El equipo fiscal que investiga la denuncia presentada en 2022 por el exministro Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes no encontró elementos contra el expresidente y solicitó la desestimación de la causa. La acusación del extitular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Ministerio del Interior, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, también afectó a la empresa paraguaya Tabacalera del Este S. A., al ser señalada por supuesto tráfico ilícito de cigarrillos.

“Sabíamos que esto iba a ocurrir porque desde el primer momento, todo lo que dijo el incompetente de Giuzzio, era una enorme estupidez”, opinó José Ortiz, gerente de Tabesa, este viernes en comunicación con el programa “Arriba hoy”, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. “Se realizó una denuncia manipulada con ayuda de la prensa. Fue un show montado y liderado por Mario Abdo Benítez”, aseguró.

Cuestionó que Giuzzio, siendo ministro del Interior en ese momento, llevó la denuncia a una entidad no autorizada para recibir esas acusaciones, la Seprelad. “No lleva a la Fiscalía, que es el órgano competente, y tampoco llevó a la Policía, siendo ministro del Interior, que son los dos órganos autorizados para recibir denuncias”, explicó.

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Agregó que esto constituye en “una prueba fehaciente de la persecución política que recibió el expresidente Horacio Cartes y sus empresas, y principalmente Tabesa”, aseguró Ortiz.

Mientras tanto, destacó que la Fiscalía realizó una investigación muy detallada sobre todos los puntos denunciados por Giuzzio, y esto consta en el documento de pedido de desestimación. “La Fiscalía no dejó de revisar ninguno de los ítems, Giuzzio decía que Tabesa vendía cigarrillos a empresas de maletín; en el informe dice que trabajó con la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, en aquel entonces Subsecretaría de Tributación, y resulta que existían todas las empresas”, apuntó Ortiz.

Con el pedido de la Fiscalía de la desestimación, Ortiz sostuvo que se comprueba que con todo esto el único objetivo fue atacar a Horacio Cartes en un escenario político electoral, por instrucciones del propio presidente de la República y contrincante político, Mario Abdo Benítez.

“Este sucio, incompetente, delincuente, relacionado con narcotraficantes, se dio el tupé y denunció a la empresa de mayor aportante al fisco, haciendo un daño enorme a su reputación, pero todo con un objetivo político de persecución política. Sin dudas, instruccionado por el presidente de la República Mario Abdo Benítez en aquel momento para echar fuera de la cancha a Horacio Cartes”, sentenció.

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El juez Osmar Legal autorizó la extracción de datos de los teléfonos celulares pertenecientes a Lourdes Teresita Ramos, miembro del grupo criminal Ejército del Mariscal López (EML).

La mujer es investigada por tener participación directa con el grupo que secuestró al ganadero Félix Urbieta. El procedimiento de extracción será concretado tras la solicitud de los fiscales Pablo René Zárate y Lorenzo Lezcano.

La extracción estará a cargo de Jorge Sebastián Riquelme Salinas, perito del Laboratorio Forense del Ministerio Público. El magistrado dispuso que todo lo que no esté directamente relacionado con la investigación deberá mantenerse en estricta reserva.

La mujer fue capturada el pasado mes de febrero por los integrantes del Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), en la compañía Salinas Cué.

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El secuestro de Urbieta fue perpetrado en el año 2016 en la estancia San Francisco de Belén Cué, en el distrito de Horqueta, Concepción. La primera prueba de vida se dio 15 días después del plagio y siguieron apareciendo solo hasta febrero del año 2017.

Los criminales habían enviado siete cartas y cinco videos. A partir de que no se pudo cumplir a tiempo con la entrega del dinero para la liberación, consistente inicialmente en USD 500.000, se perdió el contacto con los criminales. Entre las pruebas que recibieron sus familiares se encuentra una carta escrita por Urbieta. El grupo EML es una fracción desprendida del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP).

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El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), teniente coronel Germán Aguilera, confirmó ayer que una célula del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentra en la zona de Canindeyú.

Explicó que con las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarobaná, entre ellas imágenes en las cámaras filmadoras, se puede confirmar que se trata de esta agrupación criminal.

“Afirmo que efectivamente, en base a las pruebas encontradas, una célula del Ejército del Pueblo Paraguayo se encuentra operando en Canindeyú”, confirmó el vocero de la FTC al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Aguilera detalló que ya se contaba con informaciones de inteligencia que indicaban que el grupo se encontraba en la zona de Canindeyú, lo que se terminó confirmando con el ataque de la subcomisaría de la colonia Ybyrarobaná el pasado 3 de mayo.

“Nosotros no instalamos la subárea de pacificación número 5 en vano, en base a informaciones previas de inteligencia y a la presión que recibían estos grupos en sus refugios originales, por San Pedro y Amambay. Tras la neutralización de uno de sus líderes buscaron un lugar seguro y que le proporcionara logística suficiente para poder sobrevivir. Estuvieron inactivos por más de un año”, detalló.

El vocero de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), teniente coronel Germán Aguilera, confirmó este miércoles que una célula del grupo criminal autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentra en la zona de Canindeyú.

Explicó que con las evidencias encontradas tras el ataque a la subcomisaría n.º 10 de la colonia Ybyrarovana, entre ellas imágenes en las cámaras filmadoras, se puede confirmar que se trata de esta agrupación criminal.

“En base a esos indicios, yo afirmo que efectivamente, en base a los indicios, en base a las pruebas encontradas una célula del Ejército del Pueblo Paraguayo se encuentra operando en Canindeyú”, confirmó el vocero de la FTC al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Aguilera detalló que ya se contaba con informaciones de inteligencia que indicaban que el grupo se encontraba en a zona de Canindeyú, lo que se terminó confirmando con el ataque de la subcomisaría de la colonia Ybyrarovaná el pasado 3 de mayo.

“Nosotros no instalamos la subárea de pacificación número 5 en vano, en base a informaciones previas de inteligencia y a la presión que recibían estos grupos en sus refugios originales, por San Pedro y Amambay. Tras la neutralización de uno de sus líderes buscaron un lugar seguro y que le proporcionara logística suficiente para poder sobrevivir. Estuvieron inactivos por más de un año”, detalló.

Indicó además que la FTC se basó en un análisis de inteligencia de que el EPP podría tener una célula que intentaba refugiarse en ese lugar, lo que fue confirmado, y razón por la cual la subárea de pacificación n.º 5 ha sido reforzada con más elementos de fuerzas especiales, “a fin de evitar que un mal, como el terrorismo, que esta gente que causó tanto daño a tantas familias en los departamentos de Amambay y San Pedro hagan lo mismo en este lugar con la gente de bien de Canindeyú”.

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