Tras la serie de robos de medicamentos para adelgazar con principio activo de tirzepatida, autoridades sanitarias de Paraguay y Brasil acordaron realizar controles para evitar que estos ingresen a territorio brasileño, donde está prohibida la venta del fármaco proveniente de territorio nacional.

La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) y la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) firmaron un acuerdo para combatir la entrada a territorio brasileño de medicamento usado para adelgazar proveniente de Paraguay. Como primera medida aumentarán intercambio de información y la supervisión sanitaria.

Estos controles se intensificarán en puntos estratégicos, donde se presumen los delincuentes hace pasar el fármaco especialmente en la frontera por tierra como en: Foz de Iguaçu y Ciudad del Este. También en la ciudades de Ponta Porã, en Mato Grosso do Sul, frente a la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

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En la mayoría de los casos se presume que tras robar una importante cantidad de este medicamento en territorio nacional, los delincuentes se encargan de enviar hacia Brasil en medio de mercancía que van legalmente. Tiempo en el que ya pierden la cadena de frío que requieren para poder mantener el principio activo para un afectivo tratamiento para la obesidad, diabetes y otros afecciones

La tirzepatida se utiliza en medicamentos con venta libre en todas las farmacias de Paraguay, cuyos precios son 60 % menos que los productos que son vendidos legalmente en el vecino país, según medios brasileños. En enero de este año, quedó prohibida la venta, distribución, importación y publicidad de medicamentos a base de tirzepatida provenientes de territorio paraguayo.

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Un fallo reciente en Brasil sacudió a la opinión pública y reavivó un debate tan antiguo como incómodo: ¿hasta dónde puede llegar una persona cuando siente que la justicia no alcanza para reparar un daño irreparable?

Un tribunal absolvió a una mujer que había sido acusada de homicidio y mutilación contra el hombre señalado como responsable del abuso sexual de su hija. La escena en la sala de audiencias, cargada de tensión y emociones contenidas, reflejó la profundidad del conflicto moral que atravesó todo el proceso. La reacción de los presentes, entre el alivio, la conmoción y la controversia, fue tan elocuente como el propio veredicto.

Según se reconstruyó durante el juicio, la mujer actuó impulsada por una mezcla de desesperación, dolor y una noción visceral de justicia. La defensa sostuvo que su accionar no podía analizarse fuera del contexto de la violencia extrema sufrida por la menor. El tribunal, en una decisión que no tardó en generar repercusiones, consideró esas circunstancias y concluyó que existían atenuantes suficientes para dictar la absolución.

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El caso abre interrogantes de fondo sobre el sistema judicial y sus límites frente a delitos particularmente sensibles. ¿Puede la ley contemplar plenamente el impacto emocional de un crimen de esta naturaleza? ¿Dónde se traza la línea entre la legítima defensa, propia o de un tercero, y la justicia por mano propia?

En Brasil, el fallo ya alimenta un debate que trasciende lo jurídico y se instala en el terreno ético y social. Para algunos, la decisión representa un acto de comprensión frente a una situación límite; para otros, sienta un precedente peligroso que podría erosionar el principio de que solo el Estado debe ejercer la justicia.

Más allá de las posturas, lo cierto es que el caso expone una tensión difícil de resolver: la distancia entre la racionalidad de la ley y la intensidad de las emociones humanas cuando se trata de proteger a un hijo.

Queda abierta la pregunta, inevitable y profundamente personal: ¿cómo debería responder la sociedad ante hechos donde el dolor y la justicia parecen enfrentarse sin una salida clara?

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Los informes de la Unidad de Investigación Sensitiva (SIU) concernientes al operativo A Ultranza Py revelan datos que expone una suerte de complicidad que compromete seriamente al gobierno de Mario Abdo Benítez en torno a cómo operaba la estructura criminal liderada por Sebastián Marset. Las autoridades tenían los reportes precisos, la ruta, las pistas, los centros de acopio, hasta una alerta de bloques de criminales conformados por empresarios asociados al uruguayo preso hoy en Estados Unidos para envío de cocaína. Pero Arnaldo Giuzzio, entonces titular de la Senad, antes que reforzar los controles cerró las bases de la Dirección de Investigación Aérea Fluvial y Terrestre (DIAFT), la entidad que reportó estos datos.

• Por Rossana Escobar M.
• rossana.escobar@nacionmedia.com

El mismo informe de inteligencia de la Uni­dad de Investigación Sensitiva (SIU) que inició en noviembre del 2019, hace refe­rencia a los datos que se habían recabado con el operativo de ARAI II, iniciado en mayo del 2018 y que en ese momento ya había alertado al esquema cri­minal liderado por Sebastián Marset, dedicado al tráfico internacional de drogas que ingresaban a nuestro territo­rio vía aérea desde Bolivia y eran enviadas en contenedo­res desde los puertos.

Es por eso que, las primeras páginas del reporte de SIU de A Ultranza Py menciona que ya tenían identificadas a cada una de las personas involucradas en la estructura de Marset, incluso la alianza con otras organiza­ciones delictivas, las rutas, las pistas, las estancias, los centros de acopios y hasta los bloques que operaban en los puertos desde donde salían las cargas contaminadas.

