A finales del mes de mayo pasado el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) había iniciado un sumario administrativo a los funcionarios involucrados en la compra de insumos médicos para hacer frente a la pandemia y que fuera realizada por vía de la excepción. “La investigación buscará deslindar responsabilidades”, anunció en ese momento el ministro Julio Mazzoleni.
El ministro así mismo dijo que el sumario a los siete funcionarios de la cartera fue realizado siguiendo la recomendación de la Contraloría General de la República. “Es importante que tengamos la paciencia para darle lugar a todos los organismos competentes para que analicen esa investigación”, había manifestado.
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El sumario incluyó al exdirector de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC), Pablo Lezcano y también a los funcionarios que conformaron el comité de evaluación, Gustavo Andrés Cuevas Ayala, Mirta Eloisa Morán Maldonado, Diego Marcelo Sosa Jara, Larizza Andrea Ginés Cantero, Augusto Manuel Portillo y Pedro Ramón Adrián Santander.
En la tarde de hoy, el abogado y periodista de C9N, Aníbal Espínola, publicaba en su cuenta de Twitter un mensaje relacionado a la sanción que el juez sumariante, presuntamente ha sugerido para estos siete funcionarios. La sanción va de 20 a 30 días de suspensión, sin goce de sueldo.
Las reacciones de los usuarios de las redes sociales no se hicieron esperar, y prácticamente en su totalidad expresaron su desagrado por esta posible sanción que puedan recibir los funcionarios sumariados por el caso de la compra de insumos médicos para la lucha contra la COVID-19.
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“Fretes está haciendo una lucha frontal contra la corrupción en IPS”, dice Basilio Núñez
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, manifestó un fuerte respaldo al titular del Instituto de Previsión Social (IPS), el doctor Isaías Fretes, al asegurar que se encuentra impulsando una lucha frontal contra la corrupción en la previsional. El senador no descarta que bajo el liderazgo del médico cirujano se concrete la anhelada modificación de la carta orgánica de la institución.
“El doctor Fretes goza de la confianza de mucha gente, no solo del Partido Colorado. Su permanencia en el IPS puede ir terminando en la modificación de la carta orgánica que mucho ya se ha hablado y debemos darle el tiempo necesario. Está haciendo una lucha frontal contra la corrupción y creo que lo logrará, tiene una mayoría en el Congreso Nacional, mucho apoyo para hacer los cambios", indicó el legislador, este lunes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Núñez surgen ante los ataques realizados por algunos referentes de la oposición contra la gestión de Fretes, quien el pasado mes de abril asumió el cargo en medio de una profunda crisis institucional marcada por una deficitaria situación financiera que limitó severamente la provisión de insumos y medicamentos.
“Él esta en el cargo hace 2 meses aproximadamente y hacer cambios de la noche a la mañana es imposible en una estructura anquilosada por décadas. Entonces dejemos que trabaje. ¿Qué es lo que queremos? ¿Presionarle y que renuncie? ¿Queremos hastiar a este señor, llenándole de pedidos de informes? Eso no es lo que nosotros queremos”, comentó.
La carta orgánica del IPS cuenta con 82 años de antigüedad y quienes promueven su reforma refieren que se vuelve urgente con la finalidad de contar con una institución moderna, eficiente, acorde a las necesidades y exigencias actuales de los asegurados.
“Esta propuesta podría plantearse desde el Poder Ejecutivo, ya hubo incluso análisis de periodos anteriores que nunca fueron cristalizados. Esto es algo que debe ser consensuado por los diferentes sectores, el gobierno, los asegurados y el parlamento. Todo lo que resta del año puede ser el momento ideal para trabajar sobre este tema", comentó Núñez.
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Núñez sepulta discurso de copamiento, reflotando el historial de la corrupción opositora en la CGR
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso del discurso de copamiento por parte del oficialismo colorado que pretende instalar la oposición en el proceso de la próxima elección del contralor y subcontralor general de la República. Con el fin de refutar “la maniobra”, el senador recordó el extenso historial de corrupción que salpicó a representantes de dicho sector político que estuvieron al frente del órgano extrapoder.
