El diputado Walter Harms, de Honor Colorado, también se refirió a las expresiones de Rodolfo Friedmann hacia la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, mencionando que esta “podría pegarse un tiro”. En este sentido, el legislador mencionó que el exministro se está comportando no solo como un delincuente, sino como un mafioso recurriendo a amenazas públicas como las que realizó ayer.
“El ciudadano Rodolfo Friedmann, con estas últimas declaraciones, no solamente confirma que es un delincuente, sino que actúa como mafioso, esas amenazas peladas de que podría terminar con un tiro es que como que nos traslada al caso del fiscal Nisman en Argentina”, sentenció Harms.
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El parlamentario fue más allá y mencionó que en una situación como esta, en la que una persona como Friedmann está acostumbrada a la impunidad y a los lujos, todo intento sería válido para no ir a la cárcel. “Es peligroso porque una persona como él, acostumbrada al robo impune y al derroche, al lujos sin que nadie eche mano a la ley para pararlo. Creo que está dando los últimos pasos desesperados antes de ir a la cárcel”, indicó el diputado colorado.
Por último, mencionó que el Ministerio Público debe abrir una investigación sobre las declaraciones del político. “Amerita una investigación y una carpeta fiscal por amenazas, esta es la muestra para mí que las personas que se creían intocables, que se sentían impunes, se les está acabando el tiempo en Paraguay”, puntualizó.
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Caso Tía Chela: fiscal Silvio Corbeta advierte que Miguel Prieto amenaza a testigos clave
El fiscal Silvio Corbeta denunció las amenazas “innecesarias” del exintendente destituido de Ciudad del Este, Miguel Prieto, hacia testigos y denunciantes de irregularidades durante su administración municipal.
Corbeta integra el equipo del Ministerio Público que encabeza el juicio oral y público en el caso Tía Chela. En este proceso judicial se encuentra acusado el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, junto con otras personas
El fiscal hizo referencia a las declaraciones de Prieto hacia el exconcejal Celso “Kelembú” Miranda, quien realizó varias denuncias en su contra, anunciando que lo demandará por denuncia falta en el caso de una supuesta sobrefacturación en la licitación de la planta asfáltica municipal, que finalmente fue desestimada.
“Se amenaza al testigo que va a venir a declarar, en este caso, el señor Celso Miranda de forma innecesaria porque gracias a él fue que se evitó ese perjuicio patrimonial, y fue porque justamente no se llegó a pagar”, dijo el fiscal a los medios de prensa.
Recordó que no es por un trabajo, ni por una gestión que hizo el acusado, “es por un trabajo de la fiscalía que justamente no hubo pago y al no no haber pago no hubo un perjuicio patrimonial”, refirió el fiscal.
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En este sentido, indicó que no es una clara amenaza, y no solamente hacia Miranda, sino que también amenazó al director de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (Dnit) Óscar Orué y a otros testigos que son “testigos trascendentales” para el juicio. Agregó que la actitud amenazante del exintendente incluso puede ser sancionada por el Tribunal.
“Eso podríamos dejar a consideración del Tribunal, pero son amenazas que se hacen a los testigos que van a venir a declarar en contra, se puede tomar ciertas medidas indisciplinarias, incluso puede ser motivo de una revocación de libertad, pero nosotros igual vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, refirió.
La desestimación
El fiscal Corbeta explicó que el caso de desestimación ya se dio en el mes de agosto de este año solicitada ya en marzo por los propios fiscales investigadores, y que no se trata de un hecho nuevo como lo instaló Prieto semanas atrás. Indicó que esta desestimación incluso se dio por la colaboración del exconcejal Miranda.
“La desestimación fue justamente porque no hubo el pago a la empresa contratista y la empresa contratada y seleccionada por el intendente Miguel Prieto, fue la empresa más cara, entonces, cuando se hizo la denuncia ante la Fiscalía, las demás empresas proveedoras hicieron su protesta correspondiente ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas y eso evitó que la municipalidad pague por el mismo servicio mucho más caro y esa fue la denuncia”, sentenció.
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Violencia familiar, lesiones y amenazas, entre las principales denuncias que involucra a pueblos originarios
Entre 2023 y 2026 se analizaron más de 3,100 hechos punibles relacionados con personas indígenas. El estudio abarcó 2,746 causas penales y permitió identificar las principales denuncias, su distribución territorial y las situaciones que involucran a la población nativa como presuntas víctimas o presuntos responsables.
El Ministerio Público, a través de la Dirección de Planificación y su Departamento de Estadística, procesó información correspondiente a 3.119 hechos punibles denunciados en 2.746 causas penales, cuyos relatos iniciales mencionan situaciones vinculadas a personas o comunidades indígenas. El estudio comprende el periodo de enero de 2023 a agosto de 2026. A partir de estos registros, la Dirección de Comunicación y Prensa realizó un análisis periodístico e institucional para identificar los principales hallazgos y contribuir a su comprensión desde una perspectiva informativa y de derechos.
De los hechos examinados, 2.415 registraron al menos una presunta víctima indígena, mientras que en 2.076 se identificó al menos una persona indígena como presunta responsable. Ambas categorías pueden coincidir en un mismo hecho, por lo que no deben sumarse.
