El presidente de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), José Duarte Penayo, informó que detectaron una brecha muy crítica entre las carreras universitarias habilitadas para funcionar y aquellas que efectivamente cuentan con acreditación de calidad. Indicó que desde el año pasado vienen evaluando varias carreras, y en el caso específico de Derecho, notaron que solo el 17 % de las carreras están acreditadas, una cifra considerada alarmantemente baja por las autoridades técnicas.

En conversación con La Nación/Nación Media, el Dr. Duarte señaló que la institución a su cargo remitió un informe técnico al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) en el que sugiere la intervención de entre 124 y 126 carreras de Derecho, distribuidas en todo el país.

“Este año actualizamos nuestro informe sobre la carrera de Derecho, donde tenemos una tasa de 17 % de acreditación. Es decir, una tasa muy baja de nivel nivel de acreditación, siendo que la carrera de Derecho, conforme a la Ley 2072/03 es una carrera taxativamente mencionada como de acreditación obligatoria”, explicó.

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Mencionó que las carreras que no están en proceso de evaluación con fines de acreditación o que nunca se presentaron a esta instancia, no solo están funcionando de manera informal, sino que además están violando la Ley 2072/03 de creación de la Aneaes y también la Ley 4995/13, que es la ley de Educación Superior.

Indicó que en el capítulo de registro de titulación se establece con claridad que un título se registrará cuando se cumplan todas las condiciones legales y para Derecho una condición legal es la acreditación.

Por tanto, Duarte señaló que la institución a su cargo comunicó al Cones, que es la instancia que tiene la potestad de intervención por medio de sus resoluciones que le facultan y entre las cuales figuran como causal de intervención estas faltas administrativas.

Indicó que remitieron este listado, según sus propios registros de las carreras que nunca fueron acreditadas para los procesos de evaluación con fines de habilitación por la Aneaes.

Aclaró que desde la Aneaes solo pueden sugerir la intervenir, ya que es una institución que tiene la función simple de evaluar, pero que sí tiene atribuciones para formular pareceres técnicos según la propia ley que les rige.

“Le sugerimos al Cones la intervención de todas aquellas carreras de Derecho que están funcionando sin haberse presentado, incumpliendo la normativa legal que les obliga a pasar por evaluación con fines de acreditación en la carrera de Derecho”, acotó.

Duarte Peñayo explicó que conforme a la Ley 2072/03, la acreditación no es opcional para Derecho ya que se trata de una carrera que afecta el patrimonio y la integridad de las personas, por lo cual su evaluación es taxativa y obligatoria.

“Consideramos que más de 100 carreras de Derecho deben ser intervenidas, e incluso podrían ser más debido a deficiencias en el catastro del Cones, las cuales debe solucionar. Además el MEC debe considerar mejor el registro de títulos de carreras no acreditadas. Desde la Aneaes emitimos un parecer técnico y expresamos preocupación por carreras que operan sin cumplir con la acreditación obligatoria”, explicó.

El titular de la Aneaes anunció que la próxima semana entregará un informe similar —y exhaustivo— sobre las carreras de Salud (Medicina, Enfermería, Kinesiología, etc.), en las que se anticipan medidas y recomendaciones igual de severas debido al riesgo que implica la falta de acreditación en estas áreas.

“Estamos preparando un informe exhaustivo sobre el área de la salud que estaremos remitiendo la próxima semana a más tardar con las mismas recomendaciones. Y así iremos iremos remitiendo informes por diferentes áreas haciendo el cruce con los datos abiertos del Registro Nacional de Títulos del MEC”, adelantó.

Finalmente, resaltó la necesidad de ir cerrando la brecha entre carreras habilitadas y carreras acreditadas, combatiendo con mucha dureza y medidas concretas la informalidad.

“Debemos pasar de los discursos a las acciones concretas en favor de la educación superior y el fortalecimiento del capital humano. No podemos seguir permitiendo la informalidad en un sistema en el que muchas universidades sí invierten en investigación, infraestructura y docentes de calidad, esfuerzo que merece respeto y respaldo”, concluyó.

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Tres concejales de la ciudad de Encarnación presentaron una nota a la Contraloría General de la República solicitando una auditoría especial y la eventual intervención de la Municipalidad, encabezada por el intendente Luis Yd. Se trata de los ediles Eduardo Florentín, Andrés Morel Fretes y Eduardo Rebruk.

