El proyecto de ley “que prohíbe el uso de cianuro en actividades mineras en el territorio nacional”, presentado por la bancada Democrática del Senado fue tema de debate en una audiencia pública convocada por la senadora Esperanza Martínez, y otros legisladores de la oposición.

La audiencia contó con la presencia de productores de minería y yerbateros, y existe una postura dividida en este sector, algunos están a favor y otros en contra de este proyecto.

Esta iniciativa busca la prohibición del uso de cianuro en minería, tratando de evitar daños ambientales en Paso Yobái. Por un lado, un sector mostró su apoyo a esta propuesta legislativa señalando que la utilización de este componente daña al medio ambiente y afecta la salud poblacional; mientras que otro sector afirma que no se trata de un proyecto técnico, sino más bien político.

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El ingeniero Rubén Irala Galeano, director científico de la Diócesis de Villarrica, encabezó junto con la Universidad Católica y Nacional de Guairá, un estudio científico que, de acuerdo a la exposición del mismo, se confirma que se encontraron metales de cianuro en el agua y hojas de yerba, afirman que la actividad minera con cianuro afecta al medio ambiente y los seres vivos.

“Trabajamos por el ciclo de dos años en una investigación donde enfocamos nuestro trabajo sobre el suelo, aire, agua, recursos hídricos y también en las hojas de yerba mate, y hemos encontrado concentraciones importantes de mercurio y cianuro, que son los dos reactivos que se llegaron a utilizar, hasta ahora, los mineros”, refirió.

Explicó que en la primera fase de la producción artesanal de la minería de oro se llegó a utilizar el mercurio como un reactivo separador del oro del suelo, de manera muy informal, llegando a contaminar todo, mientras que desde el 2018 hasta la actualidad se está utilizando el cianuro para este procedimiento.

“Ambos reactivos son venenosos, tóxicos y también afecta la salud poblacional, ahora ya aparecen enfermedades de la piel, y sobre todo afecta a los cultivos, los cultivos de autoconsumo y también los cultivos de renta que se manejan en la región, que es la yerba mate”, apuntó el ingeniero.

Mientras tanto, representantes de sectores mineros, principalmente de Paso Yobai, alegan que se trata de un proyecto político y no así técnico. Rubén Aguilera, propietario de una empresa que se dedica a la exploración, indicó que desconocen los procedimientos para realizar el estudio presentado sobre el daño que genera este componente.

“Como cualquier que es de interés, creo que tendríamos que ser los primeros en participar y en debatir, de ninguna manera, es más, pedimos nosotros a la pastoral social una audiencia con el obispo (que encabeza el proyecto), no fuimos recibidos, hasta hoy día seguimos esperando. Hemos solicitado una mesa de diálogo con los hermanos yerbateros, tampoco conseguimos. No cuenta con un estudio técnico y científico”, cuestionó.

Agregó que además de no tener participación en esta iniciativa, desde los estudios realizados, tampoco fueron tenidos en cuenta con relación al impacto que tendrá la prohibición de la utilización del componente, y afirma que generará la pérdida de una fuente de trabajo.

“Esta ley no es técnica, esto es político, por denuncias y por un respaldo que nosotros hoy vamos a reclamar. Si nosotros hubiéramos participado en ese análisis, nosotros no sabemos si hay mala intención, por eso queríamos saber qué métodos utilizaron, porque tiene sus métodos, y nosotros desconocemos totalmente el procedimiento. Vamos a tener un impacto económico enorme, es todo lo contrario, acá nos tendrían que dar apoyo para poder desarrollar este rubro tan importante que puede ser un polo de desarrollo para nuestro país”, puntualizó.

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El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, arremetió ayer miércoles contra la justicia por pedir su desafuero para que sea juzgado por corrupción, lo que elevó la tensión política de cara a las elecciones de febrero en este país de reconocida trayectoria democrática. Señalado por sus críticos de irrespetar la independencia de poderes, Chaves, un economista conservador de 64 años, ha gobernado desde 2022 en abierto enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Asamblea Legislativa -mayoritariamente de oposición- y el Tribunal Electoral.

Pero el martes el conflicto de poderes subió de tono cuando la Corte Suprema de Justicia pidió al Congreso que levante la inmunidad del presidente para que enfrente cargos de delitos de corrupción señalados por la Fiscalía. “La Corte sigue destruyendo la poca credibilidad que tiene, sigue construyéndose en una vergüenza nacional”, afirmó este miércoles Chaves en su conferencia de prensa semanal.

Esta es la primera vez en la historia del país centroamericano que el poder judicial pide quitar la inmunidad a un presidente, lo que el analista Felipe Alpízar, catedrático de la Universidad de Costa Rica, calificó como un “terremoto político”. Chaves, exfuncionario del Banco Mundial, fue señalado por la Fiscalía de obligar a una empresa de servicios de comunicación contratada por la Presidencia a darle 32.000 dólares a su amigo y exasesor de imagen Federico Cruz.

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El fiscal atribuye al presidente el delito de “concusión” (abuso de poder de un funcionario para favorecer a alguien), que se castiga con penas de dos a ocho años de cárcel.

Según la Fiscalía, la contratación de la empresa para el mandato de Chaves de 2022 a 2026 se hizo con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) con un procedimiento “aparentemente” indebido.

“Ni la Corte ni el fiscal buscan justicia. No, lo que buscan es sacarse un clavo (venganza)” porque “este gobierno ha expuesto las estructuras de grandes privilegios de los grupos poderosos en contubernio con la cúpula del Poder Judicial”, agregó.

