La Comisión Especial de Entes Binacionales del Senado realizó su primera reunión de trabajo junto al equipo técnico del Poder Ejecutivo. Esta delegación legislativa fue creada para el estudio y seguimiento de las negociaciones sobre la revisión del Anexo C del tratado de Itaipú entre Paraguay y Brasil.

En el encuentro asistieron el director paraguayo de la entidad binacional, Justo Zacarías; el ministro de Industria y Comercio (MIC), Javier Giménez, y el vicecanciller Víctor Verdún.

“Es el inicio de un conjunto de reuniones que existirán en este proceso de renegociación. El equipo técnico del Ejecutivo hizo una explicación de los pasos que se están realizando y evacuaron consultas realizadas por los diferentes senadores, algunas que tienen que ver con el Anexo C y otras con relación a la tarifa de Itaipú”, sostuvo el titular del bloque, el senador Natalicio Chase, ante los medios de comunicación.

Asimismo el parlamentario indicó: “El equipo técnico tiene una posición firme y están bien establecidos sus objetivos”. Hay que recordar que la renegociación del Anexo C quedó suspendido temporalmente por decisión del gobierno de Santiago Peña tras tomar estado público el espionaje cibernético que fue impulsado contra el Paraguay, perpetrado por el vecino país.

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La acción ilegal habría comenzado durante el gobierno de Jair Bolsonaro y habría continuado durante el actual mandato del presidente Luiz Inácio Lula da Silva. El espionaje buscaba conocer la posición paraguaya en las negociaciones entre ambos países sobre el precio de la energía de la hidroeléctrica binacional Itaipú, según reveló la prensa brasileña.

El tratado de la Itaipú Binacional fue el instrumento jurídico, diplomático que formalizó la alianza entre el Brasil y Paraguay para la explotación del potencial hidroeléctrico del río Paraná por ambas naciones. Fue suscrito el 26 de abril de 1973 y entró en vigencia el 13 de agosto de ese año y se conforma por los anexos A, B y C.

El Anexo A guarda relación con el estatuto de la entidad, mientras que en el Anexo B se encuentran definidas la descripción general de las instalaciones destinadas a la producción de energía eléctrica y obras auxiliares y en el Anexo C se fijaron las bases financieras y de prestación de los servicios de electricidad de la represa.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) planteará al Banco Central del Paraguay (BCP) revisar los parámetros utilizados para el ajuste del salario mínimo, con el objetivo de que se base en la canasta básica de consumo y no exclusivamente en el Índice de Precios al Consumidor (IPC), utilizado tradicionalmente como referencia.

El ministro del MEF, Carlos Fernández Valdovinos, manifestó que la propuesta surge ante un evidente desfasajes entre la suba real del costo de vida y los porcentajes de ajuste salarial registrados en los últimos años. El ministro concedió que, si bien la inflación fue contenida, los precios de los productos, especialmente de los alimentos, siguen siendo altos y afectan con fuerza el bolsillo de los trabajadores, en particular de quienes ganan el salario mínimo.

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“El precio de los alimentos estuvo subiendo al ritmo de 20 % al año, aproximadamente. Digamos que empezó con 100, luego terminó con 120 a finales del año 2022. Ahora ese 120 no llegó nunca a reducirse nuevamente, ya se estancó en un precio alto y yo creo que eso es lo que estamos sintiendo ahora”, explicó Fernández Valdovinos al programa Arriba Hoy, emitido por canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El titular del MEF indicó que este fenómeno genera una carga especialmente pesada para los sectores de menores ingresos, cuyo consumo se concentra mayoritariamente en alimentos. Según sus datos, mientras el IPC general marcó una variación del 4 % al 6 % en determinado momento, el precio de los alimentos se disparó hasta un 20 %, sin que ese incremento se refleje en los ajustes salariales.

“El IPC que mide el Banco Central sirve para la política monetaria, pero no necesariamente debe usarse como base para ajustar el salario mínimo. Es un tema que tenemos que rever”, sostuvo.

El ministro adelantó que técnicos del Ministerio de Economía ya se encuentran trabajando en una propuesta con datos concretos, que evidencien los desfasajes entre el índice general de precios y la canasta básica real de consumo. “Ya lo conversamos con las centrales sindicales. Tenemos que encontrar una fórmula más adecuada que refleje lo que realmente consume la gente”, concluyó.

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El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, presentó este martes en el Senado un plan para reducir este año el déficit fiscal de 2,6 % a 1,9 % en el Presupuesto General de la Nación (PGN), y que tiene la meta de lograr el 1,5 % para el proyecto de gastos para el año 2026.