La solicitud está motivada por el arrendamiento presuntamente irregular de un terreno municipal. Según argumentan los concejales, dicho predio estaría siendo utilizado como hospedaje en el marco del Mundial de Rally que se desarrolla en el departamento de Itapúa.

Los denunciantes cuestionan la legalidad del contrato y exigen que se verifique el cumplimiento de los requisitos administrativos y financieros, además de la transparencia en el manejo de bienes públicos. De comprobarse irregularidades, los ediles piden que se proceda a la intervención formal de la comuna.

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El documento dirigido al contralor Camilo Benítez señala como principal cuestionamiento la “irrisoria suma de arrendamiento” por valor de G. 65.510.000, los cuales fueron acordados en pagos de 3 cuotas. De acuerdo a la información, dicho pago aún no se ingresó a las arcas municipales

Los ediles denunciantes consideran “ínfimo” dicho monto, ya que la tarifa se fijó conforme a la ordenanza municipal 288/2015, la cual considera ya está desactualizada.

“El principal vicio que advertimos y que origina el perjuicio patrimonial es que el precio de arrendamiento se fijó con base en la ordenanza municipal 288/2015. Dicha normativa tiene una antigüedad de 10 años, por lo que sus aranceles se encuentran absolutamente desfasados, con relación a los valores actuales de mercado”, expone parte de los argumentos de la denuncia.

Los concejales cuestionan al jefe comunal por utilizar una tabla de precios obsoleta para arrendar un inmueble que será utilizado en un evento de “altísima demanda y valorización”, como es el Rally Mundial. Como evidencia del perjuicio que está causando al patrimonio municipal, los concejales mencionan que el arrendatario Jhon Daniel Pérez, ya se encuentra publicando el alquiler de las instalaciones bajo la denominación comercial “Villa Rally Itapúa”.

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Señalan que la oferta para el usufructo final para el público nacional e internacional es significativamente superior, cotizando incluso en dólares. “Un cálculo preliminar basado en sus propias publicaciones, y que se adjunta a la nota de denuncia, sugiere que el arrendatario podría obtener ingresos hasta 60 veces superiores al monto que se comprometió a pagar al municipio de forma financiada”, expresa el documento.

Asimismo, los ediles señalan que al margen del arrendamiento en una tarifa menor al precio del mercado; señalan que desde la firma del contrato a la fecha el municipio aún no ha recibido el pago de ninguna cuota por el usufructo del inmueble que ya está siendo ofertado.

Además, señalan un eventual daño al municipio porque existen la sospecha que el arrendatario no cuenta con la autorización de la Organización del Rally Mundial, para el usufructo del nombre de manera comercial; por lo que el municipio podría incurrir en el delito de uso indebido de marca, lo que podría acarrear contingencias legales a la comuna por cedente del inmueble.

Luego de escuchar los diferentes argumentos y posturas de las distintas bancadas, el plenario de la Cámara de Diputados aprobó por mayoría el pedido de acuerdo constitucional para dar intervención a la Municipalidad de Asunción, cuya gestión está a cargo del intendente colorado Óscar “Nenecho” Rodríguez. El registro del voto electrónico marcó un total de 74 votos a favor y 1 voto en blanco.

En este caso, incluso la bancada oficialista estuvo de acuerdo en que se lleve adelante esta intervención, reconociendo la predisposición del jefe comunal de la capital, quien manifestó ante la comisión especial que estudió el pedido presentado por el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República, su voluntad de ponerse a disipación a fin de aclarar cualquier duda que exista y desmentir aquellas que considera falsas en su contra.

Al respecto, el diputado Rodrigo Gamarra, quien presidió la comisión especial que analizó el pedido, defendió el trabajo que llevó adelante esta mesa que emitió un único dictamen por la aprobación.

Destacó que se realizó un trabajo serio y transparente, con compromiso institucional, dejando de lado cualquier tipo de presión externa. Señaló que las sesiones que llevaron adelante fueron públicas y abiertas con total acceso a la ciudadanía.

Informó que recibieron en audiencia tanto al contralor general Camilo Benítez, a los concejales municipales y al propio intendente Oscar Rodríguez, que acudió con su equipo técnico y jurídico, valorando su completa predisposición y apertura a formar parte del proceso de evaluación de su gestión.