Las autoridades judiciales y electorales también investigan al presidente por supuesto financiamiento irregular en su pasada campaña electoral y por interferir en la contienda para los próximos comicios, lo cual está prohibido por la legislación costarrricense.

Según Chaves, los magistrados están molestos porque “hay un presidente que no les debe favores, que no les guarda secretos y que no les permite hacer lo que les da la gana”.

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Magistrados de la Corte, diputados y otras autoridades del Estado critican lo que consideran una deriva autoritaria de Chaves y le piden respetar la independencia de poderes.

Costa Rica ha sido por décadas la democracia más estable de Centroamérica, una región sacudida en la segunda mitad del siglo pasado por cruentas guerras civiles.

“Lo que está en juego es la democracia costarricense tal como la conocemos”, dijo Alpízar, quien advirtió que, pese a la crisis política, “hay instituciones muy firmes”.

Chaves, admirador del presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dicho que espera que su partido obtenga en las próximas elecciones una mayoría calificada en el Congreso para reformar la Constitución y dar más poder al Ejecutivo.

Para Alpízar, esta crisis afectará el rumbo de la campaña porque puede convertirse en una especie de “referendo a favor o en contra de Chaves” sin que se debatan “los problemas de fondo” del país, como la creciente violencia criminal.

Aunque su perfil de líder populista de mano dura atrae simpatías en parte de la población, Chaves no puede aspirar a la reelección consecutiva, prohibida en Costa Rica, pero funcionarios cercanos no descartan que busque un escaño en la Asamblea Legislativa.

No obstante, para lanzar una candidatura a diputado deberá renunciar antes del 31 de julio y perdería su inmunidad automáticamente, lo cual lo dejaría al descubierto para ser procesado. El pedido de la Corte sobre el despojo de la inmunidad debe primero ser debatido en comisión parlamentaria y luego por el Congreso en pleno.

Fuente: AFP.

Este martes 1 de julio, conforme a lo que establece la Constitucional Nacional arranca un nuevo periodo legislativo, con la salvedad de que el diputado Raúl Latorre, presidente de la Cámara de Diputados y el senador Basilio Núñez, titular de la Cámara Alta, comienzan hoy un nuevo periodo al frente del Congreso Nacional.

La particularidad de este nuevo comienzo es que los legisladores de ambas cámaras han definido ya sus respectivas Mesas Directivas meses atrás, cuando dieron sus votos de confianza para que se mantengan por un periodo más tanto Latorre al frente de la Cámara Baja y el senador Bachi Núñez como titular de la Cámara Alta y por ende presidente del Congreso Nacional.

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Al respecto, el diputado Latorre manifestó antes del inicio de la primera sesión ordinaria de este periodo, que se realizó este martes, que celebra el comienzo de esta nueva administración con el nacimiento de su hija.

“No puedo dejar de agradecer a mis colegas que, en una tercera ocasión me han brindado su confianza y me han permitido seguir ejerciendo la presidencia de la Cámara, con el 93 % de los votos de mis colegas, eso me permite seguir por el camino del diálogo y los consensos”, opinó Latorre.

Cabe recordar que la Cámara de Diputados había aprobado en marzo de este año la definición de las autoridades que conforman la Mesa Directiva que a partir de hoy asume la conducción. En esa ocasión, Latorre había sido electo presidente para continuar al frente de la Cámara Baja, con 74 votos, de los 80 que conforman el cuerpo legislativo.

En tanto, ya en diciembre del año pasado, la Cámara de Senadores había modificado su reglamento interno para que la duración de mandatos suba a dos años para los primeros dos periodos legislativos y se mantenga un año para el último periodo. Esto significa que el senador Basilio Núñez presidirá el Senado y el Congreso hasta junio de 2027.

En tanto que la Mesa Directiva del Senado está integrada además por Ramón Retamozo, en la Vicepresidencia Primera, Dionisio Amarilla; en la Vicepresidencia Segunda y como secretarios parlametarios están Patrick Kemper, Hermelinda Alvarenga y Lizarella Valiente.

En la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados están en la Vicepresidencia Primera el diputado Hugo Meza y como vicepresidente segundo el diputado Jorge Ávalos Mariño.

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El Poder Ejecutivo remitió este martes a la Cámara de Senadores el pedido de acuerdo constitucional para designar al senador Gustavo Leite como embajador de Paraguay ante el gobierno de los Estados Unidos. El documento enviado está firmado por el presidente de la República, Santiago Peña.

“De conformidad con lo dispuesto por la Constitución, en sus artículos 238 numeral 7), y 224 numeral 3), con sumo agrado me dirijo a vuestra honorabilidad, con ocasión de solicitar el correspondiente acuerdo a fin de proceder a la designación del señor Gustavo Alfredo Leite Gusinky, en carácter de embajador extraordinario y plenipotenciario de la República del Paraguay ante los Estados Unidos de América”, reza el documento.

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El pedido debe ser remitido a las comisiones asesoras correspondientes, Asuntos Constitucionales, de Relaciones Exteriores, y otras para su análisis. Las mismas convocarán al actual senador para exponer sus proyecciones ante la representación diplomática. Las comisiones deberán emitir un dictamen y luego ser puesto a consideración del pleno de la Cámara Alta.

La Cámara de Senadores también debe otorgar el permiso correspondiente para que sea designado como embajador y convocar al suplente para ocupar la banca que deje el actual senador Leite.

Gustavo Leite ocupó el cargo de ministro de Industria y Comercio en el período 2013 a 2018 durante el gobierno del expresidente de la República, Horacio Cartes. Ingresó con un curul en la Cámara de Senadores en las elecciones nacionales del 2023 en representación al Partido Colorado.

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