El veto total del Poder Ejecutivo al proyecto de ley que amplía la tarifa social de energía eléctrica, fue aceptado por la Cámara de Diputados. La propuesta pretende establecer un régimen de tarifa social del suministro de energía eléctrica para sectores vulnerables.
El documento se remitió a la Cámara de Senadores para cumplir con la tramitación legal, ya que para el rechazo de un veto se necesita que ambas cámaras se pronuncien en el mismo sentido.
El diputado Justo Zacarías explicó que se buscaba establecer una ampliación de la tarifa, teniendo en cuenta rangos de consumo mensual y porcentajes de descuento como tarifa preferencial para las familias que viven en estado de vulnerabilidad. Pero los parámetros fueron modificados en el Senado y fue sancionada esa versión.
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“Con las modificaciones del Senado se hizo imposible su aplicación y cuando debíamos manifestarnos al respecto, no pudimos hacerlo por la pandemia, es decir, llegó al Ejecutivo una ley inaplicable que no contempla conceptos básicos de función social”, indicó. La modificación representaría el desembolso de US$ 80 millones, lo que hizo inaplicable la ley.
Por otra parte, la diputada Celeste Amarilla lamentó que Paraguay sea copropietario de una de las represas más grandes del mundo, pero que no se pueda acceder a una tarifa diferenciada. “Lamento que, siendo dueños de la represa más grande del mundo, no logramos tener energía más barata”, refirió la congresista.
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Ande construirá una subestación en Guairá y duplicará demanda actual
La Administración Nacional de Electricidad (Ande) anunció la construcción de una nueva subestación en la ciudad de Colonia Independencia, departamento de Guairá. Este anuncio se dio durante una reunión interinstitucional en este departamento, de la cual participaron el presidente de la Ande, Félix Sosa, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Este nuevo sistema eléctrico contará con un trasformador de potencia de 80 MVA – 220/23 kV, una sala de 23.000 voltios, casa de control y salidas para nuevas líneas de distribución. La misma cuadruplicará la demanda actual en esa región, que ha ascendido a 20 MVA, con el objetivo de cubrir de manera eficiente la creciente demanda energética de la zona.
Por su parte, el gobernador guaireño informó sobre la construcción de una línea de transmisión de 220 kV, de unos 22 kilómetros, la misma unirá Paso Pe con Colonia Independencia y sus compañías, y tendrá una inversión de alrededor de USD 12.000.000. Así también, se incluye el cambio de conductores desnudos por protegidos en tres alimentadores de 23.000 voltios.
INVERSIÓN EN OBRAS
La inversión en las obras concluidas, en ejecución y proyectadas para la distribución de energía eléctrica en la región, son de alrededor de USD 5.725.201. De acuerdo con el informe detallado de la Ande, se proyecta la instalación de 73 reconectadores telecomandados, operados a distancia desde el Centro de Operación Regional Centro.
“Las obras proyectadas y las que están siendo ejecutadas son para fortalecer el sistema eléctrico nacional, brindando un servicio más confiable, seguro y continuo a las familias, industrias y comercios del departamento del Guairá”, destaca la administración nacional.
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Integración energética: 28 empresas brasileñas están habilitadas para importar energía paraguaya
El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, informó que un total de 28 empresas comercializadoras de Brasil fueron habilitadas por el Ministerio de Minas y Energía de ese país para la importación de energía eléctrica de origen paraguayo.
Se trata de compañías que ya operan en el mercado eléctrico brasileño, particularmente en el segmento libre de compra y venta de energía, y que ahora están autorizadas a importar también desde Paraguay. “Lo importante es que cada día más empresas van siendo habilitadas”, expresó Sosa.
En contacto con La Nación/Nación Media, el titular de la Ande destacó que esta apertura representa una oportunidad para que Paraguay venda su energía excedente en el mercado brasileño, cuando lo considere necesario y esté disponible para ese fin.
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En este sentido, explicó que el mercado eléctrico de Brasil se divide en dos: el regulado y el libre. Las firmas autorizadas pertenecen a este último, y de hecho ya operan importando energía desde otros países como Argentina y Uruguay. En cuanto a las exportaciones que realizaría nuestro país, estas se concretaría a través de la Itaipú, ya que en el 2020, la hidroeléctrica fue definida como “nodo de interconexión”.
Sosa resaltó la importancia de la integración energética regional y mencionó que Paraguay forma parte del estudio denominado Sistema de Integración Energética del Sur (Siesur), impulsado mediante cooperación técnica del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En este proyecto también participan Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Bolivia, con miras a fortalecer el intercambio energético entre naciones.
