La Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) manifestaron su rechazo a la política económica del Gobierno implementada por el ministro de Hacienda, Benigno López. Esto, tras una reunión entre ambas centrales obreras.
Expresaron su desacuerdo con la política económica de financiación basada en el endeudamiento externo, con la continuidad de obras públicas de dudosa utilidad para el pueblo, además de reclamar la nula oportunidad de salida para las mipymes en esta pandemia.
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Desde las centrales de trabajadores lamentan la escasa política de defensa de los derechos laborales, la falta de acceso a crédito a sectores campesinos y también la nula sensibilidad para la contención alimentaria de las familias paraguayas que viven en la pobreza. Asimismo rechazan enfáticamente los actos de corrupción en las compras públicas efectuadas por el Gobierno y anteriores gobiernos, y exigen a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial una investigación transparente y el castigo ejemplar a los responsables.
De esta manera los trabajadores nucleados consideran oportuno la instalación de la mesa de diálogo social que permita la participación de las nucleaciones obreras, sin condiciones, expresan. Esto de manera a defender los intereses de la clase trabajadora. Desde la CUT-A y la CUT manifiestan su predisposición para discutir con las autoridades nacionales un plan nacional de emergencia social para este año.
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Conasam definirá este miércoles propuesta de aumento del salario mínimo
El Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam) se prepara para una reunión clave este miércoles, para remitir al Poder Ejecutivo la recomendación oficial sobre el reajuste del salario mínimo que regirá desde el 1 de julio.
“Tenemos previsto ya emitir una recomendación”, señaló a la 1080 AM el presidente de Conasam y director del Trabajo, Jorge Rivas, y destacó que las discusiones continúan entre representantes de trabajadores, empleadores y el gobierno para alcanzar una posición consensuada.
“Cada uno viene a defender una posición. Estamos dialogando para llegar a una recomendación justa para todos”, afirmó.
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Como ocurre cada año, el reajuste salarial debe definirse durante junio para su entrada en vigencia a partir del primer día de julio. El principal punto de debate gira en torno al mecanismo de cálculo que será considerado para la actualización.
Si se aplica exclusivamente la fórmula vigente basada en la inflación acumulada de los últimos doce meses, estimada en 2,4 %, el salario mínimo tendría un incremento de G. 69.577. De esta manera, pasaría de los actuales G. 2.899.048 a G. 2.968.625.
Sin embargo, las centrales obreras sostienen que ese ajuste resulta insuficiente frente al encarecimiento del costo de vida y plantean un aumento mucho más significativo. La propuesta sindical apunta a una suba del 20 %, equivalente a G. 647.021 adicionales sobre el salario vigente.
La diferencia entre ambas posiciones marca el principal desafío para la Conasam en las horas previas a la definición. Mientras los trabajadores insisten en una recomposición más amplia del ingreso, el sector empresarial advierte sobre los efectos que un incremento elevado podría tener sobre los costos laborales y la generación de empleo.
Una vez emitida la recomendación, la decisión final quedará en manos del presidente de la República, Santiago Peña, quien deberá analizar la propuesta y oficializar el nuevo monto mediante decreto.
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Kattya González no volverá al Senado, Corte rechazó pedido
La Corte Suprema de Justicia rechazó por mayoría de votos la acción de inconstitucionalidad promovida por la exsenadora Kattya González, considerando improcedente su pretensión de reincorporarse a la Cámara Alta tras su destitución.
Con una mayoría de 6 votos contra 3, los ministros de la Corte sostienen la improcedencia de la acción planteada por la exsenadora de la oposición, quien pretendía volver a ocupar su banca tras su pérdida de investidura en el 2024, según publicó el periodista Jorge Torres, en sus redes sociales.
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González basó su demanda en el supuesto incumplimiento de la mayoría calificada y de las formalidades previstas en la Resolución 429 del año 2023, emitida por el Senado, alegando que dichas reglas debían regir al momento de su juzgamiento por parte de sus pares.
En tanto, el máximo tribunal de Justicia fundamentó su rechazo argumentando que la citada resolución no se encontraba vigente cuando se llevó a cabo el juzgamiento de González. En el voto mayoritario se resaltó que el artículo 11 de la propia normativa establecía que entraría en vigor al día siguiente de su aprobación, condición que invalidó el reclamo de la exlegisladora.
Dicha Resolución No. 429/2023 fue aprobada, como primer punto del “Orden del día”, en la misma sesión en la que se juzgó la pérdida de investidura de Kattya González: el 14 de febrero de 2024, hecho que fue puesto de resalto por la misma accionante, en su escrito de demanda.
Por ende, manifiestan los ministros de la Corte que la Resolución 429/2023 (que imponía la mayoría absoluta de dos tercios y regulaba el procedimiento de pérdida de investidura de un senador) empezaba a regir recién al día siguiente al de su aprobación, es decir, el día 15 de febrero de 2024 y, por ende, no se encontraba vigente el 14 de febrero, fecha de la sesión extraordinaria del Senado, en la que se juzgó a la exsenadora Kattya González y, como punto previo, en la misma sesión, se aprobó la resolución 429.
