El diputado Walter Harms, del movimiento Honor Colorado, mencionó que no estará acompañando la nueva solicitud de endeudamiento planteada desde el Poder Ejecutivo para reactivar la economía ante la crisis sanitaria generada por el COVID-19. Al respecto, argumentó que se debe mantener la prudencia.
“Yo soy cartista, pero anticipo mi voto en negativo a cualquier pedido de nuevos créditos para el Estado, los créditos son importantes para crecer en infraestructura, pero siempre en niveles de endeudamiento prudentes y, sobre todo, con ejecución clara y transparente”, sostuvo.
Decisión de bancada
Agregó también que piensa que la decisión de la bancada de Honor Colorado en Diputados será esa, aunque todavía no se debatió. “La unidad no tiene nada que ver en esto. Nosotros somos autónomos como movimiento”, sentenció.
Las declaraciones del legislador surgieron ante las versiones de algunos sectores políticos de la oposición que manifiestan que el proceso de unidad colorada denominada “concordia” serviría nada más para poder concretar la aprobación de nuevos endeudamientos.
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El Poder Ejecutivo cuenta con la intención de lograr concretar la aprobación de un total de 350 millones de dólares para reactivar la economía, desde el Gobierno se inició un fuerte lobby en el Congreso Nacional para conseguir el nuevo crédito. Al respecto, el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, semanas atrás mantuvo un encuentro con las autoridades del Legislativo.
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Reanudan juicio oral contra Prieto en caso conocido como Tía Chela
El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19.
El día de ayer se reinició el juicio oral contra el exintendente destituido de Ciudad del Este Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza por el caso conocido como Tía Chela donde existe un perjuicio de G. 2.130 millones.
La audiencia se reanudó con la exposición de más pruebas documentales. El proceso judicial contra Prieto se da por el presunto negociado en la compra de kits de alimentos para familias vulnerables durante la pandemia de covid-19, causa en la que se investiga un perjuicio patrimonial de G. 2.130.036.016 a la Municipalidad de Ciudad del Este.
Al inicio de esta audiencia, el fiscal acusador, Silvio Corbeta, expuso ante el Tribunal de Sentencia sobre más pruebas documentales en el marco del juicio.
En esta jornada se producirá una gran cantidad de elementos probatorios en relación con los documentos recolectados por el Ministerio Público durante la etapa investigativa y luego se estaría dando el receso diario correspondiente, reportó el periodista de Nación Media Aldo Insfrán desde judiciales.
La acusación fiscal señala que Prieto habría favorecido de forma directa a la empresa Tía Chela SRL mediante una contratación por vía de excepción, a pesar de que la firma carecía de la capacidad operativa y financiera para responder a la demanda.
De acuerdo a los investigadores, la distribución de víveres se realizó de manera parcial, lo que habría generado un perjuicio patrimonial estimado en G. 2.130.036.160 a la municipalidad esteña.
Podría ir a la cárcel por graves amenazas a testigos
El fiscal consideró que la conducta de Miguel Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho.
El fiscal Silvio Corbeta sostuvo que el exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto amenaza a los testigos que deben declarar en su contra durante el desarrollo del juicio oral y público en el caso conocido como Tía Chela. En esta causa, el exjefe comunal está siendo juzgado por lesión de confianza y asociación criminal por ocasionar un perjuicio patrimonial de G. 2.130 millones.
El representante del Ministerio Público consideró que la conducta del acusado Prieto podría motivar la revocatoria de las medidas alternativas a la prisión que cumple actualmente, atendiendo a la gravedad del hecho. Las declaraciones del fiscal se generaron luego de que Prieto anunciara que presentará una denuncia penal contra el exconcejal Celso “Kelembu” Miranda, quien debe declarar en el juicio por el supuesto negociado en la compra de kits de alimentos para familias afectadas por la pandemia.
Miranda había presentado previamente una denuncia por presuntas irregularidades en la adquisición de equipos para una planta asfáltica. Dicha investigación fue desestimada y Prieto anunció que denunciaría al exconcejal por denuncia falsa. Corbeta explicó que la desestimación se produjo tras la investigación fiscal y señaló que la denuncia de Miranda motivó a varios proveedores a presentar reclamos, lo que derivó en la nulidad de una licitación que, según el agente, había sido adjudicada a la empresa con la oferta de mayor costo. “Nosotros vamos a seguir litigando, vamos a mantenernos dentro del margen y vamos a evitar cualquier tipo de victimización como acostumbra este señor a realizar”, manifestó el fiscal.