Principales denuncias
Entre los hechos que involucran a presuntas víctimas indígenas:
- la violencia familiar registró 246 casos
- 199 lesiones
- 169 amenazas
- 152 registros de homicidio doloso
- y 118 de abuso sexual en niños
Estos resultados permiten observar la diversidad de situaciones denunciadas que afectan a integrantes de pueblos indígenas, incluidos hechos relacionados con la integridad física, la seguridad y la protección de niños, niñas y adolescentes.
Registro aumenta entre 2023 y 2025
El análisis muestra que los hechos punibles registrados pasaron de 665 en 2023 a 768 en 2024, y a 1.010 en 2025, lo que representa un incremento del 51,9 % entre el primero y el último de esos años.
Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 676 hechos, cifra correspondiente a un periodo parcial. Cabe destacar que el aumento de los registros no implica necesariamente un incremento equivalente en la ocurrencia real de los delitos, ya que los datos corresponden a denuncias y no permiten determinar las causas exactas de esa variación.
Canindeyú, Caaguazú y Amambay
En la distribución territorial, Canindeyú encabezó los registros con 781 hechos punibles, seguido de Caaguazú con 539 y Amambay con 476. Estos tres departamentos concentraron el 57,6 % del total de los casos analizados. Estas cantidades reflejan los registros del Ministerio Público y no constituyen tasas de criminalidad, ni permiten establecer qué departamentos presentan un mayor riesgo para la población indígena.
Derechos y acceso a la Justicia
El análisis aporta información clave sobre las denuncias que involucran a personas indígenas y contribuye a conocer las situaciones que llegan al sistema penal.
La Constitución Nacional reconoce la identidad étnica, las formas de organización y los derechos de los pueblos indígenas. En este contexto, el acceso a la Justicia requiere considerar las particularidades culturales y lingüísticas de las personas involucradas, con pleno respeto a sus garantías y derechos.
Los resultados corresponden estrictamente a la información registrada al momento de la denuncia; por lo tanto, no representan hechos judicialmente comprobados ni permiten determinar responsabilidades penales de forma anticipada.
Con este estudio, el Ministerio Público pone a disposición información estadística que contribuye a visibilizar las situaciones denunciadas y a profundizar el conocimiento sobre los derechos y el acceso a la Justicia de los pueblos indígenas.
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Amarilla cuestiona a medios por generar incertidumbre sobre el sistema financiero
El senador liberal Dionisio Amarilla cuestionó las publicaciones periodísticas de conglomerados mediáticos vinculados a bancos privados, que sigan instalando una supuesta incertidumbre sobre la situación del sistema financiero paraguayo.
Luego de que el titular del senado, Basilio Núñez, dispusiera la apertura del sobre remitido por el Banco Central del Paraguay, que contenía las respuestas a los cinco pedidos de informes respecto al sistema financiero, el legislador liberal brindó unas declaraciones a través de sus redes sociales en las que aseguró que, de acuerdo a ese informe, ueno bank goza de “buena salud” y calificó de “temerarias” las informaciones divulgadas por los grupos de medios de ABC Color y Última Hora.
“Revisando el informe del BCP no podemos seguir tolerando que ABC Color, vinculado a Atlas, y que Última Hora, vinculado al GNB, sigan instalando incertidumbres absurdas sobre la solvencia del sistema bancario/ financiero en el Paraguay”, sentenció.
En ese sentido, el senador liberal pidió no permanecer en silencio ante lo que considera informaciones que generan incertidumbre financiera. “Lo que están haciendo es temerario y hay que decir que ueno, por lo que se informa, goza de buena Salud. No corresponde quedarse callados ante la intención de corridas que buscaron ABC Color y Ultima Hora”, acotó.
Respuestas del BCP
En un segundo posteo en redes, el legislador brindó más detalles sobre el contenido de las 31 fojas que comprende el informe del BCP, Amarilla explicó que a su entender la documentación muestra que la entidad ueno bank fue supervisada y que las observaciones detectadas fueron atendidas dentro de los plazos establecidos.
Indicó que, el informe detalla que la Superintendencia de Bancos detectó una diferencia en el registro de partes vinculadas al cruzar información con la Central de Riesgos. Señaló que el BCP explica que la firma privada habría excedido temporalmente un límite de exposición, pero que, de acuerdo con el BCP, la entidad fue notificada el 5 de junio y corrigió la situación dentro del plazo legal, por lo que no correspondió exigirle un Plan de Regularización.
“El BCP mostró que el sistema es estricto. En los últimos 24 meses hubo un solo caso de exceso en límites con vinculados en todo el sistema, y se resolvió sin sanción porque la entidad corrigió a tiempo. El BCP siguió exigiendo. En julio pidió sumar más sociedades al grupo vinculado y recalcular la exposición. Ergo ueno bank cumplió en tiempo y forma. También informa el BCP que en agosto emitió un requerimiento de obligada observancia y su Unidad Jurídica emitió el Dictamen 84/2026”, remarca el legislador.
