El miembro del Consejo de la Magistratura, doctor Enrique Berni, mantuvo una reunión con el nuncio apostólico en Paraguay, S.E. Reverendísima Monseñor Vincenzo Turturro, en un encuentro caracterizado por un cordial intercambio de ideas sobre temas vinculados al fortalecimiento institucional del sistema de justicia.

Durante la conversación, ambas autoridades reflexionaron sobre el funcionamiento de la Justicia en el país y coincidieron en la necesidad de seguir impulsando acciones orientadas a fortalecer las instituciones, promover una justicia más humana y cercana a la ciudadanía, y brindar respuestas oportunas a las personas que claman por un sistema judicial confiable, transparente y al servicio del bien común.

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Al término del encuentro, el doctor Berni agradeció la cordial recepción de monseñor Turturro y destacó la importancia de generar espacios de diálogo que contribuyan a consolidar una justicia con mayor credibilidad, sustentada en valores, responsabilidad institucional y un firme compromiso con la sociedad paraguaya.

Del mismo modo, Berni realiza giras por el interior del país escuchando los reclamos de los profesionales del derecho a los efectos que los mismos puedan acceder a las ternas a los cargos a la magistratura judicial.

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El Gobierno de Estados Unidos emitió este viernes una alerta de seguridad dirigida a los ciudadanos estadounidenses que residen o se encuentran en Oriente Medio, ante el deterioro de la situación regional y el riesgo de nuevas interrupciones en el transporte aéreo, informó la agencia RT.

Las advertencias de Washington a sus ciudadanos reflejan el creciente nivel de incertidumbre en una de las regiones más sensibles del mundo. Mientras continúan los intercambios de amenazas y operaciones militares entre Estados Unidos e Irán, aumenta el temor a que el conflicto derive en una crisis de mayor alcance, con posibles repercusiones sobre el transporte aéreo, el comercio internacional y el suministro mundial de energía.

Las autoridades recomendaron extremar las medidas de precaución y mantenerse preparadas para eventuales cancelaciones de vuelos, cierres temporales del espacio aéreo y otras complicaciones que puedan afectar los desplazamientos dentro de la región.

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El comunicado también advierte que varias compañías aéreas modificaron sus operaciones como consecuencia del aumento de las tensiones. Algunas postergaron el restablecimiento de rutas previamente suspendidas, mientras que otras optaron por cancelar determinados servicios. En ese contexto, Washington instó a sus ciudadanos a mantenerse informados mediante las comunicaciones oficiales de las embajadas y consulados estadounidenses.

La advertencia coincide con un nuevo agravamiento de la confrontación entre Estados Unidos e Irán. Aunque días atrás el presidente Donald Trump intentó restar dramatismo a la situación al describir los enfrentamientos como “escaramuzas”, ambas naciones han protagonizado en los últimos días una sucesión de acciones militares y represalias.

El escenario se tensó tras operaciones estadounidenses contra objetivos iraníes y posteriores respuestas de Teherán contra instalaciones militares de Washington en Oriente Medio. Paralelamente, el Comando Central de Estados Unidos informó sobre la reactivación del bloqueo naval a puertos iraníes, incrementando la presión sobre la República Islámica.

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Estados Unidos lanzó este domingo una serie de ataques para “castigar” a Irán, después de informar las primeras muertes de militares estadounidenses desde que se reanudaron las hostilidades con la República islámica.

En la octava noche consecutiva de bombardeos, Estados Unidos atacó instalaciones militares iraníes, así como de “las fuerzas del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica que lanzaron ataques contra miembros de las fuerzas estadounidenses en Jordania el 17 de julio", señaló el Mando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom) en un comunicado.

Las agencias de prensa iraníes Mehr y Tasnim informaron, al mismo tiempo, de ataques estadounidenses en Sirik, un puerto situado frente al estrecho de Ormuz, en el sur del país. La agencia oficial Irna dio cuenta de un “ataque militar enemigo estadounidense cerca de Hajiabad”, en la misma provincia meridional de Hormozgán.

