El Poder Ejecutivo emitió el decreto 3813/2025 que establece los lineamientos generales para la programación, formulación y presentación de los anteproyectos de presupuestos institucionales, a fin de elaborar el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, además de programar el presupuesto plurianual 2026-2028.

El documento también refiere que se le da autoridad al viceministerio de Economía del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a ser rector del proceso de planificación y seguimiento del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay (PND).

En cuanto a los instrumentos y herramientas que hace referencia el decreto, se encuentra la guía metodológica para el diseño y formulación de programas presupuestarios, enfocada en un horizonte de mediano plazo y resultados, ademá del sistema de gestión de resultados, que promueve la evaluación y control de la ejecución presupuestaria.

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Desde la fecha emitida hasta el 30 de junio, todas las entidades tienen tiempo de presentar en forma sus proyectos presupuestos. Estas serán analizadas por el Ministerio de Economía para elaborar el anteproyecto de ley y luego enviar el proyecto de ley al Congreso Nacional, a más tardar, hasta el 1 de septiembre.

El PGN 2025 alcanza un monto total de G. 133,210 billones, distribuidos de la siguiente manera: G. 73,669 billones para la Tesorería General y administración central, mientras que G. 59.540 billones para las entidades descentralizadas.

El PGN 2025 aumentó la inversión en sectores prioritarios para el Ejecutivo como lo son salud, educación, seguridad y atención a grupos vulnerables. En total está estimado un incremento del 77% para estas áreas, de acuerdo a datos del MEF.

Se destacan las variaciones significativas en inversión para salud y educación, con un aumento de alrededor de G. 1 billón para cada institución, además de una apuesta firme por programas sociales clave, como los Programas Hambre Cero y Adulto Mayor con un presupuesto de G. 4,6 billones asignados al Ministerio de Desarrollo Social. Así también se destaca el Ministerio del Interior con un incremento del 17 % en su presupuesto.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) rechazó la recu­sación contra el fiscal gene­ral del Estado (FGE), Emi­liano Rolón, planteada por la defensa de los exminis­tros del gobierno de Mario Abdo Benítez, sindicados de cometer terrorismo de Estado y persecución polí­tica mediante la instrumen­talización de las instituciones públicas como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

Mediante las chicanas impul­sadas apuntaban a bastar­dear la causa penal con la finalidad de buscar impuni­dad. Los abogados sostuvie­ron en sus recusaciones que el titular del Ministerio Público ha demostrado un actuar ses­gado, adoptando posiciones que favorecen a una de las partes y su actuación en la conformación de equipos de trabajo.

Mientras que la Sala Penal de la máxima instancia judi­cial, conformada por César Diesel, Gustavo Santander Dans, Manuel Ramírez Can­dia, entiende que los argu­mentos esgrimidos por los letrados no constituyen moti­vos válidos para separar de la causa a Rolón.

Mediante esta decisión, Rolón podrá analizar la recu­sación pendiente impulsada también por los abogados abdistas contra la fiscala adjunta Matilde Moreno, que a su vez debe estudiar otras recusaciones contra los fis­cales inferiores. Cabe recor­dar que la audiencia prelimi­nar para los procesados sigue pendiente.

Carlos Arregui, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, Car­men Pereira, Daniel Alberto Farías, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene fueron acusados por el Ministerio Público por los hechos punibles de revelación de secretos de servicio, reve­lación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, induc­ción a un subordinado a un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho puni­ble, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.

Mientras que Abdo Benítez y el diputado Mauricio Espí­nola poseen fueros. La causa judicial surgió tras la denuncia formal por persecución polí­tica de la cual fue víctima el expresidente de la República, Horacio Cartes, desde el año 2018, y que se acentuó en el marco de los comicios inter­nos del Partido Colorado en el año 2022 y en las elecciones generales del año 2023.

El Poder Ejecutivo promulgó la ley n.° 7.467 que establece el marco jurídico para “Eventos Deportivos de Relevancia Internacional” en el país. La nueva normativa, impulsada por el actual gobierno, busca posicionar a Paraguay como un referente regional en la organización de competencias deportivas de gran escala.

