“Es una mala noticia para la oposición”, sostuvo Alejandro Aguilera ante el planteamiento de que el presidente de la Asociación Nacional Republicana (ANR), Horacio Cartes, tome la decisión de encabezar la lista del movimiento Honor Colorado para la Cámara de Senadores, con miras a las elecciones generales del 2028, proyectando hasta 30 de las 45 bancas a favor de los candidatos colorados.

“Si Cartes decide ser un candidato activo para la senaduría significará que el Partido Colorado aumentará de forma espectacular la cantidad de bancas que tiene actualmente”, refirió a los medios de comunicación.

Aguilera acotó que esto va a representar “que podamos obtener entre 26, 28 e inclusive 30 bancas en el próximo periodo. Es el político de mayor fuste y con mejor imagen de la política nacional paraguaya, y eso está demostrado en todas las mediciones”, aseguró.

El legislador manifestó que el arrastre electoral de Cartes en la puja para el Legislativo ya fue puesta a prueba con rotundo éxito en las generales del 2018, cuando encabezó la lista el Partido Colorado logró reunir más de 500.000 votos.

“En aquel momento una mayoría coyuntural se atribuyó la interpretación de la Constitución Nacional, ignorando que Horacio Cartes ya había sido habilitado tanto por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) como por la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”, recordó.

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Aguilera hizo alusión a que Cartes no pudo jurar como senador activo en el 2018, debido a la decisión del entonces presidente del Congreso Nacional y exmandatario Fernando Lugo de no convocarlo, bajo el argumento de que la Constitución Nacional prohíbe la reelección de los expresidentes del país como senadores activos.

La arbitrariedad de impedir su juramento contó con el respaldo de toda la oposición y la disidencia colorada, pese a que la habilitación de Cartes para pujar por el cargo contó con el aval de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la proclamación del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

“Ese escenario ya no se va a dar porque vamos a tener entre 28 y 30 senadores. Nosotros vamos a hacer respetar la Constitución Nacional y la voluntad popular”, refirió.

Por otra parte, Aguilera se refirió al planteamiento de algunos parlamentarios de la oposición de impulsar la herramienta del balotaje o segunda vuelta presidencial con miras a los comicios del 2028. “No tenemos ningún temor al balotaje. La oposición siempre está pidiendo alguna reforma electoral, no con el objetivo de mejorar el sistema, sino para intentar tumbar al Partido Colorado. Sin embargo, al final del día, la ANR gana con márgenes cada vez más grandes porque es el verdadero intérprete de la voluntad popular paraguaya”, sentenció.

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“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.

“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.

“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.

Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.

Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.

Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.

Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.

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“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.

Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.

Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.

Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.

“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.

Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.

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Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.

Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.

La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.

De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.

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El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?

En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.

La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.

Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.

No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.

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La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.

La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.

El diputado Alejandro Aguilera realizó un balance sobre la gestión del presidente de la República, Santiago Peña, quien cumplirá el próximo 15 de agosto 3 años de mandato. El dirigente colorado afirmó que el gobierno del economista logró dar pasos históricos concretos principalmente en las áreas de inversión social, infraestructura y crecimiento económico.

“Creo que el principal balance de estos tres años de gobierno del presidente Santiago Peña es que el Paraguay ha dado un salto histórico en materia de inversión social, infraestructura y crecimiento económico, con resultados concretos”, indicó al diario La Nación/Nación Media.

Aguilera acotó: “Yo destacaría, en primer lugar la decisión política de destinar más de 1.200 millones de dólares al año a programas sociales. Esa inversión se traduce en políticas públicas que están cambiando la realidad de miles de familias paraguayas. El mejor ejemplo es Hambre Cero, que hoy garantiza la alimentación de más de 1.050.000 niños en las escuelas públicas del país, constituyéndose en uno de los legados más importantes de este Gobierno”.

El parlamentario agregó que “también resaltaría la universalización de la pensión para los adultos mayores, una reivindicación histórica que permite que miles de paraguayos accedan a un ingreso digno sin exclusiones”.

Con relación al ámbito de la educación, Aguilera mencionó que “estamos viendo la mayor inversión en infraestructura y equipamiento de la historia, con la adquisición de más de 400.000 pupitres nuevos para las instituciones educativas públicas”.

Respecto al campo de la salud, el legislador expresó que “acá la inversión también marca un antes y un después. Hoy están en marcha nueve grandes hospitales con una inversión superior a los 700 millones de dólares, además de la compra de más de 220 ambulancias cero kilómetro, permitiendo que prácticamente cada distrito del país cuente con una unidad para responder a las emergencias”.

Mientras que en el área de la seguridad, Aguilera refirió que “nunca antes se había realizado una inversión de esta magnitud en la Policía Nacional, con la incorporación de más de 200 patrulleras, centenares de motocicletas y equipamientos modernos que fortalecen la capacidad operativa de nuestras fuerzas de seguridad”.

El diputado también mencionó que el gobierno de Peña logró consolidar al Paraguay ante el mundo como un “escenario de mayor confianza” para quienes apuestan por invertir y producir en el Paraguay. “A esto se suma el récord de inversiones extranjeras, el crecimiento económico sostenido y la generación de cientos de miles de nuevos puestos de trabajo”.

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El parlamentario añadió: “Por supuesto, todavía existen desafíos. Debemos seguir fortaleciendo el sistema de salud, mejorando la calidad educativa, avanzando en más infraestructura vial y profundizando las políticas de generación de empleo formal para que el crecimiento económico continúe llegando a todos los rincones del país”.

Por otra parte, Aguilera enfatizó que la articulación política con la Asociación Nacional Republicana (ANR) y el Congreso Nacional ha sido el principal motor de estabilidad para la concreción de transformaciones en el gobierno de Peña.

“Respecto al relacionamiento entre el gobierno nacional y el Partido Colorado, creo que ha sido uno de los pilares del éxito de esta gestión. La conducción de la ANR, encabezada por el presidente Horacio Cartes, brindó un respaldo político firme y permanente al presidente Santiago Peña, generando la estabilidad necesaria para impulsar las grandes transformaciones que hoy vive el país”, comentó.

Agregó que “del mismo modo, el Congreso acompañó con responsabilidad los principales proyectos del Poder Ejecutivo, aprobando las leyes que hicieron posible estas inversiones históricas en salud, educación, seguridad, infraestructura y protección social”.

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