El ministro del Interior, Enrique Riera, comentó que existe una probabilidad de que el narco uruguayo Sebastián Marset, capturado este viernes en Bolivia, sea extraditado a Estados Unidos, donde es interés del gobierno de Donald Trump, que desde mayo de 2025 ofrecía hasta USD 2 millones por su detención y lo ubica como el tercer narcotraficante más buscado del mundo.

“Los Estados Unidos tienen dos ventajas, tienen cárceles de máxima seguridad, eso aliviaría la presión que genera en Paraguay, una banda que maneja dinero y recursos de todo tipo. Y por otro lado en Estados Unidos tienen leyes más flexibles para conseguir mas información”, dijo el secretario de Estado a la 730 AM, refiriendo que Paraguay fue el primero en abrir una causa contra el criminal en la causa A Ultranza Py de 2022.

El ministro Riera dijo que, de ser trasladado directamente a los Estados Unidos, no sería un inconveniente para seguir con el proceso en Paraguay, teniendo en cuenta que Marset está acusado en el caso de A Ultranza Py, y de igual manera se podría obtener información desde los Estados Unidos.

Leé también: Capturan a Sebastián Marset en Bolivia

“Sería quizás prematuro porque es una cuestión judicial, pero también las relaciones que tenemos hoy con Estados Unidos pasa por el mejor momento, entonces tenerlo acá, a una persona con esa capacidad económica y de fuego, y falta de escrúpulo, siempre es un problema, y si se va a Estados Unidos y desde allá nos enteramos de todo lo que necesitamos para seguir nuestro proceso, hay colaboración directa”, indicó.

Resaltó que Paraguay cuenta con una buena cooperación contra el crimen organizado con el gobierno norteamericano. “Acabamos de firmar un acuerdo SOFA, y acabamos de integrar con el presidente (Santiago Peña) el Escudo de las Américas, o sea esto va a fluir, esté acá o esté allá”, apuntó Riera en conversación con el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

“Es el tercer narcotraficante más buscado del mundo, era probablemente el más importante de Latinoamérica, el único que tenía un proceso abierto, vigente y en proceso en Paraguay y Estados Unidos. El proceso en Bolivia nació en el gobierno anterior (de Luis Arce) y todo indica que era un proceso abierto por su abogado para intentar que Gianina (García Troche, su pareja) se vaya a Bolivia y no acá”, refirió el ministro.

Riera recordó que desde hace varios meses se manejaba la hipótesis de que el prófugo se encontraba en el vecino país. “Eso que yo declaré en su momento me generó una cariñosa llamada de mi colega, y yo le dije que esa es la información que nosotros manejamos y de la última vez que lo vimos, y la policía y sus técnicos identificaron la filmación donde donde salía con un grupo de gente armada, la Policía identificó tres de los fusiles que usaba el ejército boliviano, no nosotros, también por la vegetación y otros datos más, pero no podíamos confirmarlo al 100 %”, mencionó.

El titular del Interior aludió al video difundido en redes sociales, el 23 de octubre de 2025, en que Marset, rodeado de presuntos integrantes del grupo criminal Primer Comando Capital (PCC) de Brasil, amenazó a su exsocio Erland Ivar García López, alias El Colla, que había revelado el supuesto escondite del uruguayo, en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), durante su fuga en julio de 2023. Era evaluada la veracidad del clip, ya que se dudaba si fue creado por inteligencia artificial.

Te puede interesar: Revelan imágenes de la captura de Marset, que sería enviado a EE. UU.

El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Humberto Otazú, remitió a la presidencia de la Cámara de Diputados el documento en el cual informa que se admitió la imputación del diputado de Yo Creo, Walter García.

Con esta comunicación, la Cámara Baja deberá analizar el desafuero del parlamentario imputado en la causa “Miguel Prieto y otros por lesión de confianza (ley n.º 6379) superior a 5.500 jornales”.

“Habiéndose formulado imputación fiscal ante el Juzgado de Garantías Especializado en Delitos Económicos del primer turno de la capital a mi cargo, de parte de los agentes fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle, María Verónica Valdéz, contra el diputado nacional Walter Hugo García Méndez, por el supuesto hecho punible de lesión de confianza (…) en calidad de cómplice", expresa el documento.

El juez solicita que se comunique y se remita las “actuaciones producidas por el Ministerio Público en el marco de la presente causa a la Cámara de Diputados para los fines legales pertinentes”.

