El proyecto de ley que establece la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas y tapabocas cuenta con un dictamen en una de las comisiones asesoras de la Cámara de Diputados. En este sentido, la Comisión de Cuentas y Control emitió el dictamen en mayoría por el rechazo, argumentando que lo preocupante de esta normativa es el cobro de las multas y qué institución será la encargada de cobrarlas.

Se trata del proyecto de ley “que dispone la obligatoriedad temporal del uso de mascarillas higiénicas o de elementos de protección que cubran nariz, boca y mentón, y del cumplimiento de las medidas de protección contra el COVID-19”.

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En este caso, la diputada Kattya González, vicepresidenta del órgano asesor, explicó que existen varios ajustes que se deben realizar al proyecto. “Nos preocupa el tema de la corrupción que pueda generar, hay que ver dónde se va a cobrar la multa y cuál será el mecanismo de cobro”, indicó.

La diputada agregó que deben ser muy cuidadosos a la hora de establecer sanciones. “Debemos apelar a la conciencia, a la educación, se debe insistir en la campaña de educación, tienen que existir cuadrillas colaborando desde las municipalidades, la policía, todo lo que significa el circuito de educación”, sentenció.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, establece multas de hasta de G. 500.000 para las personas que incumplan el uso de las mascarillas. La propuesta contempla la utilización de tapabocas en lugares cerrados, sean públicos o privados, en donde exista un número mayor a 5 personas y cuya distancia sea menor a 1,5 metros. La exigencia rige para todas aquellas personas que tengan 6 años de edad en adelante.

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