En tanto, el ejército iraní anunció el lanzamiento de drones explosivos contra dos bases militares estadounidenses en Kuwait, según la televisión estatal. Todo ataque estadounidense enfrentará “una respuesta decisiva y devastadora de parte de los combatientes fieles, valientes y poderosos de las Fuerzas Armadas iraníes”, afirmó el general Ali Abdolahi, citado por la televisión estatal.

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El Centcom había anunciado el sábado la muerte de dos militares estadounidenses, los primeros desde la reanudación de las hostilidades del 7 de julio, y la desaparición de un tercero en “ataques con misiles y drones iraníes” el viernes en Jordania. En total, el número de militares estadounidenses muertos desde el inicio de la guerra, en febrero, asciende a 16.

La guerra, iniciada el 28 de febrero por la ofensiva israeloestadounidense contra Irán, había quedado en suspenso tras el alto el fuego de abril. Pero desde la reanudación de las hostilidades la primera semana de julio, la violencia alcanzó niveles sin precedentes.

El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, amenazó este sábado con infligir una “lección inolvidable” a Estados Unidos tras la reanudación de sus ataques contra Irán. “Ahora que el enemigo estadounidense busca incitar a la guerra (...) debe saber que la querida nación iraní y el frente de la resistencia tienen lecciones inolvidables que ofrecerle”, afirmó el ayatolá en un mensaje escrito citado por la televisión estatal.

“La violación repetida” del memorándum de entendimiento “ha demostrado una vez más a todos que la firma del presidente estadounidense no vale nada”, añadió. Según un balance del Ministerio iraní de Salud, los bombardeos estadounidenses han causado al menos 50 muertos y más de 500 heridos desde el 27 de junio. Irán también anunció el sábado ataques contra bases estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin.

Según las autoridades kuwaitíes, los ataques dañaron gravemente una instalación petrolera y provocaron un incendio, así como el cierre de varias unidades de producción en una central eléctrica y de desalinización de agua. Por su parte, el Consejo de Cooperación del Golfo, que agrupa a seis países de la región, condenó los ataques iraníes contra infraestructuras civiles y dijo que constituyen “crímenes de guerra”.

“El miedo a posibles cortes de electricidad es evidente, a la vista de los llamamientos generales a reducir el consumo y apagar los aparatos no esenciales”, declaró a la AFP Ali Mahmoud, un egipcio de 46 años que trabaja en un proveedor de electricidad kuwaití.

En Irán, las autoridades de la provincia de Hormozgán afirmaron que los ataques estadounidenses habían “destruido por completo” una estación de bombeo de agua de mar y un transformador eléctrico de una planta de desalinización. Paralelamente a estos bombardeos, también se producen incidentes marítimos en el estrecho de Ormuz.

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La reapertura de esta vía estratégica por parte de Irán había sido uno de los principales logros del acuerdo destinado a conducir a la paz, pero el tráfico marítimo vuelve a estar prácticamente paralizado. Casi una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos transitaba por este estrecho antes de la guerra.

Con el nuevo bloqueo de Teherán, Washington reimpuso el bloqueo a los puertos de Irán, que había levantado siguiendo el acuerdo marco. Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, advirtieron que los ataques “continuarían hasta que vuelva la calma a la costa sur y al estrecho de Ormuz”.

Fuente: AFP

• Embajador Carlos José Fleitas
• Foto: Gentileza

En los próximos días se cumplirán 88 años de aquel 21 de julio de 1938, fecha en la cual se suscribió el Tratado de Paz, Amistad y Límites entre el Paraguay y Bolivia. Este hecho marca un acontecimiento fundamental de nuestra historia, pues puso fin a tres años de conflicto armado y a igual tiempo de discusiones limítrofes entre dos países hermanos. Sin embargo, aquel tratado representó mucho más que un acuerdo de delimitación territorial o cese de hostilidades. Constituyó el inicio de una nueva etapa caracterizada por la diplomacia y el trabajo técnico permanente para defensa y consolidación del territorio nacional.

