Un informe proveído por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas confirmó el festín multimillonario en publicidad que llevó adelante el gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente con sus medios amigos que guardaron silencio y se desentendieron de sonados casos de corrupción que sacudieron al exmandatario.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

No se precisa ser experto para enten­der que el expresi­dente de la República Mario Abdo Benítez compró su impunidad mediática. Los multimillonarios gastos de su gobierno en publicidad y propaganda consiguieron lealtades de grandes medios de comunicación, influen­cers, ONG que fueron los principales beneficiarios del banquete que se armó con dinero estatal.

La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) terminó por confir­mar el monstruoso monto de G. 210.129.987.027, unos USD 33.000.000 en gas­tos por publicidad y propa­ganda durante el período de gobierno de Abdo (agosto 2018/agosto/2023). La cifra equivale al triple del pre­supuesto del Ministerio de Industria y Comercio, ente que, en comercio, servicios y Mipymes maneja el 70 % de la economía paraguaya.

El detalle de adjudicaciones registra cerca de 400 contra­tos que cabe subrayar corres­ponden a instituciones de la administración central, es decir, dependientes del Poder Ejecutivo.

Si se incluyeran las contra­taciones de publicidad y pro­paganda de todo el Estado, es decir municipalidades, gobernaciones, Poder Legis­lativo, Judicial, excepto las binacionales, los reportes de la DNCP indican adju­dicaciones por valor de G. 261.596.371.084, equivalentes a unos USD 40, 2 millones.

La cifra para lavar la cara del anterior gobierno es astronó­mica, más aún considerando el contraste con la cruda rea­lidad que sufría la gente y se agravaba por la pandemia del covid -19.

Sacrificaron instituciones en situación crítica como Copaco que, mientras era sacudida por protestas de funciona­rios, multimillonarias deudas y los auditores diagnostica­ban quiebra técnica sus auto­ridades despilfarraban dine­ral en contratos de publicidad. Esta empresa estatal ya en los primeros meses del gobierno de Abdo (2018) adjudicó con­tratos por G. 12.000.000.000, según la planilla entregada por la DNCP.

El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comuni­cación (Mitic) era una insti­tución buena y muy querida. Desparramaba publicidad en los medios amigos para “fortalecer la conexión entre el Gobierno y la ciudada­nía”. Pese a que el desempleo aumentó en su administra­ción las campañas apuntaban a generar información sobre “la generación de oportuni­dades”, según puede visuali­zarse en los resúmenes de las contrataciones.

Las campañas a través de los medios amigos también agen­daban la narrativa de “lucha contra el crimen organizado”, cuando la narcoexportación se incrementaba de forma galopante y el país era noti­cia como ruta de los kilos de cocaíca decomisados en puer­tos europeos.

Un detalle no menor es la cargada agenda publicitaria de la Presidencia de la Repú­blica, principalmente a tra­vés de la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) que en el 2019 sumó adjudicaciones por G. 19.731.956.138 y en el 2022 G. 17.562.820.439. Las especificaciones de los lla­mados y adjudicaciones están minadas de contrataciones de pautas en medios, influen­cers, coincidentemente con una campaña de persecución inmisericorde que arrasaba en 2022 con medios amigos y redes sociales donde bro­taban perfiles falsos como hongos, fustigando a quienes denunciaban la corrupción en el gobierno de Abdo.

Los multimillonarios gastos en publicidad de Abdo a tra­vés de Contrataciones Públi­cas no fue el único frente que lo ayudó a blindarse de las crí­ticas, los escraches, las per­secuciones. No hay que olvi­dar el megacontrato que su gobierno firmó con la des­mantelada agencia calificada de corrupta, Usaid.

El convenio con Usaid ase­guró un presupuesto de USD 60.000.000 y a ello se pren­dieron opositores, periodis­tas, publicistas, identificados con varios grupos políticos muy bien remunerados con los fondos que se facilitó gra­cias al gobierno de Abdo. Emprendieron fuerte cam­paña que de fachada era anti­corrupción, transparencia y contra la impunidad, pero en la práctica era una campaña de persecución muy bien diri­gida a un sector del Partido Colorado y de la prensa.

