El presidente de Bolivia, el centroderechista Rodrigo Paz, nombró este jueves a un nuevo ministro de Trabajo como parte de una reorganización de su gabinete con la que intenta calmar las protestas que exigen su renuncia.

Paz, que desde inicios de mayo enfrenta manifestaciones de obreros, campesinos indígenas, transportistas y mineros, prometió el miércoles el ajuste para, según dijo, incluir la voz de los sectores sociales.

En el primer cambio, Williams Bascopé, abogado de origen aimara, reemplazará a Edgar Morales, muy criticado por el sector obrero y quien horas antes puso su cargo a disposición.

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“Las organizaciones sociales (...) siempre tendrán el espacio de diálogo, de negociación en el gobierno. Invitamos siempre al diálogo”, dijo Paz, en un video difundido este jueves por su oficina.

En La Paz, sede de gobierno cercada por bloqueos de carreteras, cientos de mineros y obreros de fábricas marchaban este jueves, sin incidentes. Los cortes de ruta han provocado escasez de alimentos, medicinas y combustible.

A inicios de mayo, 13 trabajadores de fábricas fueron arrestados tras irrumpir en el Ministerio de Trabajo y, según la policía, retener durante horas a varios funcionarios públicos, incluido a Morales.

• Fuente: AFP

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“Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, porque la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insumos”, señaló el titular del IPS.

El Instituto de Previ­sión Social (IPS) dis­minuirá su stock de medicamentos e insumos. Hasta el momento, son 817 productos que saldrán de su listado. Pero se seguirá dis­minuyendo, anunció ayer el presidente de la previsional, Isaías Fretes. Tras la revi­sión del vademécum insti­tucional, se procedió a la eliminación de 817 insumos médicos de 1.000 productos, debido a que ya son innece­sarios, porque ya no se usan en quirófano, por ejemplo.

El próximo miércoles se tendrá una lista ampliada de un total de 4 mil insumos. “Esto aún no está consoli­dado. Van a seguir saliendo productos y va a consoli­darse el jueves, y una vez que tengamos el trabajo comple­tado, se va a llevar al Consejo y se va a oficializar”, explicó el doctor Fretes en confe­rencia de prensa.

Aclaró que no se busca per­judicar a proveedores, sino ordenar compras, priori­zar medicamentos vigentes. “Va a ser un beneficio para la medicina paraguaya, por­que la medicina es dinámica; con el tiempo aparecen otros medicamentos, otros insu­mos”, señaló el titular del IPS.

Esta medida significará un millonario ahorro para la institución. “Vamos a ahorrar millones y millones de guara­níes”, resaltó. En ese sentido, Fretes dijo que el IPS arrastra un déficit de entre USD 20 y 26 millones y habló de “focos de corrupción” dentro de la institución. Sostuvo además que cambiar el vademécum es entrar al “corazón de la corrupción”.

Un grupo de auditores se encargará de controlar el stock de medicamentos, materiales e insumos. “Que­remos controlar cómo fue­ron entregados conforme a las licitaciones y contra­tos. Cómo se está adminis­trando desde el Parque Sani­tario para la farmacia interna, para la farmacia externa y su distribución en todo el terri­torio nacional. Si están efi­cientemente documentados”, detalló Alberto Cabrera, audi­tor general del Poder Ejecu­tivo.

Por otro lado, los audi­tores trabajarán en el área de la administración de los inmuebles, propiedades de IPS. “Queremos saber cuán­tos están titulados, cuánto le costó a IPS. Y los inmuebles que están alquilados, quiénes están alquilando, por cuánto están alquilando y hacer un estudio del costo de mante­nimiento de esas propieda­des con relación al ingreso que generan esas propiedades para determinar beneficios y cos­tos”, precisó Cabrera. Son más de 800 propiedades, según informaciones generales.

IPS ordena auditar más de 800 propiedades para transparentar sus ingresos por alquileres.

El presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Dr. Isaías Fretes, ordenó la auditoría de las más de 800 propiedades de la institución para conocer la ubicación de las mismas, el monto que se cobra por alquiler, la identi­dad de los arrendatarios, y de esa manera trasparentar los ingresos de la previsional.

La investigación estará a cargo del auditor general del Ejecutivo, Alberto Cabrera, quien junto a su equipo hará una revisión de los contratos de alquiler de las propiedades de la previsional y costos de mantenimiento.

“Eso siempre fue un secreto, pero los dueños son los ase­gurados y deben enterarse”, afirmó Fretes, ante los medios de comunicación. Según ade­lantó, los ingresos actuales son bajísimos en relación al valor de los inmuebles, que incluyen lotes en el exclu­sivo Paraná Country Club y más de 400.000 hectáreas en el Chaco.

Fretes señaló que la primera información recibida indi­caba un ingreso ínfimo por el alquiler de todas las pro­piedades, cifra que luego se corrigió a un monto mucho menor, según explicó.

“Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución”, dijo el auditor general del Poder Ejecutivo.

El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó que en agosto con­cluirá la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar el destino y ren­tabilidad de al menos 900 inmuebles pertenecientes al ente previsional.

“Solicitamos dentro de nues­tro pedido de auditoría el organigrama de la institu­ción. Nosotros creemos que si se desarrolla normalmente, si las documentaciones son proveídas en tiempo y forma, para fines de agosto ya pode­mos emitir un informe final”, señaló a la 1020 AM.

Detalló que se hará una revi­sión completa de las propie­dades. “Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución. Este es un tra­bajo interinstitucional, en la auditoría tenemos que vincu­larnos al Registro General de la Propiedad para ver la situa­ción real de cada inmueble titulado”, refirió.

Así también, se verificará el estado de disponibilidad. “Nosotros no nos vamos a conformar con los títulos nomas, tenemos que saber en qué situación está ese título de propiedad”, remarcó.

El auditor general del Poder Ejecutivo, Alberto Cabrera, confirmó que en agosto concluirá la auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS) para determinar el destino y rentabilidad de al menos 900 inmuebles pertenecientes al ente previsional.

“Solicitamos dentro de nuestro pedido de auditoría el organigrama de la institución. Nosotros creemos que si se desarrolla normalmente, si las documentaciones son proveídas en tiempo y forma, para fines de agosto ya podemos emitir un informe final”, señaló a la 1020 AM.

Detalló que se hará una revisión completa de las propiedades. “Se hará una muestra representativa para poder conocer la situación real de la institución. Este es un trabajo interinstitucional, en la auditoría tenemos que vincularnos al Registro General de la Propiedad para ver la situación real de cada inmueble titulado”, refirió.

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Así también se verificará el estado de disponibilidad. “Nosotros no nos vamos a conformar con los títulos nomas, tenemos que saber en qué situación está ese título de propiedad”, remarcó.

El ministro manifestó que se apelará también a la Escribanía Mayor de Gobierno para que facilite la obtención de la información desde el Registro de la Propiedad.

“Y también tenemos que trabajar con el Instituto Geográfico Militar, donde ellos tienen técnicos y la tecnología para poder determinar todos los georreferenciamientos que dice en el título. Si en Bahía Negra hay una propiedad del IPS, con esa información ver si existe en forma física”, subrayó.

Cabrera admitió que será “un trabajo muy complejo”, porque se tendrá que ver si existe, la dimensión del inmueble y las condiciones en que se encuentra.

Tras el mapeo de los terrenos además se llegará a identificar a los responsables de su administración, conforme expresó.

“Es para determinar quiénes son los responsables en ese proceso de cadenas de tomas de decisiones. Como dice la Contraloría, si existen indicios de hechos punibles nosotros automáticamente ya vamos a informar a la Presidencia del IPS para que sea investigado internamente y también pueden ser remitidos a la Fiscalía esos indicios”, enfatizó.

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La Administración Central ejecutó G. 22,8 billones durante el primer cuatrimestre de 2026, equivalente al 27,7 % del presupuesto vigente, según el informe de la Dirección General de Presupuesto (DGP) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Los datos reflejan que el mayor volumen de recursos públicos estuvo orientado a servicios sociales, infraestructura, seguridad y compromisos previsionales y financieros del Estado.

El presupuesto vigente de la Administración Central asciende actualmente a G. 82,4 billones y, hasta abril, el Poder Ejecutivo concentró cerca del 94 % de toda la ejecución acumulada. Del total desembolsado, unos G. 19,3 billones fueron destinados a servicios considerados esenciales y sectores estratégicos para el funcionamiento del Estado.

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Entre las instituciones con mayor nivel de ejecución sobresalen el Ministerio de Economía, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio del Interior.

El MEF lideró la ejecución presupuestaria con el 33 % del total acumulado, equivalente a G. 7,5 billones. Estos recursos estuvieron dirigidos principalmente al pago de jubilaciones, transferencias a gobiernos subnacionales y cumplimiento de obligaciones vinculadas a la deuda pública.

En segundo lugar, aparece el Ministerio de Educación, que concentró el 15 % de la ejecución, seguido por Salud con el 14 %, Obras Públicas con el 9 %, Desarrollo Social con el 7 % e Interior con el 6 %.

El informe también detalla cómo se financió la ejecución presupuestaria acumulada. El Tesoro Público cubrió el 66,5 % de los desembolsos, con una erogación de G. 15,1 billones. Bajo esta fuente se financiaron completamente programas sociales emblemáticos como la Pensión Universal para Adultos Mayores, que demandó cerca de G. 1 billón, y Tekoporã Mbarete, con unos G. 400.000 millones.

El esquema de financiamiento se complementó con un 18,5 % proveniente de crédito público y un 15 % correspondiente a recursos institucionales.

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