“Ante las declaraciones del senador Eduardo Nakayama, que llama a la oposición a hacer el vacío si el cartismo propone a un contralor y subcontralor afiliados a la Asociación Nacional Republicana, vale recordar la historia reciente de la Contraloría: De los últimos 5 contralores impulsados por la oposición, 3 afrontaron procesos penales graves y fueron condenados”, manifestó.
Para sostener su postura, Núñez detalló cronológicamente los casos de los excontralores de extracción opositora que terminaron ante la justicia. “El excontralor Daniel Fretes del Partido Liberal Radical Auténtico, quien estuvo al frente de la institución durante los años 1995 al 2000 fue condenado en 2006 a 12 años de cárcel y multa millonaria por lavado de dinero y asociación criminal (caso UTCD, desvío de USD 16 millones). Absuelto luego por la Corte. Organizó una máquina de lavar dinero”, indicó.
El legislador acotó: “El excontralor Óscar Rubén Velázquez Gadea también fue representante del Partido Liberal y del Partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos durante los años 2010 al 2015. También fue condenado a 4 años de cárcel (confirmado por la Corte Suprema en 2021) por lesión de confianza en el caso de la secretaria vip”..
A la vez, el parlamentario recordó el caso del excontralor José Enrique García Ávalos, quien fue representante del tercer espacio opositor entre los años 2016 y 2019. “Él también fue condenado en el 2023 (confirmado por la Corte en 2024) por producción de documentos no auténticos e instigación a subordinado por el caso Ivesur. Enfrentó múltiples causas por enriquecimiento ilícito y lavado”, refirió.
“Prioricemos el interés nacional”
Núñez indicó que dichos antecedentes ocasionaron que la ciudadanía perdiera la confianza hacia la institución encargada de fiscalizar, vigilar y controlar el buen uso de los fondos, bienes y recursos del Estado.
“La Contraloría perdió credibilidad con estos antecedentes. Hoy necesitamos romper ese ciclo: un proceso de selección transparente, meritocrático y basado en trayectoria técnica, no en color político ni pactos. No se trata de copar la institución, sino de elegir a los mejores para fiscalizar con seriedad y recuperar la confianza ciudadana”, sostuvo en sus redes sociales oficiales.
Agregó que “rechazamos los bloqueos por cálculo electoral. Paraguay merece una Contraloría independiente y eficaz. Prioricemos el interés nacional por encima de las maniobras de sectores retardatarios de la oposición”.
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Caso Tajy: fijan prohibición a Prieto de salir del país y fianza de G. 500 millones
En el marco de la causa conocida como Tajy, el juez penal de garantías Osmar Legal otorgó al exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, libertad ambulatoria e impuso medidas, la prohibición de salir del país y una fianza de G. 500.000.000. El líder del partido YoCreo está acusado por un supuesto perjuicio de alrededor de G. 306.000.000, que habrían desviados de los fondos municipales.
La audiencia se realizó tras dos años de sistemáticos incidentes o chicanas para impedir la imposición de medidas la prosecución del proceso por supuesta lesión de confianza y administración en provecho propio, asociación criminal, acusación presentada por fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez.
Miguel Prieto y su entorno habrían realizado una compra simulada de alimentos a una firma unipersonal, denominada Tajy, propiedad de un constructor de pozo artesiano, al que el exintendente hizo pasar como proveedor de 50.000 kilos de harina, entre otros productos, en una compra simulada de alimentos, durante la pandemia por el covid-19.
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El caso Tajy consiste en un esquema de compra simulada de víveres por la urgencia de la pandemia que llevaron adelante Prieto y funcionarios cercanos, ubicados en puestos clave de la municipalidad de Ciudad del Este, por un lado y, por el otro, clanes familiares de amigos y expareja que simularon competencia en procesos licitatorios para el desvío de fondos públicos.
