El Senado analizará el jueves mediante una sesión extraordinaria la elaboración de la terna para la elección del nuevo subcontralor general de la República, el llamado surge para dar cumplimiento a la resolución Nº 1.340.
En total se presentaron 87 candidatos que ya fueron recibidos por la Comisión de Asuntos Constitucionales, con la finalidad de escuchar sus propuestas. El cargo se encuentra vacante desde el 25 de abril del 2019 tras la renuncia del entonces contralor general Enrique García, quien fue sometido a enjuiciamiento político y posteriormente renunció a su cargo.
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En su lugar asumió como titular de la institución el entonces subcontralor Camilo Benítez Aldana. García fue enjuiciado por mal desempeño en sus funciones, irregularidades en el caso Ivesur, por la contratación de una consultoría para elaborar un manual considerado innecesario, además de la concesión de los supuestos privilegios a sus allegados.
El pasado 20 de mayo, la Cámara de Senadores aprobó la resolución para convocar a los aspirantes y a partir de esa fecha corrió el plazo de treinta días para que los interesados presenten sus carpetas ante el estamento. Los senadores serán quienes definirán una terna para posteriormente remitirla a la Cámara de Diputados para su elección a futuro.
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Senado aprobó ley que modifica procedimiento para integrar el JEM
Durante la sesión ordinaria de este miércoles, la Cámara de Senadores aprobó con modificaciones el proyecto que introduce cambios en el procedimiento para la integración del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la modificación del artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, “y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el JEM mediante mayoría simple de votos.
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En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público. Asimismo, establece que la Comisión de Asuntos Constitucionales deberá verificar la legalidad de los títulos profesionales antes de que la propuesta de designación sea puesta a consideración del pleno.
Durante el estudio de la iniciativa la Comisión de Asuntos Constitucionales recibió a la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, quien planteó la necesidad de impulsar una reforma más amplia e integral de la normativa, al considerar insuficiente una modificación limitada únicamente al artículo 3º.
En ese sentido, la comisión emitió dictamen en mayoría por el rechazo y en minoría por la aprobación del proyecto. No obstante, durante el tratamiento en plenaria, el senador Mario Varela propuso modificaciones que fueron aceptadas por la Cámara Alta. En consecuencia, la iniciativa fue aprobada con modificaciones y será remitida nuevamente a la Cámara de Diputados.
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El Senado brasileño aprueba un ajuste fiscal que apunta a ahorrar USD 9.500 millones
El Senado de Brasil aprobó este miércoles un plan de ajuste fiscal propuesto por el gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, en un esfuerzo por controlar la deuda y tranquilizar al mercado tras la reelección del mandatario.
Lula ganó las elecciones en octubre con promesas como aumentar los subsidios a la población más pobre o perdonar deudas a microempresarios, en un contexto en el que el endeudamiento público supera el 80 % del PIB y va en aumento.
El plan aprobado prevé un ahorro de hasta 56.000 millones de reales (unos 9.500 millones de dólares) en 2027, gracias en parte a un gasto menor en salud y educación.
Sin embargo, el gobierno no accedió a algunos reclamos del mercado como alterar el cálculo del salario mínimo y las pensiones, que en Brasil aumentan cada año por encima de la inflación.
“No es posible hacer ajustes perjudicando al pueblo trabajador, perjudicando el salario mínimo”, dijo Lula el lunes durante una reunión con el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, en Madrid.
“No puedo volverme rehén del sistema financiero”, agregó.
Pero el consenso en el mercado es que el ajuste “no es suficiente”, dijo a la AFP Jason Vieira, economista de la corredora Lev DTVM.
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Para corregir la trayectoria creciente de la deuda pública sería necesario un ajuste de 73.200 millones de reales (unos 12.500 millones de dólares), anotó Vieira.
Debatido mientras el real brasileño se desploma a su valor más bajo en casi dos años, el plan también generó rechazo entre la base izquierdista de Lula en el parlamento, que alerta sobre una posible recesión a causa de los recortes.
