El electo subcontralor de la República, Augusto Paiva asegura que su rol será preponderante a la hora de coordinar las tareas de verificación del uso de los recursos públicos con los demás organismos como el Ministerio Público y Poder Judicial.

“Vamos a trabajar conjuntamente como especie de enlace con el Congreso Nacional, el consejo de gobernadores y la Asociación de municipalidades, para acompañar las tareas de rendición de cuentas en tiempo y forma sobre el uso debido de los royalties y del Fonacide”, sostuvo en contacto con La Nación.

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También, asegura que tiene como objetivo dejar de lado la visión de que la Contraloría General de la República es una institución que actúa por banderías políticas. “Voy a poner mi empeño para trabajar con todos los legisladores”, aseguró.

Agradeció el acompañamiento mayoritario que tuvo en Diputados con 73 votos de colorados y liberales. “Es una decisión de la clase política que madura para dar oportunidad y no vuelva a ser un fracaso”, añadió.

Aseguró que para eso trabajará de cerca con el contralor Camilo Benítez para coordinar las tareas que requieran vigilar el uso debido de los fondos por parte de intendentes y gobernaciones. “Para eso la Contraloría hablará a través de las auditorías y de los órganos de control”, dijo.

De esta forma se pone a disposición de la clase política y de los organismos como la Fiscalía y el Poder Judicial, para así lograr un trabajo mancomunado, y cumplir con el rol de la verificación de las cuentas de la arcas públicas y de las instituciones del Estado representado por las sindicaturas.

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Experiencia

El candidato es de profesión abogado por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (UNA); magíster en planificación y conducción estratégica por el Instituto de Altos Estudios Estratégico (IAEE). Además, obtuvo un diplomado internacional en derecho constitucional de la Universita di Bologna Italia y una especialización en gobernabilidad, gestión política y pública por la Universidad Columbia.

En el 2013 llegó al cargo de ministro secretario privado del presidente de la República, Federico Franco. También se desempeñó como síndico de la CGR ante la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), designado en el 2018.

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