El comisario Gustavo Barrios, director de Policía del departamento Central, confirmó que se dispuso una investigación en torno al uso de una patrullera de la Comisaría 7ma. de Ñemby para ir de compras, según se pudo viralizar en las redes sociales. Aseguró que no apañará a ningún personal y que sancionará a los responsables.

“Desde el primer momento que se pasó el video yo ya me puse en contacto con la gente de Asuntos Internos de la Policía para que envíen su personal a los efectos de intervenir dicha dependencia. Y yo también me estoy yendo, le estoy convocando al personal que estuvo el día domingo”, señaló al canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Calificó de “muy grave” que se haya utilizado el móvil patrullero para transportar bebida alcohólica. “Es una falta a los deberes policiales que tiene su sanción y por esa razón ya convoqué al personal de Asuntos Internos para que me puedan ayudar para el esclarecimiento de este hecho que está saliendo a luz”, expresó.

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El jefe policial afirmó que la Policía Nacional es una institución que brinda servicios como transportar enfermos, heridos o parturientas, pero no para cubrir estos casos particulares.

“La Policía es de servicios para cuando se pide auxilio para transportar una parturienta. En ese caso está para servir, pero para transportar bebida alcohólica como aparentemente se está viralizando, de ninguna manera. Tiene su sanción y para eso personalmente le estoy convocando a la gente para que pueda investigar y aclarar esto”, mencionó.

Se apelará a las imágenes viralizadas a fin de identificar a los dos policías que usaron la camioneta oficial de la Policía para realizar dichas compras. “Lo primero que voy a hacer es identificar al personal de guardia en esa patrullera. Y a través de ellos voy a llegar a las personas para aclarar este inconveniente que está embarrando a la institución, no solamente a la Comisaría 7ma.”, subrayó.

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Durante un procedimiento realizado en San Lorenzo, la Policía Nacional incautó una camioneta Toyota Fortuner de color negro con documentos clonados, que había sido robada en junio del 2024 en Brasil. El vehículo tenía los datos de otro rodado de similares características perteneciente al coronel retirado Heriberto Galeano, excomandante del Regimiento Escolta Presidencial (REP).

La intervención se dio en el marco de un control aleatorio hecho por personal del Departamento de Automotores, confirmó el comisario Juan Pereira. “Esta incautación se da porque encontraron irregularidades al momento de la verificación, es trasladada hasta la base de Automotores con el conductor que en un primer momento quedó en carácter de aprehendido”, señaló a la 1020 AM.

Explicó que ante la inspección ocular y la intervención del perito especializado se pudo constatar que el vehículo presentaba adulteración en la numeración de chasis, las placas apócrifas y la documentación falsa.

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“También se realizó la consulta pertinente con la Policía Federal del Brasil en donde se constató que el vehículo en mención fue robado el año pasado en el mes de junio en el estado de Santa Catarina. Ante la verificación de todos estos datos nos pusimos en comunicación con el coronel retirado Heriberto Galeano excomandante del Regimiento Escolta Presidencial. Es así que el día de ayer él se presentó acá con su camioneta original, con toda la documentación”, expresó.

Los intervinientes comprobaron que el titular de la camioneta es víctima de un hecho de clonación de su vehículo con todos sus datos. “Fue robado en Brasil el vehículo, se le generó una documentación apócrifa, estaba circulando de esa manera. Pero ante el control del personal especializado de este departamento se puede dar ya la incautación. Y también el propietario de la camioneta original, ya tiene la tranquilidad de que ese vehículo clonado ya se encuentra incautado a cargo del Ministerio Público”, puntualizó.

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Este lunes, la Policía Nacional desarrolló un allanamiento en la ciudad de Areguá en donde lograron detener a tres personas en el marco del “Operativo Morfeo”. De esta forma desbarataron una red de estafa que ofrecía la construcción de viviendas a precio más accesible, pero nunca terminaban la obra y en algunos caso ni iniciaban. Se tienen denuncias de más de 30 víctimas en diferentes puntos del país.

Según el comisario Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Cibercrimen y Delitos Informáticos de la Policía Nacional, se trató de una exhaustiva investigación por varias denuncias de estafas y otros hechos punibles. En una de las unidades fiscales se tienen 12 denuncias contra esta constructora, pero se tienen contabilizadas un total de 30 en distintos puntos del país. Durante el procedimiento detuvieron a tres personas y se recogieron varias evidencias.

“Ofrecían la construcción de la vivienda propia, especialmente para aquellos que tienen terrenos. La oferta es la más accesible dentro del mercado y ese sería el gancho principal, además, daban un contrato correspondiente, pero nunca terminaban la obra o ni siquiera iniciaban”, manifestó el jefe policial en entrevista con el programa “Tardes de Perros”, de canal Gen y Universo 970/Nación Media.

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Aclaró que dentro de la investigación ya fueron individualizadas cuatro personas, de las cuales tres fueron detenidas. “Una de las personas sigue prófuga, pero habrían más personas que colaboran con este grupo. Las investigaciones del caso siguen y se espera que haya más detenidos”, apuntó.

Afirmó que las propuestas son lanzadas en redes sociales y que hay todo un esquema detrás, una personas que se encarga de publicar las propuestas con fotos y planos. Otro recibe las llamadas y luego está el que se reúne con las personas en la escribanía para firmar el contrato. “Hay una empresa constituida legalmente, pero son de maletín. Estos solicitaban una entrega para iniciar la obra”, puntualizó.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recu­sación contra el fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, planteada por la defensa de los exminis­tros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución polí­tica mediante la instrumen­talización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impul­sadas apuntaban a bastar­dear la causa penal con la finalidad de buscar impuni­dad. Los abogados sostuvie­ron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar ses­gado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Can­dia, entiende que los argu­mentos esgrimidos por los letrados no constituyen moti­vos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recu­sación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fis­cales inferiores. Cabe recor­dar que la audiencia prelimi­nar para los procesados sigue pendiente.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.