Podés leer: Sectores que critican el acuerdo SOFA, “quieren un país débil”, señala Peña

Igualmente, el juez Otazú fijó la audiencia de imposición de medidas para los días 6 y 7 de abril para los procesados en esta causa, el exintendente de Ciudad del Este (en calidad de autor), Miguel Prieto, junto al exjefe comunal Sebastián Martínez Insfrán, Sonia Barrios Ramírez, Walter Hugo García Méndez, Salem Esgaib Zugaib, Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, Valeria Fabiana Romero, Hugo Benítez Vázquez, Karen González Vergara, Fredy Guzmán Martínez y Cinthia Noelia Alen Guerrero.

El Ministerio Público señala que los imputados causaron un perjuicio patrimonial a las arcas de la Municipalidad esteña de G. 757.166.276 por el pago de obras que no se habrían realizado.

La investigación fiscal apunta que esta cifra corresponde a diferencias detectadas entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y las obras efectivamente construidas o ejecutadas por las empresas SERVMAQ, representada por Fredy Guzmán Martínez y M&M Constructora, a cargo de la licenciada Cinthia Noelia Alen.

Te puede interesar: Docentes urgieron a Diputados tratar el martes la reforma de la Caja Fiscal

Desde la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay - Sindicato Nacional (OTEP-SN) indicaron que este jueves se analizará si recurrirán a un nuevo paro total de actividades cuando Diputados traté las modificaciones realizadas por el Senado al proyecto de reforma de la caja fiscal.

Aún no se estableció una fecha de estudio en la Cámara Baja, no obstante, se convocará a una audiencia pública el lunes 16 de marzo. “Esta es una mejor versión que el proyecto aprobado en Diputados, uno de los puntos reivindicados fue el aporte estatal. Vamos a estar expectantes”, dijo el secretario regional OTEP-SN, Héctor Ortiz, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Leé también: Gestión abdista sigue perjudicando a cañicultores de Troche, indica gobernador de Guairá

Los docentes vuelven este jueves de manera formal a las aulas luego de dos días de intensas manifestaciones en Asunción y otros puntos del país que sirvieron como medida de fuerza para lograr que el Senado aumente el aporte estatal y flexibilice la edad mínima para acceder a la jubilación, entre otros puntos.

“Hoy los compañeros ya retoman sus tareas educativas en las diferentes instituciones. Vamos a defender lo que se aprobó el día de ayer y hoy se definirá dentro de la intersindical qué haremos”, añadió. Desde el gremio docente manejan la información de que la propuesta será tratada el martes 17 de marzo.

Entre las principales modificaciones planteadas de consenso se encuentra el aumento obrero que pasó del 16 %, como se encuentra en la ley actual, al 19 % para los sectores deficitarios, que incluyen a docentes, policías, militares y magistrados, mientras que para sectores superavitarios se mantendrá el 16 %.

Además, establece un aporte estatal del 10 %, el cual será de implementación inmediata, que a diferencia de lo planteado en la media sanción de Diputados, establecía un aporte estatal escalonado entre el 1 % al 5 % como máximo. En tanto, que con la ley vigente ni si quiera está contemplado el aporte estatal.

En lo que respecta a la edad para acceder a la jubilación ordinaria, la versión sancionada por el Senado establece que para el Magisterio Nacional, que son docentes universitarios, magistrados judiciales, el trabajador deberá contar con al menos 25 años de aporte y 53 años de edad cumplidos para acceder a una tasa de sustitución del 78 %.

Este porcentaje podrá incrementarse de forma gradual hasta alcanzar el 90 %, en la medida en que el trabajador continúe prestando servicios. Mientras que el aportante podrá acceder a una jubilación extraordinaria conforme a lo dispuesto, en caso de enfermedad o incapacidad. En estos casos el trabajador podrá acceder al beneficio con un mínimo de 10 años de aporte y con una tasa de sustitución del 40 %.

En el caso de las fuerzas públicas (policías y militares) se aprobó la edad mínima de 55 años para la jubilación ordinaria, frente a los 57 años que había aprobado la Cámara de Diputados. También se flexibilizó la tasa de sustitución de haberes del 75 % al 90 % con la modificación planteada por el Senado.

Te puede interesar: Guadalupe Aveiro juró como senadora en reemplazo de Erico Galeano

Los principales cambios fueron los acordados con gremios: edad mínima 53 años, aporte estatal (10 %) y del cotizante (19 %) y tasa de retorno del 78 %.

