Desde el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi) y la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), el viernes confirmaron el hallazgo de una caleta que pertenecería al extinto grupo criminal autodenominado Ejército del Mariscal López (EML). Las autoridades afirmaron que continuará el operativo, puesto que tienen información de otras caletas más.

“Es la cuarta caleta que estamos encontrando, pero estamos detrás de una que tiene gran cantidad de explosivos. Tenemos información con base a análisis realizados por el Departamento Antisecuestro y con base a eso, nosotros estamos realizando la búsqueda con el acompañamiento del Ministerio Público”, explicó el coronel Carlos Casco, comandante del Batallón de Inteligencia del Ejército.

En contacto con Nación Media, el coronel recalcó que este hallazgo se enmarca en la búsqueda de los restos del ganadero Félix Urbieta, quien fue secuestrado en el 2016 por el grupo criminal EML y cuyo fallecimiento se habría producido en el 2017.

Casco aclaró que la caleta encontrada no es la misma donde Urbieta fue secuestrado. “En una reserva que se encuentra en Concepción, en el distrito de Horqueta en la estancia Santa Silvia, donde llegamos y encontramos la caleta gracias a un escáner de unas personas que están ayudando en la búsqueda”, explicó.

Allí se hallaron varias cosas, entre ellas, ocho cargadores de calibre 7,62 X 51 mm, víveres, ropa que contenía un escrito. Este hallazgo fue posible gracias a un trabajo de inteligencia a partir de otros elementos encontrados en caletas anteriormente halladas.

El comandante del Batallón de Inteligencia Militar, coronel Carlos Casco, habló acerca de los últimos operativos y trabajos de inteligencia que se están llevando adelante en la lucha contra el grupo criminal autodenominado EPP (Ejército del Pueblo Paraguayo).

Para lograr resultados positivos como los obtenidos en el último operativo Cobrarius, en Canindeyú, donde fue abatido Rubén Darío López Fernández, alias Loro, y donde se tiene la sospecha de que Magna Meza quedó herida, se trabaja con fuentes de información técnica y fuentes humanas.

“Son en las fuentes humanas donde logramos el éxito. Llegamos sin tener la ayuda, en todos los casos fue así. Esa es la forma de trabajar en inteligencia. Saber quiénes son las personas que brindarán el acceso a las estructuras. En todos los casos donde tuvimos operaciones exitosas fueron motivados por el pago de recompensa”, manifestó en a la 1020 AM.

Resaltó que se inició el trámite con todas las documentaciones, aclarando que cuentan con un sistema de gestión de información llamado Arandu, que tiene trazabilidad porque todas las informaciones van documentadas y todas las fuentes tienen un código numérico específico, permitiendo contar con un historial de datos recibidos hasta el último día antes de realizar la operación.

“Hay muchas personas que ya recibieron su recompensa, por ejemplo, la operación Zeus, que fue fruto de una fuente humana muy importante que nos proporcionó un dato muy importante, en esa ocasión, una sola persona recibió 1.000 millones de guaraníes”, precisó.

“Fueron varios datos los que nos fueron brindando, y que tratamos de comprobar con otras fuentes de la zona. No es que nos jugamos el todo por el todo, porque no queremos caer en mentiras peligrando la vida de nuestros personales. Incluso la persona que es fuente humana es sometida a pruebas de polígrafos para corroborar la información”, indicó.

Mencionó estos datos porque muchas veces hay gente que por miedo o creyendo que no serán recompensados, no brindan informaciones. Sin embargo, prefieren dar a conocer esto para que se sepa que se está cumpliendo.

A partir de la divulgación del pago de recompensa, mayor número se animó a brindar información. “Este dinero lo administra directamente el Ministerio del Interior, que cuenta con un fondo exclusivo para estos casos. Hay una ley que no estaba reglamentada y hace poco el ministerio logró reglamentar”, mencionó.

Agregó que todos estos operativos se preparan en una mesa de trabajo conjunto con el Departamento Antisecuestro y el Batallón de Inteligencia Militar, donde se evalúa el perfil de cada uno y con base en los datos se van estableciendo los montos de recompensa.

