El vicepresidente Hugo Velázquez participará el lunes a las 14:00 de la sesión de la subcomisión social de la Comisión Bicameral de Reordenamiento del Estado para presentar el proyecto de ley de servicio social.
El ministro de Hacienda, Benigno López, ya lo había presentado ante la Comisión. Ahora, la senadora Blanca Ovelar, presidenta la comisión, recibirá la propuesta para analizarla entre los integrantes del equipo legislativo.
También estarán presentes los temas de la reforma del sistema de salud con el equipo del Ministerio de Salud, enfocados en la Agencia Única de Medicamentos y las experiencias en la región.
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La propuesta del Ejecutivo busca que el acceso a la función pública sea mediante la meritocracia, además pretende limitar los cargos de confianza de ministros y directores del Estado a solo 4 puestos. El objetivo es perfeccionar el funcionamiento estructural estatal.
En el mismo sentido, para el Poder Legislativo se prevé que sean solo 3 los asesores que culminarán sus funciones cuando los legisladores dejen el cargo. De esta forma se busca evitar la superpoblación en la función pública.
Al finalizar esta actividad, está prevista que la Bicameral de la reforma presidida por el diputado Raúl Latorre tenga su encuentro ordinario. La misma está prevista para las 15:30, de forma virtual y presencial, en la sala de sesiones de la Cámara de Diputados.
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Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán
El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, salió al paso de las publicaciones periodísticas realizadas por el diario ABC Color, donde se alega que ocultó datos sobre cinco llamados a licitaciones por USD 3 millones, recursos provenientes de los USD 8 millones donados por la República de China (Taiwán) al Poder Legislativo.
“Ante publicaciones periodísticas que generan cuestionamientos sobre los procesos vinculados a la cooperación, el Congreso Nacional considera oportuno aclarar que los mismos se ajustan plenamente al marco jurídico vigente y a los mecanismos institucionales de control. Las afirmaciones relativas a supuesta opacidad, direccionamiento o irregularidades carecen de respaldo técnico y omiten considerar tanto el marco normativo aplicable como los mecanismos de control implementados“, afirma el comunicado emitido por Núñez.
Señala también que “El Congreso Nacional reitera su compromiso con la transparencia, la legalidad y la plena colaboración con las instituciones de control, manteniendo a disposición toda la información necesaria para su verificación”.
La publicación de ABC color refiere que durante las convocatorias, los procesos se realizaron eludiendo la Ley de Contrataciones Públicas, ocultando los contratos y negando solicitudes de acceso a la información.
El medio de comunicación alega que los contratos, destinados a modernizar la infraestructuras del Congreso Nacional, salieron a luz recién en febrero y que fueron tramitados “con una reglamentación oculta hasta la fecha”. A la vez expresa que estuvo marcado por plazos cortos y la cancelación de los llamados originales por falta de oferentes.
Ante dichas acusaciones, Núñez argumentó que “la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas ha determinado de manera expresa que los procedimientos vinculados a este proyecto se encuentran excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 7021/2022, conforme a lo dispuesto en su artículo 3°, inciso k), en razón de tratarse de una cooperación internacional en la cual no existe erogación de fondos públicos ni administración financiera por parte del Congreso“.
Agrega que “en ese sentido, no corresponde sostener que se ha eludido la ley, cuando es el propio órgano rector en materia de contrataciones públicas el que ha establecido su inaplicabilidad en este caso concreto. No obstante dicha exclusión, el Congreso Nacional ha adoptado estándares reforzados de transparencia en la ejecución del proyecto, orientado a la modernización y mejoramiento de la infraestructura del Poder Legislativo, mediante recursos de cooperación internacional".
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Pasos realizados para las licitaciones
La presidencia de Núñez detalla que, durante el proceso de licitación, se dictó un Reglamento Interno de Contrataciones que reproduce sustancialmente los principios, etapas y garantías procedimentales previstos en la Ley Nº 7021/2022, adecuándolos a la naturaleza del proyecto y su fuente de financiamiento.
Añade que los llamados fueron publicados en la plataforma de la DNCP, posibilitando la participación de oferentes, aun cuando no existía obligación legal de canalizarlos a través de dicho sistema.
Sostiene que se conformaron instancias técnicas especializadas, como la Unidad Ejecutora del Proyecto y el Comité de Evaluación, que garantizan la trazabilidad, el análisis técnico y el control en cada etapa del proceso.
Intervención de la Contraloría
“Cabe señalar, además que, en septiembre de 2025, la Presidencia del Congreso Nacional solicitó formalmente a la Contraloría General de la República la verificación de los procesos de contratación vinculados a este proyecto, en el marco de los principios de transparencia y probidad, poniendo a disposición toda la documentación correspondiente”, manifiesta la nota.
Menciona además que "este antecedente demuestra que no solo no existió ocultamiento alguno, sino que se promovió activamente el control institucional desde el inicio del proceso. Actualmente, los procesos se encuentran sometidos a la verificación del órgano constitucional competente, lo cual refuerza las garantías de control y fiscalización".