Vale recordar que la resolución No. 429/2023 exigía que la pérdida de investidura de un senador se diera con el voto con una mayoría calificada: mayoría absoluta de dos tercios (30 senadores sobre 45, que es el total de senadores que integran la Cámara). La exsenadora Kattya González se agravió que fue expulsada solo con el voto de 23 senadores.
En tanto, la exsenadora González, alegó en todo momento, que la resolución 429 ya se encontraba vigente al momento de su juzgamiento y que fue omitida por sus pares al condenarla a perder su investidura de legisladora.
No se requiere mayoría de dos tercios
Además, los magistrados justificaron técnicamente su postura basándose en los principios de la Constitución Nacional y en la precedencia jurídica, concluyendo de manera unánime que no se requería la mayoría de dos tercios invocada en la demanda.
También corresponde señalar que se dejó asentado en los votos en mayoría de los ministros de la Corte que la resolución 429 del Senado, contraviene disposiciones expresas de la Constitución, entre los que se señala, la exigencia de un voto con mayoría calificada (mayoría absoluta de dos tercios, contando el número total de integrantes del Senado, es decir, 30 senadores de 45), cuando que el art. 185 de la Constitución indica expresamente que, cuando la Constitución no requiera una mayoría especial para la cuestión a resolverse, se aplicará la mayoría simple (la mitad más uno de los miembros presentes).
Señalaron igualmente los votos dados en mayoría que no hubo trasgresión al derecho a la defensa de la Sra. Kattya González pues se le dio oportunidad de pronunciarse, que la actora estuvo presente en la discusión del debate, como así mismo fue escuchada, sin embargo la demandante no ejerció su defensa, no ofreció prueba ni solicitó prórrogas por decisión propia, prefiriendo desarrollar un discurso de tinte político que no se refería a su defensa sino que se referían a una crítica a sectores políticos y a personas en particular.
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Hambre Cero: Senado mantiene administración a gobernaciones
El pleno de la Cámara de Senadores aceptó el rechazo de la Cámara de Diputados en modificar la administración del programa de alimentación escolar Hambre Cero en las Escuelas, y dejar la administración de la misma a los gobernadores.
Desde el Senado, la propuesta fue retirar el manejo de Hambre Cero de dos gobernaciones, Concepción y Alto Paraná, lo que fue rechazado por Diputados, ahora con la aceptación de la versión de la Cámara Baja el proyecto va al archivo.
El presidente de la Comisión de Hacienda, y proyectista, senador Silvio Ovelar, argumentó que con el tratamiento de la iniciativa en Diputados, se midió la temperatura sobre la administración de los gobernadores, y finalmente se rechazó este proyecto en esa instancia.
“Cuando nosotros decidimos acá destinar los fondos de la gobernaciones de Concepción y Alto Paraná, nosotros decíamos claramente que Diputados tendría el tiempo necesario para que tenga ya un dictamen de la Contraloría para que se pronunciaran. Hoy nos podemos ratificar en nuestra decisión, pero ya sabemos cuál va ser el resultado”, expuso ante la sesión extraordinaria de este martes.
Así también, señaló que esta decisión fue un acuerdo entre colegas, para que la administración del programa de alimentación escolar siga en ambas gobernaciones. “No cambié para nada mi parecer respecto a la gestión de varias administraciones, pero tampoco quiero caer en el error de generalizar y de decir que todos están haciendo mal porque eso no es cierto”, explicó.
Por su parte, el líder de la bancada de Honor Colorado, Natalicio Chase, expuso ante el pleno que la propuesta fue bastante analizada y que finalmente cumplió con un objetivo, verificar la administración.
“Después de un análisis suficientemente aclarado por parte de los gobernadores, creo que lo que buscó la medida en aquel momento, ante la generación de dudas particulares ya ha generado el proceso de verificación que está llevando adelante la Contraloría general de la República”, señaló.
El legislador también sostuvo que “en conversación también con el Poder Ejecutivo, la propuesta de aceptar la versión que viene de diputados y seguir manejando el programa Hambre Cero de la misma forma”.
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Caso Tajy: destraban proceso penal contra el exintendente de CDE, Miguel Prieto
La sala penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó la recusación presentada por el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, acusado por lesión de confianza en el caso conocido como Tajy y destrabó el proceso penal del exjefe comunal acusado por supuestas irregularidades en la compra de alimentos durante la pandemia.
La máxima instancia judicial concluyó que no existen motivos válidos para separar a los camaristas Gustavo Amarilla, Silvana Luraghi y Claudia Criscioni, quienes integran el Tribunal de Apelación que entiende en el proceso. Con esta resolución judicial, los camaristas deberán resolver los recursos pendientes que actualmente impiden la realización de la audiencia preliminar, etapa en la que se definirá si el caso es elevado o no a juicio oral y público.
Los fiscales Silvio Corbeta, Yeimy Adle y Verónica Valdez acusaron al exintendente de Ciudad del Este Miguel Prieto por supuesta lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.
La investigación del caso Tajy sostiene que habría existido un esquema para desviar recursos de la Municipalidad de Ciudad del Este mediante licitaciones presuntamente direccionadas a empresas vinculadas al exintendente.
La acusación, el perjuicio patrimonial ocasionado al municipio asciende a G. 306.188.500, correspondientes a pagos realizados por mercaderías inexistentes.
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