Este 21 de julio de 2026 es la ocasión propicia para reflexionar y hacer un análisis sobre el proceso histórico que atravesó el Paraguay en la definición de sus fronteras en el Chaco, un recorrido que abarcó casi cuatro siglos de antecedentes coloniales, controversias diplomáticas, negociaciones internacionales, conflictos armados, pérdida de vidas y complejas tareas de demarcación que duraron 87 años.

La cuestión de límites entre Paraguay y Bolivia no fue un hecho aislado, sino una consecuencia de la configuración territorial heredada de las antiguas colonias españolas en América. La ausencia de delimitaciones claras durante la época colonial, que dio origen a discusiones diplomáticas que evolucionaron hasta convertirse en una conflagración bélica que buscó dirimir el conflicto de dos Estados vecinos y hermanos, sobre la titularidad del Chaco Boreal.

Entre los antecedentes más remotos se puede citar el diferendo suscitado entre el conquistador español Ñuflo de Chávez y Andrés Manso en 1560, con la creación de Mojos o Chiquitos, independiente de las gobernaciones del Paraguay y del Perú, aunque sin delimitación precisa. No obstante, durante el periodo colonial distintos gobernadores ilustraron con claridad los límites entre las Provincias del Alto Perú y del Paraguay.

Con la emancipación política del Paraguay en mayo de 1811 y la de las provincias del Alto Perú en 1825 (que dio origen a la República de Bolivia), ambas personas jurídicas de derecho internacional heredaron los territorios que tenían durante la colonia, conforme al principio jurídico del uti possidetis. De esta manera, los límites eran los que la Provincia del Paraguay poseía con la de Santa Cruz de la Sierra y Chiquitos, separados por el semidesértico territorio del Chaco, es decir, la Cordillera de los Chiriguanos y el río Parapití. Por otra parte, Bolivia reivindicaba la jurisdicción de la Audiencia de Charcas. También merece destacarse que Bolivia fue el primer país limítrofe en reconocer nuestra independencia, el 17 de junio de 1843.

Luego de la firma del Tratado Guido-Vázquez en 1852 entre la República del Paraguay y la Confederación Argentina, dado que dicho tratado reconocía al Paraguay la soberanía “de costa a costa” sobre el río homónimo hasta su confluencia con el Paraná, circunstancia que motivó la protesta formal del encargado de Negocios de Bolivia dando inicio al reclamo de ese país sobre el Chaco. Esta reclamación fue posteriormente sostenida ante los países signatarios del Tratado de la Triple Alianza.

Tras la derrota sufrida en la Guerra del Pacífico y la pérdida de su litoral marítimo, Bolivia orientó sus esfuerzos hacia la obtención de una salida a través del río Paraguay. Ante el fracaso de diversas gestiones indirectas, decidió entablar negociaciones con el Paraguay sobre la cuestión del Chaco. A ese efecto, en 1879, fue comisionado a Asunción en carácter de ministro plenipotenciario el Dr. Antonio Quijarro, quien, sin hacer ninguna exposición de títulos que sustenten las pretensiones bolivianas adujo conveniencias económicas para el Paraguay la celebración de un tratado de límites. Como resultado de dichas negociaciones se suscribió el Tratado Decoud-Quijarro (1879), primer acuerdo fronterizo celebrado entre ambos países tras la Guerra de la Triple Alianza. No obstante, el instrumento nunca llegó a ser ratificado.

Lejos de abandonar sus aspiraciones, Bolivia designó al Dr. Isaac Tamayo para negociar un nuevo tratado. El Paraguay accedió a reiniciar las conversaciones diplomáticas y el 16 de febrero de 1887 se firmó el Tratado Aceval-Tamayo, nuevamente, sin tener en cuenta que ello le significaba la pérdida de un territorio. Sin embargo, al igual que su predecesor, este tratado tampoco fue ratificado.

