El jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor, anunció ayer que el Poder Ejecutivo vetará el proyecto de ley que indemniza a combatientes del 2 y 3 de febrero de 1989, durante la gesta de la caída del dictador Alfredo Stroessner.
El motivo del veto es el costo económico que tendrá la normativa para el Estado, teniendo en cuenta que no están contabilizadas cuántas personas serían las beneficiadas. “El proyecto de ley que establece un régimen de indemnización de los gestores combatientes del levantamiento del 2 y 3 de febrero del año 1989 será objetado totalmente”, informó el jefe de Gabinete.
El principal factor para el veto del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, es el alto costo que tendrá para el Gobierno, teniendo en cuenta que se estima que el pago de indemnizaciones corresponderían a US$ 40 millones. “En estos momentos nos piden que carguemos 40 millones de dólares más u 80 dentro del próximo presupuesto, cuando tenemos normas que nos limitan en estos momentos la capacidad”, sentenció.
Villamayor agregó que la ley no discrimina, atendiendo a que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, deberá pagar una indemnización a los gestores combatientes que participaron directamente y a los herederos de aquellos que perdieron la vida durante el combate.
Para el secretario del Ejecutivo la propuesta es inviable, teniendo en cuenta la complicada situación económica que atraviesa el país debido a la crisis generada por el coronavirus. Remarcó que la objeción se da por una “cuestión jurídica y también económica”, subrayó.