La causa que inves­tiga la filtración de documentos y fal­seamiento de información de Seprelad tropieza nue­vamente con una paraliza­ción. Los exministros del gobierno de Mario Abdo Benítez acusados por aso­ciación criminal, usurpa­ción de funciones públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del proceso penal conocido como filtración de información de Sepre­lad (Secretaría Nacional de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes) siguen presentando incidentes dilatorios, a los efectos de evitar que el presente caso pueda avanzar.

Ahora los defensores de los acusados Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Carlos Arregui y Daniel Farías presentaron una apela­ción general ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, en el que cues­tionan la resolución del tri­bunal de alzada que ratificó la imposición de costas del juicio a cada uno de los pro­cesados en el presente caso.

Debido a la nueva chicana, el expediente tendrá que ser elevado a la Sala Penal de la Corte, instancia que deberá estudiar la apela­ción de la defensa de los acusados y destrabar el proceso penal de los exmi­nistros de Abdo.

Hay que recordar que lasemana pasada nada más el Tribunal de Apelación inte­grado por los jueces María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chicana presentada por René Fer­nández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías, excercanos cola­boradores de Abdo Benítez.

Al destrabarse el caso en esa instancia, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera tenía que resolver los doce incidentes plan­teados en marzo de 2024 cuando se daba inicio al presente proceso penal contra los exfuncionarios.

La Fiscalía presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, tes­timonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acu­sados.

En marzo de este año, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia inte­grada por los ministros César Diesel, Manuel Ramírez Candia y Gustavo Santander había rechazado dos chicanas presentadas por el abogado Enrique Kronawetter, defensor de Daniel Farías.

En aquella oportunidad los ministros de la Corte men­cionaron que “la utilización de resortes procesales y la enunciación de agravios ‘in abstracto’ como en el pre­sente caso representa una inconducta procesal de las defensas, dirigidos en difi­cultar el normal desarrollo de la administración de jus­ticia y se aparta de la buena fe que impone el Artículo n.º 112 del Código Procesal Penal”, señala la resolución de la Corte.

De la misma manera, los altos magistrados mencio­naron en su resolución que el ejercicio del derecho debe ajustarse a los parámetros orientadores del proceso penal hacia una adecuada administración de justicia.

Con la advertencia hecha ya en marzo de este año, ahora los ministros de la Corte ya pueden inclusive, aplicar la sanción disciplinaria a los acusados así como a cada uno de sus abogados.

El senador liberal Ever Villalba cuestionó al presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Hugo Fleitas, por lo que considera una mala gestión en la administración de la nucleación política. Lamentó la reciente destitución de la exsenadora Blanca Lila Mignarro tras detectar un presunto faltante de 3.300 millones de guaraníes de recursos del Instituto de Formación Liberal “José P Guggiari”.

El legislador fue abordado este jueves por la prensa en pasillos del Congreso, donde señaló que de un tiempo a esta parte está insistiendo en que se tienen que abandonar aquellos “acuerdos que se hacen bajo la mesa”. Afirmó que el fortalecimiento institucional llegará “trabajando con las bases y abandonando los acuerdos entre cúpulas”.

“Lastimosamente Fleitas, en su empeño por mantenerse al frente del Directorio está llevando acuerdos que no va más allá de la estructura partidaria que no aportan nada para el fortalecimiento del partido. El PLRA está en crisis y vamos a reconstruir el partido con la gente, con los presidentes de comités, con los convencionales y el pueblo liberal, la fuerza del partido para ser alternativa en próximas elecciones”, indicó.

Respecto a la exsenadora Blanca Lila Mignarro, resaltó que es una persona honesta que tenía un cargo de responsabilidad y estaba haciendo un trabajo delicado revisando las cuentas del Instituto José P. Guggiari.

“De acuerdo al informe de auditoría se encontró un faltante de 3.300 millones de guaraníes correspondiente a esta administración que son fondos públicos, porque esos fondos se reciben a través de la Justicia Electoral, por subsidios o aportes partidarios. Tanto Blanca Lila como Rebeca sosa fueron apartadas de sus cargos porque estaban detrás de esta auditoría”, precisó.