“Lo que el mercado quiere es meter a Brasil en una recesión, hacer que Lula pierda popularidad”, dijo el diputado oficialista Lindbergh Farias.
Sin embargo, fue aprobado en el Senado por una votación de 45 a 31 y será discutido ahora en la Cámara de Diputados.
El recorte excluye parte de los ingresos petroleros de Brasil de la fórmula para calcular los presupuestos destinados a salud y educación, que están fijados por la Constitución en 15 % y 18 % de los ingresos totales del Estado.
También rebaja las transferencias del gobierno federal a los gobiernos locales y acaba con algunas exenciones tributarias.
“El mercado mira mucho más la cuestión estructural” de la deuda brasileña y el ajuste aprobado es “un paño de agua tibia”, estimó el economista de la Fundación Getulio Vargas Mauro Rochlin.
Fuente: AFP
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Cantero pide al Congreso ser confirmada como fiscal general hasta el término del mandato
La encargada de despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE), Alba Cantero, solicitó mediante una nota al Congreso Nacional y al presidente de la República, Pedro Alliana, que sea confirmada en el cargo hasta el cumplimiento del mandato, 2023-2028, tras la renuncia de Emiliano Rolón. El presidente del Senado, Basilio Núñez, confirmó que recibieron el documento.
“Pide la evaluación por el Congreso, interpretar la ley orgánica de la Fiscalía General, creo que también el artículo 51, en el sentido de hacer un proceso acá en el Congreso para que el Congreso le dé la validez, que ella es también la fiscal general hasta que se termine el mandato, de forma interina; es lo que dice la nota”, explicó el titular del Senado a los medios de prensa.
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El presidente de la Cámara de Senadores adelantó que convocará a los líderes de las diferentes bancadas para analizar la solicitud de Cantero. “Vamos a tener reuniones con los colegas de las diferentes bancadas para ver esa nota. Nosotros vamos a evaluar a través de la Comisión de Asuntos y en la plenaria la situación; creo que es importante que haya remitido también esta nota al Senado para que se evalúe”, señaló.
Así también, la nota será analizada por las comisiones asesoras de la Cámara para evaluar su viabilidad y constitucionalidad. “La propuesta que vamos a dar precisamente a los colegas de las diferentes bancadas desde la presidencia es el estudio rápido de esta nota. Yo quiero hacer lo correcto, lo que diga la Constitución y la ley respectiva que atañe a la fiscalía general”, sentenció.
Alba Cantero fue designada por el entonces Fiscal General, Emiliano Rolón, como jefa de despacho, quien posteriormente presentó su renuncia al cargo para evitar ser sometido al juicio político impulsado en la Cámara de Diputados.
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Comisión aconseja modificar el procedimiento para integrar el JEM
La Comisión de Legislación del Senado recomendó aprobar con modificaciones el proyecto que modifica el mecanismo de elección de los representantes del Congreso Nacional ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Se trata de la ley “Que modifica el artículo 3º de la Ley Nº 6814/2021, que regula el procedimiento para el enjuiciamiento y remoción de magistrados judiciales, agentes fiscales, defensores públicos y síndicos de quiebra, y deroga la Ley Nº 3759/2009 y sus modificatorias”.
La iniciativa propone que cada Cámara del Congreso Nacional elija a dos representantes ante el JEM mediante mayoría simple de votos.
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En su formulación inicial, el proyecto contempla requisitos como la nacionalidad paraguaya, una edad mínima de 30 años, el título universitario de abogado y el ejercicio de la profesión o el desempeño de funciones en la magistratura judicial o en el Ministerio Público.
Sobre el punto, el presidente de la Comisión de Legislación, Derlis Maidana, explicó que, tras un amplio debate, la comisión acordó no incorporar exigencias adicionales a las previstas expresamente en la Constitución Nacional y mantener como requisito que los representantes sean abogados.
En cuanto a la verificación de los títulos profesionales, señaló que la Comisión de Asuntos Constitucionales tendrá a su cargo corroborar su legalidad, como paso previo a la propuesta de designación que será puesta a consideración del pleno.
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