El senador Pedro Santa Cruz solicitó al titular del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Enrique Bacchetta, investigar las actuaciones de los agentes fiscales Édgar Modesto Torales, Nilda Torales, Zunilda Ocampos y Elvio Aguilera, del Alto Paraná, tras lo acontecido entre el 15 y 16 de julio, ocasión en que el marino Marcos Agüero resultó muerto tras realizar una patrulla fluvial nocturna en el río Paraná.

También solicitó que sea investigada la jueza Alba Meza, a cargo del Penal de Garantías Nº 4 de Ciudad del Este, por mal desempeño en sus funciones. La nota remitida por el senador refiere que el personal de la Armada Paraguaya visualizó unas bolsas que presumieron serían mercaderías de contrabando, las cuales conforme al acta de imputación Nº 49, según consta en la causa Nº 8.777/20, resultaron ser restos de basuras.

Menciona también que el procedimiento derivó en un tiroteo intenso, con gran cantidad de disparos y la muerte del marino Marcos Agüero en la aprehensión, allanamiento, torturas y tratos crueles y degradantes de 35 personas, entre ellas niños, adolescentes, adultos, entre otras. Los relatos y las lesiones de cada uno de ellos revisten gravedad desde el punto de vista médico y reflejan extrema violencia producto de los golpes.

Pedro Santa Cruz. Foto: Archivo.

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Santa Cruz afirmó que el acta de imputación no reúne los requisitos mínimos para un documento de esa naturaleza, que pone en juego la libertad y el estado de inocencia de los ciudadanoss.

Señala que en el documento no existe una descripción de las conductas atribuidas a los imputados, las circunstancias en que se realizaron esas conductas, el modo en que las mismas fueron atestiguadas, solo “únicamente” una descripción genérica que ni siquiera puede decirse que sea “de los hechos sucedidos”, sin precisarse los elementos de sospechas o las evidencias que se cuentan contra cada una de las personas nombradas allí para que se pueda tener una mínima certeza o apenas una mínima credibilidad sobre la participación individual.

“Las gravísimas acciones y omisiones de estos operadores de justicia, fiscales y jueces nombrados previamente son violatorias de la Constitución, así como de los tratados internacionales firmados por el Paraguay y de todo el entramado legal en el ámbito de los procedimientos penales. La intervención de los operadores de justicia en este caso debe ser investigada por el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados por la memoria de Marcos Agüero y por las víctimas de las torturas y detenciones arbitrarias, en definitiva por la vigencia del Estado de derecho”, refiere el documento.

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