El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), la Corte Suprema de Justicia y la Cámara de Diputados trabajan de forma conjunta en un proyecto de ley que busca incorporar instrumentos digitales como el pagaré electrónico al ordenamiento jurídico nacional. La propuesta apunta a evitar que vuelvan a ocurrir esquemas delictivos como la conocida “mafia de los pagarés”, que generó múltiples casos de estafa y extorsión mediante el uso indebido de documentos en papel.

El viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, destacó que esta reforma representa un paso importante hacia la formalización, digitalización y protección del sector de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), al dotar al sistema legal de herramientas modernas que garanticen seguridad jurídica.

“Con mucha apertura, el Congreso, a través de los diputados y senadores, y los ministros de la Corte, nos han permitido incorporar en esta normativa los documentos transmisibles electrónicos, los títulos electrónicos y en particular el pagaré electrónico”, explicó.

Lea también: Amarilla destaca celeridad del Senado en remitir a EE. UU. informe de la CBI

Giménez sostuvo que el proyecto surge precisamente en respuesta a la trama de falsificaciones y abusos detectados en torno al uso de pagarés físicos. A partir de estas experiencias, el MIC y otros actores institucionales impulsaron ajustes normativos que buscan no solo cerrar brechas legales, sino también facilitar a las mipymes el acceso a financiamiento de manera segura.

“El sueño que tenemos es que las mipymes puedan acceder a todos los trámites para formalizarse y para acceder al crédito directamente desde el celular”, subrayó. Actualmente, la propuesta se encuentra en análisis en la Cámara de Diputados, en coordinación con los propulsores originales del texto en la Corte Suprema.

De ser aprobada nuevamente en el Senado, el país contaría con un marco legal robusto que daría validez jurídica a los títulos y documentos electrónicos, previniendo nuevas formas de fraude como las ocurridas en el pasado. “Fuimos ajustando las normas para que ahora pueda recibir la aprobación de los diputados y posteriormente ir nuevamente al Senado para que salga aprobada la ley”, indicó el viceministro ante la 1080 AM.

Le puede interesar: Gran Hospital del Sur marca un antes y un después para la salud en Itapúa, afirman

El fiscal de San Pedro, José Godoy, presento imputación por supuesto cobro indebido de honorarios contra el exdirector de la Cámara de Diputados, Willian Roberto Bogarín Campuzano, a pesar de estar inhabilitado para ejercer la abogacía privada en su condición de funcionario público.

El presente caso fue sorteado y el juez penal de garantía de San Rosa del Aguaray, departamento de San Pedro, Vicente Coronel entenderá en el presente caso. El citado magistrado debe admitir la imputación presentada contra el exfuncionario de la Cámara Baja.

Te puede interesar: Senad destruye cuatro toneladas de marihuana en Bella Vista Norte

El ahora imputado tenía el cargo de director en su momento en la citada Cámara Baja, con una antigüedad de 24 años y un salario de G. 19.500.000, según señaló la abogada Gessy Ruiz Díaz, quien denunció el caso junto con su colega Bilfia Aria.

La imputación revela que Willian Bogarín tuvo un poder especial de Helena Neufeld de Friessen, Agtha, Cornelio, David, Hernán y Johan Friessen Neufeld, para realizar el juicio de sucesión de David Friessen Petersen, que se abrió ante el Juzgado Civil de Santa Rosa del Aguaray. Bogarín Campuzano, el 27 de diciembre del 2018, inició la sucesión ante el citado juzgado, en su carácter de abogado litigante.

El profesional, por su parte, tenía una prohibición legal que lo inhabilita para ejercer la profesión de abogado de forma independiente por ser funcionario permanente de la Cámara de Diputados.

De acuerdo con el acta de imputación, Bogarín Campuzano cobró como parte de sus honorarios la suma de USD 10.000, mientras que el 15 de setiembre de 2022, percibió la suma de USD 20.000, como parte del cobro de honorarios por la intervención en el juicio sucesorio en representación de los herederos.

Asimismo, Bogarín y otras personas más están igualmente imputadas por la estafa multimillonaria cuyas víctimas son colonos menonitas de la zona de Rio Verde, departamento de San Pedro y ofreció los servicios de los asesores jurídicos, entre los que se encontraba el director de la Cámara de Diputados.

Podes leer: Juez decretó la prisión de Cristian Morínigo, alías “La Gorda”, imputado por narcotráfico

El proyecto de ley de reforma del transporte público presentado por el Poder Ejecutivo contempla diversas modalidades para operar el sistema, de modo que el Estado pueda acudir a la alternativa más adecuada según la necesidad. Así lo explicó el viceministro de Transporte, Emiliano Fernández, al detallar el contenido del documento.

“La ley nos da herramientas para que el Estado pueda llevar adelante la política pública de movilidad para el ciudadano”, señaló Fernández. Agregó que el proyecto establece un modelo basado principalmente en concesiones mediante licitación pública, donde empresas privadas traen sus propios buses y operan el servicio.