Sumarios administrativos
Por otra parte, Amarilla se refirió al sumario administrativo, relacionado con una operación de venta de cartera; el legislador remarcó que el procedimiento todavía está en curso y que debe determinar si existió o no alguna falta administrativa.
Según su interpretación, el sumario constituye un mecanismo ordinario de control dentro del BCP y no implica por sí mismo una crisis o un fraude. Añadió que el dictamen jurídico del BCP concluyó que la cesión analizada cumple con los requisitos de validez.
En lo que respecta a fusiones de entidades bancarias, Amarilla indicó que las facilidades otorgadas por el BCP no constituirían un privilegio particular, ya que, según su lectura, se aplicaron “medidas similares” en anteriores fusiones bancarias, como GNB-BBVA, Sudameris-Regional y Continental-Río. Explicó que el objetivo sería proteger a los ahorristas y evitar efectos de contagio en el sistema financiero.
“Hay que entender que los bancos están expuestos a fiscalizaciones, permanentes, y a sumarios administrativos y de hecho prácticamente todos los bancos han sido sumariados y sancionados en los últimos 10 años, y existe un registro público de sanciones en el sitio web del BCP. Me tomé la molestia de interiorizarme sobre eso y es lo que puedo rescatar de una lectura rápida del informe”, concluyó el legislador.
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Ante amenaza de Giuzzio a fiscales, juicio se reanuda con custodia policial
Ante las presuntas amenazas efectuadas por Arnaldo Giuzzio contra los fiscales Verónica Valdez y Jorge Arce, el juicio oral y público contra el exministro del Interior se reanudó este martes 1 de setiembre bajo una fuerte custodia policial. Acusado por cohecho pasivo agravado, el exfuncionario fue captado durante un cruce contra los agentes de la unidad especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción.
Este tipo de situaciones solo se observa cuando son juzgados peligrosos delincuentes vinculados con las mafias, como es el caso de integrantes de las facciones criminales del Primer Comando Capital (PCC) y el Comando Vermelho.
La fiscal Valdez, desde el ingreso a la sede judicial, fue custodiada por varios uniformados para evitar cualquier tipo de roces o agresión física que pueda sufrir por parte del exfuncionario de Estado que es juzgado por su relacionamiento con el narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, detenido en Brasil.
En la ocasión, la agente puso a conocimiento del Tribunal de Sentencia, que integran los magistrados Adriana Planás, Yolanda Morel y Matías Garcete; la situación de amedrentamiento protagonizada por Giuzzio, al término de la audiencia anterior, alegando que “se dirigió hacia nosotros levantando la voz con una actitud desafiante y desmedida como se puede apreciar a través de filmaciones de medios de comunicación que registraron la situación, esto sucedió al culminar la audiencia. Atendiendo que ya se presentaron situaciones similares solicitamos al tribunal que las audiencias se desarrollen en el marco del respeto y que no se repitan”.
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Antecedentes
La cámara del canal GEN/Nación Media captó el lunes 24 de agosto el momento en el que el exministro del Interior y de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) increpa a ambos agentes del Ministerio Público, apuntando con el dedo. “Vamos a hablar después”, mencionó de manera prepotente tras ser vinculado a Marcus Vinicius por su exviceministro de Defensa Interna, Pablo Ríos, y otros testigos claves que se desempeñaron como funcionarios de la empresa Ombú S.A. del capo narco.
El presunto amedrentamiento de Giuzzio surgió luego de que el fiscal Arce le haya solicitado concentrarse en su defensa como recurso para apaciguar el atropello y garantizar el respeto al debido proceso. “Abranlena chamigo una causa, tenganna huevos. Yo estoy súper concentrado en mi defensa, ustedes lo que tienen que concentrarse después”, dijo el acusado al reclamar imputaciones contra otras personas ajenas a su causa.
“Este tribunal ha tomado conocimiento, se le ha informado con relación a esta situación que ocurrió fuera de la sala de juicio. En este sentido hemos tomado como medidas mantener la seguridad tanto dentro como fuera de la sala y ya están previstas todas las situaciones para que en adelante contemos con la debida seguridad. Le recuerdo a todas las partes que debemos comportarnos, mantener el respeto entre todos y no se permitirá falta de respeto ni actitudes de violencia”, afirmó la jueza Planás.
Acusación contra Giuzzio
La acusación contra Giuzzio fue presentada el 16 de agosto del 2023 por los fiscales anticorrupción Diego Arzamendia y Jorge Arce, quienes sostienen que el exfuncionario del gobierno de Mario Abdo Benítez tenía pleno conocimiento de las intenciones de Marcus Vinicius de obtener contratos con el Estado paraguayo, concretamente con el Ministerio del Interior, institución que Giuzzio lideraba hasta febrero del 2022.
La Fiscalía construyó su hipótesis conforme a supuestas conversaciones vía WhatsApp que fueron anexadas a la documentación de la causa, concluyendo que dichas evidencias exponen que hubo más de un encuentro entre Giuzzio y Marcus Vinicius. Entre las pruebas presentadas por los agentes fiscales se menciona también que el exsecretario de Estado usó una camioneta del capo narco para vacacionar en Brasil entre diciembre del 2021 y enero del 2022.