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Núñez anuncia proyecto para eliminar bonificaciones por responsabilidad en cargos públicos
En el marco de la aplicación de una “economía de guerra” en la Administración Central, anunciada desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el titular del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, anunció la presentación de un proyecto de ley para la eliminación de bonificaciones en el cargo en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
“Las bonificaciones están previstas desde el 2018, pero en una economía de guerra como lo mencionó el ministro Carlos Fernández Valdovinos, el esfuerzo debe empezar por la dirigencia política, los ordenadores de gastos; es por eso que, junto con otros colegas, vamos a impulsar un proyecto de ley para la eliminación de este tipo de asignaciones en los tres poderes del Estado para los funcionarios que ocupen cargos de conducción política", indicó este lunes en una conferencia de prensa.
Detalló que la medida de supresión del pago de bonificaciones abarcará el ejercicio fiscal del 2026. “Vamos a ajustarnos nosotros los cinturones y esperamos que también los otros poderes del Estado. Esto afectará por ejemplo a los senadores, diputados, gobernadores, el presidente de la República, el vicepresidente, los ministros del Ejecutivo, miembros del directorio del Banco Central del Paraguay, presidentes y miembros de directorio de entidades financieras, procurador, ministros de la Corte Suprema de Justicia", indicó.
Núñez señaló que la lista sigue con el “fiscal general del Estado, defensor del pueblo, defensor sindico, ministros de la Justicia Electoral, contralor general de la República y presidentes de entes“.
El parlamentario sostuvo que conversarán con el titular de Economía, Carlos Fernández Valdovinos, para que el monto ahorrado vaya destinado a sectores sociales y al pago de deudas".
Por otra parte, Núñez informó que tomó la decisión de renunciar a las bonificaciones de representación hasta finalizar su mandato en el 2028. A través de las asignaciones, su salario ascendía a aproximadamente G. 63 millones mensuales.
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Núñez celebra captura de Marset: “Que caigan todos los que deben caer”
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, aguarda que tras la detención de Sebastián Marset, en Bolivia, toda su estructura criminal finalmente quede desbaratada. El capo narco es requerido por la justicia de Estados Unidos, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Colombia.
“Celebramos la detención, es un hecho importante para la región, sabemos que esta buscado por varios países, veremos la dinámica de los sucesos para estar atentos", afirmó a los medios de comunicación.
El parlamentario acotó: “Será un logro si Marset llega a hablar. Que caigan todos los que deben caer, sin ninguna excepción”. El operativo de captura de Marset fue liderado por uniformados de la Administración de Control de Drogas (DEA), junto con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de Sustancias Controladas.
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El uruguayo fue aprehendido en la zona de Las Palmas, donde se desplegó un megaoperativo desde las 02:00 horas de este viernes 06 de marzo. Marset figura en la nómina de los narcotraficantes más buscados por la DEA y se encontraba prófugo desde 2023, cuando logró burlar una operación policial destinada a capturarlo en Bolivia.
Estados Unidos, ofrece una recompensa de USD 2 millones (G. 15.600 millones) para quienes provean informaciones que conduzcan a su arresto y condena. El capo narco ingresó en el radar de los Estados Unidos mediante la operación de transferencia que realizó uno de sus principales cómplices, desde un banco de Portugal a otro en China.
El monto aproximado fue de USD 32 millones. La operación tuvo como intermediario a una institución financiera de Estados Unidos, que la aprobó mediante un servidor ubicado en Richmond (Virginia). Esta es una transferencia de un monto muy bajo para el mundo del narcotráfico, pero fue clave en la investigación contra Marset.
La citada transferencia fue una de las transacciones utilizadas por el país nortemaricano para acusar formalmente a Marset de lavado de activos. Los fiscales de la causa refieren que el uruguayo es el líder de una organización de narcotráfico a gran escala que distribuyó miles de kilogramos de cocaína desde América del Sur con destino a Europa y que tuvo operaciones en Bolivia, Paraguay, Brasil, Bélgica, Países Bajos y Portugal.
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Guadalupe Aveiro juró ayer como nueva senadora
La dirigente colorada Guadalupe Aveiro juró ayer como senadora en reemplazo de Erico Galeano, quien solicitó a la presidencia de la Cámara Alta, encabezada por Basilio “Bachi” Núñez, permiso sin goce de dieta hasta tanto quede firme y ejecutoriada la sentencia definitiva sobre el proceso judicial en su contra por asociación criminal y lavado de dinero, en el marco del operativo A Ultranza Py.
No es la primera vez que Aveiro llega al Congreso Nacional en sustitución de un legislador. Ya lo hizo en el año 2022, cuando Juan Carlos Ozorio se vio obligado a renunciar a su banca en la Cámara de Diputados por sus nexos con estructuras criminales.
Galeano fue sentenciado en primera instancia a 13 años de prisión por el Tribunal de Sentencia integrado por los jueces Pablino Barreto, Juan Dávalos e Inés Galarza. Desde la Fiscalía sostuvieron que una aeronave de la marca Beech, propiedad del legislador, fue utilizada como medio de transporte por integrantes de una banda criminal dedicada al tráfico internacional de drogas, entre ellos, Miguel Ángel Insfrán, alias Tío Rico; Sebastián Marset, Jorge Giménez Bogado y Alexis Vidal González.
También alegaron que, a cambio de la aeronave, Galeano habría recibido dinero proveniente del tráfico internacional de drogas, que insertó dentro del sistema financiero y económico nacional mediante la modalidad de préstamo y cancelación anticipada, o bien a través de compra de bienes.
El Ministerio Público también indicó que Galeano recibió aproximadamente USD 1.000.000 para la compra de un inmueble, por lo que se sospecha que el dinero utilizado para la operación provendría del crimen organizado.