El ministro de Urbanismo, Vivienda y Habitad, Juan Carlos Baruja, encabezó el acto que dio inicio a las obras de construcción de las primeras 24 viviendas en la urbanización Irene, ubicada en Villa Hayes. El inicio se da en el marco del programa de viviendas para familias de la clase media trabajadora “Che Róga Porã”.

Al respecto, resaltaron que las viviendas serán comercializadas con cuotas mensuales mínimas de G. 1.900.000. La obra de construcción estará a cargo de la empresa desarrolladora CLEM S.A. El ministro Baruja destacó la expansión que está experimentando el programa habitacional en el Chaco paraguayo.

Le puede interesar: ANR: plazo para afiliación con miras a las Municipales cierra el jueves

“Esta es la prueba más palpable de que el programa Che Róga Porã se está expandiendo en toda la República del Paraguay. Ya tenemos también proyectado otro inicio de obras mañana en Areguá, y así cada semana estamos con inicio de obras y entregando a la vez las llaves de las viviendas dentro del programa”, mencionó el ministro.

Asimismo, destacó que con este programa las familias pueden adquirir una vivienda a menos del precio de un alquiler, gracias a un financiamiento de hasta 30 años de plazo a una tasa de 6,5 %, que afirmó es “la más baja no solamente del país, sino de la región”.

Indicó que con el acompañamiento permanente de los técnicos del Ministerio a los diferentes proyectos habitacionales está garantizada la calidad de las viviendas dentro del programa e invitó a ver las opciones que ofrece el mismo a través del portal www.cherogapora.gov.py

“Aquellas familias que tienen ya su propio terreno pueden construir accediendo a un financiamiento con Che Róga Porã, aquellos que quieran comprar el terreno y construir la vivienda también lo pueden hacer. Están abiertas todas las posibilidades dentro del programa así que es posible cumplir el sueño de tener la casa propia con este programa habitacional, remarcó.

Siga informado con: Senado integra comisión que investigará supuestos abusos de firmas telefónicas

De confirmarse que es beneficiario final, el expresidente paraguayo Mario Abdo Benítez repite el esquema de cuentas offshore que ya fue investigado y condenado en la Argentina con la expresidenta Cristina Fernández.

El escándalo denun­ciado por el periodista argentino Luis Gasu­lla, de Periodismo y Punto, sobre la supuesta fortuna no declarada del expresidente Mario Abdo Benítez en cuen­tas en paraísos fiscales remite a un antecedente cercano que también tuvo ribetes de estré­pito. El caso coincide en las islas Seychelles como destino del dinero oculto, pero en el caso argentino ya tuvo escla­recimiento con la condena por parte de la Justicia. Pero las similitudes no se remiten solamente a un destino.

Tanto en el caso conocido como “La ruta del dinero K”, en referencia a la for­tuna de Cristina Fernández y Néstor Kirchner, como en el que involucra al expresi­dente paraguayo Mario Abdo Benítez, se repite un patrón frecuente: el uso de empre­sas offshore registradas en paraísos fiscales, específica­mente en las islas Seychelles, para ocultar la trazabilidad del dinero.

Las islas Seychelles, un paraíso fiscal enclavado en pleno océano Índico, cerca de las costas de Madagascar, aparecen como uno de los des­tinos finales del dinero lavado por numerosos empresarios y políticos a nivel mundial. Estas islas ofrecían hasta hace pocos años opacidad bancaria total, sin requeri­mientos sobre beneficiarios finales; sociedades offshore que se constituían en menos de 48 horas sin control efec­tivo y la ausencia de coope­ración judicial internacio­nal eficaz (hasta que en 2021 mejoró sus normas y salió de la lista negra del GAFI).

En ambos esquemas monta­dos (bajo sospecha en el caso del expresidente paraguayo), las cuentas no están a nom­bre de los políticos implica­dos, sino de sociedades que actúan como intermedia­rias, lo que torna más difícil la detección del vínculo directo con los fondos.

