Soldados de la Caballería saludan victoriosos, tras el golpe de la madrugada del 2 y 3 de febrero de 1989 que derrocó a Alfredo Stroessner. Foto: Archivo.
Por costo económico, Ejecutivo vetará indemnización a combatientes del ´89
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El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, anunció ayer que el Poder Ejecutivo vetará el proyecto de ley que indemniza a combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989, durante la gesta de la caída del dictador Alfredo Stroessner.
El motivo del veto es el costo económico que tendrá la normativa para el Estado, teniendo en cuenta que no están contabilizadas cuántas personas serían las beneficiadas. “El proyecto de ley que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989 será objetado totalmente”, informó el jefe de Gabinete.
El anuncio lo hizo el jefe del Gabinete Civil de la presidencia, Juan Ernesto Villamayor. Foto: Archivo.
El principal factor para el veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es el alto costo que tendrá para el Gobierno, teniendo en cuenta que se estima que el pago de indemnizaciones corresponderían a US$ 40 millones. “En estos momentos nos piden que carguemos 40 millones de dólares más u 80 dentro del próximo presupuesto, cuando tenemos normas que nos limitan en estos momentos la capacidad”, sentenció.
Villamayor agregó que la ley no discrimina, atendiendo a que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, deberá pagar una indemnización a los gestores combatientes que participaron directamente y a los herederos de aquellos que perdieron la vida durante el combate.
Para el secretario del Ejecutivo la propuesta es inviable, teniendo en cuenta la complicada situación económica que atraviesa el país debido a la crisis generada por el coronavirus. Remarcó que la objeción se da por una “cuestión jurídica y también económica”, subrayó.
Se trata de personal capacitado para actuar ante emergencias, accidentes, desastres o crisis médicas.
Un proyecto de ley “Que crea y regula la profesión de los paramédicos”, obra en la Cámara de Diputados y apunta a establecer un marco jurídico para quienes desempeñan funciones en la atención de emergencias médicas extrahospitalarias y prehospitalarias.
Los proyectistas son Miguel del Puerto y Arturo Urbieta y el liberal Carlos María López, quienes fundamentaron que la propuesta busca crear y regular la profesión de paramédicos estableciendo, por primera vez, un marco jurídico específico para el ejercicio de esta actividad.
Se aclara que, si bien actualmente existen personas que desempeñan funciones vinculadas a la atención prehospitalaria, la iniciativa apunta a reconocer al paramédico como profesión y establecer un marco legal.Se prevé la creación de la figura del paramédico, definida como un profesional de la salud proveniente de las áreas de enfermería, obstetricia y emergentología.
El proyecto estipula distintos niveles, incluyendo a licenciados en enfermería y obstetricia con postgrado en emergentología; técnicos en enfermería, obstetricia y emergentología; auxiliares en enfermería, paramédicos y conductores de ambulancias.
Diputados impulsan ley que busca regular la profesión de los paramédicos
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Un proyecto de ley “Que crea y regula la profesión de los paramédicos”, obra en la Cámara de Diputados. El objetivo apunta establecer un marco jurídico para quienes desempeñan funciones esenciales en la atención de emergencias médicas extrahospitalarias y prehospitalarias.
Son proyectistas los legisladores colorados: Miguel Del Puerto y Arturo Urbieta y el liberal Carlos María López, quienes fundamentaron que la propuesta busca crear y regular la profesión de paramédicos estableciendo, por primera vez, un marco jurídico específico para el ejercicio de esta actividad en el ámbito de las emergencias médicas extrahospitalarias y prehospitalarias.
Se aclara que, si bien actualmente existen personas que desempeñan funciones vinculadas a la atención prehospitalaria, la iniciativa apunta a reconocer al paramédico como profesión y establecer un marco legal específico para su ejercicio.
Es así que se prevé la creación de la figura del paramédico que es definida como un profesional de la salud proveniente de las áreas de enfermería, obstetricia y emergentología.
Se trata de un personal capacitado para actuar en situaciones de emergencia, accidentes, desastres naturales o crisis médicas, brindando atención inicial y durante el transporte del paciente.
El proyecto estipula distintos niveles dentro de la estructura propuesta para los paramédicos, incluyendo a licenciados en enfermería y obstetricia con postgrado en emergentología; técnicos en enfermería, obstetricia y emergentología; auxiliares en enfermería, paramédicos y conductores de ambulancias.
Instalan mesa de trabajo para analizar proyecto que eleva penas por exposición al peligro terrestre
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La Cámara de Senadores convocó a una reunión de trabajo este viernes con representantes de varias instituciones vinculadas a la seguridad vial, para analizar el proyecto de ley que plantea elevar penas por homicidio culposo y exposición al peligro del tránsito terrestre. Se trata del proyecto de Ley “Que modifica los artículos 107 y 217 de la Ley Nº 1160/97, Código Penal”.
La propuesta plantea elevar las penas para los casos especialmente graves de homicidio culposo y fortalecer las sanciones aplicables a quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, particularmente cuando conduzcan bajo los efectos del alcohol u otras sustancias.
Durante la reunión, el senador Eduardo Nakayama explicó que la iniciativa surge ante los graves hechos de tránsito registrados en el país y, particularmente, a raíz del accidente ocurrido en la ruta Luque-San Bernardino, que causó la muerte de cuatro integrantes de una misma familia, entre ellos dos niños.
El parlamentario señaló que existe preocupación ciudadana respecto de la respuesta penal prevista actualmente para determinados hechos de tránsito con consecuencias fatales. En ese sentido, sostuvo que se busca establecer una política criminal acorde con la gravedad de estos hechos y que, al mismo tiempo, produzca un efecto disuasorio.
El proyecto plantea elevar hasta 10 años de privación de libertad lapena aplicable a los casos especialmente graves de homicidio culposo, considerando factores como las circunstancias del hecho, el número de víctimas y el grado de imprudencia del responsable.
Asimismo, propone establecer una pena privativa de libertad de hasta cinco años para quienes expongan a peligro el tránsito terrestre, además de una inhabilitación para conducir por un periodo mínimo de 18 meses y la posibilidad de revocar definitivamente la licencia en casos de reincidencia.
Presentan ajustes al proyecto original para reformar la gobernanza del IPS
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El diputado Daniel Centurión modificó su proyecto original para reformar la gobernanza del Instituto de Previsión Social (IPS) y volvió a presentar a la Cámara Baja. Se pretende separar las funciones de administración ejecutiva de las de representación sectorial y fiscalización.
Recordemos que un proyecto similar, presentado anteriormente por el diputado Centurión, había sido retirado para reintroducirlo nuevamente ahora, tras incorporar ajustes adicionales a la referida Ley N° 98/1992, que no estaban contemplados en el proyecto original. En esta ocasión el legislador colorado logró el respaldo de su colega Rocío Vallejo, para la elaboración del nuevo texto.
En esencia, la iniciativa propone eliminar las atribuciones ejecutivas y decisorias que hoy ejerce el Consejo de Administración del IPS —en particular, su participación en la aprobación o rechazo de licitaciones y adjudicaciones— y sustituirlo por un Consejo Honorífico de Representación y Fiscalización.
Según la exposición de motivos, este nuevo órgano estará integrado por un representante de los empleadores, uno de los trabajadores asegurados y uno de los jubilados y pensionados, cada uno con su respectivo suplente, con mandatos de cuatro años renovables por única vez.
A diferencia del esquema actual, sus miembros ejercerán el cargo ad honorem, sin percibir sueldo, dietas, gastos de representación ni ningún otro beneficio económico del instituto.