, fiscal que ejerció antes de abogado del expresidente Evo Morales. Otros sancionados son el juez instructor Rodrigo Vedia, así como los fiscales Albania Chane y Alberto Zeballos, ambos de Santa Cruz, la juez Rosario Flores (Santa Cruz), el fiscal Alvaro Nava (Chuquisaca) y el empresario José Luis Iriarte.

El sancionado coronel de Policía Frans Cabrera ha sido investigado por organismos de inteligencia de la misma policía boliviana, por supuestos nexos con el narcotráfico y por ralentizar investigaciones. Otros nueve bolivianos quedaron imposibilitados de recibir la visa en caso de solicitud.

Cuatro ciudadanos ecuatorianos que el comunicado no identifica también quedaron sancionados. El Departamento de Estado tiene la potestad de anunciar o dejar en el anonimato a las personas a las que se revoca la visa de entrada al país. De Colombia, los afectados son Euclides Torres, un empresario del sector energético, relacionado con la presunta financiación ilegal de la campaña electoral del ahora expresidente Gustavo Petro, y la senadora Martha Isabel Peralta, del movimiento indígena Mais.

“La lucha apenas empieza; pronto se ampliará no solo en número, sino también en decisiones administrativas” advirtió el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, en la red X. En Perú, el sancionado es Juan Carlos Núñez, juez del primer circuito constitucional de Lima, conocido por una sentencia que favoreció a Cosco Shipping, una empresa china que opera el puerto de Chancay, al norte de la capital.

Fuente: AFP.