Por otra parte, el legislador liberal Villalba confirmó que este fin de semana, una delegación parlamentaria, entre senadores y diputados, estarán realizando un viaje de 3 días a la ciudad de Buenos Aires, Argentina, para visitar tres colectividades paraguayas importantes en La Matanza, San Martín y La Plata.

“Es la primera vez que el Parlamento sale a hacer audiencias públicas, fuera del país, para ir a escuchar a los compatriotas. Es una iniciativa parlamentaria que se planteó a la presidencia del Congreso. La visita será este viernes, sábado y domingo”, explicó.

Mencionó además que otras instituciones estarán acompañando esta delegación, como funcionarios de la Justicia Electoral, para hacer inscripciones al Registro Cívico Permanente. Igualmente, estarán acompañando personal de la Dirección de Identificaciones.

“Sabemos que no será suficiente, pero los compatriotas merecen ser escuchados, merecen que sus representantes, en este caso Senadores y Diputados, puedan oír cuáles son sus inquietudes, y su situación en el vecino país. Más aún con el endurecimiento de las políticas sociales en la hermana República de la Argentina”, acotó.

Siga informado con: Trump demostró “verdadero liderazgo” en conflicto de Medio Oriente, opina diputado

La Cámara de Apela­ción integrada por María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas destrabó el proceso penal rechazando una chi­cana más presentada por René Fernández, Arnaldo Giuzzio, Carlos Arregui y Daniel Farías exministros de Mario Abdo Benítez. Los mismos están acusa­dos por asociación crimi­nal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes).

Asimismo, los camaristas decidieron que las costas del incidente perdido deben pagar los acusados. En ese sentido, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera ya impuso la misma medida a cada uno de los acusados en el presente proceso penal.

El pasado 3 de abril, la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera resolvió rechazar los recursos de reposición plan­teados por los exministros de Mario Abdo Benítez y otros exfuncionarios acu­sados en el presente caso.

Los abogados de los exmi­nistros de Abdo habían pre­sentado una nueva reposi­ción y apelación en subsidio contra la determinación de la jueza Lovera, que fijó la realización de una audiencia donde se tenía que decidir si la magistrada se ratificaba en su resolución inicial de marzo de 2024 donde admi­tió la imputación contra los excolaboradores del expre­sidente de la República.

Lovera en su resolución indicó que “la presenta­ción hecha por los acusados carece de soporte fáctico y jurídico”, teniendo en cuenta que aún no se han tratado los recursos iniciales pen­dientes de resolución desde marzo de 2024. “En ese con­texto, se puede observar que la providencia de fecha 27 de marzo de 2024 no adolece de irregularidad alguna y a su vez la citada providencia tuvo por objeto reencauzar el presente proceso estudiando las presentaciones iniciales del proceso penal mencio­nado”, señala.

El Ministerio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de pruebas, entre ellos, testimonios, documentos y pericias que sustentan la responsabilidad de los acusados Arregui, Giuzzio, Fernández, Carmen Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

La abogada liberal Basilisa Vázquez explicó que presen­taron una denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el millonario faltante de fon­dos destinados a capacitación en el Instituto José P. Gug­giari, dependiente del Par­tido Liberal Radical Autén­tico (PLRA).

“Estamos cansados de que se meta la mano y nadie se haga responsable de las deu­das y las tragadas en el par­tido. Porque si uno mete la mano en la cuenta de tu par­tido, no sos un ladrón sim­plemente, sos un reveren­dísimo ladrón”, sentenció la apoderada liberal durante una comunicación con La Nación/Nación Media.

Mencionó que la denuncia penal ya está en poder de la agente fiscal Natalia Silva, que tendrá a su cargo investi­gar qué se hizo con los fondos que son finalmente proveí­dos por el Estado al Partido Liberal.

“Nosotros que hacemos polí­tica queremos custodiar los fondos del partido principal­mente, ser transparentes con la gente para que de esa manera podamos criticar a otros que no son de nuestro partido. El par­tido recibe fondos del Estado, es dinero de los contribuyentes, porque Hacienda (hoy Minis­terio de Economía y Finanzas) nos transfiere esa plata, que es exclusivamente para usar en capacitaciones”, explicó. Váz­quez indicó que el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, rea­lizó, presuntamente, en los últimos meses del año 2024 cuatro o cinco cursos que cos­taban G. 180 millones.