Las obras del viaducto del kilómetro 10 de Ciudad del Este alcanzaron un avance físico del 70 %, con la estructura principal ya concluida. El proyecto, financiado por Itaipú Binacional, se encuentra ahora enfocado en completar los accesos, retornos y trabajos viales complementarios, con el objetivo de mejorar la circulación en uno de los puntos de mayor movimiento de la capital de Alto Paraná.

De acuerdo con los datos de la supervisión técnica, los viaductos están terminados y quedan pendientes la pavimentación y la colocación de las juntas de dilatación. En paralelo, se ejecutan las rampas de acceso norte y sur, además de los retornos ubicados en los sectores este y oeste.

Los trabajos también incluyen la construcción de muros de contención, movimientos de suelo y sistemas de drenaje en las calles colectoras. Asimismo, avanzan las tareas de preparación de bases para la pavimentación y la adecuación de los caminos vinculados al plan de desvío del tránsito.

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Las lluvias registradas en los últimos días condicionaron el ritmo de ejecución de algunas intervenciones, principalmente en las colectoras, veredas y bicisendas. Sin embargo, la estructura principal no sufrió inconvenientes y permanece concluida, según los técnicos encargados de la supervisión.

La ejecución está a cargo del Consorcio Acaray-Tocsa, bajo el seguimiento de una mesa técnica integrada por representantes de Itaipú y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Las próximas etapas estarán sujetas a las condiciones climáticas, especialmente en lo relacionado con el movimiento de suelo y las obras de drenaje.

El emprendimiento busca agilizar el tránsito y fortalecer la conectividad en el kilómetro 10, un sector estratégico para la circulación urbana y el acceso a Ciudad del Este. Las calles y avenidas utilizadas para los desvíos se encuentran actualmente operativas.

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Paraguay alcanzó 48 de 100 puntos en el Índice de Desarrollo del Servicio Civil 2026, según el último estudio presentado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Este resultado posiciona al país en un nivel de desarrollo medio y por encima del promedio de América Latina y el Caribe, consolidando un avance histórico frente a los 40 puntos registrados en 2017 y los 12 obtenidos en 2004.

Como parte esencial de este progreso, el BID destaca la puesta en funcionamiento de la Ley N.º 7445/2025 de la Función Pública y del Servicio Civil, la creación del Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional (VCHGO) y la adopción de herramientas técnicas para planificar el personal público.

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Además, destaca el inicio de la implementación gradual de la nueva carrera administrativa en 12 instituciones piloto, que comprende a unos 12.000 funcionarios públicos.

“Paraguay mejoró de manera sostenida en el desarrollo de su Servicio Civil desde la primera medición, realizada en 2004. En aquel año obtuvo 12 puntos sobre 100; luego subió a 26 puntos en 2013 y a 40 en 2017, llegando ahora a los 48 puntos que le permite subir del nivel bajo al nivel de desarrollo medio, encontrándose por detrás de Costa Rica y Colombia (57 puntos cada uno) y Jamaica (51 puntos). Otros países de la región, ya alcanzan un nivel de desarrollo alto como Chile (73), Brasil (68) y Uruguay (60)”, destaca parte del informe.

Pese a los progresos, el organismo internacional identificó un total de once desafíos prioritarios para afianzar el nuevo modelo institucional. Entre las principales “tareas pendientes” figura extender la planificación de la fuerza laboral a las instituciones de mayor peso dentro del Poder Ejecutivo, modernizar e integrar los sistemas de información de recursos humanos y ampliar las descripciones y valoraciones de puestos a todas las instituciones comprendidas en el ámbito de la reforma.

También plantea fortalecer el sistema de directivos públicos y los mecanismos de selección por concurso, implementar el modelo completo de evaluación del desempeño y finalizar el diseño de una escala salarial única, cuya aplicación deberá ser gradual y fiscalmente sostenible.

Asimismo, señala la necesidad de reglamentar los ascensos y las promociones dentro de la carrera administrativa, implementar los planes institucionales de capacitación y extender las encuestas de clima laboral a las distintas dependencias públicas.

Paralelamente señalan que las unidades de gestión y desarrollo de las personas deben estar acompañadas de programas de formación, asistencia técnica y seguimiento de indicadores. A esto se suma la necesidad de institucionalizar un ciclo de monitoreo y evaluación de la reforma, con indicadores clave y mediciones periódicas de resultados.

Durante la presentación del documento, el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Lovera, explicó que la profesionalización “exige funcionarios idóneos y comprometidos con sus cargos” y que el objetivo final es transformar esta profesionalización en “bienes y servicios públicos oportunos y de calidad para la ciudadanía”, acotó.