La pequeña firma unipersonal corresponde al hoy extinto Buenaventura Morínigo, tío de la expareja del intendente destituido, Vanessa Florentín (Vanemi). El supuesto propietario se dedicaba en realidad a la construcción de pozos artesiano, pero utilizaron su factura en el esquema de compra simulada de alimentos por urgencia para blindar el proceso.
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España: la esposa de Pedro Sánchez irá a juicio por presunta corrupción
Un tribunal español ordenó que la esposa del jefe del gobierno, Pedro Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país, según un auto judicial publicado este sábado. La decisión ahonda en el abanico de escándalos judiciales en la familia y el entorno del mandatario de izquierdas, que amenazan la supervivencia de su precario gobierno en minoría. En el último mes se sumó la investigación por presunto tráfico de influencias de su antecesor socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, una figura emblemática de la izquierda española y muy afín a Sánchez.
El caso de su esposa, Begoña Gómez, gira en torno a la creación de una cátedra en la Universidad Complutense de Madrid que codirigió ella y sobre el supuesto uso de recursos públicos y contactos personales para promover intereses privados. El juez encargado del caso, Juan Carlos Peinado, ordenó a Gómez que entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades dos veces al mes hasta que se dicte veredicto en el caso, según la resolución divulgada este sábado.
El tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que Gómez incumpla con esa resolución.
El auto judicial no fija una fecha para la celebración del juicio.
En abril, el juez había acusado formalmente a la esposa de Sánchez por malversación, tráfico de influencias, corrupción y apropiación indebida de fondos.
“La cátedra sirvió como un medio de desarrollo profesional privado para la persona investigada”, escribió el juez en esa resolución.
“Día nefasto”
La investigación comenzó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de un grupo anticorrupción con vínculos con la extrema derecha.
“Hoy es un día nefasto para los que creemos en la Justicia”, reaccionó en la red social X el ministro de Justicia, Félix Bolaños. “Pese a todo, yo sigo confiando en ella y sé que la razón y la verdad se acabarán imponiendo”, agregó.
Para justificar su decisión de prohibir a Gómez salir del país, Peinado rechaza el argumento de que los agentes de policía que habitualmente brindan protección a Gómez impedirían que huyera.
En su auto de 84 páginas, el juez señala que “esos agentes en un momento determinado pueden, bien por iniciativa propia o siguiendo órdenes de sus superiores jerárquicos” ser “quienes colaboren en la acción o acciones que se llevan a cabo para facilitar esa fuga”.
Tras conocerse el caso, Sánchez suspendió sus obligaciones públicas durante unos días para reflexionar si se mantenía o no en el cargo.
Tanto él como Gómez, de 55 años, rechazan las acusaciones y niegan cualquier irregularidad.
El jefe del gobierno socialista enmarca el caso en una campaña de la derecha para socavar su gobierno en minoría, que se sustenta en precarios acuerdos en un Parlamento muy fragmentado.
Los partidos de la oposición de derecha han pedido su dimisión y la convocatoria adelantada de elecciones, previstas en principio para el próximo año.
Sánchez, que tituló su biografía como “Manual de resistencia”, descarta dimitir y se muestra convencido de poder agotar su mandato.
Retahíla de escándalos
Sin embargo, la situación es delicada para el socialista, que alcanzó el poder en 2018 tras una moción de censura presentada contra su predecesor, el conservador Mariano Rajoy, precisamente a raíz de los casos de corrupción en su partido.
La presión aumentó tras el escándalo de Zapatero, jefe del gobierno entre 2004 y 2011, investigado por tráfico de influencias relacionado con el presunto cobro de comisiones por el rescate de la pequeña aerolínea Plus Ultra en 2021.
El exdirigente ha negado también las acusaciones y Sánchez ha reiterado en repetidas ocasiones su “confianza” en la inocencia de su mentor.
Además de su esposa, el hermano del presidente del gobierno, David Sánchez, ha sido juzgado en las últimas semanas por un presunto trato de favor para obtener un cargo público. Y en abril, quien fuera mano derecha de Sánchez y ministro de Transportes, José Luis Ábalos, fue juzgado por presuntas comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos.
Fuente: AFP.