No obstante, en los dos casos, las filtraciones señalan a los beneficiarios finales que en el caso de los K se refiere al empresario Lázaro Báez y su familia, Abdo y su esposa en el segundo. En el caso de las cuentas vinculadas al expre­sidente, estas reciben remesas desde otras zonas de empre­sas establecidas en Hong Kong o Dubái, lo cual dificulta aún más hacer un seguimiento al origen de los fondos.

Otra coincidencia es el intento de ambos protagonistas por desmarcarse de las acusaciones. En el caso K, se recurrió a la negación y a dis­cursos políticos que intenta­ban desacreditar las denun­cias. En relación a Abdo, fue el propio exmandatario que recurrió a un comunicado en redes sociales negando la existencia de estas supues­tas cuentas y aleccionando a sus aliados (políticos y en los medios) que lo defiendan de la “campaña política” montada en su contra.

Pero claramente la intención al apelar a esa estrategia es la preventiva. Es por ello que Mario Abdo y su equipo de abogados envió un pedido ofi­cial al Gobierno de Seyche­lles pidiendo confirmación sobre la titularidad e inexis­tencia de cuentas a su nombre, sabiendo que estas no están registradas directamente a él, sino a través de terceras firmas. En ambos casos, se intenta cerrar el escándalo desde el aspecto formal, sin desmontar el circuito del dinero.

La clave en los dos procesos está en la capacidad del Minis­terio Público en investigar más allá de los titulares de las cuentas. La ruta del dinero, es decir, el camino que recorren los fondos desde su origen hasta su destino final, per­mite detectar irregularida­des, incluso cuando los nom­bres no figuran en los papeles visibles. En el caso argen­tino, la Justicia logró probar lavado de dinero y condenar a los responsables. En el caso paraguayo, aún resta deter­minar si la Fiscalía tomará un rumbo autónomo o cederá ante presiones políticas.

El sonado caso de “La Ruta del Dinero K”, que fuera iniciada a través de una denuncia que la hiciera hace 10 años el perio­dista Jorge Lanata (Perio­dismo para Todos) involucra a Báez y otros acusados por lavado de dinero proveniente de la obra pública. Báez fue condenado a 12 años de pri­sión en 2021 por lavado de dinero y a 6 años en 2022 por asociación ilícita con Cristina Fernández de Kirchner. Ade­más, se le inhibieron los bie­nes y se le prohibió salir del país.

La Justicia determinó que se lavaron más de USD 55 millo­nes, aunque se sospecha que el monto real fue mucho mayor.

El esquema que siguió la ruta del dinero K era bastante común para operaciones que pretendían convertirse en lavado de activos. Así se hacía primeramente la extracción de dinero en efectivo: millones de dólares en efectivo salían en valijas desde Santa Cruz hacia Buenos Aires (documentado en cámaras de seguridad). Luego el traslado al exterior: el dinero era llevado en vuelos privados a Uruguay, luego transferido a bancos en Suiza, Panamá y otros.

Un paso clave era la creación de sociedades offshore: a través de firmas como SGI (conocida como La Rosadita) se constituían empresas pantalla en paraísos fiscales como Panamá, Belice, Hong Kong y Seychelles. Otra instancia eran las cuentas bancarias en los paraísos fiscales: estas sociedades abrían cuentas en bancos de paraísos fiscales. En Seychelles, por ejemplo, se documentaron empresas vinculadas a Báez con fondos millonarios sin una justificación clara. El lavado a través de inversiones y retornos: una vez blanqueado, parte del dinero retornaba a la Argentina mediante compras de propiedades, campos, autos de lujo y financiamiento de medios y empresas.

El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia es el preopi­nante para destrabar una vez más el proceso penal que enfrentan los exminis­tros de Mario Abdo Benítez, acusados por asociación cri­minal, usurpación de funcio­nes públicas, denuncia falsa y revelación de secretos de servicio en el marco del pro­ceso penal conocido como filtración de información de Seprelad (Secretaría Nacio­nal de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes). Igual­mente integran la sala penal de la máxima instancia judi­cial César Diesel y Gustavo Santander.