Por el mismo lado, la viceministra de Capital Humano, Andrea Picaso, valoró el trabajo coordinado con las unidades de gestión humana y señaló que el éxito de la ley dependerá del fortalecimiento de las capacidades operativas.

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El presidente de la República, Santiago Peña, acompañado del vicepresidente Pedro Alliana; la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión y autoridades nacionales, realizaron un recorrido por las obras de pavimentación de calles en Villa Hayes, que registran un 88 % de avance en el marco del Plan 1000.

Los trabajos abarcan 16 tramos urbanos, con una extensión total de 9,9 kilómetros, de los cuales 1,4 kilómetros corresponden a pavimento de hormigón.

Estas intervenciones permitirán mejorar las condiciones de tránsito, facilitar los desplazamientos diarios y fortalecer la conexión entre distintos sectores de Villa Hayes, beneficiando a los vecinos y a las actividades económicas de la zona.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado destacó los avances que están transformando el Bajo Chaco.

“Hoy en Villa Hayes verificamos el 88 % de avance en la pavimentación de casi 10 kilómetros de vías urbanas. A través del Plan 1000 estamos dotando a la Región Occidental de nueva infraestructura vial de asfalto y hormigón. Seguimos trabajando para conectar a nuestras comunidades, impulsar la economía regional y mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos”, resaltó el presidente Peña.

Igualmente, el vicepresidente Alliana destacó que muy pronto, miles de familias tendrán mejores caminos para llegar a sus trabajos, escuelas y hogares. “¡Seguimos trabajando por nuestra gente!”, remarcó.

Cabe destacar que el Plan 1000 contempla la pavimentación de 1.000 kilómetros de caminos en 263 municipios de los 17 departamentos y Asunción, con el objetivo de ampliar la conectividad y mejorar la infraestructura vial del país.

Esta iniciativa es posible gracias al financiamiento de Itaipú Binacional, a partir de los recursos obtenidos mediante la negociación de la tarifa energética con Brasil.

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Durante un procedimiento realizado en las primeras horas de la tarde de hoy jueves, la fiscala Fabiola Sosa se constituyó en la sede de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios para la requisa de varios documentos, auditar registros y recabar pruebas tras la fuga de dos privados de libertad.

Entre los documentos, se incautaron además de celulares, notebooks que estaban en el centro penitenciario “Martín Mendoza”, de Emboscada.

Este allanamiento se realiza tras la fuga de dos personas privadas de libertad (PPL), ocurrida en la madrugada del domingo pasado, y lo que derivó en la detención del director de la cárcel de máxima seguridad, y del jefe y subjefe de seguridad del lugar.

Los fugados fueron: Ever Alejandro Ozuna López y Robert Arsenio Merlo Villalba. El primero, procesado por asociación criminal y narcotráfico, el segundo por robo agravado. Los mismos siguen con paradero desconocido.

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Igualmente, luego de esta fuga, la fiscala Sosa imputó al exdirector de Inteligencia Penitenciaria, subcomisario Derlis Cáceres, por frustración de la persecución y ejecución penal, ya que el mismo presuntamente se encuentra implicado en la liberación de los presos.

La representante del Ministerio Público, de Emboscada, solicitó prisión preventiva para el exdirector de Inteligencia Penitenciaria. Ayer miércoles se entregó en la Fiscalía de Emboscada para ponerse a disposición de la Justicia.

Sosa mencionó que Cáceres se abstuvo de declarar hoy jueves.

Es de recordar que durante una conferencia de prensa, el ministro Rodrigo Nicora puso en el cargo de director general de Establecimientos Penitenciarios al comisario (R) Óscar Pereira en reemplazo de Rubén Darío Peña Weisensee.

En la ocasión, el viceministro de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia, Rubén Maciel Guerreño, presentó su renuncia hoy jueves, ya que su hermano es abogado defensor de uno de los reos “privilegiados” que estaba ocupando una celda diferenciada del penal de “máxima seguridad”, en Emboscada.

Poderosos capos narcos y criminales de alto perfil eran huéspedes de la celda del módulo 7 (planta alta) en el penal de “máxima seguridad”, de Emboscada

El grupo de reclusos estaba formado por: José Pastor Insfrán (caso A Ultranza), Alexandre Rodrigues Gomes (hijo de Eulalio “Lalo” Gomes), Alexis González (caso A Ultranza), entre otros más.

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