La Comisión de Cuentas y Control de la Administración Financiera del Estado de la Cámara de Senadores recibió esta mañana al titular del MEF, así como al presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Carvallo Spalding, a fin de aclarar sobre los niveles de endeudamiento del Estado, y la última colocación internacional de bonos soberanos, entre otros aspectos económicos.

Al término de la reunión, el presidente de la comisión asesora, el senador Dionisio Amarilla destacó que el encuentro sirvió para recibir de fuente primaria sobre los niveles de endeudamiento de la República, la sostenibilidad no solo de los pagos, sino también de las decisiones tomadas en materia de refinanciación y reestructuración de la deuda.

“En la comisión de Cuentas y Control estamos interesados en hacer pública ese tipo de informaciones. Respecto al déficit fiscal, está previsto en el presupuesto general de este año en un 1,9 %, y el Ministerio de Economía marcha disciplinadamente rumbo a cumplir esa meta”, remarcó.

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A su turno, el ministro Fernández Valdovinos indicó que no debería preocupar tanto el endeudamiento, “ya que es el síntoma de la enfermedad”. Explicó que la enfermedad, en este caso, es el déficit fiscal, y señaló que desde el MEF están trabajando para reducir ese déficit mediante un esquema de trabajo establecido.

“Trabajamos en un plan de convergencia que, si recuerdan, llegó en algún momento el déficit al 6 % del producto interno bruto (PIB). El año pasado se cerró con 2,6 % y este año está camino a cerrar con el 1,9 % y, con el apoyo del Congreso, espero pasar un Presupuesto General de Gastos para el 2026 con el 1,5 %, que finalmente es el número establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal”, explicó Fernández Valdovinos.

Comentó que esta es la forma de atacar de forma decisiva al endeudamiento, porque atacando al déficit fiscal, se está atacando al endeudamiento y desde el ministerio están trabajando en esto.

El ministro enfatizó que se debe seguir trabajando en aumentar las recaudaciones tributarias, sin tocar las tasas impositivas; así como seguir buscando aquellos aspectos donde se pueda mejorar los gastos públicos.

Indicó que, si se analiza el PGN 2025, se puede observar que la mayor parte de incrementos se dio en cuatro sectores: salud, educación, seguridad y la parte de contención social, que contiene todos los programas sociales.

“Tenemos que seguir trabajando en esto porque estos sectores son claves, no solo para el presente, sino para el futuro del país. Esperamos contar con el apoyo del Congreso también para que en el Presupuesto 2026, primero convergamos al 1,5 % del déficit máximo establecido en la Ley de Responsabilidad Fiscal y sigamos apostando por estos cuatro sectores”, precisó.

Respecto a la emisión de Bonos, el ministro de Economía refirió que en febrero pasado se han emitido por valor de 1.200 millones de dólares, que será la única emisión internacional para este año. “Seguimos emitiendo bonos a nivel local, además tenemos los préstamos de los multilaterales, sobre todo para obras de infraestructura en particular”, acotó.

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Una de las principales consignas para trabajar en la reforma de la Caja Fiscal este año es que el Estado tendrá que ajustarse. El ministro de Economía y Finanzas (MEF), Carlos Fernández Valdovinos, habló al respecto, señalando que hoy uno de los sectores que más déficit genera en la Caja es el de policías y militares, principalmente por el retiro anticipado.

En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, Fernández Valdovinos manifestó que se identificó un número de retirados con menos de 65 años, lo cual genera un costo anual superior a los USD 100 millones. “Vimos que el número de policías y militares que tienen menos de 65 años le cuesta a la caja fiscal mucho más de USD 100 millones por año. El gobierno propone modificar la normativa para que policías y militares también se retiren a los 65 años, como el resto de los funcionarios públicos”, indicó.

También recordó que ahora existe un esquema de incorporar al sistema 5.000 policías por año, cuando antes ingresaban “con suerte” unos 1.000 por año. “Metíamos 1.000, pero se retiraban 500, inmediatamente, y eso que eran muy jóvenes, con 55 años; entonces el efecto neto era de solo 500 nuevos policías”, dijo.

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Sobre el punto, el ministro cuestionó la lógica de retiro por edad en comparación con superiores más jóvenes, aplicando un razonamiento al Poder Ejecutivo. “Si vamos a aplicar esto a rajatabla, no van a poder existir coroneles y generales. Tampoco íbamos a poder ser ministros, porque el presidente es más joven que yo. Es decir, yo no iba a poder ser subalterno”, expuso.

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