Sin embargo, también se prevé la posibilidad de que el Estado pueda adquirir flota, proveerla o incluso operar directamente el servicio, en caso de que no existan oferentes o que se requiera garantizar su funcionamiento. “Lo que hicimos con esto es abrir la ventana de posibilidades para que el Estado pueda tomar las decisiones que mejor sean para el ciudadano”, afirmó el viceministro.

Lea también: Ejecutivo acompañará eventual endurecimiento de penas para crímenes contra menores

Al mismo tiempo, destacó que el transporte público es un derecho fundamental y un servicio imprescindible, cuya prestación debe estar asegurada por el Estado bajo cualquier escenario. Actualmente, ya se aplica uno de estos mecanismos con la incorporación de buses eléctricos donados por la República de China (Taiwán), cuya flota pertenece al Estado pero es utilizada por operadores privados mediante licitación.

“El Estado debe tener habilidades jurídicas para hacer estas cosas, por eso la ley prevé distintas maneras de prestar el servicio”, insistió Fernández ante la 650 AM. Durante la presentación del proyecto, el presidente Santiago Peña pidió al Congreso celeridad en el tratamiento de la iniciativa. “Es un gran paso haber presentado una ley tan necesaria y con tanto impacto, que puede mejorar la vida de las personas”, expresó el viceministro.

Le puede interesar: Abdo offshore: Peña respalda investigación, pero rechaza replicar persecución del gobierno anterior

El diputado Rubén Rubín mantuvo este viernes una reunión con el presidente del Congreso, el senador Basilio Núñez, para oficializar su proyecto de modificación del Código Penal: “Prisión permanente revisable” aumentando la pena de cárcel hasta 90 años por hechos de homicidio y otros delitos graves. El titular del Legislativo resaltó que existe la voluntad política en ambas cámaras para buscar una solución al problema.

Núñez felicitó al legislador por la iniciativa y aseguró que tanto en Diputados como en Senado existe la voluntad política de analizar estos temas que preocupan a la ciudadanía e indicó que, si este tipo de asuntos no se abordan, también la clase política sería cómplice de estos hechos delictivos.

Le puede interesar: Habilitación del Gran Hospital del Sur es gracias a la negociación histórica de Itaipú, recordó Peña

“Agradezco la visita del diputado Rubín y desde ya agarro positivamente la propuesta de modificar el Código Penal, atendiendo los hechos graves sucedidos recientemente. Le decía que nosotros también somos culpables de omisión, o por omisión, si es que no hacemos nada”, expresó.

Sostuvo que esperamos que se entienda bien, que el violador y que mate a una niña indefensa, “no puede quedar libre en tan solo 3 o 4 años. No más víctimas fatales, por eso tenemos que darle un punto final. Tenemos que trabajar la propuesta, contamos con cientos de asesores que nos pueden ayudar a mejorar la propuesta. Pero la voluntad política está tanto en Diputados como en Senado”, precisó.

El proyectista Rubén Rubín indicó que coincide plenamente con el senador Núñez en que la clase política es cómplice si no se hace nada para cambiar la situación actual.

“Sería una irresponsabilidad que un representante del pueblo, que tiene las atribuciones de modificar las leyes, no lo haga nada cuando Paraguay pide a gritos que se agregue la cadena perpetua al Código Penal”, explicó.

Señaló que la propuesta comienza planteando una modificación al artículo 38 del Código Penal, sobre la duración de las penas privativas de libertad, elevando la pena máxima a 90 años.

Además, indicó que en los casos de pena privativa de libertad, de 50 años en adelante, podría ser revisable. Por ello, se establece el término de Prisión Permanente Revisable.

Lo que se busca es que Paraguay se adecue a la coyuntura regional, explicó el diputado, añadiendo que ya se comenzó a adoptar este sistema. No obstante, por la Constitución Nacional no se puede contemplar la cadena perpetua como tal, por ello recurren a la figura de Prisión Permanente Revisable.

“Nosotros no vulneramos la posibilidad de reinserción del condenado. Esto ya lo hizo Argentina, Chile, Colombia; ahora justamente lo está debatiendo también Ecuador. Es decir, nosotros no vamos a innovar legislativamente hablando, por el contrario, estamos llegando tarde”, acotó.

Mencionó que por ahora, la propuesta de Prisión Permanente Reversible es para infractores mayores de edad; y la revisión será posible una vez que se cumpla los dos tercios de la condena, dependiendo de cuántos años se haya aplicado. Pero en el caso de delitos graves, sería entre 50 a 90 años como máximo.

Igualmente, indicó que el proyecto contempla la acumulación de condena en el caso de que exista más de una víctima o varios delitos, se irá sumando la pena por cada una de ellas. Esta propuesta de elevar las penas son para delitos graves como homicidios y violaciones.

Asimismo, explicó que existen ciertas excepciones, como el caso de un accidente de tránsito con derivación fatal, siempre y cuando no esté alcoholizado, garantizando el derecho a la defensa personal.

Siga informado con: Titular del MOPC acude el lunes al Senado para agilizar plan de reforma del transporte