“Tenemos que pensar en el futuro y aprovechar las potencialidades energéticas de los países vecinos. Esto no solo nos permite exportar la energía que actualmente disponemos, sino también puede atraer inversiones para la generación con fines de exportación”, afirmó, en alusión a la reforma legal que impulsa Paraguay sobre energías renovables no convencionales.
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Ventajas de la integración energética
Paraguay se posiciona como un actor estratégico en el mercado energético global gracias a su generación 100 % limpia y renovable. Además, cuenta con un amplio margen para el desarrollo de fuentes alternativas como la solar y eólica, sostenido por la estabilidad que le proporciona su infraestructura hidroeléctrica.
“La integración energética trae beneficios enormes: garantiza la seguridad energética, permite aprovechar al máximo la capacidad de generación disponible y mejora la competitividad tarifaria”, concluyó.
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Ande anuncia construcción de subestación en Guairá que cuadruplicará demanda actual
La Administración Nacional de Electricidad (Ande), anunció la construcción de una nueva subestación en la ciudad de Colonia Independencia, departamento de Guairá. Este anuncio se dio durante una reunión interinstitucional en este departamento, de la cual participaron el presidente de la Ande, Félix Sosa, y el gobernador de Guairá, César Sosa.
Este nuevo sistema eléctrico contará con un trasformador de potencia de 80 MVA – 220/23 kV, una sala de 23.000 Voltios, casa de control y salidas para nuevas líneas de distribución. La misma cuadruplicará la demanda actual en esa región, que ha ascendido a 20 MVA, con el objetivo de cubrir de manera eficiente la creciente demanda energética de la zona.
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Por su parte, el gobernador guaireño informó sobre la construcción de una línea de transmisión de 220 kV, de unos 22 kilómetros, la misma unirá Paso Pé con Colonia Independencia y sus compañías, y tendrá una inversión de alrededor de USD 12.000.000. Así también, se incluye el cambio de conductores desnudos por protegidos en tres alimentadores de 23.000 Voltios.
La inversión en las obras concluidas, en ejecución y proyectadas para la distribución de energía eléctrica en la región, son de alrededor de USD 5.725.201. De acuerdo con el informe detallado de la Ande, se proyecta la instalación de 73 reconectadores telecomandados, operados a distancia desde el Centro de Operación Regional Centro.
“Las obras proyectadas y las que están siendo ejecutadas son para fortalecer el sistema eléctrico nacional, brindando un servicio más confiable, seguro y continuo a las familias, industrias y comercios del departamento del Guairá”, destaca la administración nacional.
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Ejecutivo veta proyecto que pretendía regular honorarios de defensores públicos
El presidente de la República, Santiago Peña, vetó en su totalidad el proyecto de ley n.º 7.461, que proponía modificar los artículos 59 y 76 de la ley orgánica del Ministerio de la Defensa Pública, a fin de permitir que los defensores públicos pudieran percibir honorarios cuando los asistidos contaran con capacidad económica para solventar una defensa privada.
El decreto presidencial n.º 4065 argumenta que la iniciativa legislativa sancionada por el Congreso presenta “cuestionamientos insalvables” tanto desde el punto de vista jurídico como operativo y financiero. Una de las principales razones que menciona el Ejecutivo, tiene que ver con la ausencia de previsiones presupuestarias y mecanismos de implementación, además de que no se contemplan estructuras ni personal adicional para evaluar la solvencia económica de los beneficiarios.
Asimismo, se advierte un riesgo de competencia desleal con los abogados del sector privado, ya que los defensores públicos podrían percibir honorarios pese a que su estructura está financiada por el Estado. Organizaciones gremiales como el Colegio de Abogados del Paraguay y el Consejo Nacional de Abogados manifestaron su rechazo al proyecto, advirtiendo que esto generaría distorsiones en el ejercicio libre del derecho.
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Desde el punto de vista técnico, el Ejecutivo sostiene que la normativa sería inoperativa, al no otorgar expresamente legitimación al defensor público para cobrar honorarios a su representado, algo que contraviene la ley n.º 1376/88 de honorarios profesionales.
Se señala también que el uso del término “honorarios” sería inapropiado, dado que no existe un vínculo contractual entre el defensor y el asistido, por lo cual, según el Ejecutivo, lo correcto sería establecer una “tasa” o “multa” administrativa.
Finalmente, el decreto advierte que el sistema propuesto podría incentivar conductas indeseables dentro de la Defensa Pública, desviando recursos y atención hacia quienes podrían pagar, en perjuicio de quienes realmente necesitan el servicio gratuito, desnaturalizando así la misión principal del organismo.
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