Tras un largo debate, el plenario de la Cámara de Senado­res aprobó ayer con modifi­caciones el proyecto de ley que plantea la reforma de la Caja Fiscal. El documento ya contaba con media sanción de Diputados y vuelve ahora a Diputados para su conside­ración, acompañamiento de las propuestas de modifica­ciones o la ratificación de la sanción inicial.

Entre los principales aspec­tos que contempla la pro­puesta de la reforma es que establece una edad mínima de 53 años en el caso de los docentes y 55 años en el caso de las fuerzas públicas (poli­cías y militares).El senador Silvio Ovelar recordó que la propuesta fue debatida previamente con distintos gremios afectados. Señaló que el proyecto tiene como objetivo introducir refor­mas orientadas a fortalecer la sostenibilidad financiera y la equidad intergeneracio­nal del sistema.

Esta reforma planteada desde el Gobierno, lo que busca es reducir el millona­rio déficit en la caja jubila­toria, que pone en riesgo la jubilación del sector público. De acuerdo a los datos, los cambios introducidos en el Senado posibilitarán redu­cir esa sangría al 40%.

Las modificaciones que fue­ron aprobadas en mayoría por el plenario del Senado fueron las planteadas en el dictamen de la Comisión de Hacienda en conjunto con la Comisión de Cuentas y Control, con­forme a lo que se había acor­dado con los diversos secto­res y el Ejecutivo.

Tras 48 horas de paro, los docentes levantaron la medida de fuerza que ini­cialmente se mantenía en suspenso para hoy jueves, luego de confirmarse que la Cámara de Diputados no tratará en sesión extra el proyecto de reforma de la Caja Fiscal. La deci­sión fue dada a La Nación/Nación Media por el secre­tario general de la Organi­zación de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), Gabriel Espínola, quien explicó que la suspen­sión responde a que el tema previsional no será abor­dado por la Cámara Baja esta semana, lo que reduce la tensión generada en el sector educativo durante las últimas jornadas.

El presidente del Congreso Nacional, senador Basilio “Bachi” Núñez, defendió la necesidad de iniciar la reforma de la caja fiscal y advirtió que el sistema previsional paraguayo enfrenta un riesgo serio si no se adoptan medidas estructurales. Dijo que el debate no debe limitarse únicamente a un sector de jubilados, sino que debe analizarse en el marco de todo el sistema.

Recordó que la caja fiscal abarca a una parte reducida de la población. “Estamos hablando de una parte del 15 % de la pobla­ción que está en la situación de jubilados. 80.000 jubilados y pensionados por la caja fiscal. Redondeo: más de 70.000 jubila­dos y un promedio de 10.000 pensionados”, señaló.

Planteó que el Congreso debe avanzar hacia un análisis más amplio del sistema previsional paraguayo, incluso con la crea­ción de una instancia parlamentaria específica. “Celebro la pro­puesta de una colega de que ¿por qué no una comisión bica­meral? Y empecemos a analizar en este Congreso el sistema previsional de la República del Paraguay”, expresó.

Si bien los ajustes incorporados en la nueva versión aprobada en el Senado moderan parte del impacto previsto con el proyecto de reforma, tanto en el proyecto original como en el proyecto con media sanción por Diputados, la propuesta continúa represen­tando un avance hacia la sostenibilidad del sistema. Al respecto, el ministro de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, indicó que, mientras la versión inicial proyectaba una reducción del défi­cit superior al 60 %, la versión ajustada permitiría disminuir el déficit de la Caja Fiscal en un rango estimado entre 40 % y 50 % en el tiempo. Igualmente, explicó que, con los ajustes introduci­dos en esta nueva versión, el horizonte para una futura revisión del sistema se acorta con respecto a lo previsto por el Poder Eje­cutivo, lo que refleja el equilibrio alcanzado entre sostenibilidad fiscal y los planteamientos realizados por los distintos sectores, durante el proceso de diálogo.

El ministro Carlos Fernández Valdovinos recordó que expectativa inicial era introducir otra reforma en una década; el tiempo se acortó.

El ministro de Economía y Finanzas, Carlos Fernández Valdovinos, señaló que el pro­yecto probablemente reque­rirá una nueva revisión en un plazo menor al inicialmente previsto. Explicó que, aun­que el objetivo original era que los ajustes permitieran sostener el sistema por más de una década, el escenario actual obliga a replantear el debate en un periodo menor.

“Creo que vamos a tener que revisar nuevamente 7 años después”, afirmó el titular del MEF, al referirse al impacto de los cambios introducidos al proyecto. El ministro recono­ció que el Ejecutivo aspiraba a lograr una reducción mayor del déficit del sistema previ­sional estatal.