La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes) presentó un informe ejecutivo complementario sobre la producción de títulos de grado en Psicología en Paraguay, incorporando datos del Registro de Títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) correspondientes al período 2023-2026.

El análisis revela que actualmente existen 118 carreras habilitadas de Psicología en el país, de las cuales 23 cuentan con acreditación vigente, lo que representa una tasa de acreditación del 19,5 % de la oferta académica.

Entre 2023 y mayo de 2026, el MEC registró 4.129 títulos de grado en Psicología. De ese total, 2.446 títulos (59,2 %) corresponden a carreras acreditadas, mientras que 1.683 títulos (40,8 %) fueron emitidos por carreras sin acreditación vigente.

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El informe destaca que, aunque las carreras acreditadas representan menos del 20 % del total habilitado, concentran la mayor producción de egresados, principalmente en universidades nacionales y grandes universidades privadas del eje Asunción-Central.

Asimismo, se identifica una concentración importante de títulos emitidos por carreras multicampus que aún no cuentan con acreditación vigente, las cuales representan en conjunto el 70 % de los títulos sin acreditación registrados en el período analizado.

No obstante, la Aneaes resalta como un avance importante la incorporación progresiva de nuevas instituciones al sistema de aseguramiento de la calidad mediante las Convocatorias 2025 y 2026, lo que permitirá ampliar la cobertura de los procesos de evaluación y acreditación en la carrera de Psicología.

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El documento señala además que el fortalecimiento de la calidad en la formación psicológica resulta estratégico ante el aumento sostenido de los desafíos vinculados a la salud mental, el bienestar emocional y la atención clínica y comunitaria en el país.

Tras más de un año de la acusación y dos años de la imputación, sigue trabada la causa penal por las filtraciones de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), que involucra a exaltos funcionarios del gobierno de Mario Abdo Benítez. El motivo es una serie de recusaciones y recursos planteados por la defensa de exautoridades abdistas.

Aunque el Ministerio Público presentó acusación formal el 11 de marzo de 2025 y solicitó elevar la causa a juicio oral, hasta el momento ni siquiera pudo realizarse la audiencia preliminar.

La Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), encabezada por el ingeniero Raúl Constantino, mantuvieron un encuentro con el Camilo Pérez, intendentable de Asunción por Honor Colorado, con la finalidad de interiorizarse sobre sus propuestas electorales y plantear los requerimientos del sector.

“Nosotros somos los primeros interesados, más allá de la ciudadanía en general, que el trabajo que haga el futuro intendente sea para mejorar el caos que hoy vive la ciudad de Asunción y, en esa línea, para nosotros es importante escuchar las propuestas de los candidatos”, indicó Constantino, este miércoles, al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Desde las primeras horas de la fría mañana de este miércoles se desarrolla la feria “Che sýpe guarã 2.0”, en la Costanera de la capital, con gran afluencia de compradores. Ante el éxito de este tipo de exposiciones, con disponibilidad de carne vacuna, el ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, anunció que la actividad se trasladará a los departamentos del interior.

El secretario de Estado adelantó que la primera edición en el interior del país se desarrollará en la ciudad de Concepción, con fecha a confirmar, según dijo a Paraguay TV. Adelantó que la realización del evento se está coordinando con las autoridades locales. Indicó que hay otra iniciativa que consiste llevar la “carnicería a tu barrio”, por lo que se está trabajando en la logística para ubicar los camiones con los productos cárnicos.

El presidente de la República, Santiago Peña, inauguró este miércoles el primer Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (CAIPI) del Chaco, en la ciudad de Villa Hayes, en el departamento de Presidente Hayes, un proyecto impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el Ministerio de la Niñez y Adolescencia (Minna). Este es el primer centro de los ocho que serán construidos en suelo chaqueño, y el tercero ya ejecutado a nivel país.

“En estos cinco años tenemos que encargarnos de sembrar muchas semillas, esta es una de las semillas que estamos sembrando”, fueron las expresiones del mandatario durante este evento. Peña sostuvo que la atención a la primera infancia se transformó en una política pública de su gobierno, una acción que quedará para el país y principalmente para las familias paraguayas.