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Tras 16 años, la ONU vuelve a Paraguay para evaluar medidas contra la tortura en las cárceles
El Subcomité para la Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas (SPT) inició su agenda de trabajo en Paraguay con una reunión con autoridades y representantes del Poder Ejecutivo. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la Cancillería Nacional y estuvo presidido por el viceministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún.
La visita se enmarca en las visitas periódicas programadas y en las funciones establecidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT), aprobado por Ley N.º 2754/2005. Es la tercera vez que visita el país después de 16 años, de la última vez que fue en el 2010.
Esta visita se extenderá hasta el próximo martes 3 de noviembre y durante los próximos días, los integrantes del Subcomité seguirán manteniendo reuniones con autoridades nacionales y visitarán lugares de privación de libertad, con el objetivo de evaluar las condiciones de detención y verificar el respeto de las garantías y los derechos de las personas privadas de libertad.
En virtud del Protocolo Facultativo, el SPT tiene como fin hacer seguimiento del estado de los lugares que se encuentren bajo su normativa a fin de examinar las condiciones físicas, sanitarias y legales en las que se encuentran.
La verificación de los centros de reclusión se realizará con el objetivo de constatar el estado de las cárceles y otros lugares de detención y evaluar el cumplimiento de las recomendaciones formuladas en la última visita de 2010.
De acuerdo al comunicado, el SPT señaló que retorna al país con el objetivo de “evaluar las medidas tomadas por las autoridades para reforzar las salvaguardas contra la tortura” y para examinar su impacto en la protección de las personas detenidas.
Además, la delegación mantendrán reuniones con las autoridades paraguayas, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP) y otros actores para evaluar los avances logrados en la prevención de la tortura a través de medidas legislativas, políticas y administrativas y de otro tipo.
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Diputados insta al Ejecutivo y a la EBY avanzar con la franja costera de Ayolas
Durante la última sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó sobre tablas el proyecto de declaración “Que insta al Poder Ejecutivo -Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)-, y a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), a impulsar la construcción de la franja costera de la ciudad de Ayolas, departamento de Misiones”.
La iniciativa, presentada por los diputados Mauricio Espínola y Arnaldo Valdés, tiene por finalidad promover la concreción de una obra de infraestructura destinada a proteger a la población ante las crecidas recurrentes del río Paraná, así como contribuir al desarrollo urbano, turístico, comercial y económico de la comunidad.
Entre sus principales fundamentos, el documento señala que Ayolas enfrenta históricamente situaciones de vulnerabilidad ante las inundaciones, que ocasionan daños materiales, desplazamientos temporales y perjuicios a las actividades económicas y sociales de las familias afectadas.
Asimismo, recuerda que la Ley Nº 5654/2016 declaró de utilidad pública y expropió inmuebles de distintos barrios de la ciudad para destinarlos a la construcción de la franja costera.
También menciona las gestiones institucionales realizadas para evaluar la factibilidad del proyecto y las limitaciones presupuestarias señaladas por la EBY, por lo que plantea la necesidad de coordinar acciones entre las instituciones competentes, actualizar los estudios técnicos, evaluar la ejecución por etapas e identificar fuentes de financiamiento que permitan avanzar hacia la concreción de la obra.
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Instan al Ejecutivo a reforzar asistencia a damnificados por crecida del río Paraná
La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de declaración “Que insta al poder Ejecutivo” a fortalecer las medidas preventivas y garantizar la asistencia integral a las familias afectadas por la crecida del río Paraná.
Los proyectistas advierten sobre los riesgos que representa el aumento del nivel del río para las familias que viven en zonas ribereñas vulnerables, ante la posibilidad de inundaciones, desplazamientos temporales, daños materiales y dificultades para acceder a servicios esenciales.
Por ello plantean reforzar el monitoreo hidrológico y los mecanismos de alerta temprana, a fin de anticipar posibles emergencias, facilitar la evacuación oportuna de las familias expuestas y reducir los riesgos para la población.
Asimismo, proponen fortalecer la coordinación entre la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), las instituciones competentes y los gobiernos departamentales y municipales, con el apoyo de Itaipú Binacional y la Entidad Binacional Yacyretá, mediante el intercambio oportuno de información sobre las variaciones del caudal del río.
Los legisladores instan a garantizar condiciones dignas para las familias que deban ser evacuadas, incluyendo alojamiento temporal, alimentación, agua potable, atención sanitaria y medidas para resguardar sus bienes.
Promovieron el proyecto de declaración los parlamentarios colorados: Alejandro Aguilera, Mauricio Espínola y Luis González Vaesken. Y la propuesta tuvo el acompañamiento del pleno.
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