En 1891, el Gobierno boliviano acreditó al señor Mariano Baptista y su propuesta consistía en retomar alguno de los tratados previamente suscritos –el Decoud-Quijarro de 1879 o el Aceval-Tamayo de 1887– o, en su defecto, someter la controversia a una decisión arbitral. No obstante, las conversaciones fueron postergadas.

Tres años después, en 1894, fue acreditado como nuevo ministro plenipotenciario de Bolivia en Asunción el doctor Telmo Ichazo. Quien, tras un prolongado intercambio diplomático y convencido de la imposibilidad de obtener la ratificación de los tratados de 1879 y 1887, suscribió un protocolo mediante el cual ambas partes declaraban la caducidad de los mismos.

Sin embargo, las negociaciones no concluyeron allí. Gracias a la activa mediación del encargado de negocios de la República Oriental del Uruguay, Adolfo Basáñez, quien actuó como mediador neutral a solicitud de Bolivia, las partes retomaron el diálogo en un clima de conciliación. Como resultado, el 23 de noviembre de 1894 se firmó el Tratado Benítez-Ichazo, que invocando el sentimiento de confraternidad proponía dividir el Chaco con una línea diagonal que comenzaba tres leguas al norte de Fuerte Olimpo, sobre la ribera del río Paraguay, y descendía hasta interceptar el río Pilcomayo.

o a los 61° 28’ de longitud oeste. Otorgando Bolivia más de dos tercios del territorio disputado.

A comienzos del siglo XX, la controversia por el Chaco dejó de caracterizarse exclusivamente por la discusión diplomática, documental y jurídica para incorporar un componente militar cada vez más evidente. A partir de 1905, Bolivia inició una política sistemática de ocupación del territorio mediante el establecimiento de fortines militares, primero de manera discreta y posteriormente en forma abierta. Esta estrategia se evidenció con la fundación de fortines a lo largo del Pilcomayo, como, por ejemplo: Ballivián y Guachalla hasta llegar a Muñoz en la zona del Estero Patiño.

La situación adquirió mayor gravedad luego de la firma del Protocolo Soler-Pinilla, de 1907, que establecía una línea de statu quo y comprometía expresamente a ambos Estados a mantener las posiciones territoriales existentes. Pese a dicho compromiso, Bolivia continuó ampliando su presencia militar mediante la creación de nuevos fortines, entre ellos Linares, Magariño, Esteros, Saavedra, Sorpresa, Tinfunque y Arce, entre otros.

Ante esta amenaza, el Paraguay empezó a esbozar un plan militar para resguardar sus derechos. Impulsó un proceso de reorganización de su ejército y emprendió la adquisición de armamentos en Europa. Se presagiaba en el horizonte el inminente estallido de la guerra.

En 1927, un nuevo incidente agravó la situación. La muerte del Tte. Rojas Silva motivó la firma del Protocolo Díaz León- Gutiérrez por el que Paraguay y Bolivia aceptaron los buenos oficios del Gobierno argentino para procurar una salida pacífica, sin modificar los acuerdos anteriores. En ese contexto, se desarrolló la Conferencia de Buenos Aires de 1927- 1928 y, posteriormente tras el suceso del Fortín Vanguardia, la Conferencia de Washington. Ambas iniciativas diplomáticas lograron evitar momentáneamente el conflicto armado eminente.

Lamentablemente, estos esfuerzos resultaron insuficientes. Finalmente, el 15 de junio de 1932 estalló la Guerra del Chaco con el ataque boliviano al Fortín Paraguayo Carlos Antonio López.

Tras tres años de sangriento conflicto bélico, el 12 de junio de 1935 se suscribió en la ciudad de Buenos Aires el Protocolo de Paz, conocido como protocolo Riart-Eliot, en él se acordó el cese definitivo de las hostilidades entre Paraguay y Bolivia. En lo referente a límites el artículo 1, punto 3.º, estableció la obligación de resolver los diferendos por acuerdo directo o, en caso de fracasar, someterlos al arbitraje de derecho, designando como árbitro a la Corte Permanente de Justicia Internacional de la Haya.