“Dejan de lado todo lo que es mi carrera, me parece injusto que no se mire mi trayectoria” indicó el agente fiscal Aldo Cantero, al defender su inclusión en la terna para juez penal de primera instancia de Asunción, elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM).

“La gente y los medios de comunicación que me atacan se olvidaron que tuve muchas causas de altísimo nivel y popularidad referente a cuestiones políticas. Yo con 30 años formé parte de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, empecé muy joven como fiscal y tengo 14 años de gestión probada y aprobada por todos los entes de control”, sostuvo al programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) tendrá una nueva reunión este miércoles, fijada para las 15:00. Los trabajadores se mantienen firmes y aseguran que tienen justificado el pedido de aumento de 20 %. En el encuentro pasado estuvo ausente el representante de los empleadores.

Al respecto, José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores – Auténtica (CUT-A), conversó con GEN y Universo 970/Nación Media y valoró la apertura del Ministerio de Trabajo para analizar con tiempo y poder debatir con tiempo sobre la cuestión salarial. “Esta vez el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra Mónica Recalde, ha abierto la posibilidad de una conversación más temprana que anteriormente y el inicio de las conversaciones representa una oportunidad para presentar nuestra posición y tener tiempo suficiente para argumentar técnica y económicamente nuestro pedido de reajuste salarial muy por encima de lo que establece el IPC del Banco Central”, dijo.

La audiencia de revisión de medidas del exsenador Erico Galeano fue suspendida este miércoles tras una presentación realizada por la defensa del exlegislador. Los abogados interpusieron un recurso de reposición contra la convocatoria y también promovieron un habeas corpus preventivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia.

El exsenador fue condenado a 13 años de cárcel por los delitos de lavado de dinero y asociación criminal en la causa A Ultranza Py.

El Ministerio de Educación y Cultura tomó intervención en el caso de un alumno golpeado brutalmente por otro compañero de clases en un colegio de la ciudad de Ñemby. El hecho fue viralizado a través de un video.

“Mañana (martes) nos vamos a trabajar con los orientadores, nos ponemos a disposición de la mamá y vamos a llevarle las tareas a través de la supervisión”, dijo la directora de Protección a los Derechos de la Niñez y Adolescencia del MEC, Sonia Escauriza, en el programa “Dos en la ciudad” de canal GEN y Radio Universo 970AM/Nación Medio.

Añadió que la intervención tiene su proceso, porque se tiene que trabajar con la víctima y con el victimario. Según el protocolo, el plantel docente y directivo de cada institución debe trabajar con la supervisión de área.

“Primero, ¿dónde estaba el docente mientras ocurría eso? Segundo, cómo manejar: ponerse a disposición de la familia. La supervisora me envía una nota poniéndose a disposición y le dije que se vaya a hablar con la familia”, precisó Escauriza.

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Explicó además que el caso fue derivado a la Asesoría Jurídica del MEC, encargada de investigar la responsabilidad, tanto del docente en aula como de la dirección, que según la familia minimizó la denuncia. “Pido informes, me envían y, colectando todos los documentos, derivamos a Asesoría Jurídica, porque no se cumplió lo que dice el protocolo”, refirió.

Asimismo, desarrollarán un trabajo interdisciplinario con los docentes y la Dirección Inclusiva para dar la forma de trabajar. “Lastimosamente, tenemos que trabajar ya por lo sucedido. Una vez que no se realiza lo que establece el protocolo, es una lástima que tengamos que llegar de esa forma”, lamentó.

Igualmente, indicó que se debe trabajar con las normas de convivencia, donde están establecidas las faltas graves, gravísimas, reincidencia, así como las sanciones socioeducativas.

“Por eso siempre hay que trabajar con la familia. Tenemos que entenderle a esa mamá que 24/7 tiene que estar con su niño y de repente ver en un video lo que sucedió en un espacio donde debería estar seguro es lo que nos preocupa”, subrayó.

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