“Esto pasa a criterio del ministro del Interior, el ministro de Defensa Nacional y finalmente es el presidente de la República el que brinda la autorización. Entonces, las veces que tenemos una información puntual, nosotros primero consultamos si vamos a tener apoyo para pagar, y una vez que se tenga el ok se continúa con el proceso”, acotó.

En la intervenida admi­nistración munici­pal de Miguel Prieto siguen las “sorpresas”, tras revelarse que uno de sus asesores de educación y cul­tura, Pedro Bonifacio Espi­noza Chávez, guarda víncu­los directos con la líder del grupo criminal autodeno­minado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

Espinoza Chávez, actual fun­cionario de la Municipalidad de Ciudad del Este, es pareja de Dora Meza, hermana de Magna Meza, identificada por las autoridades como líder activa del grupo crimi­nal EPP y de Aldo Meza, ante­rior líder y ahora cumpliendo condena.

Esta relación familiar ya había generado controver­sia en el pasado, pero el caso se agrava al recordar que en 2016, Espinoza y su pareja fueron objeto de un allana­miento donde se incautaron cargamentos de marihuana y panfletos alusivos al grupo criminal.

La presencia de panfletos del EPP en ese procedimiento no fue un hecho menor. Las auto­ridades lo vincularon en su momento con actividades de propaganda del grupo crimi­nal, aunque nunca se forma­lizaron acusaciones directas. A pesar de ese oscuro ante­cedente, Miguel Prieto lo incluyó dentro de su equipo municipal.

La decisión del intendente levanta serias dudas sobre los filtros éticos y legales en la contratación de personal dentro del municipio. ¿Se hizo una evaluación de antece­dentes? ¿Se investigaron las conexiones familiares con el EPP, una organización res­ponsable de secuestros, ase­sinatos y extorsiones?

En redes sociales, ciudadanos de la capital del Alto Paraná reaccionaron molestos pues consideran que el municipio no puede ser refugio de perso­nas ligadas, aunque sea indi­rectamente, a organizaciones criminales.

En el marco de un tra­bajo conjunto entre la Dirección de Inte­ligencia de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y la Fuerza de Tarea Con­junta (FTC), fue desmante­lada una de las estructuras complejas y activas de pro­cesamiento de marihuana detectadas en lo que va del año, ubicada en la colonia María Auxiliadora, distrito de Cerro Corá, departa­mento de Amambay.

En el lugar se encontraba un campamento clandestino de gran envergadura, mon­tado con sofisticada logística para la producción masiva de marihuana prensada, ope­rando de forma ininterrum­pida las 24 horas del día, logrando así una optimiza­ción de recursos por parte de la organización criminal.

Durante el operativo fueron incautados 132 paquetes de marihuana prensada con un peso total de 1.500 kilogra­mos, además de 750 bolsas de marihuana picada, en fase de secado, con un peso aproxi­mado de 15.000 kilogramos.

Así también, los intervi­nientes lograron incau­tar 1 prensa hidráulica con motor eléctrico, 11 prensas artesanales, 3 mesas eléc­tricas de corte, congelado­res industriales, generado­res de energía y motores de alto rendimiento, 2 forra­jes industriales para tritu­ración.

Desde la Senad destacaron que la red eléctrica insta­lada de manera permanente y las instalaciones sanitarias con ducha evidencian la per­manencia prolongada de un personal, sin dejar de men­cionar la gran cantidad de herramientas, entre ellas, la prensa eléctrica, la cual genera que el trabajo de pro­cesamiento se dé de manera más rápida.

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, mencionó que el montaje de toda esta estruc­tura evidencia que se trata de una operación criminal bien financiada y orientada a abastecer el mercado bra­sileño, dada su cercanía con la frontera entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã.

Destacó además que este ope­rativo representa un fuerte golpe y afectación definitiva para las cadenas de suminis­tro del narcotráfico en la zona norte del país, logrando a su vez uno de los principales objeti­vos de la Senad, que es la eli­minación de infraestructuras en regiones de alta producción.