Las delegaciones de ambos países iniciaron un complejo proceso de negociaciones diplomáticas que se extendió durante los años 1936 y 1937. A pesar de los numerosos encuentros y de las diversas propuestas formuladas por las partes, no fue posible alcanzar una solución. Ante el estancamiento de las conversaciones, las negociaciones fueron retomadas en 1938.

Durante las sesiones, tanto Paraguay como Bolivia presentaron proyectos de delimitación que fueron sucesivamente rechazados por la contraparte, manteniéndose las posiciones iniciales sin posibilidades de consenso. La Comisión de Neutrales presentó, en junio de 1938, una nueva propuesta destinada a destrabar las negociaciones. La fórmula consistía en establecer una línea intermedia y someter la porción restante del territorio en disputa a un arbitraje de equidad. Esta iniciativa fue aceptada por ambas delegaciones, como base para alcanzar un acuerdo.

La aceptación de esta fórmula implicó una decisión de gran trascendencia política y jurídica para el Paraguay. Hasta ese momento, la posición oficial había sostenido que la cuestión se circunscribía a una simple delimitación de una frontera preexistente, basada en títulos históricos claros e indiscutibles. Sin embargo, al admitir una solución negociada complementada con un arbitraje de equidad, el Paraguay aceptó la posibilidad de una distribución del territorio en litigio, privilegiando una salida pacífica al largo conflicto existente.

En definitiva, el 21 de julio de 1938 se firmó el Tratado de Paz, Amistad y Límites, entre Paraguay y Bolivia, poniendo término a una controversia diplomática iniciada décadas atrás y cerrando uno de los capítulos más complejos de la historia territorial de ambos países. El tratado estableció, en su artículo 2.°, que la delimitación definitiva de una parte del territorio sería determinada mediante un laudo arbitral de equidad, disponiendo expresamente que los árbitros actuarían ex aequo et bono, es decir, resolviendo conforme a criterios de justicia y equidad antes que por la estricta aplicación del derecho positivo.

Al firmar el tratado Paraguay ocupaba 264.150 km² aproximadamente de la región en disputa. No obstante, el acuerdo reconoció definitivamente al Paraguay una superficie cercana a 232.650 km², mientras que una franja aproximada de 41.500 km² quedó sometida a la decisión del tribunal arbitral. El 10 de octubre de 1938, el Colegio Arbitral dictó su laudo definitivo, estableciendo que la línea fronteriza debía extenderse desde el lugar denominado Esmeralda, sobre el río Pilcomayo, hasta la desembocadura del río Negro u Otuquis, fijando así el trazado de una parte sustancial de la frontera entre ambos Estados.

Con el objetivo de ejecutar las disposiciones del tratado y materializar la delimitación acordada, el 25 de noviembre de 1938 se constituyó la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, organismo técnico binacional encargado de trasladar las disposiciones jurídicas a la realidad geográfica mediante la colocación de hitos y la determinación precisa de la línea internacional. Inició su labor en 1939, la colocación del primer hito denominado “Esmeralda” se realizó el 10 de octubre de 1940 siendo el delegado demarcador paraguayo el capitán José Bozzano y por Bolivia el general Abelardo Prieto.

Los primeros delegados demarcadores que representaron a nuestro país que lo representaron en las reuniones de la Comisión Demarcadora fueron el teniente coronel Abdón Palacios y el teniente 1.° de Marina Néstor Rodríguez Bordas. Por parte Bolivia fueron el coronel Abelardo Prieto y el mayor Walter Salinas.

La entrega material de los territorios adjudicados a cada Estado se llevó a cabo mediante una ceremonia oficial el 28 de diciembre de 1938, en la ciudad de Villa Montes, Bolivia, acto que simbolizó el cumplimiento efectivo de las disposiciones adoptadas en el Tratado de Paz.

En el Paraguay, si bien se había realizado un plebiscito donde la ciudadanía expresó su respaldo, este carecía de efectos jurídicos vinculantes. Por tal motivo, el 16 de febrero de 1939, el Congreso Nacional aprobó formalmente el tratado, que fue promulgado mediante la Ley n.º 61, otorgándole plena validez dentro del ordenamiento jurídico y cerrando cualquier cuestionamiento respecto de su legitimidad.