“¡Paraguay se abre al mundo!” expresó el mandatario, destacando que esta ley representa una herramienta moderna y estratégica que permitirá al deporte convertirse en un motor de desarrollo, crecimiento e integración nacional, generando importantes beneficios culturales, sociales y económicos.

La aplicación de la ley no se hará esperar, dado que el presidente Peña también dio a conocer que, mediante el decreto N° 3770/2025, el 75° Congreso Ordinario de la FIFA, que se celebrará en Asunción, ha sido declarado como Evento Deportivo de Relevancia Internacional.

“Sin dudas, se trata de un suceso histórico para el país y la región, que refuerza la posición de Paraguay como destino de importantes eventos mundiales”, agregó Peña, al resaltar el valor simbólico y práctico de acoger una asamblea de tal magnitud en territorio nacional.

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Con esta medida, Paraguay apunta a fortalecer su infraestructura deportiva, atraer inversión extranjera, y consolidarse como sede de competencias internacionales, lo que podría marcar un antes y un después en su proyección global. Según indicó el propio mandatario, esta es una herramienta jurídica que convertirá al deporte en un motor para el desarrollo de nuestro país.

“Con grandes beneficios culturales, sociales y económicos para el Paraguay”, resaltó el jefe de Estado y posteriormente añadió, “Sin dudas un suceso histórico para el país y la región, que refuerza la posición de Paraguay como destino de importantes eventos mundiales”

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El equipo de fiscales integrado por Silvio Corbeta, Verónica Valdez y Yeimi Adle, allanaron recientemente a una de las empresas favorecidas durante la pandemia del covid-19, por la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. El caso guarda relación con la compra fraudulenta de kits de alimentos donde el dirigente opositor es investigado por el hecho punible de lesión de confianza.

La firma allanada es denominada “El Distribuidor S.R.L.” que fue favorecida con una licitación equivalente a G. 3 mil millones. “Esta investigación surge a raíz de un reporte de la Contraloría que nos fue remitido cerca de diciembre del 2024. Estas compras datan del año 2020, realizamos un allanamiento del local sobre el cual versa la investigación preliminar”, indicó al programa “Así son las cosas” emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Corbeta recordó que, entre los meses de marzo y abril del 2020, la municipalidad de Ciudad del Este destinó cerca de G. 9 mil millones para la compra de kits de alimentos. “La primera empresa en ser beneficiada fue Tía Chela, la segunda firma fue justamente la allanada. Respecto al primer caso, el Ministerio Público formuló una acusación por la existencia de un perjuicio patrimonial bastante importante”, refirió.

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Otro de los allanamientos recientes impulsados por el fiscal Corbeta se centró en el Pabellón de Contingencia del Hospital Regional de Ciudad del Este, construido por Prieto durante la crisis sanitaria. Este procedimiento fue concretado a raíz de una denuncia contra el dirigente de la oposición por sobrefacturación.

Prieto alega nuevamente que el allanamiento impulsado por la Fiscalía entorno a este caso obedece a una persecución política impulsada desde el gobierno de Santiago Peña. “Desde el lunes estamos haciendo una constitución con peritos. Prieto dijo en redes que esta causa sería desestimada por el fiscal Manuel Rojas, incluso se mencionó que el caso se desestimó y que con el gobierno de Peña el Ministerio Público reabrió la investigación para que me sea asignada”, dijo.

Corbeta acotó: “Lo que dice es completamente falso, esta investigación fue asignada el 30 de junio del 2022 a la unidad en la cual ejerzo funciones, estamos hablando un año antes de las elecciones generales de abril del 2023. La elección del actual presidente no tiene nada que ver con esta investigación, nosotros estamos haciendo diligencias ajustadas a la ley”.

En la ocasión, los agentes fiscales verificaron las instalaciones de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) Infantil. La inversión realizada para este pabellón asciende a la suma G. 2 mil millones provenientes del Consejo Local de Salud.

“Habla sobre una persecución política, pero esto es una estrategia defensiva para tratar de manchar al Ministerio Público. Tarde o temprano teníamos que hacer la verificación de la obra, porque es la única posibilidad para corroborar si hubo sobrefacturación. Prieto tiene todas las garantías de que existe objetividad, nosotros no podemos estar inventando elementos de prueba para acusarlo, esto significa una responsabilidad personal, penal y civil”, comentó.

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