Los diputados Tito Ibarrola y Carlos Rejala, del Partido Hagamos, presentaron un proyecto de ley “Que modifica y amplía los Artículos 3° y 4° de la Ley N° 2.051/03, De Contrataciones Públicas”, que tiene como finalidad apuntar a evitar discrecionalidad en las contrataciones públicas.

La iniciativa pretende establecer reglas que disminuyan la discrecionalidad en los procesos licitatorios con la intención de evitar la concesión a empresas de maletín, el monopolio en las adjudicaciones y así también disminuir las compras sobrefacturadas mediante el control de precios.

“Hemos visto varios problemas en el sistema de contrataciones que son de público conocimiento, licitaciones amañadas, sobrefacturaciones, empresas de maletín, monopolios, grupos específicos de personas que ganan todas las licitaciones; son detalles que afectan la credibilidad y el funcionamiento de esta institución del Estado”, dijo Ibarrola.

Con los cambios que se desean introducir a la normativa, se instala una reforma en la misma estructura que mejorará el control y facilitará también la libre competencia de las empresas.

La iniciativa de modificación dispone que la (DNCP) “mantendrá una base de datos de precios promedios a pagar, actualizada, completa, codificada detalladamente y disponible en todo momento, de todos los productos y servicios que el Estado paraguayo pueda adquirir a través de licitaciones, para que las Unidades Operativas de Contrataciones (UOC) tengan como parámetros obligatorios al momento de elaborar un pliego de bases y condiciones de cualquier licitación pública”.

Diputado Carlos Rejala. Foto: Archivo.

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Por otra parte, se estipula que bajo ninguna circunstancia las entidades estatales podrán pagar a un proveedor por un producto o servicio más del 100% del valor del precio promedio consignado en la nómina de Contrataciones Públicas.

Otro aspecto resaltante que establece la propuesta es la obligatoriedad de que Contrataciones Públicas, antes de poder adjudicar cualquier licitación, descarte los indicios de sobrefacturación, direccionamiento de la licitación y si la empresa adjudicada no es una empresa de maletín.

El documento establece también que será requisito que la empresa a ser adjudicada tenga una experiencia mínima y razonable en el rubro solicitado. Prevé que todos los funcionarios públicos involucrados en redactar un pliego de bases y condiciones direccionado sean sometidos a sumarios administrativos y si corresponde castigados según las leyes penales vigentes.

Diputado Tito Ibarrola. Foto: Gentileza.

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