La firma del Tratado de Paz, Amistad y Límites de 1938 no significó el fin de los desafíos vinculados con la delimitación fronteriza. Por el contrario, dio inicio a una extensa etapa de trabajo técnico sobre el terreno, destinada a materializar las disposiciones del tratado y del laudo arbitral mediante la ubicación precisa de hitos, la apertura de picadas y la verificación permanente de la línea internacional. Esto exigió décadas de arduo trabajo técnico de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites. El desafío apenas comenzaba y que duraría 87 años, culminando de manera efectiva en diciembre de 2025, durante la gestión del actual gobierno encabezado por el presidente Santiago Peña.

Fue precisamente el desarrollo de estas labores de demarcación que permitió identificar una discrepancia que, años más tarde, daría origen a una nueva controversia: el arbitraje sobre el cerro Chovoreca. El 23 de mayo de 1967, durante una reunión plenaria de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites celebrada en Buenos Aires, surgió un desacuerdo respecto de la ubicación del Vértice VIII, conocido como cerro Chovoreca. La delegación boliviana sostenía que dicho accidente geográfico no existía y defendía la validez del hito ya emplazado conforme a las coordenadas consignadas en el plano del laudo arbitral de 1938. Por su parte, la delegación paraguaya afirmaba la existencia física del cerro y sostenía que el hito colocado carecía de validez debido a vicios tanto de forma como de fondo en el acta de erección.

Ante la imposibilidad de alcanzar un consenso, las partes acordaron someter la cuestión a la decisión del presidente de la Comisión Mixta Demarcadora de Límites, el general de brigada ingeniero Gonzalo Gómez, quien asumió la responsabilidad de resolver la controversia mediante un análisis estrictamente técnico. Tras la realización de los estudios topográficos, cartográficos y geodésicos correspondientes, el 11 de julio de 1969 se dictó un fallo definitivo e inapelable que estableció que el Vértice VIII debía ubicarse en el punto más elevado del cerro Chovoreca, identificado en la cota de 254,72 metros sobre el nivel del mar, con esta decisión el Paraguay ganaba aproximadamente 800 kilómetros de superficie en disputa.

Décadas más tarde, ambos países reafirmaron su compromiso con el cumplimiento integral del tratado, con la suscripción de nuevos instrumentos jurídicos orientados al manteniendo de la frontera. El 24 de abril de 2009 se firmó el Acta Final sobre la ejecución y el cumplimiento del Tratado de Paz, Amistad y Límites del 21 de julio de 1938. Posteriormente, el 12 de junio del mismo año, a 74 años del cese de hostilidades, se firmó el Protocolo Adicional al Tratado de Paz, Amistad y Límites, aprobado por Ley n.° 4176/2010, que estableció una nueva Comisión Mixta Demarcadora de Límites con las funciones de construcción, control y mantenimiento de hitos, así como la apertura y conservación de picadas.

La cooperación bilateral se profundizó aún más con la firma de las Notas Reversales del 30 de mayo de 2011, mediante las cuales ambos gobiernos acordaron establecer, a lo largo de toda la frontera terrestre, una franja de 50 metros de ancho destinada exclusivamente al libre tránsito para las tareas de vigilancia, mantenimiento y conservación de los hitos limítrofes. Estas áreas, conocidas como fajas de seguridad territorial o fajas non aedificandi, constituyen espacios donde no pueden realizarse construcciones permanentes, garantizando la adecuada visibilidad y preservación de la línea fronteriza.

Finalmente, en diciembre del año 2025 con la realización de los trabajos de batimetría del río Negro, quedaron concluidas las labores técnicas necesarias para la demarcación integral de la frontera entre la República del Paraguay y el Estado Plurinacional de Bolivia, culminando un proceso iniciado formalmente con la firma del Tratado de Paz de 1938.