El expediente está en el gabi­nete del ministro Ramírez Candia desde el 17 de julio y una vez que el alto magis­trado termine su voto debe­rán igualmente votar los dos ministros restantes para poder destrabar el presente proceso penal.

Los exministros de Abdo recurrieron a la Corte bus­cando dejar sin efecto la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó la determinación adoptada por la jueza Cynthia Lovera, quien decidió estudiar los doce incidentes iniciales del presente caso pero a raíz de las chicanas no se pudo ana­lizar aún.

En el presente caso están acusados y con pedido de jui­cio oral y público debido a que tiene más de 206 elementos probatorios René Fernán­dez, Arnaldo Giuzzio, Car­los Arregui, Daniel Farías, Carmen Pereira, Guillermo Preda Galeano y Francisco Pereira Cohene.

En el mes de junio los cama­ristas María Belén Agüero, Bibiana Benítez y Arnaldo Fleitas han rechazado una chicana más presentada por la defensa de los acusados, pero la defensa de los mis­mos volvieron a recurrir el caso a la sala penal de la Corte que hoy ya tiene sufi­cientes motivos para poder aplicar una sanción discipli­naria a los abogados y acusa­dos que presentan escritos dilatorios.

Desde abril de 2024 sigue pendiente de estudio y reso­lución doce chicanas pre­sentadas por la defensa de cada uno de los hoy acusa­dos exministros de Mario Abdo Benítez. Las chicanas deben ser analizadas por la jueza penal de Garantías Cynthia Lovera.

El Minis­terio Público presentó en su escrito de acusación un total de 206 elementos de prue­bas, entre ellos, testimo­nios, documentos y pericias que sustentan la responsabi­lidad de los acusados.

Por intermediación del senador Orlando Penner, quien preside de la Comisión de Pueblos Indígenas de la Cámara Alta, en la fecha se concretó una respuesta positiva al reclamo de la comunidad indígena de Río Verde, departamento de Presidente Hayes, Chaco paraguayo, que solicitaba la instalación de un cajero automático del Banco Nacional de Fomento (BNF) en su zona.

La respuesta positiva se concretó en la reunión del Senado luego de la movilización que hiciera la comunidad indígena que cerró una ruta para hacer su reclamo de solicitar la instalación del cajero automático en la comunidad, ya que una buena parte de la población cuenta con las tarjetas para el cobro de los beneficios que reciben del Estado. Sin embargo, actualmente para cobrar 300 mil guaraníes, tienen que viajar 700 kilómetros para llegar al cajero mas cercano.

Le puede interesar: DD. HH. constató respeto de los derechos de la esposa de Marset en Viñas Cué

Al respecto, el senador Penner señaló que en la fecha recibieron a una comitiva de hombres y mujeres chaqueños; luego del primer encuentro que ya habían tenido el viernes pasado al costado de la ruta donde se manifestaban. En la ocasión, reclamaron la larga espera que llevan para la instalación de un cajero automático en su comunidad.

“Hoy tuvimos un logro importantísimo, con la gente que intervino en la reunión de la comisión, ya que en agosto iniciará la construcción de la caseta para el cajero, que se espera concluya entre 3 y 5 semanas, para que luego sea instalado el cajero automático del BNF”, precisó.

Mencionó que en la reunión asistieron el titular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), Ramón Benegas, representantes y ténicos del BNF, así como el intendente de Villa Hayes, que en la fecha confirmó que cuenta con los recursos para la construcción de la caseta.

A su turno, el titular del Indi, Ramón Benegas resaltó que el hecho se logra gracias a la intervención del titular de la comisión de Pueblos Indígenas, quien había mantenido una reunión previa con la comunidad de Río Verde. No obstante, señaló que el proyecto ya estaba encaminado desde hace un tiempo, y solo faltaban concretar algunos detalles.

Mencionó que aprovechando este tipo de reuniones, igualmente se presentaron otros pedidos como solicitud de ampliación de viviendas, o construcción de viviendas para aquellas familias nativas que aún no están contando con casa propia. Precisó que este pedido ya está siendo encaminado desde el INDI con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat.

Siga informado con: Ministra de Obras asegura que reforma de transporte no prevé aumento de pasajes