Araí II ya había interceptado comunicaciones, ejecutado vigilancias de inteligencia, seguimientos, identificación de las pistas y ahí proviene la base de datos que fueron ampliados para la gran opera­ción A Ultranza Py. Este hilo no es solamente una cronolo­gía de los hechos considerando la frustración como la injeren­cia que sufrieron las investiga­ciones en una abierta coope­ración del gobierno de Mario Abdo Benítez, principalmente a través de su ex ministro de la Secretaría Nacional Antidro­gas (Senad), Arnaldo Giuzzio.

Claramente el informe SIU de A Ultranza Py especifica su hipó­tesis con los datos preliminares de ARAI II. Y aquí aparece el elemento clave de cómo obró el gobierno de Abdo en favor de la estructura criminal de Mar­set y sus aliados. ARAI II es un trabajo de inteligencia que pro­viene de la Dirección de Investi­gación Área Fluvial y Terrestre (DIAFT) que, Giuzzio cerró en mayo del 2020, precisamente después de que esta unidad reportara el circuito del ilícito de la organización Marset.

El informe de SIU A Ultranza Py, claramente hace la obser­vación proveniente de ARA II a cargo de la DIAFT en la que se identifica a la organización de Marset, la de sus aliados, las ubi­caciones de las pistas, los depó­sitos y la logística en el Chaco, la ruta que sigue el tránsito de la mercancía para ser acopiada en grandes centros de distribución en el departamento Central y un dato clave en la exportación de cocaína desde Paraguay.

Textualmente, en la página 17 de las 503 del informe SIU en el marco del operativo ARAI II elaborado por la DIAFT señala, “la etapa de exportación de la droga, en la que estaría inter­viniendo otro bloque crimi­nal conformado por grupos de empresarios dedicados al comercio internacional, quie­nes haciendo uso de su logís­tica empresarial y asociados al esquema criminal de Sebas­tián Marset Cabrera, organizan envíos de mercaderías ilícitas de exportación por medio de contenedores, entre las cuales se trafican grandes cargamen­tos de clorhidrato de cocaína empleando distintos métodos de ocultamiento. Estas exporta­ciones de sustancias ilícitas par­ten desde puertos ubicados en la República del Paraguay y tran­sitan a través de las rutas fluvia­les y marítimas internacionales, desde Sudamérica hasta otros continentes del hemisferio”.

DIAFT alertó de la alianza de grupos empresariales con Mar­set y Giuzzio cerró esta unidad de inteligencia, retiró de los puertos a los agentes de inves­tigación. Giuzzio no solamente desmanteló las bases de inteli­gencia de la Senad en los puer­tos privados sino, a juzgar por las toneladas de cocaína que salieron de Paraguay hacia Europa entre el 2020 y el 2022, puede deducirse que cooperó con el narco exportación de la estructura Marset y que toda­vía es un capítulo pendiente de las investigaciones concer­nientes a la logística delictiva desarrollada en nuestro país durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.

Brasil presentó el miércoles, en presencia del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su primer avión de combate supersónico fabricado en el país, un F-39E Gripen del grupo sueco Saab. Según la presidencia brasileña, esta producción local es “inédita en América Latina”. Durante una ceremonia solemne en las instalaciones del fabricante brasileño Embraer en el estado de Sao Paulo, Lula bautizó el avión de fuselaje gris con champán.

"Este proyecto permite consolidar nuestro poder de disuasión, incrementando nuestra capacidad para garantizar la soberanía nacional y la seguridad regional", declaró durante el acto el ministro brasileño de Defensa, José Múcio. En total, Brasil encargó a Saab 36 aviones de combate supersónicos, de los cuales 15 serán fabricados en las instalaciones de Embraer, en Gavião Peixoto.

Brasilia prefirió el avión sueco al Rafale del francés Dassault Aviation y al F/A-18 Super Hornet del fabricante estadounidense Boeing. Las condiciones de adjudicación del contrato en 2014 fueron objeto de una amplia investigación en Brasil por sospechas de corrupción en detrimento del Rafale. Procesado en el marco de este caso tras sus primeros mandatos (2003-2010), Lula fue finalmente absuelto por falta de pruebas en 2021.

Brasil reivindica su condición de país pacífico, pero la defensa se impone cada vez más como un tema clave a la vista del convulso contexto geopolítico, especialmente con la guerra en Oriente Medio. El gobierno del país más grande de América Latina también se ha mostrado preocupado por la intervención militar estadounidense para sacar del poder al presidente venezolano Nicolás Maduro.

Durante una visita oficial del presidente sudafricano Cyril Ramaphosa este mes, Lula instó a su homólogo a una cooperación más estrecha entre ambos países en materia de defensa, aludiendo a un riesgo de invasión extranjera. “No sé si el compañero Ramaphosa se da cuenta de que, si no nos preparamos en el tema de defensa, cualquier día alguien nos invade”, declaró el mandatario brasileño.

Fuente: AFP.