No obstante, sostuvo que luego de escuchar todas las voces, y analizar los documentos consideraron que es necesario un análisis mas profundo. “Una intervención administrativa no debe entenderse como una condena, sino como una herramienta prevista por la ley para esclarecer con mayor amplitud y sin restricciones de tiempo ni de forma, las observaciones señaladas. Por ello aconsejaron la aprobación de la intervención”, expresó.

A su turno, el diputado colorado Esteban Samaniego pidió disculpas a la ciudadanía, por tanta incoherencia en una sola sesión de la Cámara Baja. Teniendo en cuenta que solo minutos antes, cuando se trató el pedido de intervención de Ciudad del Este, se dijo que la intervención es inconstitucional, que no es válida que tiene vicios de origen. “Pero ahora en este punto, cuando el intendente ya no pertenece a la oposición, sí corresponde la intervención”, cuestionó.

En tanto, el legislador Derlis Rodríguez indicó que la intervención estatal no quebranta ni violenta la autonomía del municipio, sino que por el contrario, robustece, porque ayuda a corregir las cosas. Explicó que la auditoría es una ciencia exacta, que ayuda a dar claridad cuando existen dudas sobre una gestión ya sea municipal o de gobernaciones.

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Tras un largo debate, la Cámara de Diputados aprobó en mayoría el pedido de acuerdo constitucional para proceder a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este, bajo la administración de Miguel Prieto.

Esto se da luego de tomar en consideración los dictámenes emitidos por la comisión especial que llevó adelante el análisis técnico del pedido presentado por el Poder Ejecutivo a raíz de la auditoría de la Contraloría General de la República, donde se detectaron varios hechos irregulares.

Con la suficiente mayoría de la mitad más uno, el plenario aprobó el pedido de intervención y se dará comunicación a las instancias correspondientes.

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El conteo de los votos quedó de la siguiente forma, 47 legisladores votaron a favor, 27 emitieron voto en contra; mientras que otros 4 diputados optaron por abstenerse.

Al respecto, durante el debate fue llamativa la insistente posición de los sectores de la oposición que a toda costa buscaron apañar la dudosa gestión del intendente Miguel Prieto, bajo el argumento que todo se trata de una supuesta persecución política por parte del oficialismo.

Al respecto, el diputado colorado Hugo Mesa salió al paso en primer lugar para defender la figura de la intervención como una herramienta legal y constitucional. Recordó que en el año 2010, cuando el entonces contralor solicitó la intervención de la municipalidad de Ciudad del Este, justamente fue Prieto, quien era entonces concejal, aplaudía y solicitaba que se lleve adelante la intervención.

“Sin embargo, hoy acá hay un esfuerzo hasta casi descarado de querer desacreditar la figura de la Contraloría General de la República, que es el órgano natural que realiza los controles del uso de los recursos públicos (...). Me preocupa cuando estamos al frente de un festival de hipocresía, de una doble moral, de un doble discurso cuando queremos defender al chancho de nuestro chiquero”, expresó.

Agregó que lo que buscan demostrar a toda costa los referentes de la oposición es que, al tratarse de uno de los suyos, se recurre a la “vieja muletilla de persecución política”; con el fin de distraer de lo que verdaderamente debería ocupar a todos los diputados, que es aclarar qué fue lo que ocurrió verdaderamente con los recursos del municipio.

Igualmente, defendió el trabajo que llevó adelante la comisión especial que se ocupó en atender el pedido de intervención y llevó un trabajo prolijo en el estudio de todos los documentos, así como escuchar a las respectivas partes para luego emitir sus respectivos dictámenes.

A su turno, la líder de la bancada oficialista, Rocío Abed, anunció que la postura de la bancada es acompañar el dictamen en mayoría por la aprobación de la intervención, porque existe legitimación activa de la causa.

Asimismo, indicó que, en representación del Alto Paraná, a todas luces se buscó señalar como una guerra del Clan Zacarías en Ciudad del Este.

“Es una gran familia de gente que confía y confió en una intendenta a la que nunca le pudieron ganar en elecciones libres y a la que le tuvieron que sacar por la ventana. Con muchas causas, nunca hemos puesto obstáculos y en todas las causas ha quedado demostrado que no existieron tales causales. Por eso, a la hora de defender una gestión, lo único que están haciendo es superlativizar un poder que no existe. Porque esta no es una guerra del Clan Zacarías, sino de la ciudadanía, de la Contraloría, y de jóvenes”, enfatizó.

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